El próximo lunes, 22 de diciembre, a las 16 horas, en 18 de julio 2190 (sede de COFE), Uruguay Libre de Megaminería realizará una conferencia de prensa para dar cuenta de la información sobre Aratirí entregada el viernes último por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
El 5 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dio un plazo de 15 días al MIEM para que entregara la información sobre el proyecto minero de Aratirí solicitada por Uruguay Libre, al amparo del derecho de acceso a la información pública (Ley N° 18.381).
En la conferencia de prensa evaluaremos la información recibida y las consecuencias que tendría para el país la firma de un contrato con la empresa Zamin Ferrous, propietaria del proyecto Aratirí.
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) emitió un dictamen técnico en favor del periodista Victor Bacchetta en el juicio que mantiene contra el Ministerio de Industria (MIEM) por información solicitada sobre el proyecto Aratirí. La Unidad señala que se configuró silencio positivo ya que la cartera no respondió dentro de los plazos legales, y clasificó mal la información.
La UAIP tomó conocimiento en el caso (que también se sustancia a nivel judicial), luego que el integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, Victor Bacchetta, denunciara la falta de respuesta ante el organismo. Como se ha informado, Bacchetta también entabló una acción judicial de acceso a la información contra el MIEM para acceder a información ambiental sobre el proyecto Aratirí. En esa órbita, la acción, patrocinada por CAinfo, desembocó en una sentencia que obligó en primera instancia al MIEM a entregar la información. Mientras tanto, se aguarda en estos días el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones.
En su dictamen la UAIP se pronuncia en en el mismo sentido que la sentencia judicial de primera instancia. El texto del informe técnico dado a conocer el jueves 27 de noviembre señala que el MIEM no respondió dentro del plazo estipulado en el artículo 15 de la ley de acceso a la información pública (20 días hábiles más otros 20 de prórroga), por lo cual se configuró el llamado silencio positivo.
“Vencido el plazo (...) si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva”, establece el artículo 18 que regula el silencio positivo.
El MIEM esgrimió que la Unidad de Acceso de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige, dependencia del Ministerio) informó al solicitante que esa dependencia había declarado la información que requería como confidencial en mayo de 2013.
La UAIP rechaza estos argumentos y recuerda que según establece el artículo 16 de la ley de acceso “el acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo”, extremo que no se verifica en este caso, puesto que a la fecha no existe ninguna resolución del Ministro de Industria Energía y Minería sobre este asunto.
Dinamige reconoció este punto ante la UAIP: “acerca del invocado artículo 16 de la ley, considera la suscrita que efectivamente para finalizar el trámite correspondería dictar resolución denegando la solicitud”, señaló.
La resolución de confidencialidad de la Dinamige fue firmada el 15 de marzo de 2013 a pedido de Aratirí y estableció: “Declárese confidencial la totalidad de la información contenida en esta asunto, relativa a los informes técnicos presentados por la Minera Aratirí S.A.”.
La UAIP hace saber que según lo establece el artículo 8 de la ley de acceso, todas las excepciones al principio de publicidad deben ser de interpretación estricta. “Nótese que la resolución en cuestión, dispone que se declare como confidencial 'la totalidad de la información contenida...'. No surge de la misma si toda la información ha sido entregada en calidad de confidencial, si existe información que puede ser dada a conocer, así como tampoco si se han cumplido los extremos establecidos en la normativa vigente para que la excepción opere en forma cabal”, señala la UAIP.
La UAIP concluye que la resolución de Dinamige “se realiza en forma genérica y no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° así como tampoco a los principios de máxima publicidad”.
La UAIP es el órgano de de control creado por la ley de derecho de acceso a la información pública 18.381. Si bien interviene en reclamos por falta de cumplimiento de la ley de acceso a la información sus dictámenes no son vinculantes.
ORGANISMO PUBLICO RATIFICÓ DERECHO A CONOCER INFORMACIÓN DE ARATIRÍ
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), encargada de vigilar la aplicación de la Ley 18.381, emitió un pronunciamiento a favor de la entrega de la información del proyecto minero de Aratirí por el Ministerio de Industria. Energía y Minería (MIEM), de acuerdo con la solicitud de acceso realizada por el periodista Víctor Bacchetta en representación de Uruguay Libre.
La Dirección Nacional de Minería y Geología dependiente del MIEM declaró confidencial toda la información técnica del proyecto de extracción de hierro en los yacimientos de Valentines. A la gravedad de esta decisión, pues cualquier proyecto minero pasaría a ser secreto de estado, se agrega el incumplimiento de la ley 18.381 que regula el acceso a la información pública.
Ante la negativa del MIEM a entregar la información de Aratirí, junto con la acción judicial prevista por la ley, Bacchetta realizó también la denuncia ante la UAIP*. Por el artículo 21 de la ley 18.381, la UAIP es “El órgano de control (que) deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley”.
El dictamen del organismo, dado a conocer el jueves último, ratificó en todos los términos los fundamentos de la denuncia presentada. Textualmente, la UAIP expresó lo siguiente:
"En mérito a lo expuesto, cabe concluir que se ha configurado el silencio positivo regulado en el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. Corresponde además precisar, que para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto al artículo 16 de la Ley antes referida, así como también a la normativa vigente en materia de clasificación de la información".
El artículo 18, relativo al “silencio positivo”, establece que “Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela”.
Y el artículo 16 es el que dice que “El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada”.
El pronunciamiento de la UAIP no tiene carácter imperativo para el MIEM, pero constituye por su origen un elemento de juicio relevante, que se suma a la sentencia emitida en la primera instancia por el Juez Martínez de las Heras en la acción de amparo en curso en la Justicia, que intimó al ministerio a entregar en un plazo de 15 días la información sobre el proyecto de Aratirí.
El MIEM recurrió este fallo y el caso pasó al Tribunal de Apelaciones, cuyo pronunciamiento está pendiente. Uruguay Libre sigue atentamente todas las instancias de este proceso donde se juega una batalla crucial por el derecho de acceso a la información de todos los uruguayos.
