El movimiento Uruguay Libre de Megaminería cuestionó la extracción de gas o petróleo y reclamó que se haga pública la información del proyecto Aratirí
Víctor Bacchetta, integrante del grupo Uruguay Libre de Megaminería pidió que las autoridades informen en base a estudios por qué se generaron expectativas respecto a la existencia de petróleo en el litoral del país cuando aún no ha sido demostrado. Además, el movimiento rechaza la utilización de fracturación hidráulica o fracking para extraer gas o petróleo por los posibles impactos en el suelo. En ese sentido, piden que se prohíba esta tecnología por ley o que se demuestre que no existen impactos negativos.
Respecto a la ampliación del plazo para analizar el proyecto Aratirí por parte del Poder Ejecutivo, Bacchetta indicó que los tomó por sorpresa y que continúan rechazando esa propuesta.
Por otra parte, informó que han pedido reuniones con José Mujica y Tabaré Vázquez pero que no han obtenido respuestas.
El Senado aprobó la iniciativa para ampliar los plazos de análisis del proyecto de la minera Aratirí. El proyecto de ley llegó al Parlamento hace 48 horas y fue votado solamente por el Frente Amplio.
El presidente José Mujica aseguró que con la prórroga que se votó a Aratirí no le están "haciendo un mandado a una empresa", sino que es para evitar un juicio internacional.
En entrevista con Radio Rural, Mujica explicó que "esta empresa hindú tiene derechos adquiridos en Uruguay porque, según ellos, han invertido más de 300 millones de dólares, pongámosle que no, que sea la mitad, pero han invertido, en la información de la cual el Estado posee hoy 60.000 datos, pero en realidad son más de 300.000 microdatos que le permiten ampliar la riqueza mineral de hierro que hay en toda esa región".
"Eso lo averiguaron con plata que pusieron en investigación, gente que trabajó y eso tiene un valor que es propiedad de la empresa. Entonces si nosotros, en el marco jurídico que tenemos, no demostramos una voluntad positiva de negociar nos exponemos a tener un juicio internacional que aunque lo ganemos después estamos cuatro o cinco años sin poder hacer nada".
Por esto, el presidente asegura que "hay que poner las barbas en remojo. Uruguay toma la decisión de darle un plazo mayor como un elemento de demostrar buena voluntad de negociación en un problema que es difícil".
La empresa que promueve el proyecto Aratirí propone implementar una “experiencia piloto”, de extracción de mineral de hierro a pequeña escala, mientras se concreta su plan original.
Según informa Búsqueda esta semana, ayer el presidente José Mujica, el ministro y el subsecretario de Industria, Roberto Kreimerman y Edgardo Ortuño, así como también el prosecretario de Presidencia Diego Cánepa, se reunieron ayer con el propietario de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, para discutir esta “mini” versión de Aratirí.
El nuevo proyecto no tendría por qué ajustarse a las disposiciones de la Ley de Minería de Gran Porte, puesto que consistiría en extraer entre 1 millón y medio, y 2 millones de toneladas al año, y no 18 como proponía el proyecto original. El mineral se trasladaría hacia el puerto capitalino, por tren, y no hacia el este, para adelantarse a la concreción del Puerto de Aguas Profundas.
Mientras se discutían estos nuevos planes, la Comisión de Industria del Senado aprobaba ayer el proyecto de ley del Ejecutivo que otorga un año más al gobierno y a la empresa para puntualizar los detalles del contrato de Aratirí. El líder colorado Pedro Bordaberry se opuso al texto por considerar que se trata de otra ley “redactada a la medida” de Zamin Ferrous. De todas formas, se espera que hoy sea aprobada sin problemas en el plenario del Senado.
Uruguay Libre denuncia ilegalidad en el contrato de ANCAP por exploraciones en Salto, y pide declarar al país libre de fracking.
“Las declaraciones de ANCAP no son claras”. Integrantes del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería (Uruguay Libre) convocaron ayer a una conferencia de prensa con el objetivo de exponer la posición de las organizaciones de la sociedad civil frente a la potencial búsqueda de hidrocarburos no convencionales en el territorio nacional, reclamando la intervención a nivel nacional para declarar al país un territorio libre defracking, la técnica que, según el movimiento, se utilizaría para extraerlos, y asimismo, declarando la “ilegalidad” del contrato firmado con la empresa que realizaría las excavaciones.
La fracturación hidráulica (en inglés, fracking) consiste en la fracturación de la “roca madre” para extraer los hidrocarburos “atrapados” en su interior. Se utiliza una técnica de perforación mixta: en primer lugar se perfora de manera vertical (en el caso de Uruguay, a aproximadamente 2.000 metros de profundidad) y después de dos a cinco kilómetros en horizontal. Sobre este punto se inyecta agua con arena y una serie de aditivos químicos (detergentes, lubricantes, surfactantes) a gran presión, lo que genera la fractura en la roca y, consecuentemente, la liberación del gas buscado, que asciende a la superficie a través del pozo.
Antecedentes
El próximo director nacional de Minería y Geología será Gerardo Veroslavsky, quien, según su currículum, desde 2011 se desempeña como “geólogo consultor de SEU–Uruguay, empresa norteamericana con contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en la región centro-norte de Uruguay, bloque Piedra Sola, bloque Salto, cuenca Norte”.
El futuro jerarca también trabajó para la minera Aratirí; realizó parte de los estudios ambientales que presentó en 2011 ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente como parte de su evaluación de impacto ambiental para obtener la autorización ambiental, según constató el semanario Búsqueda.
“Lamentablemente lo están comprometiendo”, sostuvo a la diaria Viñas. “El cargo tiene que controlar campos en los que comercialmente está comprometido”, por lo que “habiendo tantos ciudadanos que saben de minería y geología, y que no tienen intereses comerciales creados en ese campo, ponerlo a Gerardo es comprometerlo”, afirmó.
Las inyecciones en el subsuelo para favorecer la extracción de petróleo se remontan al siglo XIX, pero esta técnica en particular se originó a mediados del siglo XX. Desde ese entonces, han habido “numerosos estudios”, según el integrante de Uruguay Libre Carlos Anido, que concluyen que esa técnica es “peligrosa e incontrolable”.
Por un lado, tanto Uruguay Libre como organizaciones ecologistas a nivel mundial advierten que la perforación por sí misma provoca “alto riesgo por movimientos sísmicos”. Según Anido, es “poco” el control que se puede tener sobre la técnica respecto de “hasta dónde llega la fracturación” y “qué movimientos genera”. Por otro, el ingeniero habló de lo que “sale a la superficie de la sopa química ”, como le llama a la mezcla que se inyecta a gran presión, que dice que provocaría “grandes perjuicios al Acuífero Guaraní [ubicado al norte del país, donde serían las perforaciones], que es lo que está principalmente en juego”.
A nivel internacional, la organización Greenpeace advierte en un informe específico sobre las “enormes cantidades de agua” que utiliza la técnica, de “entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo”. Otra estimación indica que “entre 15% y 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno, y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación”. Advierten, además, sobre la emisión de metano (un gas de efecto invernadero), la contaminación acústica y los impactos paisajísticos.
No a la sopa
“La posibilidad de contaminación es cierta”, sostuvo Anido, “y la postura de las autoridades, ambigua”, agregó, por su parte, el periodista integrante de Uruguay Libre Víctor Bacchetta.
