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January 8, 2015 10:50 PM
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El Pais 4/01/2015 Valeria Gil
Al presidente José Mujica le quedan dos meses de gobierno, pero tiene una larga lista de temas pendientes de resolución. La autorización ambiental a la minera Aratirí, la construcción de un puerto de aguas profundas en Rocha, la restauración del ferrocarril y la puesta en marcha de la venta de marihuana en farmacias eran prioridades que de a poco fueron quedando en el debe.
Las agujas del reloj indican que Mujica ya no tiene tiempo para resolver estos asuntos y deberá ser el presidente electo, Tabaré Vázquez, el que termine de atar los proyectos. En eso ya trabajan los ministros designados, quienes comenzaron las reuniones de transición hacia el tercer gobierno del Frente Amplio.
Dentro de las prioridades está la puesta en marcha de Aratirí, algo que aparece cada vez más lejano. La empresa minera —que genera resistencias entre productores y partidos de la oposición— todavía no tiene la habilitación ambiental para funcionar y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le anuló en diciembre pasado varios permisos de prospección. En ese mes, 90 trabajadores de la empresa Zamin Ferrous, propietaria de Aratirí, se encontraban en seguro de paro y tan solo cinco empleados realizaban algunas tareas de mantenimiento en la zona de Valentines. Sumado a esto, el precio actual del hierro no justifica la extracción y al momento no hay perspectivas de que esa tendencia mundial se revierta. Ahora, el gobierno de Vázquez deberá decidir si autoriza o no a la empresa a extraer hierro a cielo abierto.
La construcción de un puerto de aguas profundas siempre fue el legado que quiso dejar Mujica para el desarrollo de la infraestructura del país. Sin embargo, nunca llegó a licitar el proyecto por la falta de interesados en la multimillonaria inversión. Hace pocas semanas, en el marco de la 47ª cumbre de presidentes del Mercosur en Paraná, Argentina, Mujica anunció la intención de construir un "puerto de aguas profundas propiedad de los gobiernos del Mercosur" con "soberanía" para que "sirva de punto de apoyo a todos los países de la región".
Además adelantó que ni bien asuma, Vázquez enviará la documentación necesaria para que los gobiernos del Mercosur discutan la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas, que sea "propiedad" de los países del bloque. En la campaña electoral, Vázquez ya había adelantado su compromiso con el tema. "El puerto de aguas profundas es la diferencia entre un país desarrollado o una comarca en la región", dijo el hoy presidente electo. [...]
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January 8, 2015 10:39 PM
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El Pais 31/12/2014 Por Hernán Sorhuet Gelós
Demasiadas incertidumbres se ciernen sobre el proyecto Valentines de la Minera Aratirí.
Buena parte de la información del expediente está declarada confidencial, argumentando que se trata de secretos de naturaleza comercial. Luego de dictarse un fallo judicial que obligó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a facilitarle la documentación a una organización no gubernamental opuesta a la megaminería en el país -derecho consagrado en la ley- solamente pudo acceder a 190 páginas de un total de 4.000. Queda en evidencia el secretismo con que se está manejando el proyecto; por lo tanto no sabemos a qué atenernos si finalmente se lleva a cabo. Al mismo tiempo continúan, en el más absoluto hermetismo, negociándose los términos del contrato entre el gobierno y la empresa. Son aspectos claves para poder darle aceptables garantías a la sociedad uruguaya, que algo no salga muy mal, y sea ella la que termine pagando cuantiosos pasivos ambientales y económicos. Sin duda es un proyecto que presenta muchas más sombras que luces.
Hay algunos aspectos del contrato a suscribirse que no pueden faltar. El gobierno le debe asegurar a la ciudadanía que la empresa realizará las obras de remediación ambiental aprobadas, con fechas de finalización, a lo largo de todas las etapas de la explotación. La realización de las mismas resulta esencial para la mitigación de los impactos y para el cumplimiento de todas las etapas previstas en el proyecto autorizado. Tomando en cuenta numerosas pésimas experiencias mineras en la región, también deberá exigirle un depósito de garantía ejecutable en el Banco de la República, que nos blinde ante cualquier imprevisto; aquellos que suelen provocar el abandono inesperado de las explotaciones (por ejemplo, cuando cae la rentabilidad y la quiebra de la empresa local.
Otro aspecto fundamental en la defensa de la soberanía nacional es dejar acordado en el documento que, todo litigio que pudiera surgir por daños ambientales u otros incumplimientos, se dirima en tribunales nacionales. Son bien conocidos los resultados que pueden darse contra los intereses de nuestros pueblos, cuando las contiendas entre empresas multinacionales y gobiernos se resuelven en tribunales internacionales, porque pierde peso el marco jurídico local.
Un buen acuerdo de megaminería de hierro sería aquel que prohíba la exportación de concentrados del metal, sin otro valor agregado que el resultante de la operativa mínima y básica de su preparación. Como está previsto en el actual proyecto, venderemos un recurso natural primario sin ningún procesamiento que le incremente su valor de base. En el caso de explotarse los yacimientos de hierro de Valentines, debería incluir la realización de distintos procesos de industrialización, dentro del territorio nacional. Generaría mucho empleo permanente y mano de obra calificada. Estamos seguros de que difícilmente alguna empresa dedicada a la minería de gran porte acepte suscribir un acuerdo que contenga requisitos y condiciones como las mencionadas que no hacen más que garantizar la defensa de los legítimos intereses del país. A no engañarnos; el desarrollo sustentable conduce al bienestar social y a la salud ambiental del país.
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January 8, 2015 9:56 PM
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Minería Pan-Americana [ Via BN americas ] 5/01/2015
Un tribunal civil del estado brasileño de Amapá, al norte del país, decretó el congelamiento de activos en cuentas bancarias, por hasta 50 millones de reales (unos US$19 millones).
Un tribunal civil del estado brasileño de Amapá, al norte del país, decretó el congelamiento de activos en cuentas bancarias, por hasta 50 millones de reales (unos US$19 millones), y de propiedades pertenecientes a la operación de mineral de hierro del grupo suizo Zamin Ferrous en dicho estado. El Ministerio Público solicitó la medida porque la compañía habría contaminado varios ríos pequeños en los municipios de Serra do Navio y Pedra Branca do Amapari, informó la prensa local, reproducida por BNAmericas. También señaló que estudios revelaron la presencia de contaminantes en la zona y atribuyó a Zamin el 60% de toda la responsabilidad por el daño ambiental.
Zamin compró la operación de mineral de hierro Amapá a Anglo American en 2013 por US$266 millones. El grupo de recursos vendió el proyecto luego de que en el puerto de Santana su muelle flotante de mineral de hierro colapsara en marzo de ese año, lo que terminó matando a seis trabajadores. Anglo recibió una multa de 20 millones de reales por daños ambientales causados en el río Amazonas producto del accidente.
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January 8, 2015 9:10 PM
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Búsqueda 24/12/2014
El presidente saliente José Mujica y su sucesor Tabaré Vázquez se reunieron el viernes 12 en un predio cercano a la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia. Allí, en el campamento El Escondido en la desembocadura del arroyo San Juan, dialogaron durante tres horas intercambiando opiniones sobre diversos temas, entre ellos, el proyecto Valentines de la minera Aratirí.
De acuerdo a las fuentes consultadas por Búsqueda, Mujica dio un diagnóstico complicado: “No hay nada seguro”, le dijo, y “la situación en general está muy fría”, como consecuencia de la caída en el precio del hierro.
Desde finales de 2013 el valor de la tonelada de hierro comenzó un descenso sostenido que lo llevó a U$S 73 en noviembre pasado, el precio más bajo desde junio de 2009. Lejos quedó el histórico precio de U$S 187 que alcanzó en abril de 2011, año en que Aratirí presentó sus estudios de impacto ambiental al gobierno para obtener la autorización y empezar su obra.
Para la revista especializada en minería “BN Américas”, esto refleja que “el mercado del mineral de hierro está atrapado entre la llegada de nueva oferta y la caída de la demanda”.
China influyó para elevarlo años atrás y para desplomarlo ahora. En 2013 importó 47,3% del mineral de hierro del mundo. Pero este año su demanda cayó. Por otro lado, hay más mineral recorriendo el mundo rumbo a Asia. Las tres mineras más grandes —Vale, de Brasil y Río Tinto y BHN Billiton, de Australia—, prevén en los próximos años superar los 1.000 millones de toneladas de hierro exportado por año.
“Sus operaciones serán las de menor costo en el mundo y el hecho de que sigan adelante consolidará su dominio del mercado marítimo global y empujará a los productores marginales al olvido”, dice la publicación.
Aratirí, por su escala, es un proyecto chico a nivel mundial y sufrirá las consecuencias, ya que tiene un costo de producción fijo, sumado al del envío hasta Asia. Estos gastos hacen necesario que la tonelada de hierro tenga un valor mínimo de U$S 90 para hacer viable el proyecto, según las estimaciones de la empresa. Pero actualmente está cerca de U$S 20 por debajo, lo que dificulta que Aratirí consiga financiamiento para su inversión, estimada en U$S 3.000 millones.