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(*) Por carecer de un presupuesto propio, la UAIP funciona con recursos de la AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información), en dependencias de la Presidencia de la República, pero es un órgano autónomo que no depende del gobierno nacional.
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del gobierno emitió un informe en el cual se pronuncia a favor de liberar la información del proyecto minero Aratirí a los ambientalistas que la solicitaron.
Este fallo, aunque no tiene carácter vinculante, contradice la postura del Ministerio de Industria, Energía y Minería que se ha negado hasta ahora a facilitar la información sobre el enorme proyecto minero y que apeló una decisión del juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, que lo obliga a hacerlo.
La ley de Acceso a la Información Pública le da a la UAIP el cometido de controlar la implementación de la norma, por lo cual Víctor Bacchetta del movimiento Uruguay Libre (que se opone a la minería metalífera a cielo abierto), se presentó ante esa dependencia a denunciar que no se estaba cumpliendo con la legislación.
La UAIP emitió un informe este mes, al que accedió El País, en el cual considera que se configuró un "silencio positivo" porque pasaron 20 días hábiles desde la presentación del pedido de información sin que hubiese una resolución del jerarca del organismo al que le fue solicitado. Cuando se genera esta situación, la eventual negación de los datos requeridos configura una "falta grave".
La UAIP agrega que "debemos señalar" que la resolución adoptada por el Ministerio de Industria y "sin perjuicio de destacar que puede existir en dichos expedientes información pasible de ser clasificada como confidencial, se realiza en forma genérica y no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 (de la ley de acceso a la información pública) así co-mo tampoco a los principios de máxima publicidad y visibi- lidad". La decisión de la uni-dad debe necesariamente ser elevada a la consideración del Ministerio.
Un Tribunal de Apelaciones se apresta a pronunciarse sobre la decisión del juez Martínez y podría, si toma conocimiento en tiempo del informe de la UAIP, adoptarlo como elemento de juicio, explicó a El País Martín Prats, abogado que asesoró en los pedidos de información a Uruguay Libre. En caso de que el juez Martínez mantenga su decisión de primera instancia, el Ministerio tendrá 15 días a partir de ser notificado de su resolución para liberar toda la información pedida sobre la proyectada explotación de las cinco minas de hierro en la zona de Valentines.
El Ministerio apeló la decisión del juez Martínez con el argumento de que facilitar los datos que le entregó la minera podría favorecer a algún competidor. La empresa argumenta que invirtió US$ 200 millones en investigación para determinar el potencial de los cinco yacimientos de hierro de los departamentos de Florida, Treinta y Tres y Durazno y que la información que obtuvo debe ser confidencial.
El gobierno y Aratirí negocian desde hace meses un contrato a 20 años para que la compañía minera de capital indio extraiga 18 millones de toneladas anuales de hierro con destino a la exportación a los mercados asiáticos.
Los ambientalistas piden datos sobre los planes de cierre de los yacimientos, el tratamiento que se dará al mineral extraído y los volúmenes de hierro que se pretenden tratar y exportar.
El movimiento Uruguay Libre, al presentar un escrito para rebatir la apelación del Ministerio, señaló que "tampoco pueden alegarse hipotéticas responsabilidades civiles por supuestos incumplimientos ante terceros, pues no es este un argumento válido para incumplir la ley 18.381 ni está establecido en ella como causa de excepción o reserva".
"No existe una definición precisa de qué es información ambiental y qué no lo es. Para nosotros todos los elementos enumerados por la Dirección Nacional de Minería y el Ministerio de Industria, tanto en su contestación de demanda y alegato como en la apelación, son información ambiental y por lo tanto solo aquella que refiera al patrimonio de la empresa o a un secreto industrial o comercial clara y expresamente definido como tal debe ser reservada", dice Uruguay Libre.
Danilo Astori explica el pedido de confidencialidad de Aratirí y justifica la decisión del gobierno para mantenerlo.
"Esto no es el proyecto Aratirí, es el proyecto de Uruguay de explotar esos yacimientos de hierro y obtener cuantiosos ingresos para el Estado y la sociedad durante casi una veintena de años”, dijo el actual vicepresidente de la República y ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.
En entrevista con Ana María Mizrahi en Televisión Nacional, Astori señaló que la confidencialidad de contratos de este tipo, no sólo con Aratirí sino con cualquier firma en el plano internacional, “es casi una de las partes del ‘abc’ de las condiciones que se establecen”. A su entender, “es lógico comprender que cuando se está haciendo una inversión tan grande hay un período en el que está bien que haya confidencialidad porque son muchos los intereses en juego” y agregó que “la confidencialidad no es eterna, es durante un período en el que se realizan negociaciones”.
Recientemente el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) apeló al fallo de la Justicia que lo obliga a entregar información sobre el proyecto minero de Aratirí, tras un recurso presentado por el grupo Uruguay Libre de Megaminería que se basa en la ley de acceso a la información pública. Tras esto, el grupo presentó un escrito al juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, para rebatir la apelación, según informó el diario El País el pasado martes.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería, apeló recientemente ante el fallo del Juez Letrado Alejandro Martínez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien obligó al Ministerio y a la Dirección Nacional de Minería y Geología a entregar información sobre el proyecto megaminero presentado por Aratirí. Esto surge luego de un recurso presentado por el movimiento ambientalista Uruguay Libre de Megaminería en el que exigía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, ver el expediente de la empresa.
En La Nueva Mañana hablamos con Victor Bacchetta, dirigente de la organización Uruguay Libre de Megaminería quien brindo detalles sobre la solicitud de acceso a la información sobre Aratiri, la posición del Ministerio de Industria y el desenlace que puede tener esta decisión judicial dado que la organización presentó sus argumentos en una nueva apelación que se conocerá en pocos días. También dialogamos con el Dr. Martin Prats, abogado del Centro de Archivo y Acceso a la Información Publica (CAINFO) que asesoró al movimiento ambiental en la presentación de la solicitud de acceso a la información.