El 13 de enero ANCAP difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la certificación de recursos prospectivos de hidrocarburos convencionales en las áreas de Salto y Piedra Sola (localidad que se encuentra en el límite entre Paysandú y Tacuarembó), ubicadas en la cuenca Norte de Uruguay. En el comunicado se habla únicamente de “recursos convencionales”, lo que implicaría que, “en caso de su descubrimiento y eventual desarrollo, se utilizarían técnicas de explotación convencionales”, descartando rotundamente la utilización de “técnicas como por ejemplo el fracturamiento hidráulico masivo”.
Sin embargo, los integrantes de Uruguay Libre aseguran que desde la empresa australiana Petrel Energy Limited afirman que hay potencial de “recursos convencionales y no convencionales”, y sostienen que el contrato de exploración y explotación firmado por ANCAP y Schuepbach [accionista de 51% de Petrel] “incluye explícitamente los hidrocarburos no convencionales”, que son los que causan preocupación, ya que “sólo se pueden extraer mediante el fracking”. Bacchetta sostuvo que esta técnica ha sido prohibida en diversos países después de ser utilizada: en Francia, Bulgaria, Alemania, Escocia y, asimismo, en diversas localidades de Estados Unidos y Argentina.
“Estas empresas vienen por hidrocarburos no convencionales y lo dicen explícitamente, y las declaraciones de las autoridades uruguayas no generan tranquilidad en este aspecto, porque, por un lado, parece que se descarta que se vaya a llegar a aplicar el fracking, pero, por el otro, se han firmado contratos con empresas extranjeras que admiten esa posibilidad, y las empresas contratistas así lo indican en forma explícita”, sostuvo Uruguay Libre, que reclama “más claridad” de parte de las autoridades de ANCAP respecto de las excavaciones que se van a llevar a cabo en la zona norte del país. En este sentido, Uruguay Libre, junto con organizaciones como Tacuarembó por la Vida y el Agua, Paysandú Nuestro, Paysandú Libre de Fracking, Grupo de Jóvenes Piedra Sola y Grupo de Ciudadanos de Salto plantean además la necesidad de prohibir a nivel nacional la utilización delfracking como técnica excavatoria.
Por otro lado, Raúl Viñas, integrante del mismo movimiento, sostuvo que el contrato firmado entre ANCAP y Petrel Energy Limited “es ilegal”. Basado en el Código de Minería, que, según dice, establece que “ningún contrato minero podrá tener cláusulas de resolución de conflictos en territorio internacional”, Viñas sostiene que el contrato firmado determina lo contrario y, por eso, sería ilegal.
Otro tema
En cuanto al proyecto de ley firmado por el presidente José Mujica para postergar por un año la firma del contrato entre el emprendimiento minero Aratirí y el gobierno, Uruguay Libre sostiene que “no tiene fundamentos”. “La realidad es que, salvo que le pagáramos para extraer el hierro, no hay manera de que [a Aratirí] le sea viable” el proyecto, dijo Bacchetta, quien explicó que el proyecto “fue pensado para un [precio] mínimo del hierro de 90 dólares la tonelada”, mientras que hoy vale 63,5 dólares, “y estiman que se mantendrá en los próximos años por debajo de los 60 dólares”.
En el día de ayer, el movimiento Uruguay Libre de Megaminería realizó una conferencia de prensa en la sede de la Federación Rural, con motivo de cuestionar las últimas declaraciones de Ancap sobre la existencia de potenciales pozos petroleros en el litoral del país.
A mediados de enero, la empresa australiana Petrel —que posee el 51% de las acciones de Schuepbach Energy International LLC (SEI)— anunció que logró encontró y certificar internacionalmente la existencia de 20 potenciales depósitos o "trampas" de petróleo en Salto y Piedra Sola, una localidad entre Tacuarembó y Paysandú.
Entusiasmado, el 13 de enero, Héctor de Santa Ana, gerente de exploración y producción de Ancap, dijo a El País que el hallazgo implica que podría haber entre 2 y 241 millones de barriles en cada un de los cuatro bloques encontrados. Para tener como referencia, Ancap compra cerca de 1 millón de barriles de petróleo por mes.
Estas proyecciones fueron cuestionadas ayer. Según el periodista Victor Bachetta, de Uruguay Libre, la certificación no significa necesariamente que se haya descubierto petróleo, y mucho menos que sea posible extraerlo. "Hablar de que el petróleo podría dar para el abastecimiento nacional para los próximos 120 años, como se dijo, es una especulación pura", dijo Bachetta. No hay datos científicos que avalen esta estimación, agregó el integrante de Uruguay Libre.
Pero lo que más preocupa a los ambientalistas no son las proyecciones incorrectas sobre petróleo, sino su explotación mediante fracking, también conocido como técnica de explotación hidráulica.
El fracking es un método de extracción de hidrocarburos no convencionales, que se encuentran en grandes profundidades, en pequeñas burbujas asiladas entre las rocas. La técnica consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a extrema presión, a fin de fractura las rocas y así liberar el gas natural y el petróleo que se ubica en sus napas. El problema, es que según los ambientalistas, este proceso contamina suelos, aguas subterráneas y superficiales, generando incluso sismos.
Si bien la técnica es utilizada desde hace décadas, se ha prohibido en algunos países como Francia, Alemania y Bulgaria. Recientemente el estado de Nueva York la prohibió por posibles riesgos significativos a la salud; incluso cuando el fracking es un pilar en la búsqueda de la independencia energética de Estados Unidos.
En Uruguay, las Juntas Departamentales de Paysandú y Tacuarembó emitieron resoluciones prohibiendo el uso del fracking. Para los ambientalistas uno de los principales argumentos en contra de su uso en el litoral es una potencial contaminación del Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce de más de 45.000 kilómetros cuadrados, una de las más grandes del mundo.
Hasta ahora, los anuncios de las autoridades en materia energética han sido ambiguos, y generan preocupación. Por una lado, dijeron en la conferencia, Ancap declara en un comunicado que el hallazgo se trataría de hidrocarburos convencionales, y por ende, descarta la utilización de técnica del fracking para su extracción. Pero por otro, la empresa australiana Petrel, celebra el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en el Uruguay, que únicamente pueden ser extraídos mediante este polémico método.
Para Raúl Viñas, otro de los voceros del movimiento, los estudios únicamente han determinado la existencia de trampas geológicas donde "podría haber algo". Pero no es garantía. Y también considera que las declaraciones no han sido claras. "Por un lado vemos la existencia de una tecnología que es mala, que es arriesgada y discutida en el mundo, y por otro nos dicen que no se va a usar. Quizás lo mejor para creerles sería que nos tranquilicen mediante una prohibición general", dijo.
Para Bachetta, el gobierno está en una disyuntiva, ya que al firmar los contratos de explotación estos entraron dentro de la ley de Promoción y Protección de inversiones. Si el contrato dice que las empresas pueden hacer fracking y luego no se cumple, el gobierno se vería expuesto a un juicio internacional.
"Después que firmaste, ya no tenés el control", concluyó.
El movimiento Uruguay Libre de Megaminería manifestó hoy su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades del país recurran al uso del "fracking" para extraer petróleo de las estructuras geológicas de Salto y Piedra Sola en caso de confirmarse la existencia de crudo en dichas áreas.
El pasado 13 de enero, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) de Uruguay confirmó la existencia de 20 potenciales pozos de petróleo en los bloques de Salto y Piedra Sola (norte del país) de los que se podrían extraer cerca de 1.800 millones de barriles.
Ante la posibilidad de que se recurra al "fracking" (fracturación hidráulica masiva) para extraer petróleo en caso de darse el hallazgo, la organización Uruguay Libre de Megaminería propone prohibir esta técnica y acabar con lo que considera un doble discurso de las autoridades sobre su intención de uso.