Ante esta situación, los informantes indicaron que tanto Mujica como Vázquez “no son muy optimistas” sobre la continuidad del proyecto a corto plazo, aunque “hay que esperar” a que se defina.
Febrero es el plazo establecido por ley para que el Poder Ejecutivo y la empresa firmen el contrato de inversión; sin embargo, las negociaciones aún continúan. Incluso, Búsqueda informó el jueves 18 que el Poder Ejecutivo ya tomó medidas para enfrentar una eventual demanda de Aratirí en caso de no alcanzar un acuerdo.
· Nada nuevo.
Uruguay Libre, organización social contraria a la megaminería metalífera a cielo abierto, también sigue de cerca la evolución del precio del hierro. “Sabemos que se ha enfriado bastante la firma del contrato, por lo que vale el hierro hoy”, dijo Víctor Bacchetta, uno de sus miembros, el lunes 22.
Destacó que no se haya firmado, ya que, según el militante, “ahora estaría abierto el terreno, la obra paralizada porque no serviría exportar a este precio y todos esperando”.
Por otra parte mostró “preocupación y desconfianza” por “la falta de transparencia del gobierno” para compartir la información del proyecto y el contrato.
Luego de que la Justicia fallara en dos instancias obligando al Ministerio de Industria, Energía y Minería a dar acceso al expediente de Aratirí, Bacchetta lo vio el viernes 19.
Se encontró con un resumen del proyecto de 122 páginas y una serie de notas entre la empresa y el gobierno. “No nos agregó nada nuevo y lo declarado confidencial es un exceso notorio”, agregó.
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December 23, 2014 12:07 PM
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La Diaria 23/12/2014 Virginia Recagno
Uruguay Libre expuso los documentos sobre Aratirí presentados por el MIEM tras el fallo de la Justicia. “El proyecto de la empresa se mantiene incambiado”. Después de un fin de semana de procesamiento y comparación de la información, los integrantes del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería (Uruguay Libre) presentaron ayer sus conclusiones respecto de la información proporcionada el viernes por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). El Ejecutivo otorgó la documentación tras el fallo de la Justicia del 5 de diciembre, que dio la razón a los activistas que reclamaban acceder al expediente del proyecto de explotación minera a cielo abierto que llevaría a cabo la empresa Aratirí. El gobierno se negaba a proporcionar la información alegando que es confidencial, e incluso en la entrega del viernes omitió documentación que calificó como “reservada”. Después del pedido de información llevado a cabo por Uruguay Libre en conjunto con el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), la cartera fue selectiva y marcó ciertos puntos como confidenciales “hasta que no se firme el contrato”. “Se nos mostró entonces un resumen del proyecto del distrito minero y el mineroducto, sin la terminal portuaria -como si la minera pudiera existir sin esta parte fundamental para este tipo de negocio-, de 190 páginas y una lista de temas confidenciales”, explicaron los activistas en la conferencia de prensa de ayer. El documento data de noviembre de este año, y si bien “no tiene variantes” respecto de lo manejado por el movimiento previo al fallo judicial, el periodista Víctor Bacchetta recalcó que esto “sirve para decir que el proyecto de la empresa se mantiene incambiado” y se constata nuevamente que su “único fin” es “extraer y exportar rápidamente el hierro nacional, a un ritmo de producción de 18 millones de toneladas anuales durante unos 20 años”. Las partes del proyecto declaradas confidenciales incluyen desde las bases de datos geofísicos y geoquímicos hasta las dimensiones de los equipos y la operación de las minas en todas sus etapas, alegando que su sumatoria permite calcular la cantidad y el valor del mineral a extraer que constituye “aparentemente, el patrimonio” de la empresa estableció Bacchetta, quien ironizó respecto de que en este sentido “si compraran una silla y una mesa”, también pasará a formar parte de él. “Es evidentemente una exageración declarar que ese tipo de información es confidencial en sí misma”, agregó, y destacó que esta decisión “puede ser recurrida” ante la Justicia y “será objeto de una evaluación posterior” por el movimiento, junto con Cainfo. Aspectos oscuros
En el procesamiento del nuevo documento los activistas contra la minería a cielo abierto recalcaron algunos “aspectos oscuros”, como la información que refiere a la cantidad de mineral de hierro a extraer, estimada en 764 millones de toneladas, “muy por debajo de lo anunciado por la empresa” en sus informes públicos, “que llegaron a multiplicar por 40 los volúmenes reportados en el pasado”, algo que les resulta “razonable” si se considera que “ahora habrían llegado hasta más del doble de la profundidad de las anteriores perforaciones en la zona”, durante la década de 1950. Otro tema “no aclarado” es el destino de la hematita, que sería “otra forma de óxido de hierro no magnética predominante en las capas superiores del yacimiento”. En el proyecto figura un local, identificado como “hematita magnetífera”, que sería “un sitio apropiado para separar hematita y otros metales que podrían estar presentes”, pero reclaman que “no se describe el procedimiento en su interior”. El balance hídrico del proceso es “otro punto oscuro” para Uruguay Libre, donde Aratirí “viene cambiando los criterios y las cifras de consumo de agua de forma arbitraria”. “Según Aratirí, todo estaría bajo control, pero varias veces expresa en los documentos que, si la calidad del agua que desborda los depósitos es mala, será lanzada al océano”, establecen con preocupación. También increpan sobre el drenaje ácido de las rocas, que “puede afectar los suelos, aguas superficiales y subterráneas” y “es negado” por la empresa. En este aspecto, subrayan que los datos de “los perfiles geológicos se siguen manteniendo como confidenciales” pero que consta en la documentación disponible que el laboratorio que fue contratado para hacer el análisis señaló que las muestras provistas por Aratirí eran “insuficientes”.
Por último, uno de los aspectos más cuestionados fue el “plan de cierre de las minas”, que dicen “confirma nuestros mayores temores”, ya que se trata como un “plan de abandono” en el que los cráteres de las minas “quedarán abiertos para irse llenando con agua de dudosa calidad” en un proceso que “llevará décadas”. Por otro lado, los activistas sostienen que en paralelo a los cráteres, quedarán también las “pilas de estériles de 100 metros de alto expuestas a la acción del viento y la lluvia, que en un proceso erosivo natural llevarán ese polvo y arena a grandes distancias”. En cuanto a los trabajadores que se quedarían sin empleo, la única medida contemplada es la entrega de “cartas de recomendación”.
A hierro muere
A casi dos meses de que se cumpla el plazo establecido por el gobierno uruguayo para negociar el contrato, “sabemos que se ha enfriado bastante la posibilidad de que la empresa firme”, estableció Bacchetta en referencia a la baja en el precio del hierro de los últimos meses. “Cuando la empresa empezó la negociación -en el medio del súper ciclo de materias primas de 2007- el rubro era rentable, ya que el precio del hierro rondaba los 180 dólares por tonelada, pero ahora estamos llegando al fondo con un precio menor a 70 dólares y que todavía no encontró el piso”, estableció Carlos Anido, otro integrante del movimiento, quien razonó que “la ley establece plazos a partir de la firma del contrato”, por lo que resulta “evidente” que “a los precios de hoy, ninguna empresa puede comprometerse”. Aun en el caso de que no se firmara, Bacchetta sostuvo que “hay otra cosa en juego y es hablar del aporte y el valor de la nueva información adquirida”, ya que en el intercambio está previsto que si la minera se retira de la negociación, “los datos [recabados en su investigación] se los tendrá que proveer al gobierno”.
Por su parte, Raúl Viñas sostuvo que hay una “sobrevaloración” de la información que posee la minera y que “nuestro territorio no es el adecuado para explotar minerales, y menos a cielo abierto”, afirmó. En base al sentido común, sostuvo que “si tuviéramos tierra con gran cantidad de metales, ésta no serviría para la agricultura”, una de las principales actividades del país.
Ver el futuro Uruguay Libre ha recolectado “más de 80.000 firmas” para llevar a cabo un plebiscito para prohibir la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional, sostuvo Viñas. “El otro día estuvimos en la feria del Parque Rodó y se acercaban alrededor de 80 personas por hora”. El perfil de los interesados en iniciar la consulta ciudadana es “sobre todo, gente joven”, por “una cuestión de visión, de ver al futuro”. En cuanto al perfil político de los que se rehúsan a que se instale la megaminería a cielo abierto en Uruguay, dijo que es variado. Viñas contó que se han acercado “políticos” con el fin de abanderar la causa, pero que el movimiento quiere mantenerse “apolítico” y “lo seguirá siendo”, más allá de la campaña electoral vigente hasta fines de mayo. Sin embargo, observó que la recolección de firmas “ha aumentado notoriamente” después de la instancia en la que se eligió el próximo presidente, el 30 de noviembre.
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December 22, 2014 7:38 PM
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Subrayado 22/12/2014
El movimiento “Uruguay libre de megaminería” denunció este lunes que la información entregada por el gobierno sobre el proyecto de Aratírí difiere con los datos de la empresa y omite aspectos clave que fueron calificados como confidenciales. El 5 de diciembre el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo rechazó la apelación del gobierno y dio al Ministerio de Industria, Energía y Minería un plazo de 15 días para hacer pública la información sobre el proyecto de extracción de hierro a gran escala de la multinacional Zamin Ferrous.