El lunes 10 de noviembre el juez Alejandro Martínez de las Heras dio lugar a la acción de acceso a la información pública presentada por el periodista Victor Bacchetta con el auspicio de CAinfo. Víctor BachettaVíctor Bachetta
La sentencia condenó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a entregar, en el plazo de 15 días, información ambiental clave sobre sobre sobre el proyecto Aratirí, como por ejemplo el cronograma de cierre de las minas.
Bacchetta, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, había presentado una solicitud de acceso a la información pública en junio de este año que no fue respondida por el MIEM, tras lo cual se llegó a este fallo del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2° turno.
La sentencia resalta que el Ministerio no se expidió (ni accediendo ni rechazando) sobre el pedido de acceso a la información pública presentado por el periodista, por lo cual opera el silencio positivo previsto en el artículo 18 de la ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública.
El artículo establece: “Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva”.
En consecuencia, Martínez de las Heras señala que el MIEM “se ubica en una situación jurídica de deber brindar la información requerida”, y concluye: “si no ha existido un acto administrativo que rechace la solicitud de acceso a a información pública, no puede haber dos interpretaciones sobre la aplicación del silencio positivo, lo que determina el progreso de la acción”.
Por su parte, el Ministerio esgrime que la información solicitada es confidencial tras una resolución de la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) de mayo de 2013, que dio lugar a un pedido de Aratirí para que se declarara de tal carácter cierta información del proyecto.
El juez rechaza estos argumentos y observa que “en la parte dispositiva de la resolución [de la DINAMIGE] sólo se declara confidencial la información relativa a ‘informes técnicos presentados por Minería Aratirí S.A.’ sin especificarse qué tipo de informes técnicos serían y sus respectivas temáticas, desconociéndose si comprende informes de repercusión ambiental de notorio interés general y necesaria difusión pública (…) No puede limitarse el acceso a la información pública en términos genéricos o vagos sino que debe especificarse claramente aquellos tópicos que justificadamente se entiendan confidenciales”.
Asimismo, Martínez de las Heras recuerda que la reciente ley N° 19.126 que regula la minería de gran porte consagra expresamente el acceso a la información pública como forma de promover la participación y el control ciudadano en temas ambientales.
El artículo 26 de esa ley establece que los titulares de los proyectos mineros podrán solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de carácter reservada o confidencial la información que pongan en conocimiento de éste. Sin embargo, “en ningún caso podrá ser considerada confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto”, señala la ley.
El magistrado enumera una serie de normas nacionales e internacionales de tutela de los derechos humanos que protegen particularmente el derecho de acceso a la información pública: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ley N°17.283 sobre Protección de Medio Ambiente, Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
El juez advierte que “el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental de expreso reconocimiento por la legislación nacional y el sistema internacional de derechos humanos, que debe ser objeto de especial tutela cuando su limitación por razones excepcionales, no se encuentra debidamente justificada”.
“El acceso a la información pública en definitiva no solo remarca la importancia de los principios de publicidad y transparencia en el obrar de la Administración, sino que constituye asimismo un instrumento que alienta e impulsa a la participación democrática inmanente al Estado de Derecho”, concluye.
En definitiva, juez condenó al MIEM a brindar la información solicitada por el periodista Victor Bacchetta, con excepción de aquella que pueda estar protegida por el secreto industrial. Tras la apelación del Ministerio, un Tribunal de segunda instancia dictará una sentencia definitiva la semana próxima.
Los precios del mineral de hierro cayeron por debajo de 70 dólares el martes por primera vez desde 2009 mientras los mejores productores del mundo siguen impulsando la oferta y la demanda china se debilita.
Los valores a futuro del mineral en China, el mayor consumidor del mundo, cayeron más del 3% un nivel récord, mientras que el ingrediente de fabricación de acero con tasa contenido del 62% entregado en el puerto de Qingdao cayó un 1,2% a 69,58 dólares la tonelada métrica seca hoy, el más bajo desde junio de 2009, según los datos de Metal Bulletin. Esto es casi dos tercios por debajo de un máximo de 191,90 dólares alcanzado en febrero de 2011, que fue cuando se estaban aprobando nuevas grandes minas.
Según Bloomberg, los precios se dirigen a una pérdida de 13% este mes, la mayor desde mayo. La mercancía ha perdido 48% de su valor este año.
Los ambientalistas que se oponen a la minería de metal a cielo abierto consideran que la negativa del gobierno a facilitarles datos sobre el proyecto Aratirí genera un grave precedente, y rechazaron el argumento de que el Estado podría tener problemas legales si libera la información.
El movimiento Uruguay Libre presentó un escrito al juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, para rebatir una apelación del Ministerio de Industria que se resiste a facilitar los datos, en el que sostiene que "de ninguna manera" es de recibo el argumento de que la cartera podría correr riesgos legales si acepta la solicitud.
Aratirí dice que invirtió US$ 200 millones en investigación y que no puede facilitar ese dato a sus competidores. Los ambientalistas piden datos sobre los planes de cierre de los yacimientos, el tratamiento que se dará al mineral extraído y los volúmenes de hierro que se pretenden tratar y exportar.
"Aquí estamos ocupándonos de un derecho humano como es el acceso a la información pública vinculado a la protección del medio ambiente. El mismo si es reconocido por Sede Judicial no puede ser negado ni retaceado alegando acuerdos entre el sujeto obligado a brindar la información y un tercero, máxime teniendo en cuenta los fundamentos del fallo que ante el caso concreto privilegia aquellos derechos sobre otros intereses particulares, dice el escrito al que accedió El País. "Tampoco pueden alegarse hipotéticas responsabilidades civiles por supuestos incumplimientos ante terceros, pues no es este un argumento válido para incumplir la ley 18.381 ni está establecido en ella como causa de excepción o reserva", agrega.