"Dentro del país se dice que solo se utilizarían recursos convencionales para su extracción y que no se recurriría al "fracking", pero los mismos técnicos de ANCAP que dicen eso comentan lo contrario en el extranjero", dijo a Efe Raúl Viñas, integrante de Uruguay Libre de Megaminería.
Viñas esgrime que en el comunicado de ANCAP en el que se confirmó la potencialidad de las exploraciones de Salto y Piedra Sola se aseguró que solo se consideraba el uso de técnicas convencionales, mientras que la misma organización, en conferencias internacionales, habló de los hidrocarburos no convencionales como "una oportunidad de negocios de exploración y producción" en Uruguay.
"Por otro lado, se han firmado contratos con empresas extranjeras que admiten la posibilidad del "fracking" y las empresas contratistas así lo indican en forma explícita", añadió.
Es por ello que Viñas pide que se prohíba el "fracking" en Uruguay para "termina con el tema".
"Nosotros le damos la bienvenida al petróleo convencional, no estamos en contra de que se explote el petróleo si lo hay, estamos en contra si no es convencional", aseveró.
Uruguay Libre de Megaminería se ha hecho eco de las movilizaciones de algunas organizaciones civiles de los estados de Tacuarembó y Paysandú, en cuyos límites se encuentra Piedra Sola, y del departamento de Salto, ante la posibilidad de que se extraiga gas o petróleo de sus posibles yacimientos por medio de "fracking".
"Paysandú está declarado libre de 'fracking' y en Tacuarembó se aprobaron dos decretos en contra de este sistema y de la minería de gran porte que están en el Tribunal Contencioso Administrativo porque los diputados los derogaron", explicó Viñas.
"La ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible otorga a los departamentos la potestad declarar qué actividades se pueden hacer y cuáles no en su territorio (...). Pero algunas cuestiones no se pueden autorizar desde los departamentos si no están aprobadas a nivel nacional", lamentó el ecologista.
El representante de Uruguay Libre de Megaminería indicó que han solicitado audiencia con el presidente del Gobierno, José Mujica, y con el mandatario electo, Tabare Vázquez, para hablar de este tema pero sin haber obtenido respuesta.
El "fracking" o fracturación hidráulica masiva es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo, y consiste en inyectar materiales a presión en el terreno para aumentar las fracturas del sustrato donde se encuentran los productos que se quieren extraer.
Los peligros de esta técnica derivan del enorme consumo de agua y de la utilización de productos químicos para favorecer la disolución de la roca.
EXIGIMOS DEFINICIONES CLARAS EN ANUNCIOS SOBRE ESTUDIOS PETROLEROS
Días atrás, ANCAP y la empresa australiana Petrel Energy, accionista mayoritaria de Schuepbach Energy, con quien el ente estatal tiene un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte del país, dieron la noticia de haber recibido una Certificación Independiente de Recursos Prospectivos Hidrocarburíferos y anunciaron el paso a una nueva etapa de los trabajos de búsqueda de petróleo y gas natural contemplados en el referido contrato.
Los comunicados de Petrel y ANCAP solo afirmaban la existencia de “recursos prospectivos”(1), lo cual no significa que se haya descubierto petróleo y, mucho menos, que sea posible extraerlo. No obstante, ambas empresas se extendieron en afirmaciones basadas en la posibilidad de que realmente haya petróleo, con lo cual generaron una gran confusión en la opinión pública, a lo que se sumaron, consciente o inconscientemente, varios medios de la prensa nacional.
La empresa australiana difundió incluso unas suposiciones sobre las reservas posibles, es decir, para el caso de que hubiera petróleo. El presidente de ANCAP dijo que “podrían extraerse unos 1.769 millones de barriles de petróleo recuperables” y agregó que representarían “120 años de consumo”(2) del país. Con estas afirmaciones de fuentes oficiales, en la prensa se dio “la buena noticia de encontrar petróleo”(3), lo cual es una distorsión total del hecho anunciado.
Haciéndose eco de lo anterior, y como si fuera una cuestión de fe, autoridades del gobierno que asumirá el 1° de marzo próximo afirmaron que “tenemos hierro y seguramente petróleo”(4) para justificar la importancia de la planificación estratégica y una mirada de largo plazo.
Ante estos hechos, por una obligación de transparencia y respeto a nosotros mismos y a la opinión pública, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes declaramos:
1. Todo país debe conocer lo más exhaustivamente posible sus riquezas naturales, las minerales e hidrocarburíferas entre ellas. Este estudio debe ser emprendido por el Estado y las instituciones de investigación correspondientes, para garantizar su realización sobre bases científicas serias e independientes de intereses privados. En el Estado las diferentes funciones deben estar también separadas, para permitir la fiscalización adecuada de las distintas responsabilidades.
2. El Estado tiene a cargo globalmente la gestión de los bienes naturales de la nación, pero es necesario que diferentes organismos se ocupen de distintas responsabilidades para impedir que un organismo sea juez y parte, por ejemplo, en los resultados de la investigación o en la relación con un socio extranjero. La ausencia de una estructura diversificada en la gestión de nuestros recursos hidrocarburíferos explica algunos problemas que veremos a continuación.
3. Según el Código de Minería vigente, ANCAP es el organismo competente para “la actividad minera” correspondiente a los yacimientos de combustibles fósiles y otros elementos aptos para generar energía. Es decir, la ley encomienda al ente solo la tarea de explotación del recurso, pero ANCAP asume por si la investigación, se ocupa de los contratos con las empresas extranjeras para la producción y pretende también monitorear la calidad del Acuífero Guaraní.
4. Es en este contexto que, cuando Petrel anuncia los resultados de sus estudios, ANCAP sale rápidamente a difundirlo y amplificarlo. Que la contratista magnifique un resultado forma parte de la lógica de esas empresas atentas a la cotización de sus acciones en la bolsa de valores. Que también lo haga ANCAP sólo se explica por ser el gestor de la asociación con Petrel y querer resaltar ante la opinión pública un éxito que los hechos aún no han confirmado.
5. El problema mayor surge cuando esas necesidades conducen al ente estatal uruguayo a omitir informaciones, así como la naturaleza de los acuerdos firmados con las empresas contratistas. En su comunicado, ANCAP solo afirma que se trataría de hidrocarburos convencionales y, en base a esta afirmación, descarta la utilización de la técnica de fracturación hidráulica (‘fracking’) para la extracción de los depósitos de petróleo o gas que pudieran encontrarse en la zona.
6. Sin embargo, en su informe, Petrel está hablando de “un sistema de hidrocarburos previamente desconocido, con potencial de recurso convencional y no convencional” ("... previously unknown hydrocarbon system with conventional and unconventional resource potential") (5). Además, el contrato de exploración y explotación firmado por ANCAP y Schuepbach incluye explícitamente los hidrocarburos no convencionales, cuya extracción solo es posible por ‘fracking’(6).
7. Parecería que ANCAP descarta el ‘fracking’, pero si la declaración surge de una manipulación de las informaciones del anuncio de Petrel, en vez de dar tranquilidad, agrega un elemento de preocupación. Sobre todo porque técnicos del ente han destacado en sus presentaciones que Uruguay ofrece “una oportunidad de negocios”(7) con hidrocarburos no convencionales y, como lógica consecuencia, las empresas extranjeras vienen aquí por los no convencionales.