Los voceros de Uruguay libre de megaminería brindaron una conferencia de prensa en la que analizaron la información recibida y las consecuencias para el país del proyecto. “Se han inflado cifras. La empresa arma un proyecto para venderlo y necesita valorizar lo que está haciendo”, dijo Víctor Bachetta.
“Debemos señalar que, si bien el MIEM acató formalmente de esta manera la decisión de la Justicia, esto no significó un acceso a nuevos elementos sobre el proyecto”, dice un comunicado de esta organización social en contra de la megaminería.
“Se nos mostró entonces un resumen del proyecto del distrito minero y el mineroducto, sin la terminal portuaria, de 190 páginas y una lista de temas confidenciales”, continúa el resumen presentado en conferencia de prensa. “Las partes del proyecto declaradas confidenciales incluyen desde las bases de datos geofísicos y geoquímicos hasta las dimensiones de los equipos y la operación de las minas en todas sus etapas, alegando que su sumatoria permite calcular la cantidad y el valor del mineral a extraer que constituye el negocio de la empresa”, cuestiona Uruguay libre de megaminería.
“El balance hídrico del proceso es otro punto oscuro donde Aratirí viene cambiando los criterios y las cifras de “consumo de agua” de forma arbitraria. Por ejemplo, toma como un “sistema cerrado” la circulación de fluidos entre la planta de concentración y el embalse de relaves, así como entre los dos caños del mineroducto, pero no cuenta la afectación de ríos, arroyos y aguas subterráneas. Según Aratirí, todo estaría bajo control, pero varias veces expresa en los documentos que, si la calidad del agua que desborda los depósitos es mala, será lanzada al océano por un ducto submarino de 2,5 kilómetros paralelo a la terminal portuaria en la costa de Rocha”, dice el documento.
“El plan de cierre de las minas confirma nuestros mayores temores pues es un plan de abandono donde los cráteres de las minas quedarán abiertos para irse llenando con agua de dudosa calidad en un proceso que llevará décadas, mientras la empresa pretende dejar todo resuelto en tres años. Quedarán también las pilas de estériles de 100 metros de alto expuestas a la acción del viento y la lluvia que en un proceso erosivo natural llevarán ese polvo y arena a grandes distancias”, culmina el documento presentado por Uruguay libre de megaminería.
Este grupo anunció que continuará con su propósito de convocar a un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere o no la megaminería en Uruguay. Aquí puede ver el documento que envió el Ministerio, bajo orden judicial, con los temas "confidenciales" sobre los que no informa.
Notas relacionadas /
http://radiomontecarlo.com.uy/2014/12/22/nacionales/sociedad/activistas-denuncian-incongruencias-entre-datos-del-ministerio-de-industria-y-de-aratiri/
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ecologistas-descontentos-con-el-informe-de-autoridad-uruguaya-sobre-mina-de-arat
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December 22, 2014 3:29 PM
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Comunicado / CARENCIAS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO ARATIRÍ
Comunicado de Prensa 22/12/2014
Tras el fallo del Tribunal de Apelaciones dictado el día 5 del mes en curso, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) presentó, el pasado viernes 19, el expediente de Aratirí cuyo contenido nos había negado y que motivó una acción judicial. Debemos señalar que, si bien el MIEM acató formalmente de esta manera la decisión de la Justicia, esto no significó un acceso a nuevos elementos sobre el proyecto. A su vez, la documentación presentada evidencia que fue solo después del primer fallo judicial a favor de nuestra demanda, el 10 de noviembre, que el MIEM cumplió con el procedimiento legal previsto para declarar confidencial una información. INCONGRUENCIAS EN EL ESTADO Así, el 19 de noviembre, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) exigió de la empresa la versión reducida del proyecto que mandata la ley y, recién el 17 de diciembre, explicó porqué declara confidencial la información entregada por Aratirí y sus actuaciones, como exigen la Ley 18.381 y el Decreto 232/2010. Se nos mostró entonces un resumen del proyecto del distrito minero y el mineroducto, sin la terminal portuaria, de 190 páginas y una lista de temas confidenciales. (Esta documentación está disponible en http://uruguaylibre.org/docs/Confidencialidad%20MIEM%20-%20ARATIRI.pdf) Las partes del proyecto declaradas confidenciales incluyen desde las bases de datos geofísicos y geoquímicos hasta las dimensiones de los equipos y la operación de las minas en todas sus etapas, alegando que su sumatoria permite calcular la cantidad y el valor del mineral a extraer que constituye el “negocio” de la empresa. Uruguay Libre no ha cuestionado que se preserven el patrimonio personal, el secreto comercial e industrial contemplado en la propia Ley 18.381, pero persiste una notoria exageración en la decisión del MIEM, que puede ser recurrida ante la Justicia y será objeto de una evaluación posterior por nosotros, junto con CAinfo. Desde 2011, tenemos acceso sin restricciones al expediente de Aratirí en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y, aunque hemos constado también algunos vacíos e incongruencias en estas informaciones, consideramos que han posibilitado evaluar el proyecto minero y fundamentar nuestra oposición al mismo. Mientras altas autoridades del gobierno han declarado su aprobación del proyecto de Aratirí, estos hechos en los organismos responsables de su evaluación, junto con la inconsistencia entre la información presentada por la empresa al estado y la que ésta difunde al público, nos obligan a ser desconfiados y mantenernos en alerta. Uruguay Libre seguirá reclamando como un derecho ciudadano el mayor acceso posible y razonable a la información entregada al Estado sobre Aratirí y otros proyectos similares y espera de los organismos públicos el cumplimiento de la legislación vigente, sin tener que recurrir a la Justicia para que esto suceda. INCAMBIADO EL PROYECTO ARATIRÍ A pesar de ser solo un resumen, la descripción del proyecto entregada a Dinamige con fecha noviembre de 2014 es la versión más actualizada del mismo y tiene el valor de permitir constatar que Aratirí mantiene en sus mismos términos la propuesta inicial. Su único fin es extraer y exportar rápidamente el hierro nacional, a un ritmo de producción de 18 millones de toneladas anuales, con una duración de unos 20 años. Características, vacíos e impactos que siguen incambiados del proyecto minero: 1) La especificación de las reservas, cantidad de mineral de hierro a extraer, estimada en 764 millones de toneladas, queda muy por debajo de lo anunciado por la empresa en sus informes públicos, que llegaron a multiplicar por 40 los volúmenes reportados en el pasado. Coincidiendo en los sitios donde estos yacimientos fueron estudiados en la década del 50, el aumento es razonable si se considera que ahora habrían llegado hasta más del doble de la profundidad de las anteriores perforaciones en la zona. 2) Un tema no aclarado, inclusive en la documentación de la Dinama, es el destino de la hematita, otra forma de óxido de hierro no magnética predominante en las capas superiores del yacimiento. En el proyecto figura un local identificado como “hematita magnetífera” en un sitio apropiado para separar hematita y otros metales que podrían estar presentes, pero no se describe el procedimiento en su interior. Podría parecer que se descartan como relaves, pero son unos 2,6 millones de toneladas de hematita, equivalentes a 4,2 millones de concentrado de hierro al 62% que, al precio actual de 70 dólares por tonelada, serían 300 millones de dólares anuales. No es creíble que se desprecie este valor existiendo procedimientos probados para separarla. 3) El balance hídrico del proceso es otro punto oscuro donde Aratirí viene cambiando los criterios y las cifras de “consumo de agua” de forma arbitraria. Por ejemplo, toma como un “sistema cerrado” la circulación de fluidos entre la planta de concentración y el embalse de relaves, así como entre los dos caños del mineroducto, pero no cuenta la afectación de ríos, arroyos y aguas subterráneas. Según Aratirí, todo estaría bajo control, pero varias veces expresa en los documentos que, si la calidad del agua que desborda los depósitos es mala, será lanzada al océano por un ducto submarino de 2,5 kilómetros paralelo a la terminal portuaria en la costa de Rocha. 4) El drenaje ácido de las rocas, que puede afectar los suelos, aguas superficiales y subterráneas, es negado por la empresa, pero los datos de los perfiles geológicos se siguen manteniendo como confidenciales y consta en la documentación disponible que el laboratorio canadiense que fuera contratado para hacer el análisis señaló que las muestras provistas por Aratirí eran insuficientes. 5) El plan de cierre de las minas confirma nuestros mayores temores pues es un plan de abandono donde los cráteres de las minas quedarán abiertos para irse llenando con agua de dudosa calidad en un proceso que llevará décadas, mientras la empresa pretende dejar todo resuelto en tres años. Quedarán también las pilas de estériles de 100 metros de alto expuestas a la acción del viento y la lluvia que en un proceso erosivo natural llevarán ese polvo y arena a grandes distancias. Para los trabajadores desocupados, la empresa contempla la entrega de cartas de recomendación ---------------------------------------------------- Las informaciones confirman así que el proyecto Aratirí es totalmente inconveniente tanto en términos ambientales, como sociales y económicos. Uruguay Libre proseguirá la recolección de firmas para realizar un plebiscito nacional donde el pueblo decida si la minería metalífera a cielo abierto es o no una opción para nuestro país.