El gobierno asegura que se le está pidiendo que facilite información comercial que puede ser sensible para la empresa y los ambientalistas dicen que solamente requieren datos ambientales y que negarles la información sería un mal precedente. "No existe una definición precisa de qué es información ambiental y qué no lo es. Para nosotros todos los elementos enumerados por la Dirección Nacional de Minería y el Ministerio de Industria, tanto en su contestación de demanda y alegato como en la apelación son información ambiental y por lo tanto solo aquella que refiera al patrimonio de la empresa o a un secreto industrial o comercial clara y expresamente definido como tal debe ser reservado", dice Uruguay Libre.
Comisión en Defensa de la Tierra de Treinta y Tres
Treinta y Tres, noviembre 20 de 2014.
Ante la apelación presentada por el Poder Ejecutivo a la resolución judicial que le ordenó levantar la confidencialidad del proyecto Aratirí, expresamos nuestro apoyo a los Grupos Uruguay Libre y CAINFO, que llevan adelante las gestiones para que se cumpla la Ley, y la ciudadanía tenga acceso a la información que es su derecho conocer.
Advertimos al pueblo oriental de las claras señales respecto a la actitud del gobierno que cede a las presiones empresariales tanto al declarar esta confidencialidad, como antes al separar de su cargo al Fiscal Enrique Viana y la intención de firmar un contrato con Aratirí sin siquiera esperar la evaluación del estudio de impacto ambiental. Estos hechos facilitan la acción de las multinacionales saqueadoras que codician nuestros recursos naturales.
Al tiempo que volvemos a reclamar el reintegro del Fiscal Viana a su cargo, reiteramos nuestro rechazo a la firma de un contrato de negocio megaminero sin que medie un gran debate nacional como el que amerita una decisión de tal importancia, mientras aguardamos una resolución judicial confirmatoria de la sentencia que en primera instancia obliga al gobierno a levantar el velo con el que se pretende ocultar la información que todos los uruguayos debemos conocer.
Por la Comisión en Defensa de la Tierra de Treinta y Tres, firman
Sebastián Nieto, Sergio Castro, Rosario Silva, Aníbal Terán, Carmen Miraballes, Alejandro Leal, José Romero y Matías Machado.
El Poder Ejecutivo apeló un fallo judicial que lo obligaba a revelar los planes de explotación y de la minera Aratirí y sus efectos ambientales. ¿Qué se pretende esconder?
Pese a toda una prédica histórica, pletórica encendidas proclamas y vehementes discursos en sus épocas de oposición, el Frente Amplio gobernante se apega rigurosamente al secretismo.
Utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública, la organización ambientalista “Uruguay Libre” se había presentado ante la Justicia Administrativa para obligar al gobierno a que dé a conocer el plan de explotación minera de Aratirí y sus efectos ambientales (por ejemplo, el tamaño de los cráteres). El juez en lo contecioso administrativo Alejandro Martínez, el pasado 10 de noviembre, le dio la razón a los demandantes, dándole al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 15 días para hacer pública la información. Pero el MIEM apeló la decisión del magistrado y el Tribunal de Apelaciones deberá fallar en estos días al respecto.
El secretismo del MIEM surje de haber aceptado el pasado 10 de junio un pedido de Aratirí para que se considerara secreta la información a aspectos medulares del proyecto de inversión: desde la descripción e interpretación geológica de los yacimientos hasta la metodología de selección de maquinaria y equipos. La empresa pidió que se oculte también el plan de cierre de los cinco yacimientos de Valentines, los detalles del mineroducto que transportaría el hierro extraído hasta Rocha, los volúmenes de producción y las dimensiones de las montañas de “estéril" (el material extraído que quedaría junto a los cráteres y que los ambientalistas estiman en más de 100 metros de altura).
El MIEM arguye que es de resorte de la administración y no de los jueces determinar que se da a publicidad y qué no. De lo contrario —aduce el MIEM— se estaría vulnerando la separación de poderes. El MIEM se saltea, nada menos, que es la ley la que atribuye a la Justicia evaluar y determinar si las razones de la administración son jurídicamente válidas o no.
Dentro de tanta opacidad, empero, quedan claras dos cosas. En primer lugar, que el gobierno se ha coludido con una empresa privada para alejar del escrutinio ciudadano un proyecto con un impacto potencial enorme, lo que induce a pensar que la información que se oculta sería de difícil digestión para la ciudadanía. En segundo lugar, que —como era previsible— toda la cantinela referida a la transparencia era verso, como también era verso aquello de que las empresas privadas extranjeras eran el cuco. Si tienen relaciones con ellos, dejan de serlo.
En suma, como siempre, el republicanismo brilla por su ausencia.
Tras una acción de acceso a la información pública patrocinada por CAinfo, la justicia obligó al Ministerio de Industria a entregar información referida al proyecto Aratirí. La cartera apeló el fallo y se espera resolución de segunda instancia la semana que viene.
El lunes 10 de noviembre el juez Alejandro Martínez de las Heras dio lugar a la acción de acceso a la información pública presentada por el periodista Victor Bacchetta con el auspicio de CAinfo.
La sentencia condenó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a entregar, en el plazo de 15 días, información ambiental clave sobre sobre sobre el proyecto Aratirí, como por ejemplo el cronograma de cierre de las minas.
Bacchetta, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, había presentado una solicitud de acceso a la información pública en junio de este año que no fue respondida por el MIEM, tras lo cual se llegó a este fallo del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2° turno.
La sentencia resalta que el Ministerio no se expidió (ni accediendo ni rechazando) sobre el pedido de acceso a la información pública presentado por el periodista, por lo cual opera el silencio positivo previsto en el artículo 18 de la ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública.
El artículo establece: “Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva”.