8. Ante el agotamiento previsto de los yacimientos tradicionales, el ‘fracking’ surge para explotar la roca generadora de hidrocarburos cuando el petróleo y el gas se encuentran aún en pequeñísimas burbujas aisladas. Pero la introducción en el subsuelo a muy alta presión de inmensos volúmenes de agua, arena y productos químicos para fracturar la roca y capturar ese petróleo y ese gas contamina suelos, aguas subterráneas y superficiales, generando incluso sismos.
9. Grandes intereses económicos y políticos impulsaron un desarrollo vertiginoso del ‘fracking’ sin evaluaciones técnicas mínimas. La constatación de graves impactos sobre el ambiente y la salud de las personas, junto con un rendimiento económico real mucho menor de lo prometido, llevaron a Francia, Alemania y Bulgaria, así como a decenas de gobiernos locales en varios países, a prohibir o suspender el uso del ‘fracking’ en todo el territorio bajo su jurisdicción.
10. Con la misma preocupación, los abajo firmantes venimos informando a la población sobre las consecuencias que tendría el ‘fracking’ en este país. Los acuerdos con empresas extranjeras que admiten la posibilidad de extraer hidrocarburos no convencionales nos llevan a exigir definiciones claras de las autoridades de ANCAP, más allá de las declaraciones de funcionarios que carecen de responsabilidad política y que modifican sus afirmaciones según los auditorios.
Lo razonable es dar garantías a la población de que una técnica peligrosa e incontrolable como el ‘fracking’ no será permitida en Uruguay, un país con un enorme potencial de energías renovables y no dañinas con el medio ambiente. Esta es la razón por la cual insistiremos con la prohibición de esta tecnología en todas las instancias, desde la Comisión del Acuífero Guaraní y los gobiernos departamentales, de los cuales ya se hicieron eco los de Tacuarembó y Paysandú, hasta el nivel nacional.
(7)“Hidrocarburos no convencionales: Una oportunidad de negocios de exploración y producción en cuencas onshore en Uruguay”, Dr. Héctor De Santa Ana, Conferencia Regional ARPEL 2011.
El presidente de la República, José Mujica, ratificó que este lunes se ampliaron los plazos de análisis del proyecto de Aratirí a través de proyecto de ley. El mandatario argumentó que de esta forma, Uruguay tendrá "un año más para discutir eventualmente el contrato" con la minera.
Mujica explicó que la necesidad de ampliar los plazos es “por varios motivos”, uno de ellos es por los precios del hierro. También señaló que hay que resolver problemas que tienen que ver con la salida al mar y con los permisos ambientales, por ejemplo.
“Había un proyecto nuestro. Pero cuando se tomo la decisión de ubicación del puerto de aguas profundas había que modificar el proyecto para que saliera por otro lugar porque no podemos transformar la costa de rocha en un queso. Entonces hacer concordar y eso necesitamos un reestudio y una revaloración, en cuestión de técnica tiene sus dificultades”, afirmó en Telenoche.
"La decisión como la va a tener que tomar el próximo gobierno hay que dejarla las condiciones para que lo pueda hacer”, dijo.
El proyecto, en manos de la multinacional Zamin Ferrous, pretende invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo de 6.210 hectáreas, además de la construcción de un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
Varias organizaciones ambientalistas agrupadas en la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, lucha desde hace años contra la instalación de Aratirí.
Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el país.
Las organizaciones que luchan contra este proyecto exigen un plebiscito para dictaminar si la iniciativa se puede hacer, y que ésta no dependa de la decisión del Ejecutivo.
La eventual contaminación del río Yí preocupa a los miembros del movimiento Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto. El hecho motivó el pedido de sendas entrevistas con Mujica y Vázquez.
Las declaraciones recientes del presidente José Mujica sobre una posible extensión del plazo legal para definir un contrato de inversión con la minera Aratirí generaron alarma. Mujica dijo que faltarían elementos científicos y técnicos para evaluar el proyecto de Aratirí y que, en acuerdo con Vázquez, enviará al Parlamento un proyecto de ley que disponga una prórroga de las negociaciones con la empresa. Por las disposiciones de la Ley de Minería de Gran Porte ese plazo, que ya tuvo una prórroga de 90 días, vence el próximo 28 de febrero.
VARIAS PREGUNTAS
Se pretendería prolongar los plazos fijados en la Ley de Minería de Gran Porte para negociar con estas empresas, cuando las mismas autoridades reconocieron un «enfriamiento» del proyecto de Aratirí por la baja pronunciada del precio del hierro, aseguró Raúl Viñas, integrante de este movimiento en el diálogo mantenido con El Acontecer. «Nos seguimos preguntando para qué se quiere hacer. Ya hemos demostrado que este proyecto no le va a dejar dinero a Uruguay. Hace muchos meses que ningún vocero de la empresa ni del Gobierno habla de cuánto dinero nos va a dejar, porque las cuentas que habían sacado no eran las correctas. Sabemos que no nos va a dejar dinero, que la posibilidad de desarrollo a través de esto es nula, ya que es una explotación minera como muchas. Solo se va a importar maquinaria, extraer y llevarse el mineral y en el plan de cierre se indica que los pozos van a quedar como tal. Las montañas estériles de escombros van a quedar al costado y, en el caso de los empleados, ya que se habló de algo que podía dejar trabajo, lo que la empresa tiene previsto es algún curso de recapacitación y una carta de recomendación. Entendemos que este proyecto es totalmente inaceptable.»
CONTAMINACIÓN
El activista ambiental se mostró preocupado por una eventual contaminación del río Yí en caso de que prospere la instalación de esta explotación minera en la zona centro. «Tuvimos acceso al estudio de impacto ambiental a nivel de la Dinama, donde nos costó más trabajo fue en el Ministerio de Industrias, donde Dinamige no fue tan trasparente y tuvimos que hacer un juicio para llegar a la información. De todas formas, nos mostraron información parcial y, seguramente, una vez que termine la feria judicial, volveremos a solicitar información que no cumple con las normas legales para ser declarada confidencial —no se trata de información patrimonial ni secreto comercial— y volveremos a la Justicia para reclamar nuestros derechos como cualquier ciudadano. Una de las dudas que tiene el presidente José Mujica es la posibilidad de que se generen relaves ácidos, es decir, que se generen aguas con alto índice de acidez y de metales pesados; quedarán allí para después terminar en los cursos de los ríos que nacen ahí, ya que donde se piensa instalar la minera Aratirí es una zona divisoria de aguas. Ahí justamente nace el río Yi. El agua que quede en las minas, cuya calidad la empresa no asegura, se derramará hacia los ríos y arroyos de la zona, incluyendo al río Yí.»
PIDIERON SENDAS ENTREVISTAS CON MUJICA Y VÁZQUEZ
Sobre la solicitud de entrevistas al presidente en funciones Mujica y al electo Vázquez, Viñas indicó que se está a la espera de una respuesta favorable a la brevedad. «La invitación se hizo y ahora dependerá de la buena voluntad de ambos para recibir y escuchar el planteo de ciudadanos que han contado con el asesoramiento de diferentes técnicos en la materia, demostrando que no son ningunos improvisados ni se trata de un capricho, sino el de preservar el denominado Uruguay Natural. Desde hace más de cuatro años venimos, junto con otras organizaciones sociales, analizando el proyecto de Aratirí. Sin desmerecer otras posiciones, hemos aportado una opinión responsable al respecto y, sobre todo, hemos insistido en que para tomar decisiones de esta envergadura debe consultarse al pueblo», sentenció.
El activista Raúl Viñas explicó que quieren aportar "datos de rigor científico" al actual y al futuro presidente sobre las razones por las que el proyecto minero de Aratirí "es inaceptable". La iniciativa surgió tras que José Mujica dijera que no tenía suficientes datos sobre el emprendimiento.