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December 22, 2014 3:15 PM
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El Espectador 22/12/2014
El Movimiento Uruguay Libre presentó la información otorgada por el Gobierno sobre Aratirí. El Gobierno entregó el viernes pasado la información solicitada por el movimiento y durante el fin de semana conformaron distintos grupos que analizaron los datos entregados.
El 5 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no dio lugar a la apelación del Gobierno y obligó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a hacer pública información sobre el proyecto minero, dentro de un plazo de 15 días.
Víctor Bachetta, en nombre de Uruguay Libre y amparado en el derecho de acceso a la información pública, había pedido al Gobierno información sobre el proyecto que se estaba llevando adelante; solicitud que la administración le había negado alegando que era propiedad de la empresa.
Por su parte, el integrante de Uruguay Libre Raúl Viñas dijo a El Espectador que si bien el Gobierno entregó parte de la información también presentó una lista del material que consideran de carácter confidencial y que no fue entregado: "No hay equipamiento novedoso ni especial para que esta empresa pudiera decir que va a utilizar de una manera diferente a lo que se hace en otros lados; por eso, entendemos que no se configura, en gran parte, ni el secreto comercial ni industrial". Viñas agregó que analizarán esta lista y si consideran que no aplica el carácter de reservado, pedirán esa información. Además, adelantó que hay información en los documentos entregados que difiere con lo que la empresa difunde a través de la prensa. "Se habla de que la empresa dice haber invertido 200 millones de dólares en sus estudios; cuando revisamos la información entregada encontramos que la cifra declarada era de solo 60 millones; es una diferencia interesante", apuntó Viñas. Por otro lado, Viñas lamentó haber llegado hasta esta instancia para obtener la información, pero resaltó que el Poder Judicial reconoció el derecho de acceso a la información pública. Por último, señaló que el proyecto llevado adelante por Aratirí no es en beneficio de Uruguay y que seguirán analizando el material que reciban. La semana pasada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nulos decenas de permisos de prospección y servidumbres solicitados por Aratirí y aprobados en su momento por la Dirección Nacional de Minería y Geología al proyecto minero.
La decisión fue tomada a raíz de un recurso presentado por un grupo de casi 80 productores rurales afectados.
El fallo maneja como principal argumento que, cuando se tramitaron los permisos para la exploración, no se cumplió con el requisito de dar vista previa a los propietarios de los predios comprendidos.
A partir de esta decisión, la empresa Zamin Ferrous, que está detrás del proyecto Aratirí deberá reiterar estos trámites desde cero.
El gobierno uruguayo tiene tiempo hasta el 28 de febrero para negociar el contrato con Aratirí.
BRASIL. Por su parte, Zamin Ferrous enfrenta una demanda por los efectos ambientales negativos que tuvo un incidente en la región donde opera actualmente.
El Ministerio Público del Estado de Amapá presentó una acción contra la empresa y contra sus principales accionistas, para los que pide la retención de sus bienes y el bloqueo de cuentas bancarias por 200 millones de dólares.
De acuerdo a lo divulgado por Globo, los informes ambientales confirman que la actividad minera donde hoy opera Zamin contaminó un arroyo y otros tres cursos de agua.
Además, señala que debido a la acumulación del barro en las orillas de los arroyos por la actividad minera, los habitantes de la zona se vieron obligados a abandonar sus propiedades. De acuerdo a Zamin estos hechos no sucedieron durante su administración por lo que no es su responsabilidad.
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December 22, 2014 2:19 PM
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Montevideo Portal 21/12/2014
Debajo de las piedras
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería divulgará este lunes la información sobre Aratirí desclasificada por el Ministerio de Industria tras un fallo de la Justicia. Raúl Viñas, integrante del movimiento, dijo a Montevideo Portal que es positivo que se hayan cumplido los plazos judiciales.
Movimiento Uruguay Libre de Megaminería divulgará este lunes la información que la empresa Aratirí había presentado al Ministerio de Industria y que había sido declarada en reserva por la cartera. La organización pudo hacerse con los datos luego de que la Justicia obligara al MIEM a quitar la reserva impuesta en mayo de 2013.
Raúl Viñas, integrante del movimiento, explicó a Montevideo Portal que el activista Víctor Bacchetta fue notificado el jueves pasado de que el Ministerio de Industria tenía lista la información que había solicitado a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los datos fueron entregados a la organización el viernes pasado, y desde ese día sus integrantes vienen trabajando en la realización de un informe que pretenden hacer público este lunes. "Nosotros vamos a divulgar totalmente la información que a nosotros se nos quiso negar", remarcó Viñas.
El activista recordó que en los últimos meses la organización reclamó información sobre el proyecto Aratirí ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE). "Con la DINAMA no hubo problema y la información está pero con la DINAMIGE se inició el trámite pero cuando Bacchetta fue a buscar la información vio que habían declarado casi todo reservado", indicó.
Precisamente, esa reserva fue levantada por un fallo judicial, en un fallo que fue ratificado en noviembre por el Tribunal de Apelaciones.
Viñas consideró positivo que la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) haya respetado los plazos impuestos por la Justicia, aunque señaló que "es lamentable que haya que recurrir a estos mecanismos para obtener la información".
Uno de los aspectos que la organización busca conocer es el plan de cierre de la mina propuesto por Aratirí, es decir, la forma en que la empresa rellenará el terreno luego de la explotación de hierro. De todas maneras, Viñas evitó adelantar el contenido del informe, indicando que los integrantes del movimiento aún están resumiendo los datos aportados por las autoridades.
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December 22, 2014 2:03 PM
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Por Samuel Blixen, en semanario Brecha 19/12/14.
En Brasil, Zamin Ferrous, la trasnacional que impulsó la creación de Aratirí, enfrenta diversas acciones judiciales por incumplimiento de compromisos ambientales y por deudas con gobiernos estaduales. El secreto que rodea las negociaciones con Aratirí alimenta las dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Los litigios en tribunales de Londres y las acusaciones de gobiernos estaduales de Brasil, que involucran a la multinacional Zamín Ferrous, pueden aportar insumos para el debate –principalmente mediático– entre quienes respaldan los emprendimientos mineros de la empresa Aratirí y quienes alertan sobre consecuencias negativas económicas y ambientales de la proyectada explotación de hierro en la zona de Valentines. Tales cuestionamientos parecerían revelar las verdaderas intenciones empresariales y financieras de quienes digitan, desde Nueva Jersey y Londres, el proyecto Aratirí, que a estas alturas dista de ser un inofensivo“emprendimiento familiar” de empresarios indios que, a pesar de su “modestia”, prometen inversiones por valor de 2.000 millones de dólares.
¿EN QUÉ BAILE NOS METEMOS?
Curiosamente, la forma en que los ejecutivos de Aratirí desmintieron aquí en Uruguay la responsabilidad de una filial de Zamin Ferrous en incidentes ambientales en Brasil, arroja más sombras sobre sus prácticas empresariales. El Ministerio Público del estado de Amapá presentó hace algo más de una semana una acción contra Zamin Amapá Mineraçao SA y contra sus principales accionistas, por la contaminación de un arroyo y otros tres cursos de agua, en la zona donde la empresa realiza extracción de minerales. Los demandantes pidieron la retención de los bienes de la empresa y el bloqueo de cuentas bancarias por 200 millones de dólares.
Las demandas también incluyen los efectos de acumulación de barro en los arroyos, que provocó la evacuación de vecinos obligados a abandonar sus propiedades. Zamin Amapá también enfrenta cargos por las demoras en la reconstrucción de la terminal de carga del mineral, que en marzo de 2013 se derrumbó, arrastrando consigo camiones y grúas; cuatro obreros murieron y otros dos fueron declarados como desaparecidos. La respuesta de la empresa ha sido tajante: la contaminación fue consecuencia de un vertido ocurrido en 2009, cuando el emprendimiento pertenecía a MMX, un grupo económico digitado por el millonario brasileño Eike Battista; y la tragedia en la terminal de carga se produjo en 2013, cuando la empresa pertenecía a Anglo American.
Lo que no explica el grupo Zamin es que, en ambos casos, cuando se hizo cargo de la empresa asumió compromisos expresos para combatir la contaminación y para reconstruir las estructuras de la terminal de carga. Esos compromisos, aparentemente no cumplidos, son los que justifican la demanda de las autoridades estaduales.
EL KNOW HOW
Por su parte, las autoridades del estado de Bahía investigan las circunstancias en que se aprobó la licencia para operar en una terminal portuaria en Ilheus, puerta de salida de la producción de hierro de una mina a cielo abierto en el sur del estado, calificada como la más importante inversión de Zamin Ferrous en Sudamérica.