En consecuencia, Martínez de las Heras señala que el MIEM “se ubica en una situación jurídica de deber brindar la información requerida”, y concluye: “si no ha existido un acto administrativo que rechace la solicitud de acceso a a información pública, no puede haber dos interpretaciones sobre la aplicación del silencio positivo, lo que determina el progreso de la acción”.
Por su parte, el Ministerio esgrime que la información solicitada es confidencial tras una resolución de la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) de mayo de 2013, que dio lugar a un pedido de Aratirí para que se declarara de tal carácter cierta información del proyecto.
El juez rechaza estos argumentos y observa que “en la parte dispositiva de la resolución [de la DINAMIGE] sólo se declara confidencial la información relativa a ‘informes técnicos presentados por Minería Aratirí S.A.’ sin especificarse qué tipo de informes técnicos serían y sus respectivas temáticas, desconociéndose si comprende informes de repercusión ambiental de notorio interés general y necesaria difusión pública (…) No puede limitarse el acceso a la información pública en términos genéricos o vagos sino que debe especificarse claramente aquellos tópicos que justificadamente se entiendan confidenciales”.
Asimismo, Martínez de las Heras recuerda que la reciente ley N° 19.126 que regula la minería de gran porte consagra expresamente el acceso a la información pública como forma de promover la participación y el control ciudadano en temas ambientales.
El artículo 26 de esa ley establece que los titulares de los proyectos mineros podrán solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de carácter reservada o confidencial la información que pongan en conocimiento de éste. Sin embargo, “en ningún caso podrá ser considerada confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto”, señala la ley.
El magistrado enumera una serie de normas nacionales e internacionales de tutela de los derechos humanos que protegen particularmente el derecho de acceso a la información pública: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ley N°17.283 sobre Protección de Medio Ambiente, Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
El juez advierte que “el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental de expreso reconocimiento por la legislación nacional y el sistema internacional de derechos humanos, que debe ser objeto de especial tutela cuando su limitación por razones excepcionales, no se encuentra debidamente justificada”.
“El acceso a la información pública en definitiva no solo remarca la importancia de los principios de publicidad y transparencia en el obrar de la Administración, sino que constituye asimismo un instrumento que alienta e impulsa a la participación democrática inmanente al Estado de Derecho”, concluye.
En definitiva, el juez condenó al MIEM a brindar la información solicitada por el periodista Victor Bacchetta, con excepción de aquella que pueda estar protegida por el secreto industrial. Tras la apelación del Ministerio, un Tribunal de segunda instancia dictará una sentencia definitiva la semana próxima.
La Junta Departamental de Tacuarembó presentó ayer ante el TCA un recurso contra la decisión del Parlamento que anuló dos decretos que prohibían la minería a cielo abierto y la técnica de fracking en ese departamento.
A instancias de 13.000 ciudadanos que firmaron a favor de proteger los recursos hídricos de la zona, a finales de noviembre del año pasado la Junta Departamental aprobó dos decretos que declararon a Tacuarembó libre de minería metalífera y de diamantes, y libre de fracking. Pero tres meses más tarde esos decretos fueron anulados en el Parlamento.
Según supo La Diaria a través del presidente del órgano legislativo local, Jorge Ferreira, con el recurso interpuesto esta semana se busca contestar una decisión de la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento que en febrero de este año determinó que la Junta Departamentalno tenía potestad para tomar este tipo de resoluciones.
¿Hay un contrato secreto anterior al contrato aún no firmado entre el gobierno y la empresa trasnacional que impulsa el proyecto Aratirí? ¿Hay por tanto un secreto que obliga al gobierno a reclamar el secreto sobre una información solicitada por la organización Uruguay Libre de Minería?
Si así fuera resultaría más útil para el gobierno convertir todo en secreto y eliminar el fastidio de tener que andar respondiendo, puesto que cada vez más restringe el acceso a la información y se inclina por controlarla.
La existencia de ese contrato previo es la única explicación que encuentran los analistas para comprender por qué el gobierno se niega a informar sobre los cráteres que dejaría eventualmente la explotación de hierro propuesta por Aratirí y la altura de los túmulos de desechos. Según Víctor Bachetta, referente de Uruguay Libre, tal información no es confidencial en otros países.
Bachetta, en nombre de Uruguay Libre, había realizado con el asesoramiento del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública el trámite de acceso a la información ante el Ministerio de Industria; las autoridades negaron la información, por lo que Bachetta recurrió a la justicia, como expresamente establece la ley ante una negativa. El juez de lo contencioso administrativo Alejandro Martínez amparó el lunes 10 a Uruguay Libre y ordenó que el ministerio entregara la información. El ministerio apeló la resolución, que está ahora en manos de un tribunal de alzada y que se expedirá en breve.
Puesto que no se le puede atribuir al abogado del ministerio Carlos Roselló un estado de confusión de ideas, hay que concluir que su escrito de apelación, con un estilo rocambolesco (por inverosímil), persigue seguramente el objetivo de mezclar los tantos. Dice, según reprodujo El País: “La ausencia de resolución expresa sobre la solicitud de acceso a la información pública no conlleva el acogimiento del acceso judicial si de los antecedentes resulta que el requerido comprensiblemente aportó al interesado una respuesta”, que por cierto fue negativa.
Todo para explicar que “si bien la ley otorga a las personas el derecho de acceso a la información pública, a la vez otorga a las personas el derecho a que la información que ante la administración presenten no se haga pública. Entregada información por los particulares a la administración y a petición de los primeros clasificada como confidencial, ni la administración ni las sedes judiciales podrían desclasificarla como tal ante el pedido de acceso formulado luego por un tercero interesado”.
En buen romance: Aratirí solicitó confidencialidad sobre algo que no se conoce y el ministerio cumple con la petición, haciendo el trabajo sucio (o poco transparente). Pero como la ley está por encima de un pedido empresarial, es lícito suponer que el ministerio está obligado por algún documento.