La pasada semana, el presidente José Mujica dijo que había acordado con Tabaré Vázquez envíar un proyecto al Parlamento para extender el tiempo establecido para negociar el contrato de explotación minera con Aratirí, que finaliza el próximo 28 de febrero.
Explicó que el Gobierno no contaba con suficiente información del proyecto como para tomar una decisión en un corto plazo.
"Nosotros estudiamos el proyecto y tenemos la intención de llevarle razones de rigor científico" sobre su negativa el emprendimiento, explicó Viñas.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sostiene que el plan de cierre establecido por la empresa "es en realidad un plan de abandono que no lo aceptaría ningún país civilizado".
Además, señalan que el modelo de explotación propuesta por Aratirí "no dejaría dinero" al país.
En su edición de la semana pasada, se publicó en vuestro semanario una nota sobre temas económicos relacionados con la posibilidad de encontrar hidrocarburos en el subsuelo uruguayo haciéndose referencia a los comunicados del martes 13 de enero emitidos por las empresas Petrel Energy y ANCAP.
Al comienzo de la nota se dice erróneamente que la empresa Schuepbach habría certificadoreservas de hidrocarburos en la zona norte del país.
Sobre ello considero necesario se aclare que la única certificación presentada en los comunicados empresariales es sobre “recursos prospectivos”, que es la primera y menos confiable calificación del Sistema de la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE). Esos recursos prospectivos deben, para poder ser considerados reservas, primero ser descubiertos y después ser evaluados como económicamente viables, así lo establecen los requerimientos y procedimientos de la SPE que cita el informe de Petrel Energy.
En el comunicado de Ancap se dice, de acuerdo a la nota, que se trataría de recursos convencionales, eso a pesar de que el informe de Petrel expresa que se habría confirmado la existencia de un sistema de hidrocarburos previamente desconocido, con potencial convencional y no convencional (:"....confirmed an active and previously unknown hydrocarbon system with conventional and unconventional resource potential,")
Siempre de acuerdo con la nota, Ancap descarta, sobre la base de que se trataría de recursos convencionales, la utilización de técnicas de fracturación hidráulica en la extracción de los potenciales depósitos de hidrocarburos. Esto de por si es una muy buena noticia; especialmente cuando en numerosas presentaciones internacionales de técnicos de ANCAP, se han destacado las "oportunidades de negocios con hidrocarburos no convencionales en Uruguay"
Claro que, si no se piensa usar y se descarta de plano el fracking, no hay razón para no prohibir esa peligrosa tecnología en el territorio nacional como ya se ha hecho en muchos países del mundo.
Sobre el Fracking lo único racional es PROHIBIRLO.
Carolina Cosse armó un equipo “a su medida” en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), describieron fuentes cercanas a la cartera. Para sustituir al actual director de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, Cosse apelará a un funcionario de carrera de Antel, Rodrigo Díaz, quien asesora tanto a la presidencia de esta empresa pública (ocupada actualmente por la propia Cosse) como a la gerencia general. También formó parte de la Unidad de Teleconferencias del ente.
A principios del actual gobierno, Cosse tuvo una mala relación con el entonces titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez. El conflicto terminó con la renuncia de este jerarca a pedido del ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, aunque Gómez terminó siendo asesor en temas de comunicación en Presidencia de la República.
En la Dirección Nacional de Industria también habrá cambios: Enrique Moreno, ex funcionario de ANCAP y actual coordinador general de la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo, será quien sustituya a José Luis Heijo. Moreno tiene estrecha relación con el Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cadesyc) y es cercano al Movimiento de Participación Popular, al que pertenece Cosse.
En tanto, la Dirección Nacional de Energía será ocupada por la ingeniera agrónoma Olga Otegui, quien hasta el momento se desempeña como asesora en esta unidad ejecutora del MIEM. Ahora el desafío es aún mayor, y deberá sustituir a Ramón Méndez, quien viene ocupando el cargo desde 2008. Según informaron desde el ministerio, Otegui también está vinculada al Cadesyc.
En la Dirección de Minería y Geología, el doctor en geología Gerardo Veroslavsky sustituirá a Pier Rossi. Veroslavsky actualmente se desempeña como asesor para Schuepbach Energy Uruguay, la empresa que logró certificar internacionalmente la existencia de 20 potenciales depósitos de petróleo en Salto y Piedra Sola.
Cosse busca además que el actual gerente general de Antel, Andrés Tolosa, ocupe la presidencia de este ente. La propuesta en un principio no fue aceptada por Vázquez, pero la futura ministra viene insistiendo con el nombre y actualmente es el candidato que parece tener más chances de ocupar el cargo.
Según pudo saber la diaria, José Coya continuará al frente de ANCAP, Alberto Díaz lo hará en la Administración Nacional de Puertos, Milton Machado seguirá en OSE y posiblemente Gonzalo Casaravilla continuará en UTE, aunque el tema “no está cerrado”, dijeron fuentes cercanas al jerarca. Además, el actual director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Rocha, Freddy Rodríguez, será el nuevo presidente de AFE.
El Movimiento Uruguay Libre, contrario a la instalación de Aratirí, pidió una entrevista con Tabaré Vázquez para conocer su posición sobre el proyecto. El activista Víctor Bacchetta dijo a Montevideo Portal que “llamó la atención que José Mujica haya dicho que habló de él sobre el tema”.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, organización contraria a la instalación de Aratirí, solicitó una entrevista con el presidente electo Tabaré Vázquez para conocer la posición del próximo mandatario sobre el emprendimiento.
El integrante del movimiento Víctor Bacchetta dijo a Montevideo Portal que la preocupación por reunirse con Vázquez surgió a partir de declaraciones del presidente José Mujica, que días atrás planteó la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley para extender el plazo de negociación del contrato con Aratirí.
Bacchetta indicó que llamó la atención del movimiento que Mujica afirmara que "habló del tema con Vázquez", ya que el presidente electo no se había referido expresamente al proyecto Aratirí durante la campaña. "Ya al final de la campaña, cuando visitó la localidad de Batlle y Ordoñez, le preguntaron sobre Aratirí y dijo que tenía que estudiar el tema. Por eso nos llamó la atención que haya hablado y queremos saber cuál es su posición", explicó el activista.
El integrante del movimiento apuntó además que Uruguay Libre realiza "un seguimiento día a día" del mercado de hierro, cuyo precio internacional bajó considerablemente con respecto al momento en que la empresa comenzó a tramitar su instalación en el país. En ese sentido, aseguró que "el precio actual del hierro hace que este tipo de proyectos estén siendo abandonados en el mundo".
Por eso, Bacchetta consideró que "firmar un contrato con Aratirí en las condiciones actuales sería dar un cheque en blanco a una empresa que está especulando con el precio del hierro", agregando que, según las estimaciones de los activistas, la empresa apunta a obtener la autorización ambiental para luego negociar el proyecto a otro titular.
"Queremos saber cuáles son los fundamentos para pedir una prórroga", insistió el integrante del movimiento.
Bacchetta señaló que la entrevista con Vázquez fue solicitada a fines de la semana pasada, no obteniendo aún una respuesta por parte del próximo mandatario.
URUGUAY LIBRE SOLICITA ENTREVISTAS A JOSÉ MUJICA Y TABARÉ VÁZQUEZ
A raíz de recientes declaraciones del presidente José Mujica sobre una posible extensión del plazo legal para definir un contrato de inversión con la minera Aratirí, el Movimiento Pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre) ha solicitado entrevistas al primer mandatario y al presidente electo Tabaré Vázquez.