La resolución incluía una declaración de intención para la construcción de una vía férrea que uniría la zona de producción con el puerto oceánico. Dos días antes del anuncio, Zamin Ferrous vendió el 50 por ciento de las acciones de la firma Bamin (Bahía Mineraçao) a su socia la Compañía Euroasiática de Recursos Naturales (ENRC), que ya detentaba el otro 50 por ciento, en 750 millones de dólares.
ENRC es identificada como comercializadora de materias primas de Kazajistán, aunque el gobierno kazajo tiene sólo 11,65 por ciento de las acciones, el resto es de inversores privados. La venta se ventila ahora en tribunales ingleses, porque Zamin reclama el pago de la última cuota, que ENRC no quiere pagar porque el acceso al puerto quedaría interdicto si se confirma que la licencia fue obtenida de manera irregular, salteándose 38 condiciones de la autorización ambiental acordadas entre Zamin Ferrous y el Ministerio Público brasileño La estela de las inversiones de Zamin Ferrous en Brasil opaca también un proyecto autorizado en 2011 para la exportación de hierro de Cruzeta, en la región de Seridó, Río Grande del Norte, que incluía la construcción de un puerto privado que recibiría hasta 5 millones de toneladas de mineral en el período 2012-2014. La inversión estimada de Susa Mineraçao trepaba a los 700 millones de reales.
Después de haber realizado apenas tres embarques por 75 mil toneladas en un año y medio, Susa es perseguida por la justicia por las deudas que mantiene con la autoridad portuaria, superiores a los 2 millones de reales, y los problemas planteados por unas 10 mil toneladas de mineral abandonadas en una zona del puerto por donde transitan otras mercaderías.
DEL DICHO AL HECHO
En una carta divulgada a propósito del anuncio de la inversión en Uruguay, el presidente de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, afirmaba: “Queremos representar una fuerza a largo plazo para el bien de la economía y del ambiente en los países en los que operamos, entablando relaciones con los gobiernos estatales y nacionales mediante el empleo, las mejoras en infraestructura y con el cumplimiento de las normas más importantes de los procedimientos ambientales”.
Pero la clave de la estrategia de Zamin parece ser el de desbrozar el camino para empresas de mayor porte, mediante “asociación con gobiernos regionales y federales para desarrollar activos, soluciones logísticas y una infraestructura claramente definida”. En resumen: el negocio de Zamin Ferrous es obtener licencias y acordar criterios de explotación para después vender la empresa a otros inversores con capacidad económica y logística para una verdadera producción.
Como revelan los antecedentes de Zamin en Brasil, la licencia para operar un puerto de salida del mineral es una condición ineludible. Tal fue el punto de arranque del lobby que desplegó el ingeniero Fernando Puntigliano, una vez que abandonó la presidencia de la Administración Nacional de Puertos y se convirtió en director de Aratirí. La insistencia de la empresa por obtener la autorización para construir un puerto privado en las costas de Rocha provocó cierto malestar en el presidente José Mujica, pero finalmente el entredicho se solucionó de modo que Aratirí contaría con una terminal portuaria.
Las negociaciones por las condiciones de preservación ambiental, en cambio, han insumido más tiempo y aún no se conocen con exactitud los términos acordados. Los compromisos, que se incluirán en los términos del contrato final, se mantienen en estricta reserva, y ese secreto alimenta las dudas. Los antecedentes no arrojan luces, más bien oscurecen el panorama.
Si las intenciones de Aratirí –como prácticamente fue admitido en sus documentos y exposiciones– consisten en desbrozar el camino para otros inversores, el desplome de los precios internacionales del mineral de hierro hace poco atractivos los yacimientos de Valentines, cuyos rendimientos efectivos son extremadamente bajos.
Sin embargo, si se acepta la definición de Zamin Ferrous como una empresa “júnior”, el riesgo alto es un componente calculado, inherente a este tipo de inversiones. Así, el negocio consiste en invertir poco, obtener las mayores ventajas en compromisos estatales de infraestructura y evitar en lo posible las mayores rigideces de control ambiental. Si se da la ecuación, entonces el paquete queda pronto para su venta.
La cuestión es establecer en qué medida el gobierno tiene presentes los antecedentes de Zamin Ferrous y en qué medida es consciente de que negocia con una empresa“júnior”, cuyo principal objetivo es financiero y su estrategia es “morder y huir”.
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December 22, 2014 1:46 PM
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El Pais 20/12/2014 Juan Pablo Correa
Una serie de factores como el deprimido precio del hierro, el bajo nivel de concentración de los metales en el suelo uruguayo, y problemas en el extranjero de la empresa madre de Aratirí, hace que sea muy difícil que el Gobierno vaya a firmar el postergado contrato con la minera.
A esto se suman varios problemas internos en Uruguay: todavía no tiene la habilitación ambiental y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo acaba de anularle varios permisos de prospección. Esto sin contar la resistencia que el proyecto Aratirí genera entre productores y partidos de la oposición.
El Gobierno había apostado fuertemente a la minería para dinamizar el centro-este del país. El 3 de julio de 2012 la página web de Presidencia anunciaba que "Zamin Ferrous se convertirá en la mayor empresa exportadora en el Uruguay y el mineral de hierro será el principal producto de exportación con un 17,4% del total, equivalente a US$ 1.400 millones". El oficialismo debatió duramente con la oposición y logró aprobar el año pasado la ley de "Minería de Gran Porte" que estableció el destino de los recursos que el Estado obtendría. Las negociación del contrato puede continuar hasta el 28 de febrero, establece esa norma. Tras esa fecha, Aratirí podría presentar otro interesado con el que habría 90 días para negociar.
En la empresa aseguran que las charlas continúan y que están a la expectativa de que el presidente José Mujica tome una definición sobre el tema con su sucesor, Tabaré Vázquez.
Dos años y medio después de los anuncios de Presidencia, el sindicato de Aratirí casi no tiene esperanzas. Francisco da Silva, uno de sus dirigentes, dijo a El País que "Aratirí no da garantías de nada y su conducta deja mucho que desear". Actualmente 90 de sus trabajadores están en el seguro de paro que vence el próximo junio, y solamente cinco empleados realizan algunas tareas de mantenimiento en la zona de Valentines. El sindicalista reconoce que el precio actual del hierro "no justifica la extracción" y que no hay perspectivas de que su baja cotización se vaya a revertir pronto.
El sindicato cree que debería plantearse una alternativa no tan ambiciosa como la que impulsaba Aratirí. "Nosotros no compartimos un ritmo tan acelerado de extracción de 18 millones de toneladas anuales. Creemos que debe ser inferior y subir gradualmente y que se debe generar una cadena de valor e industrialización. Lo fundamental es que el Estado sea protagonista y se asocie con los privados. Queremos un trabajo sustentable pero no a cualquier precio", señaló.
De todas formas, Da Silva sigue apostando a algún tipo de explotación minera porque Treinta y Tres, el departamento donde él vive y que se beneficiaría de la minería, "tiene indicadores nefastos de desocupación e informalidad en el empleo". El sindicato pidió una reunión con el Gobierno para analizar posibilidades para los trabajadores en el seguro de paro. En Uruguay hay varios metales pero su baja concentración hace que la rentabilidad de su extracción sea acotada. Los cinco yacimientos de hierro de la zona de Valentines tienen un nivel de concentración de hierro de 28% con un máximo en algunas vetas de 32%. Esto implica que haya que extraer 2,5 toneladas de roca para extraer 700 kilos de hierro. En cambio, otros países como Suecia, tienen una concentración de hierro de 65% y pueden conseguir por cada 2,5 toneladas y media de roca, 1,6 de metal.
La explotación de yacimientos como los de Valentines, entonces, sería viable solamente en momentos de altísima cotización del hierro que justificarían afrontar los elevados costos de extracción. Hoy ocurre exactamente lo contrario.
Raúl Viñas, uno de los referentes del movimiento Uruguay Libre que quiere prohibir la minería metalífera a cielo abierto en Uruguay, cree que se debe asumir que "se trata de un país de materia orgánica, de pasto, de agua, y eso es lo que debemos preservar; si tuviéramos mucho metal no tendríamos tierras fértiles y por eso la minería debe desarrollarse en zonas donde es lo único que se puede hacer", consideró. Una posibilidad que la ley prevee es que Aratirí venda al Estado los muchos datos geológicos que obtuvo sobre los yacimientos descubiertos hace más de 50 años, porque se podría llegar a la explotación pública de las minas.
Pero Viñas es escéptico respecto a la posibilidad de que el Estado se vuelva minero. "Yo creo que esto que va a ocurrir nos va a dar la oportunidad de analizar qué hacer con el recurso hierro sin presión", consideró el experto.
Mujica: del entusiasmo a no firmar "un carajo"
A comienzos de 2014 parecía que la firma del contrato con Aratirí era inminente y el presidente José Mujica ordenó a sus ministros que salieran a difundir las bondades del proyecto. Acusó a los ambientalistas de tener posturas extremas y a los productores rurales de la zona de oponerse a la minería para que los sueldos no subieran.