La ausencia de transparencia y el secretismo reeditan ahora el episodio de Pluna, donde la confidencialidad permitió firmar acuerdos que después se revelaron desastrosos. En aquella circunstancia la justificación fue el famoso “plan de negocios”, que debía mantenerse en secreto para no avivar giles; cuando el pescado estaba vendido, nos enteramos de que se eliminaban los vuelos a Europa y que los aviones serían comprados con la garantía del Estado; en definitiva, que no había casi inversión. En el caso de Aratirí la excusa es que si se brinda información sobre los agujeros que dejará el obraje y las montañas de desechos que se acumularán en las inmediaciones, se estarían revelando importantes secretos tecnológicos.
Hay otros puntos oscuros en el proceso de la megaminería uruguaya. No hubo, por cierto, una idea inicial de emprender la explotación de nuestras riquezas mineras. Un día desembarcó Zamin Ferrous y nos instaló el problema. En el comienzo, la propuesta de explotar los yacimientos del noreste fue recibida con recelo en ámbitos gubernamentales, empezando por el presidente José Mujica, para quien la propuesta de Aratirí interfería con el proyecto de puerto de aguas profundas, en aquel entonces previsto para localizar en La Paloma. También se rumoreaba que los dos proyectos enfrentaban al Partido Socialista con el Mpp y la Cap-l. Desde la Administración Nacional de Puertos hubo una sorda resistencia al plan del puerto en el este. Y fue revelador que su presidente, el socialista Fernando Puntigliano, renunciara al cargo “por razones personales”, para después oficiar como ejecutivo de Aratirí.
El recelo presidencial se sustentaba en el hecho de que la inversión prevista en la megaminería estaba condicionada a la concesión de una franja de terreno junto al océano para instalar un puerto por donde exportar el mineral. Pero el recelo fue después vencido y se avanzó en la aprobación de una ley para regular la actividad minera mientras se iniciaba un azaroso proceso de discusión y acuerdo sobre aspectos ambientales; la información fue brindada por la empresa con cuentagotas y todavía no se sabe bajo qué circunstancias se firmará el contrato definitivo, postergado en varias ocasiones por las dudas de la Dirección Nacional de Medioambiente.
Todos esos aspectos son los que preserva la confidencialidad. Mientras, el precio internacional de la tonelada de hierro sigue desplomándose.
Esta tarde en la sede del juzgado de San José 1132 los representantes de Uruguay Libre de Minería, Victor Baccheta y el abogado Martín Prats, presentarán la contestación a la apelación del Ministerio de Industria por el caso de la minera Aratirí.
El lunes pasado, el Ministerio de Industria apeló la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, que le había ordenado divulgar el proyecto de explotación que le presentó la minera Aratirí.
El 10 de noviembre el magistrado le había dado al Ministerio 15 días para divulgar el proyecto de inversión, incluyendo el plan de cierre de las cinco minas de hierro que planea explotar en la zona de Valentines.
El Movimiento Uruguay Libre, que quiere prohibir en la Constitución la minería metalífera a cielo abierto, había presentado la solicitud de acceso a la información.
A partir de la notificación de la apelación, este movimiento tenía un plazo de 3 días para realizar sus descargos, que los presentan hoy, y luego un Tribunal de Apelaciones dispondrá de otros 4 para dictar una sentencia definitiva, detalló a El País Martín Prats, abogado que asesora al movimiento y que integra la organización no gubernamental Cainfo. Esta organización está especializada en acciones de solicitud de acceso a la información pública.
El gobierno debería replantear un acuerdo multipartidario sobre la megaminería porque el proyecto de Aratirí para extraer hierro es muy cuestionado socialmente y ya no tiene consenso político, sostuvo el diputado colorado Walter Verri.
El legislador agregó que la decisión del gobierno de oponerse a la difusión de una parte importante del proyecto de inversión "es algo muy malo que no ayuda a transparentar un negocio que es muy sospechoso". "Lo mejor es que no haya cláusulas de confidencialidad y, si las hay, que sean las menos posibles", dijo Verri.
"Si las empresas no están dispuestas a transparentar todo, mejor que no vengan porque aquí defendemos el medio ambiente", señaló el legislador a El País.
El Ministerio de Industria apeló la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, que ordenó la difusión de la información que había sido solicitada por el Movimiento Uruguay Libre, que se opone a la minería metalífera a cielo abierto. El tema será resuelto en los próximos días por un Tribunal de Apelaciones.
Derrumbe
El precio del hierro, clave para determinar la viabilidad del proyecto de Aratirí sigue derrumbándose. El martes retrocedió 4% y volvió a caer el miércoles con lo que acumuló en la semana un retroceso de 7%. Los precios se ubicaron en US$ 72,10 y se han derrumbado 47% en lo que va del año. Con estos valores , descontando fletes, la tonelada de hierro uruguayo se pagaría en China US$ 48 por debajo del umbral de US$ 100 que Aratirí ha señalado como necesario para obtener rentabilidad.
El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, habló ayer en la ciudad de Las Piedras sobre su rechazo al proyecto de extracción de hierro presentado por Aratirí. Además criticó duramente al gobierno por querer reservar información sobre el tema, luego que se conociera la apelación presentada por el Ministerio de Industria.
“Hoy nos encontramos con la negativa de un Ministerio a informar sobre el proyecto Aratirí. En 2010 empezamos a trabajar sobre este proyecto. En 2011 interpelamos a tres ministros. ¿Qué pasaba? El gobierno había negociado en 2007 con la empresa multinacional Aratirí, había concedido supuestamente territorio -fuente energética- y el derecho ambiental”, comenzó diciendo el candidato blanco.
“Nosotros queríamos que se nos informe qué es lo que pasaba con Aratirí, por qué había tanto secretismo y tanto interés. Yo personalmente me opuse y me opongo a la instalación de Aratirí”, añadió.
“Pero sin perjuicio de estar a favor o en contra, ¿cuál es el mecanismo de por qué no se le quiere informar a la población? Ahí tenemos otro mecanismo con las mayorías parlamentarias que termina haciendo imposible que la gente sepa qué va a pasar con su territorio, con su medio ambiente”, concluyó.