Mujica dijo que faltarían elementos científicos y técnicos para evaluar el proyecto de Aratirí y que, en acuerdo con Vázquez, enviará al Parlamento un proyecto de ley que disponga una prorroga de las negociaciones con la empresa. Por las disposiciones de la Ley de Minería de Gran Porte ese plazo, que ya tuvo una prórroga de 90 días, vence el próximo 28 de febrero.
Se pretendería prolongar los plazos fijados en la Ley de Minería de Gran Porte para negociar con estas empresas, cuando las mismas autoridades reconocieron un “enfriamiento” del proyecto de Aratirí por la baja pronunciada del precio del hierro. ¿Cuáles pueden ser ahora los fundamentos para llegar al punto de hacer aprobar una nueva ley para este caso particular?
Desde hace más de cuatro años venimos, junto con otras organizaciones sociales, analizando el proyecto de Aratirí con técnicos calificados en todas las áreas involucradas. Sin desmerecer otras posiciones, hemos aportado una opinión responsable al respecto y, sobre todo, hemos insistido en que para tomar decisiones de esta envergadura debe consultarse al pueblo.
Hemos solicitado entonces estas entrevistas con el fin de conocer los fundamentos de esta nueva propuesta y trasmitir, en forma personal y directa, nuestra preocupación sobre las implicaciones de este y otros proyectos similares que están planteados en nuestro país.
El futuro senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, dijo a El País que "el gobierno deberá tener un buen fundamento para cambiar las reglas de juego y por ahora no lo conocemos".
"Si se argumenta que los planes de la empresa cambiaron porque se modificó la traza del mineroducto que llevaría el mineral a la costa, ese es un argumento que habría que estudiar, porque todas las empresas hacen sus previsiones para invertir y ese sería un cambio a considerar. Pero no podemos cambiar por cualquier cosa. Tiene que haber un fundamento fuerte", opinó. Mieres dijo que no está ni a favor ni en contra de Aratirí y reivindicó la ley de Minería de Gran Porte aprobada en 2013 que es la que ahora el gobierno modificaría.
La norma mencionada pone el 28 de febrero próximo como fecha límite para que el gobierno y la minera terminen la prolongada negociación de un contrato para extraer hierro en el este del país. Eduardo Rubio, diputado electo por Unidad Popular, advirtió que "no hay margen" ya para negociar por Aratirí. "Lo único que me consuela de que se extiendan las conversaciones es que vamos a poder estar en el Parlamento para batallar contra Aratirí. Zamin Ferrous está violando en Brasil la normativa laboral y ambiental", advirtió Rubio.
El presidente José Mujica explicó que para cerrar la negociación del contrato el gobierno necesita más información científica. Persisten las dudas respecto a si Zamin Ferrous estará en condiciones de constituir las garantías que le pide el gobierno. Mientras tanto, la baja cotización actual del hierro (se derrumbó durante el año pasado) pone en duda la rentabilidad de la explotación de los cinco yacimientos ubicados en la zona de Valentines. El hierro ronda los US$ 70 la tonelada y el "piso" de rentabilidad es US$ 90.
La empresa pretendía cerrar un contrato a 20 años, pero hoy el futuro de su proyecto se ve comprometido y casi todo el personal en Uruguay de Zamin Ferrous está en el seguro de paro. La Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene a estudio los análisis del impacto ambiental que tendrían las cinco explotaciones en la zona cercana a Cerro Chato
La sobreproducción y la caída de la demanda en China determinan la baja sostenida del precio del hierro en el mediano plazo y el fin de los proyectos pobres y marginales en el mundo entero.
Carlos Anido* y Víctor Bacchetta** (Semanario Brecha, 16/1/15)
El economista chileno Alexander Schubert (1) explica que el traslado en 2008 de la especulación financiera hacia las commodities hizo que los precios de las materias primas se disociaran de la demanda física. Las compras y ventas en las bolsas internacionales llegaron a superar en varias decenas de veces la producción y el consumo efectivo de los productos allí transados.
En declaraciones recientes, autoridades nacionales del área económica y la minería insisten con valoraciones en favor de un acuerdo para explotar el yacimiento de Valentines, ya sea con Aratirí o con otra entidad privada, asociada o no con el estado uruguayo, sin considerar que los cambios ocurridos en el mercado mundial de los metales hacen inviable totalmente esa posibilidad.
Por lo pronto, cuando solicitó la explotación en 2011, la propia firma Aratirí fijaba en 90 dólares por tonelada de hierro al 62% el límite por debajo del cual el proyecto no sería rentable. Hoy el precio está por debajo de 70 dólares y, como veremos más adelante, tiende a seguir bajando. En estas condiciones el proyecto es inviable, por más concesiones y subsidios que se le otorguen.
Los costos uruguayos
En primer lugar, el costo de extracción en yacimientos pobres como los uruguayos (Valentines, en Durazno y Florida, y Zapucay, en Rivera) donde el metal se encuentra al 28% en capas de mineral de hierro plegado, mezclado con otros minerales y rocas, en posición prácticamente vertical, que se plantea explotar a cielo abierto, está en el orden de los 40 dólares o más la tonelada.
A la extracción debemos agregar el costo del proceso de concentración del mineral, porque hay que llevar el hierro del 28% original al 62%, que es lo que demanda el mercado para ser vendido como simple materia prima. La concentración agrega a la producción del hierro en Uruguay otros 20 dólares, de acuerdo con las estimaciones internacionales del costo de este proceso.
Por todo esto, la extracción del hierro en nuestro país no puede competir con la producción de otros yacimientos planos horizontales de más fácil extracción, y que poseen una concentración natural del hierro al 60% y más, como los existentes en Brasil y Australia, que dominan la oferta en el mercado con un costo de 20 a 30 dólares por tonelada de hierro concentrado.
Luego tenemos los costos de mantenimiento de la vialidad y el entorno, del mineroducto y la terminal portuaria, que pueden ser 15 dólares más, a lo que debe sumarse el costo del flete y el seguro para transportar el mineral a China. El transporte desde Brasil se sitúa hoy en 19 dólares por tonelada y, para enviarlo desde más al sur, el costo subirá a 20 dólares o más.
En resumen, tenemos 40 más 20 más 15 más 20, un costo total de unos 95 dólares por tonelada para extraer y colocar el hierro uruguayo en las costas de China, que es quien hoy controla el precio internacional del mineral por el manejo de los almacenamientos en sus puertos y en las fábricas mismas de acero, junto con el control de los derivados futuros del metal,
Perspectivas del mercado
El precio actual del mineral de hierro al 62% es inferior a los 70 dólares por tonelada y los medios de comunicación especializados del sector prevén que siga bajando aún más.
Las razones de la baja consistente del precio, que las autoridades uruguayas parecen no conocer, son variadas y conocidas: el cierre del súper ciclo especulativo de materias primas iniciado en 2008 luego de la crisis de las hipotecas basura en EEUU; las crisis europeas y norteamericana que bajaron el consumo e incluso aumentaron el ahorro en las familias estadounidenses.
Ese consumo fue atendido por China y otros países asiáticos funcionando como talleres baratos del mundo. China construyó ciudades para millones de campesinos utilizando casi la mitad del hierro que extraía o compraba en el exterior. Este proceso está llegando a su fin con la crisis de una burbuja inmobiliaria y de préstamos internos de la “banca fantasma” china,
Y, más que nada, los altos precios provocaron una sobreproducción del mineral que está siendo liderada por las tres mineras gigantes que dominan el mercado mundial del hierro transportado por mar -las australianas BHP y Rio Tinto y la brasileña Vale- que hasta ahora daban cuenta del intercambio en más del 60% y por esta vía llegarán a controlar el 80% del mercado.