Aunque el mandatario haya dicho que el puerto de "aguas profundas" en Rocha —que ofreció esta semana a los gobiernos del Mercosur— se hará "con o sin Aratirí", lo cierto es que si la minera finalmente no extrae hierro se restaría carga a la proyectada terminal. Las tratativas se fueron complicando a lo largo del año y en agosto Mujica dijo que no firmaría "un carajo" el contrato con la minera si no era conveniente para el país. Aratirí, con los números muy justos, pidió que se cambiara la ubicación del puerto a la Angostura para ahorrarse US$ 300 millones, pero el Gobierno rechazó el pedido y la obligó a proyectar su terminal en la zona de El Palenque donde la obra le costaría a Aratirí US$ 800 millones.
CLAVES: LOS CHINOS NO COMPRAN TANTO
1.Zamin en dificultades
Zamin Ferrous, propietaria de Aratirí, no está considerado un actor de primera línea a nivel mundial en el negocio del hierro que está dominado por Vale, Rio Tinto y BHP Billiton. En 2005 desembarcó en Brasil donde explota tres minas que han estado envueltas en problemas laborales y ambientales. En Brasil demandó a un socio.
2.Derrumbe del hierro
El precio del hierro, que se utiliza para fabricar acero, depende de la demanda china. Esta semana llegó a su nivel más bajo en cinco años y medio y ronda los US$ 69 la tonelada. Descontando el flete, una tonelada de hierro uruguaya enviada a China reportaría a la empresa US$ 47. No podría competir con el hierro australiano.
3.Rentabilidad dudosa
Aratirí ha dicho que para obtener rentabilidad necesita una tonelada de hierro a US$ 100. Pero el producto ha bajado prácticamente 50% desde comienzos de año. Esa situación le complica a Aratirí acceder al financiamiento que necesita. La empresa no pudo acordar con el Gobierno aún las garantías que debe presentar.
4.Industria dio datos
El Ministerio de Industria, cumpliendo con una sentencia judicial que se lo ordenó, entregó ayer a Uruguay Libre información en CD sobre el proyecto Aratirí, aunque algunos datos los declaró reservados. El Ministerio había argumentado que la información no era suya y que la empresa había pedido mantenerla en reserva.
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December 22, 2014 1:40 PM
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El Pais 19/12/2014
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dictó sentencia de nulidad sobre decenas de permisos de prospección y servidumbres de estudio emitidos por la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) a favor de Aratirí ante recursos presentados por los productores rurales afectados, según supo El País.
La sentencia menciona como principal argumento que, cuando se tramitaron los permisos, no se cumplió con el requisito de dar vista previa a los propietarios de los predios comprendidos. Ahora, la empresa que pretende extraer hierro en la zona de Valentines, debería, si sigue interesada en esos predios, reiterar el trámite. Los recursos en primera instancia fueron promovidos a partir de 2010 por un número de afectados que rondó los 150 superficiarios. Algunos no continuaron con las siguientes etapas porque los costos que debían enfrentar eran elevados. Finalmente, ante el TCA fueron presentadas 46 acciones de nulidad promovidas por 79 actores.
La reforma del Código de Minería que fuera sancionada en diciembre de 2011 incorporó formalmente el requisito de la vista previa como consecuencia del reclamo y las movilizaciones de los productores rurales que se sentían afectados por los pedimentos de Aratirí. Hay otro cuatro nuevos recursos de nulidad en trámite sobre permisos de exploración que fueron igualmente otorgados por la Dinamige sin la vista previa. La denegatoria ficta para estos recursos, habilitaría la presentación de una demanda de nulidad ante el TCA. El gobierno negoció durante todo este año un contrato de explotación a 20 años de las cinco minas de la zona de Valentines pero existe incertidumbre respecto a si finalmente se firmará un acuerdo. El plazo legal para que se firme con Aratirí vence el próximo 28 de febrero.
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December 22, 2014 1:21 PM
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December 22, 2014 1:03 PM
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Zamin Ferrous y ENRC rumbo a una amarga batalla legal en el Tribunal Superior
The Independent 10/12/2014 Margareta Pagano
La disputa legal entre Zamin Ferrous, la minera dirigida por el magnate multimillonario indio, Pramod Agarwal, y Eurasian Resources Group - ex ENRC - por un monto de $ 220 millones en relación con una mina brasileña, se está calentando después de la defensa presentada recientemente ante la Suprema Corte.
El Grupo Zamin del señor Agarwal está demandando a ERG por $ 220 millones alegando que no pagó la última cuota para comprar su participación en la empresa conjunta en la mina de hierro de Bahía, en base a un acuerdo de 2010. Zamin hizo su reclamo ante el Tribunal Supremo a principios de este año, alegando que ENRC se encuentra en mora para el último pago.
ENRC acordó la compra de la mina Bahía de Zamin por $ 1 mil millones, con la ultima cuota a ejecutarse cuando se cumplan ciertas condiciones, como una licencia del gobierno a ser concedida para operar el puerto, considerado esencial para transportar el mineral de hierro.
Pero ENRC, que tiene el gobierno de Kazajstán como gran accionista, afirma que Zamin y otras partes, obtuvieron licencia para operar un puerto cerca de la mina en circunstancias "sospechosas" el viernes 19 de septiembre,15 minutos antes de la fecha límite de expiracion del acuerdo. El portavoz de Zamin confirmó que se espera respuesta en breve, posiblemente a finales de esta semana. Fuentes legales sugieren que ENRC y el Sr. Agarwal basado en Mayfair, que controla importantes activos mineros en Brasil y Uruguay, se dirigen hacia una amarga batalla legal, a menos que se instalen negociaciones para evitar una costosa disputa.
Ambas mineras se han visto afectadas por la caída de los precios del mineral de hierro. Desde que ENRC fue privatizada por sus fundadores, la deuda neta se ha elevado a más de $ 6 mil millones. Agarwal tiene estrechos vínculos con las familias Mittal y Hinduja y posee una propiedad de 35 millones de libras en Cornwall Terrace, Regent Park, Londres. A pesar de mantener un bajo perfil público en sus actividades comerciales, el Sr. Agarwal toma un alto perfil en cuanto a las bodas de sus hijas : pagó E10M en una boda al estilo de las celebridades para su hija Rikita en Puglia, Italia, en septiembre, en la cual figuraban entre los 800 invitados 20 de sus banqueros - fueron entretenidos por el cantante Florence and the Machine y la estrella de Bollywood, Pritam.
Más de 20 de sus banqueros de RBC, Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse, ABN Amro, BNP Paribas, Banco Estatal de India, Canara, Investec e Intesa estuvieron presentes. Una boda similar se celebró por otra hija en Venecia hace unos años.
el Grupo Zamin del señor Agarwal venció a Glencore y Severstal para comprar la mina Amapa en Brasil , de la mano de Anglo American el año pasado, y ya ha sido golpeada por conflictos laborales costosos y un precio del mineral de hierro en caida. Al tomar posesión de Amapa, Agarwal predijo que los precios del mineral de hierro subirían en flecha ,pero han caído fuertemente de $ 128 por tonelada en enero de 2013 a menos de $ 70 en la actualidad. Otro proyecto, una inversión para explotar mineral de hierro a cielo abierto en Uruguay, ha sido fuertemente criticado por políticos y ambientalistas del país preocupados por la devastación del ecosistema local.
Traducido de / http://www.independent.co.uk/news/business/news/zamin-ferrous-and-enrc-heading-for-bitter-high-court-battle-9916113.html
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December 22, 2014 12:20 PM
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El Espectador 11/12/2014
Zamin Ferrous, responsable en Uruguay del proyecto minero Aratirí, enfrenta en Brasil una demanda por los efectos ambientales negativos que tuvo un incidente en la región donde opera, antes de que la empresa gestionase la cantera. El Ministerio Público del Estado de Amapá presentó ayer una acción contra Zamin Amapá Mineracao SA y contra sus principales accionistas, para los que pide la retención de sus bienes y el bloqueo de cuentas bancarias por 200 millones de dólares.
De acuerdo a lo divulgado por Globo, los informes ambientales confirman que la actividad minera donde hoy opera Zamin contaminó un arroyo y otros tres cursos de agua. Además, señala que debido a la acumulación del barro en las orillas de los arroyos por la actividad minera, los ribereños se vieron obligados a abandonar sus propiedades. Desde la empresa se señala que la multa recayó por un vertido que se produjo en 2009 cuando la empresa pertenecia a MMX, que pertenece al grupo del millonario brasileño Eike Batista, y que el accidente del puerto se produjo en 2013 cuando la empresa pertenecia a Anglo American. De acuerdo a Zamin, los hechos no sucedieron durante su administración.
Entre las acciones, el Estado de Amapá pide el pago de una multa de 15 millones de reales, destinada al Fondo Ambiental de Amapá, el pago de daños ambientales y morales a los lugareños perjudicados, el costo de la auditoría y la adopción de medidas de control ambiental.
No es el primer obstáculo que Zamin enfrenta en esta región de Brasil. En marzo de este año, la empresa anunció el cese de operaciones por 90 días argumentando que “no tenía capacidad para almacenar más de hierro extraído”, al no haber concluido a tiempo las obras de reconstrucción de la terminal de carga del mineral. Recordemos: en marzo de 2013 la estructura que utilizaban se derrumbó, arrastrando consigo camiones y grúas. Cuatro obreros murieron y otros dos fueron declarados como desaparecidos.