El proyecto de mega minería que impulsa la empresa Aratirí en Valentines contiene varios aspectos que lo hacen claramente inconveniente para el país.
Nada tiene que ver con el desarrollo sostenible que se intenta generalizar en Uruguay. Implica extraer hierro del subsuelo en campos de aptitud agropecuaria, lo que significa priorizar la explotación de un recurso no renovable en detrimento de otro que sí lo es, y que se perderá para siempre, para ganar dinero rápido y ahora.
Los impactos ambientales negativos que provocarán las minas y su funcionamiento (estériles, cubas de moliendas, embalses de relaves, sustancias químicas utilizadas, etc.) serán graves. Afectarán el suelo, las aguas subterráneas y superficiales de la zona, sobre el aire, la fauna, la flora; afectando seriamente la realización de actividades productivas de los predios vecinos. Impactará a un número importante de pequeños y medianos productores, lo que incluirá en varios casos la migración obligatoria.
Lo más preocupante es que este proyecto cuenta con el apoyo gubernamental.
Hay que tener muy presente las tristes experiencias que se han registrado en la región, y que han dejado en evidencia la indefensión en la que se encuentran nuestros países, ante la conducta de empresas extranjeras que operan en el territorio, mediante la creación de una filial nacional. Ante una coyuntura adversa en el valor internacional de los metales —que suele ocurrir en proyectos que duran más de 10 años— o dificultades internas propias de las empresas involucradas, o como estrategia deliberada para evitar los costos previstos de cierre y recuperación ambiental del proyecto aprobado, de un día para otro y sin previo aviso simplemente se van, dejando un gran pasivo para el país.
Para colmo el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) declaró confidencial toda la información de este proyecto minero, algo inadmisible e incomprensible para un gobierno que aprobó la ley de derecho de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 18.381). Así, deja indefensos a muchos potenciales afectados por el proyecto, para reclamar y luchar por sus legítimos intereses.
La sociedad civil organizada contra este emprendimiento minero reclamó ante la Justicia por el incumplimiento de la norma, y cuando logró el acceso al expediente constató que se había retirado del mismo toda la información técnica del proyecto. Tanto la empresa como Dinamige argumentaron que la información técnica tiene carácter confidencial, porque podría ser aprovechada por la competencia, algo totalmente exagerado porque lo que sí está previsto preservarse son aspectos técnicos o detalles de procedimientos que sí importa no los conozca el competidor. Pero la información general de cómo se llevará adelante el emprendimiento no puede negársele a nadie.
Justamente la mencionada ley se aprobó para promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública (art. 1). Este derecho está tan firmemente consagrado en la norma que en el artículo 3° establece que es un derecho de todas las personas, incluso sin necesidad de justificar las razones por las cuales se solicita. Es un proyecto en el que se están violando varias leyes, incluida la propia Constitución (art. 47).
La intendenta Adriana Peña, la senadora electa Carol Aviaga y ediles del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, tuvieron una charla con Víctor Bachetta y Enrique Sayagués, integrantes del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, sobre “Competencia y atribuciones de los gobiernos departamentales en la regulación de la mega minería”.
Enrique Sayagués realizó una extensa exposición sobre el derecho, y el dónde y el cómo se puede sacar el hierro, se refirió a la legislación y a los distintos procesos de las transformaciones legales “para proteger los derechos de la gente”.
Defendió que derecho de la gente es “el lugar donde nacen, crecen, se educan, donde viven porque así lo quieren, y cuando una empresa como Aratirí se instala, el modo de vida de la gente es alterado, afecta a todos”.
Aseguró que “es justo y razonable que los vecinos tengan incidencia, que la deben ejercer por las normas institucionales por medio del gobierno departamental -ediles e intendente-. Las normas jurídicas vigentes dan claramente competencia a los gobiernos departamentales. Hay antecedentes de atribuciones concurrentes entre gobierno nacional y departamental”.
Víctor Bachetta señaló que es fundamental que la población se informe sobre lo que es la minería de gran porte. Uruguay está en medio de un ecosistema privilegiado, una llanura apta para la agricultura y la ganadería. La minería metalífera a cielo abierto en Uruguay es de corta duración, y tiene como consecuencia inmediata la destrucción de ecosistema, y no se puede volver atrás.
Aseguró que debe ser discutido con la población y se debe actuar con las atribuciones que tienen los gobiernos departamentales, la decisión local es fundamental, no la única, ya que existe la decisión nacional, y debe existir en consenso entre gobierno nacional y departamentales para que sean llevados adelante. Si no existe ese consenso, no se puede, porque se está diciendo que no se quiere que se implanten estos proyectos en el país”.
Bachetta sostuvo que la posición del gobierno de llevar adelante el proyecto Aratirí, “es hasta un misterio. No se pueden hacer especulaciones sin fundamento. Nosotros lo estudiamos desde el ángulo técnico, minero, económico, social y no le encontramos fundamentos”.
También se refirió al informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) donde decía que el proyecto Aratirí le iba dejar al Uruguay mil millones de dólares anuales, 27 mil millones de dólares en 27 años. Manifestó que dicho informe tiene errores muy serios, datos que no los daban ni Aratirí ni el gobierno uruguayo, como el período de 27 años de explotación. En la interpelación Parlamentaria el ministro Bernardo Kreimerman dijo que la ganancia era de 400 millones anuales, mientras el presidente José Mujica había dicho que era de mil millones de dólares anuales, Bachetta señaló que “es bastante menos”.
Otros errores: tomaba el valor permanente del hierro por 30 años, cuando el mercado ya no lo estaba dando; aplicaban mal las normas tributarias de Uruguay.
Agregó que la posición del gobierno se debe a que está pensando en un dividendo y un ingreso económico inmediato, pero esa no puede ser la perspectiva de futuro o una idea de desarrollo como Nación.