Las tres gigantes cuentan con yacimientos ricos y horizontales, sus costos de producción son muy bajos y pueden seguir ganando dinero aun si el mineral estuviera a 50 dólares por tonelada puesto en China. Están aprovechando así la coyuntura para liquidar a la competencia.
Según las estimaciones de Morgan Stanley (2), habrá 150 millones de toneladas de concentrado que no llegarán al mercado pues se cierran operaciones menores de baja concentración, se dejan de lado los proyectos no iniciados y la minería del hierro no consigue inversores pues los fondos de pensión y especulativos exigen tasas de ganancia y tiempos de retorno muy cortos.
Inviabilidad de Aratirí
En cualquier hipótesis, el nuevo precio histórico del hierro estará muy por debajo de los 90 dólares y vuelve inviable el proyecto Aratirí. Esto no se arregla agregando subsidios a los ya concedidos –la regasificadora que nos costará 2.100 millones de dólares-, como sería la idea del viceministro de Industria, Edgardo Ortuño, de financiarle la terminal portuaria en la costa de Rocha.
Otra consecuencia de la baja del precio internacional del hierro es la falta de dinero de empresas “junior” como Zamin Ferrous, dueña de Aratirí, creadas para lograr un negocio de ocasión en una coyuntura excepcional de altos precios pero que necesitan las autorizaciones de los gobiernos para salir a pedir el financiamiento, porque no poseen el capital de inversión prometido.
Los juicios enfrentados hoy por Zamin Ferrous en Brasil, por deudas sociales y ambientales, y en Londres con un ex socio, son un reflejo de esta situación. La firma de Pramod Agarwal tendría un endeudamiento de unos mil millones de dólares, que difícilmente podrá ser resuelto al no tener el retorno esperado de sus proyectos. Mal puede así presentar garantías en Uruguay.
La posibilidad de incluir las tierras de Aratirí en la zona minera entre sus garantías económicas no es contemplada por la Ley 19.126 y no resiste el menor análisis. Un título de prospección ya le baja el precio al campo afectado e impide a su dueño el acceso al crédito bancario. Tras el fin de la actividad minera, en esas tierras no será posible ninguna actividad productiva.
En síntesis, no hay lugar en el mercado del hierro para el proyecto de Aratirí ni otro similar. Firmar un acuerdo en estas condiciones le daría un aval a la minera para pedir préstamos con la garantía del estado uruguayo, para especular vendiendo un yacimiento marginal presentando estimaciones infladas y convertiría a los productores y las tierras en rehenes de sus decisiones.
Como para pensar cualquier compromiso o entendimiento en esas condiciones.
*Ingeniero de minas, docente en Facultad de Ingeniería de la UdelaR.
**Periodista ambiental.
(1) “El sueldo de Chile y el fin del súper ciclo global de las materias primas”, 1º de diciembre de 2014, elmostrador. (www.elmostrador.cl).
(2) “Morgan Stanley predice más reducción del precio del mineral de hierro por aumento de la oferta que contrapesa los cierres”, Phoebe Sedgman, Bloomberg, 16 de diciembre de 2014.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería ve con molestia la decisión del gobierno de enviar un proyecto de ley al Parlamento con el objetivo de extender el plazo legal para que la empresa Aratirí presente su proyecto de inversión.
El plazo previsto por la Ley de Minería para presentar el proyecto vence en febrero, pero a la fecha hay varios asuntos pendientes.
Por un lado, la Dirección Nacional de Medio Ambiente aún no tiene un dictamen del impacto ambiental que podría causar la minera en la zona, y, por otro, Aratirí todavía no presentó la garantía de la inversión.
Este lunes, el presidente José Mujica se refirió al tema al ser consultado por la prensa.
Consultado por Informativo 610, uno de los voceros de Uruguay Libre, Raúl Viñas, sostuvo que analizarán el tema, pero consideran que se trata de una propuesta “con nombre y apellido”, para beneficiar directamente a la empresa.
Por otro lado, Viñas adelantó que van a presentar a la Justicia un pedido de ampliación de la información que divulgó el Ministerio de Industria sobre el proyecto Aratirí, ya que esta es “muy limitada”.
La ley de Minería de Gran Porte fue un traje a medida hecho por el oficialismo para permitirle a Aratirí la explotación en forma exclusiva, de una superficie muy superior a la que hubiera tenido derecho de acuerdo al Código de Minería. El gobierno también realizó otras concesiones inexplicables a favor de esta empresa, como no haber seleccionado al minero mediante un régimen de contratación competitivo, ya que ni siquiera se hizo un simple llamado de precios. Como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo resolvió celebrar un contrato con Aratirí sin saber cuánto estarían dispuestos a pagar otros interesados por el hierro.
Adicionalmente, los términos económicos del contrato negociado con la empresa entre cuatro paredes, son mantenidos en la más absoluta reserva incluso ante el Parlamento. La reserva comprendería los beneficios fiscales y demás obligaciones que asumiría el Estado, como ser las obras públicas a realizar para facilitar el emprendimiento privado, por lo que no podrían mantenerse en secreto y menos ante el Poder Legislativo.
Hace exactamente un año el Poder Ejecutivo anunció que habría de firmar el contrato de concesión minera por un plazo de 20 años, sin que el proyecto contara con la autorización ambiental previa. El tema ingreso en la agenda de la campaña electoral y las organizaciones ambientales hicieron su trabajo en la opinión pública, logrando que el gobierno desistiera de firmar el contrato antes de que se expidiera la Dinama.
Luego, el precio internacional del hierro siguió bajando y la minera Aratirí comenzó a exigirle al Estado otro tipo de concesiones para llevar a cabo la explotación, como ser el cambio de ubicación del puerto minero a construir en Rocha. Esto llevó a que Mujica declarara que él no “firmaba aventuras”, alegando que: “Si no hemos firmado es porque otros firman cualquier cosa y nosotros no vamos a firmar cualquier cosa, no vamos a entregar el destrozo del territorio a costa de cualquier cosa”. Sin embargo, el Presidente cambió de parecer y acaba de anunciar que enviará un proyecto de ley al Parlamento para modificar la Ley 19.126 y extender el plazo de negociación del contrato con la empresa minera por una año más, lo que significaría la sanción de otra en beneficio exclusivo de Aratirí. Pero lo cierto, es que en el año 2011 cuando la empresa presentó el estudio de impacto ambiental la tonelada de hierro valía U$S 187 y cuando se sancionó la ley 19.126 más de U$S 130 y ahora que el hierro vale aproximadamente U$S 73, la empresa no quiere firmar el contrato, alegando que el precio mínimo para que el proyecto sea rentable, debe llegar a los U$S 90.
Si se respetara la ley 19.126 se le debería exigir a Aratirí que firme el contrato en los términos negociados originalmente con el Poder Ejecutivo, y de lo contrario, una vez vencidos los plazos legales, las áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto deberían ingresar en el registro de vacancias del Estado, tal como establecen los artículos 24 y 38 de la ley vigente.
Sin duda, se trata de una buena oportunidad para realizar una licitación o una subasta pública, dotando de trasparencia el proceso de contratación sobre uno de los bienes más valiosos del dominio del Estado.
Por esa razón, los Legisladores del oficialismo no deberían prestar su voto para modificar la ley en beneficio de un privado.