Según informa Búsqueda esta mañana, la firma de capitales indios además se enfrenta con una empresa kazaja –Eurasia Resources Group (ERC)- en tribunales de Londres. Zamin Ferrous alega que ERC le debe una cuota por su participación en el proyecto Bamin en Bahía, Brasil. ERC sostiene que Zamin obtuvo la licencia para operar el puerto cercano a la mina, de forma “sospechosa”.
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December 22, 2014 12:16 PM
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El Pais 11/12/2014
Zamin Ferrous, la compañía dueña del proyecto Aratirí para extraer hierro en Uruguay, está embarcada en una dura batalla legal por US$ 220 millones con Eurasian Resources Group (ERG) por la propiedad de una mina en Brasil
Zamin demandó a ERG por US$ 220 millones por no pagar la última cuota a la que se habría comprometido para comprar la parte del grupo de capitales indios en un yacimiento ubicado en el estado de Bahía. ERG había aceptado pagar US$ 1.000 millones cuando se cumplieran cierta condiciones como la obtención de un permiso para operar un puerto, considerado esencial para embarcar el hierro.
ERG argumenta que los terrenos que Zamin pretendía venderle fueron adquiridos en circunstancias "sospechosas". Todo indica que el grupo controlado por el magnate indio Pramod Agarwal con importantes activos en Brasil y Uruguay se encamina a una batalla legal con ERG. Ambas compañías se han visto afectadas por la caída en el precio del hierro. La deuda neta de ERG trepó a US$ 1.000 millones. Y se calcula que Zamin ha contraído créditos por más de US$ 1.000 millones con el Royal Bank of Canada, Barclays, Investec e Intesa.
El grupo Zamin derrotó a Glencore y a Severstal en la puja por comprar la mina Amapa de Brasil a Anglo American el año pasado. El yacimiento se ha visto afectado por costosas disputas laborales y la caída en el precio del hierro.
Cuando absorbió Amapa, Agarwal predijo que los precios del hierro se dispararían pero han caído fuertemente desde los US$ 128 de enero de 2013 a los menos de US$ 70 actuales. Agarwal, que vive en Londres, mantiene un perfil bajo en sus actividades empresariales pero las fiestas de casamiento de sus hijas realizadas en Italia han sido extremadamente lujosas. En una de ellas estuvieron presentes representantes de más de 20 bancos con los que contrajo préstamos.
Zamin Ferrous, a través de Aratirí, pretende explotar cinco minas de hierro ubicadas en los departamentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres. Los estudios ambientales que realizó están a estudios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y negocia un contrato a veinte años con el gobierno.
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December 22, 2014 12:09 PM
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Montevideo Portal 10/12/2014
A seis meses de haber sido separado de su cargo, Enrique Viana volvió a la Fiscalía Civil y retomará sus casos, entre ellos una medida cautelar contra Aratirí. En diálogo con Montevideo Portal, afirmó que sufrió una “sanción encubierta” y dijo que la reforma del Código Procesal hacer perder garantías.
Viana había sido separado de su cargo el 10 de junio pasado a través de una resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En su momento, el MEC había argumentado que la medida obedecía a que Viana no cumplía "con el deber de asistencia a las audiencias". Para varias organizaciones sociales, la decisión fue una forma de sancionar al fiscal, quien había presentado recursos contra emprendimientos como Aratirí, Montes del Plata o la ex Botnia.
En diálogo con Montevideo Portal, Viana explicó que regresó a su puesto "porque se cumplió el plazo de seis meses, que es el tiempo máximo que un funcionario público puede estar separado de su cargo" y señaló que, a pesar de eso, no hubo un pronunciamiento del MEC sobre el motivo de su sanción.
"Uno esperaría que cuando hay una separación de cargo haya luego una resolución sobre el caso", agregó Viana, interpretando que "si no se expidieron debe ser porque los argumentos que expusimos están en lo cierto". Para el fiscal, la forma en que se dio el proceso confirma que "se trató de una sanción encubierta".
Viana dijo además que mantiene una "opinión negativa" sobre la reforma del Código del Proceso Penal aprobada este miércoles en el Parlamento. El cambio, que otorgará a los fiscales la responsabilidad de encarar la investigación de las causas penales, redundará según Viana en una "pérdida de garantía para la población".
"La Constitución dispone que sea el juez el que se encargue de la investigación. Esas son las súper garantías. Ahora se le quita esa función al Poder Judicial y se le entrega un poder a un organismo con jerarquías y sometido al gobierno de turno", opinó.
Viana criticó además que "mientras en Argentina este tema está en el debate público, acá se aprobó prácticamente a tapa cerrada y los que estamos en contra no tuvimos oportunidad de expresar nuestra posición".
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December 22, 2014 11:56 AM
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Primera hora 10/12/2014 Juan Pedro Hernández
Con beneplácito recibieron los productores locales que se oponen al desarrollo de la minería a cielo abierto, la decisión de la Justicia de que el gobierno informe los detalles del proyecto de la empresa Aratirí. En San José los pedidos de prospección se han detenido y la situación está “bastante tranquila”.
Tras el dictamen del Tribunal de Apelaciones que lo obliga a brindar la información solicitada por el Movimiento “Uruguay Libre” -integrado por grupos de productores rurales, sociales y ambientalistas que se oponen al desarrollo de la minería metalífera a cielo abierto- el gobierno anunció que en un plazo de 15 días estará dando a conocer los detalles de este proyecto. El hecho fue bien recibido por la Asociación Rural de San José (ARSJ), entidad que integra “Uruguay Libre” y que también viene encabezando la movilización de las gremiales ruralistas locales en contra del desarrollo de esta práctica extractiva en nuestro departamento.
“Es una buena noticia el hecho de que se pueda acceder a una información que debería ser de libre acceso para toda la ciudadanía y más ante un proyecto de tanta importancia y con un impacto ambiental de gran magnitud y evaluado como irreversible. Si bien el proyecto parece haberse “desinflado” por la caída del precio internacional del hierro, no aclara conceptos como por ejemplo cuanto del hierro era obtenido por medios magnéticos y cuanto mediante productos químicos; por eso si esa información es vertida por los medios de prensa de forma amplia, el ciudadano verá realmente que la lucha mantenida durante este tiempo no es en vano y que sí hay motivos para tener reparos frente a este proyecto”; evaluó el directivo de la ARSJ Reinaldo Díaz.
El ruralista reclamó que la información vertida sea total, rechazando lo anunciado por el Ministro de Industria Roberto Kreimerman, quién dejó entrever que habrá parte de la misma que no será difundida y que tiene que ver con aspectos comerciales e industriales del proyecto. “Venimos reclamando acceder a todo lo que es el proyecto. En cuanto a la información que se había presentado como confidencial, también la creemos importante porque se refiere a la magnitud de los yacimientos que dice tener la empresa. No hay motivos para ocultar información que tenga que ver con el impacto ambiental por más que se excusen en cuestiones comerciales y secretos sobre la negociación. La Justicia entendió que no es válido y que hay motivos para dar a conocer el proyecto a la opinión pública”; sentenció.
Antecedente importante.
Díaz remarcó que la decisión judicial marca un antecedente importante no solo para el caso Aratirí, sino también para otros departamentos afectados por el desarrollo minero; como es el caso de San José. Aquí, se estima en unas 60 mil las hectáreas pedidas en prospección, principalmente en el norte (Mal Abrigo, Colonia América, Mahoma y otras áreas de la Cuarta Sección) para la detección de oro y plata; la mayoría de los trámites corresponden a la empresa Orosur.
Nos queda como un insumo, un antecedente valioso, porque en San José si bien aún no se ha dado a conocer todavía un proyecto, hay una vasta zona pedida en prospección. La situación por ahora está bastante tranquila. Creemos que se debe a la baja del precio del hierro y a la gran resistencia que hay en torno a este tema. La empresa interesada se mantuvo cauta y el tema solamente quedó en esos pedidos. Seguramente ha conservado los títulos pero no se ha desarrollado intervención en el terreno, simplemente están vigentes los pedidos. Han habido algunas prórrogas, pero también algunos pedidos han caído, por lo que esperamos que esto sirva para frenar el avance de estos emprendimientos”; señaló el productor.
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December 22, 2014 11:07 AM
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El Pais 9/12/2014
LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL SEGUIRÁ RESERVADA
El gobierno difundirá en un plazo de 15 días la información sobre el proyecto minero de la empresa Aratirí que un fallo del Tribunal de Apelaciones de la semana pasada le obliga a dar a los ambientalistas que se oponen a la minería metalífera a cielo abierto.