Al consultarle si se concretará el negocio con Aratirí, dijo que como Uruguay no es un país que tenga grandes yacimientos, o muy ricos, solo es redituable cuando el precio de los metales está muy alto. Hoy Aratirí no es viable, porque fue diseñado para un precio del hierro superior a los 90 dólares la tonelada, y hoy está por debajo de 80 y va a ir a 60 dólares la tonelada”.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería entiende que la información sobre el proyecto de inversión de Aratirí es de propiedad de esta empresa, que pidió que fuera catalogada como confidencial y por lo tanto no debería publicarse.
El ministerio sostuvo esa tesis en su apelación a la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, del pasado lunes 10 que le ordenó difundirla.
El ministerio argumenta en el escrito que se le notificó con la debida antelación a Víctor Bachetta, dirigente del movimiento ambientalista Uruguay Libre que presentó la solicitud de acceso a la información, que la misma no era pública aunque esto no fue hecho mediante una resolución expresa. "En otras palabras, la Administración no incurrió en silencio positivo; la Administración se expresó notificando al actor la imposibilidad de acceder a su petición", señala el escrito del ministerio al que accedió El País.
El escrito, redactado por Carlos Roselló, abogado de la cartera, señala que "la ausencia de resolución expresa sobre la solicitud de acceso a la información pública no conlleva el acogimiento del acceso judicial si de los antecedentes resulta que el requerido, comprensiblemente aportó al interesado una respuesta; y esto fue lo que ocurrió en la especie, ya que, oportunamente, esta Secretaría de Estado notició al actor la imposibilidad de brindarle la información".
Roselló argumenta que "si bien la ley otorga a las personas el derecho de acceso a la información pública, a la vez otorga a las personas el derecho a que la información que ante la Administración presenten no se haga pública". Por ese motivo, entiende que "entregada información por los particulares a la Administración y a petición de los primeros clasificada como confidencial, ni la Administración ni las Sedes Judiciales podrían desclasificarla como tal ante el pedido de acceso formulado luego por un tercero interesado". "No podría en modo alguno hacerlo la Administración sin oír previamente al titular de la información ya que el procedimiento administrativo de acceso a la información no prevé dicha instancia de eventual contradicción", agrega.
Aratirí argumenta que invirtió alrededor de US$ 200 millones para hacerse de la información sobre los volúmenes de hierro que pretende extraer y sobre su calidad y que esos datos tienen valor comercial por lo que solicita preservarlos.
El abogado cree que el juez no cumple con la ley 18.381 que regula el acceso a la información pública. Y advierte que no se debe permitir el acceso a la información "sin incurrir en responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que se pudieran generar".
En el escrito se aduce que no puede alegarse que la decisión original del ministerio de negar información pueda considerarse que presenta "ausencia de fundamentación", porque en ella se explica que los datos que solicita Bachetta deben mantenerse en estricta reserva porque contiene elementos que podrían ser de utilidad de un eventual competidor de Aratirí.
"¿Cómo podría el MIEM acatar este fallo sin incurrir en responsabilidad ante la propietaria de la información que cuenta con la seguridad de que la misma recibe el tratamiento de confidencial porque así ha sido declarada, a su solicitud?", se pregunta Roselló.
El abogado enumera algunos contenidos de la documentación para demostrar que no se trata de temática ambiental. Los capítulos 1 y 2 presentan un detalle de la geología y determinan el nivel de recursos y reservas; el 3, una descripción de las minas que constituirían el complejo minero y los equipamientos de carga y descarga; en el 4 se hace referencia a los procesos y equipos necesarios para la beneficiación del mineral; y en el 5, referente a la infraestructura del complejo minero, se describen elementos tales como cintas transportadoras, polvorines, talleres de mantenimiento y caminería, entre otros. En el 6 se describen otros componentes del proyecto, co-mo los detalles constructivos del mineroducto y su operación, su puerto, el acceso a los componentes del proyecto, el suministro y distribución de energía, la mano de obra y el cronograma de construcción del proyecto. "Todo lo cual da cuenta que no nos encontramos ante temática medioambiental", escribió el letrado.
"No puede limitarse la información"
El juez Alejandro Martínez recordó, en los considerandos de la decisión por la que dispuso que se debe liberar la información sobre Aratirí, que el artículo 18 de la ley 18.381 indica que "el organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales" en que se basa.
"Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva". Señala que se considerará "falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela", de acuerdo con lo que establece la ley 17.060.
"No puede limitarse el acceso a la información pública en términos genéricos o vagos sino que debe especificarse claramente aquellos tópicos que justificadamente se entienden confidenciales", sostiene el juez para justificar su decisión que será considerada en los próximos días por un Tribunal de Apelaciones.
Si el Gobierno no firma el contrato con la minera Aratirí antes del 28 de febrero, la empresa tendrá un plazo máximo de 180 días para presentar un comprador oferente; si no lo hace el Estado, tendrá la preferencia para comprarle la información técnica que le interese y crear una institución pública para la explotación del hierro.
Fuentes oficiales dijeron a El Espectador que debido a todos los aspectos pendientes de aprobación ambiental, es "muy difícil" que el contrato con la minera se pueda firmar antes del 28 de febrero.
Esta mañana el presidente de la República, José Mujica, estuvo tratando el tema con el secretario de la presidencia, Homero Guerrero.
Por su parte, el Ministerio de Industria apeló la decisión de la Justicia que lo obligó a hacer pública información relativa a Aratirí.
Uno de los referentes del grupo Uruguay Libre, Raúl Viñas, dijo a El Espectador que no le sorprendía la apelación del Ministerio, ya que "sistemáticamente se ha negado a brindar información que es de interés para la ciudadanía", expresó.
Viñas se pronunció en contra de la explotación del hierro en el país, ya sea por emprendimiento privado o público, "ya que no están dadas las condiciones", sentenció.
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