En diálogo con El Espectador Raúl Viñas, del Movimiento Uruguay Libre, valoró positivamente la certificación internacional que recibió Ancap para la búsqueda de hidrocarburos, porque se confirma la prescindencia del fracking como medio de extracción. Asimismo calificó de "preocupante" la intención de Mujica de querere ampliar los plazos del contrato con Aratirí.
Ancap recibió la Certificación Independiente de Recursos Prospectivos Hidrocarburíferos. Esto no implica que se haya descubierto petróleo, pero representa un avance importante en cuanto a las posibilidades de exploración en Uruguay. El presidente el ente, José Coya, explicó a El Espectador que les estimaciones indican que en Salto y en Piedra Sola podrían haber 1769 millones de barriles recuperables, y unos 5600 millones en subsuelo.
El anuncio de Ancap generó a lo largo de la jornada una amplia repercusión en el país. También dio lugar a comentarios e inquietudes por parte de especialistas en este tema. Pese a lo que afirman las autoridades, la gran duda es el método que se utilizará para extraer el petróleo que pueda existir en Uruguay.
En declaraciones al programa La Mañana de El Espectador, Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, valoró positivamente la noticia de Ancap, pero precisó que "la realidad nos indica que las probabilidades de encontrar verdaderamente petróleo es de un 10% con respecto a la cifra que dijo Coya ayer. Eso sin sumarle aun los riesgos".
Además de destacar la buena noticia de encontrar petróleo, también subrayó la posibilidad de que ese petróleo se extraiga por medios tradicionales. "Esa es una buena noticia porque nos alejamos del temido fracking. Si no vamos a usar fracking, si podemos extraer estos recursos por medios tradicionales, prohibámoslo, asegurémonos legalmente que esa probabilidad no se en nuestro territorio".
"Lo único racional con el fracking es prohibirlo. Por suerte ahora, con esta certificación que indica que no es necesario usar el fracking para extraer petróleo, como dijeron los dirigentes de Ancap, entonces ya podemos ir dando el paso".
Dichos de Mujica sobre Aratirí
El presidente José Mujica había declarado a El Espectador en su visita del lunes su voluntad de elaborar un proyecto ley para ampliar los plazos del contrato con la minera Aratirí, que vencen el 28 de febrero. "Queremos tomar una decisión y nos faltan elementos científicos y técnicos", dijo el presidente el cual agregó que comparte con Tabaré Vázquez la preocupación por este tema.
Para Viñas, estas declaraciones de Mujica "son preocupantes". "Decir que todavía le falta información para un proyecto que ya hace dos años que se esta trabajando es preocupante, porque en octubre la empresa ya presentó su plan de cierre, que es más un plan de abandono que de cierre".
Zamin Ferrous (dueña de Aratirí en Uruguay) debe el pago del aguinaldo y el sueldo del mes de diciembre a sus trabajadores de Santana y Pedra Branca do Amapari, en el estado brasileño de Amapá, donde tiene minas de mineral de hierro, según la Unión Sindical de Trabajadores de las Industrias Extractivas del Estado de Amapá (STIEAPA). La empresa minera cerró un acuerdo verbal con los empleados para pagar la cantidad debida en tres cuotas.
El presidente de la República, José Mujica sostuvo que prevé enviar un proyecto de ley al Parlamento para poder estirar nuevamente el plazo fijado para definir si autoriza a Aratirí a extraer hierro a cielo abierto o no, el cual vence el próximo 28 de febrero.
Mujica sostuvo a radio El Espectador que el tema fue "conversado" con el presidente electo Tabaré Vázquez y que se prevé enviar el proyecto apenas inicie el nuevo período legislativo el 15 de febrero aunque no estableció cuál sería el nuevo plazo que se fijaría.
El Poder Ejecutivo considera que todavía "falta información técnica y científica" de parte de la empresa.
El gobierno había apostado fuertemente a la minería para dinamizar el centro-este del país. El 3 de julio de 2012 la página web de Presidencia anunciaba que "Zamin Ferrous se convertirá en la mayor empresa exportadora en el Uruguay y el mineral de hierro será el principal producto de exportación con un 17,4% del total, equivalente a US$ 1.400 millones".
El oficialismo debatió duramente con la oposición y logró aprobar el año pasado la ley de "Minería de Gran Porte" que estableció el destino de los recursos que el Estado obtendría. En noviembre, el Ejecutivo decidió postergar, según lo habilitaba la ley de minería de gran porte (19.126), el plazo de las tratativas que vencía el 28 de ese mes. Ahora, de no volver a postergar el plazo se abriría un escenario de incertidumbre. Si bien la ley establece la posibilidad de que el interesado presente a otra empresa que quiera extraer el hierro de la zona de Valentines para que con ella negocie el gobierno, esa posibilidad está descartada.
La empresa minera —que genera resistencias entre productores y partidos de la oposición— todavía no tiene la habilitación ambiental para funcionar y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le anuló en diciembre pasado varios permisos de prospección.
En ese mes, 90 trabajadores de la empresa Zamin Ferrous, propietaria de Aratirí, se encontraban en seguro de paro y tan solo cinco empleados realizaban algunas tareas de mantenimiento en la zona de Valentines.
El periodista ambiental Víctor Bacchetta aseguró que Aratirí ya no es rentable por los actuales precios del hierro y dijo que le preocupa que se sostenga que sí lo es. "No lo entendemos; salvo que se le piense hacer más concesiones o subsidios", dijo en De Ocho a Diez.
Bachetta enmarcó el nacimiento del proyecto Aratirí con una coyuntura de precios del hierro que fue circunstancial y que ya no existe. "La burbuja de especulación inmobiliaria en España y de especulación con paquetes de títulos hipotecarios en Estados Unidos provocó la bancarrota de los grupos financieros más importantes. En ese momento, eso significó que el precio del hierro se multiplicó por cinco: pasó de 36 dólares la toneladas a 190 dólares", repasó. Enfatizó que Aratirí nació como un proyecto para explotar esa coyuntura pero que no descubrió ningún yacimiento. El hierro que hay en Valentines fue estudiado desde mediados del siglo pasado, dijo. "No es que hayamos descubierto una riqueza que no sabíamos que teníamos. El hierro, con los precios normales, nunca fue rentable explotarlo", agregó. El periodista criticó que Aratirí no se dedica a la extracción, sino que armó un proyecto meramente extractivo solo para vender. En su opinión, la legislación debe actualizarse y darle al país "una solución definitiva en este tema". "Busquemos una reforma donde se establezca que esta minería no es apropiada para el país", pidió. Hoy hay tres millones de hectáreas rehenes de las evoluciones del mercado internacional, cuestionó. Si el país quiere desarrollar una industria siderúrgica, lo más conveniente sería comprarle el hierro a Brasil, dijo.
Desde que el presidente José Mujica presentara el Puerto de Aguas Profundas de Rocha como un proyecto regional, la comisión interministerial que se ocupa de avanzar en su estudio ha debido cambiar su enfoque.
Según reveló a la diaria el asesor de Presidencia Pedro Buonomo, quien está a cargo de dicha comisión, hasta ahora no se había trabajado bajo el supuesto de que el puerto sería un emprendimiento multinacional.
Dijo: “En la hipótesis inicial era un proyecto de Uruguay en el cual participaban los demás países, un fideicomiso en el que el fideicomitente sería el MTOP".
El fideicomiso generaría una autoridad portuaria con un comité en el que participarían los países de la región”. Ahora, dijo Buonomo al matutino, “se plantea un puerto de otras características, con la posibilidad de que otros países participen de forma activa en la gobernanza del proyecto y eso va a haber que reestudiarlo”.
Según explicó, el nuevo proyecto con estas características, será planteado a los países de la región a través de Cancillería.
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