El movimiento Uruguay Libre había entablado una acción judicial reclamando esa información y el juez de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez y luego el Tribunal de Apelaciones le dieron la razón.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, dejó entrever que habrá parte de la información, vinculada a los aspectos comerciales e industriales del proyecto, que no se difundirán, algo que permite la ley de minería de gran porte aprobada el año pasado. "Los fallos de la Justicia tienen nuestro acatamiento pleno y no son objeto de comentarios sino de cumplimiento y eso haremos en la medida que clasifiquemos la información", aseguró el ministro. Garantizó que se cumplirán los plazos. El abogado del movimiento ambientalista, Martín Prats, dijo ayer en conferencia de prensa que el tipo de información solicitada refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos citadas en la demanda, así como otras disposiciones constitucionales y legales uruguayas.
Los ambientalistas se basan en que la ley de Minería de Gran Porte (19.126), en su artículo 26 inciso final, establece que: "En ningún caso podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto." La empresa argumenta que invirtió cerca de US$ 200 millones para hacerse de la información sobre los volúmenes de hierro que pretende extraer y sobre su calidad y que esos datos tienen valor comercial por lo que pretende preservarlos Mientras tanto, continúan las muy prolongadas tratativas entre el gobierno y Aratirí para firmar un contrato de explotación de los yacimientos de la zona de Valentines. Kreimerman reconoció que "no están dadas todas las garantías económicas que debe dar la empresa". El ministerio de Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente tiene a estudio los estudios de impacto ambiental elaborados por la empresa sobre las cinco minas de hierro que pretende explotar, el ducto que llevaría el mineral a las costas de Rocha y sobre la terminal portuaria que construirá para embarcar el producto a los mercados asiáticos. El gobierno ha dicho que podría firmar con Aratirí, aún cuando no estuvieran prontos los estudios ambientales pero la oposición y los ambientalistas rechazan esa posibilidad.
Las tratativas pueden extenderse hasta el último día de febrero del año próximo. Si para esa fecha no hubo un entendimiento, Aratirí podría presentar a otro privado interesado en los yacimientos y si tampoco se llegara a un acuerdo con este, el propio Estado podría explotar el hierro de Valentines. "El objetivo de fijar un tiempo máximo es para evitar especulaciones de las empresas mineras sobre la tenencia de permisos", explicó el ministro Kreimerman.
El contrato que se firmará tendrá alrededor de 20 años de plazo. La empresa pretendía extraer 18 millones de toneladas de hierro al año pero los ambientalistas consideran que ese ritmo es demasiado acelerado. Y |cuestionan también el "plan de cierre" de minas porque consideran que no se tomarán medidas para preservar de la contaminación las zonas de los departamentos de Treinta y Tres, Florida y Durazno donde se extraería hierro para ser utilizado para la fabricación de acero. El bajo nivel del precio del metal, que cayó casi 50% este año, no hace rentable ahora la explotación de las minas pero Kreimerman sostiene que el metal siempre ha tenido oscilaciones y que la tendencia de su precio a largo plazo es alcista a pesar de que China disminuyó su demanda.
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December 21, 2014 7:40 PM
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Portal 180 - 8/12/2014
Un Tribunal de Apelaciones en lo Civil obligó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a entregar la información sobre proyecto Aratirí. La sentencia consideró que solo puede haber excepciones si refieren secretos comerciales o industriales de la empresa.
"La sentencia en primera instancia le daba un plazo de 15 días para entregar la información solicitada. Como el ministerio apeló eso quedó en suspenso, pero al ratificarse la sentencia comenzó a correr el plazo de 15 días y ya es inapelable", dijo Martín Prats, abogado de CAinfo que patrocinó el caso.
Prats dijo que la solicitud de información es para todo el expediente porque ellos consideran que todo refiere a temas ambientales. En ella se piden datos claves, como por ejemplo, el cronograma de cierre de las minas.
Si el ministerio solicita una excepción, será la justicia quien defina. "La sentencia estableció que se podía considerar excepcional la información que refiere a secretos comerciales o industriales de la empresa, pero que no refiera a temas ambientales. Entonces, ahora que está reafirmada la obligación de entregar el expediente, hay que ver qué entrega el ministerio y si alguna de la información refiere a un secreto comercial o industrial de la empresa. Claro que esa excepción tiene que ser controlada por el Poder Judicial. Entonces, entendemos que entregado el expediente al juzgado haya un control jurisdiccional sobre las excepciones que el ministerio quiera mantener", expresó.
La solicitud de información del proyecto fue realizada por el periodista Víctor Bacchetta, integrante del movimiento Uruguay Libre, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La instancia judicial comenzó el pasado 4 de noviembre y el juez Alejandro Martínez de las Heras falló el 10 de noviembre haciendo lugar a la acción y ordenando al ministerio a entregar la información en un plazo de 15 días a partir de esa fecha. Esta instancia fue en un juzgado letrado en lo contencioso administrativo.
Sin embargo, el ministerio apeló la decisión porque consideró confidencial toda información técnica. La acción pasó a un Tribunal de Apelaciones que ahora dictó su sentencia.
Bacchetta, dijo a NTN que la última vez que pidieron acceso al expediente se llevaron una sorpresa porque le habían sacado la información técnica a pedido de Aratirí. El expediente de Aratirí está en poder de la Dirección Nacional de Minería y Geología y la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
La Dinamige consideró como confidencial toda información técnica. Baccetta dijo que esa información es necesaria para evaluar el proyecto y sus impactos ambientales, sociales y económicos y que clasificar esta información como confidencial es una exageración.
Notas relacionadas /
http://www.radiomontecarlo.com.uy/2014/12/08/nacionales/sociedad/activistas-esperan-con-expectativa-la-informacion-ambiental-de-aratiri/
http://www.espectador.com/politica/305261/gobierno-tiene-15-dias-para-publicar-informacion-sobre-aratiri
http://www.espectador.com/politica/305285/kreimerman-fallos-de-la-justicia-tienen-nuestro-acatamiento-pleno
http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-publicara-datos-aratiri-maximo.html
http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/miem-datos-mineros-aratiri
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2014-12/09/content_34264012.htm
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December 21, 2014 7:19 PM
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Comunicado / Transparencia y participación social en peligro
Uruguay Libre de megamineria 8/12/2014
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE ARATIRÍ
La declaración del carácter confidencial de la información de Aratirí por el Ministerio de Industria, Energìa y Minería (MIEM) no cumplió con los requisitos legales y de ser aceptada traería graves consecuencias sobre las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos de inversión. Los fallos de la Justicia ordenando la entrega de la información solicitada trascienden el caso del proyecto de Aratirí y reafirman los principios de neutralidad y transparencia de los procedimentos de la administración pública y de participación de la sociedad en las decisiones que le atañen.
1. Declaración de confidencialidad realizada por la DINAMIGE y el MIEM
La Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) adoptó el criterio de la empresa Aratirí y declaró confidencial toda la información del proyecto minero. Aratirí alegó ante DINAMIGE que los aspectos técnicos debían ser“confidenciales y reservados por formar parte del ‘know how’ de la empresa” y que los mismos no deberían ser accesibles por sus competidores, “ni por el público en general”. Para justificarlo, agregó que su proyecto era “de una entidad y características totalmente distinto a los existentes hasta ahora” (sic). Basándose en la evidente exageración de esta frase, Aratirí atribuye a todos los datos técnicos del proyecto el mismo valor que las informaciones del patrimonio personal o el secreto comercial.
El artículo 10 de la Ley 18.381 define como confidenciales las informaciones sobre “el patrimonio de la persona” y aquella que“comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”. Nadie cuestiona que estos aspectos sean preservados, pero no abarcan necesariamente todos los datos técnicos del proyecto. Además, la calificación no debe ser realizada por la empresa sino por la Administración y los casos deben ser “de interpretación estricta”, no genérica.
El Director de la DINAMIGE, Pier Rossi, adoptó una resolución, el 15 de mayo de 2013, en la cual sostuvo que “toda la documentación aportada contiene información del patrimonio, hechos o actos de carácter económico, contables jurídicos y administrativos (…) que pudieran resultar útiles para un competidor” e, invocando el mencionado artículo 10, declaró como confidencial “la totalidad de la información contenida en este Asunto relativa a los informes técnicos presentados por MINERA ARATIRÍ S.A.” O sea que aceptó sin más el criterio propuesto por la empresa.
En el mismo expediente de la DINAMIGE encontramos elementos que cuestionan la validez actual de tal resolución. En una nota del 8 de mayo de 2014, la Asesoría Jurídica del MIEM, señalaba que según lo establecido por la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), “la declaración de confidencialidad solicitada (por Aratirí) no compete a DINAMIGE sino al Ministerio de Industria, Energía y Minería”. La nota referida planteaba “que la Superioridad convalide la resolución” y, además, que se agregara “el informe en el que arriba a dicha conclusión”.
¿Qué es lo que se declara confidencial?
La División Minería respondió el 10 de junio diciendo, simplemente, que“ha entendido pertinente el planteo realizado por la empresa” y enumeró los elementos incluidos en la información técnica referida por la resolución, a saber: “descripción e interpretación geológica de los yacimientos, metodologías de diseño de mallas de perforación, obtención y preparación de muestras, métodos analíticos, controles de calidad de la base de datos, separación de dominios estadísticos, geoestadísticos y estructurales, estadísticas, detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas, dimensiones y etapas de desarrollo de las minas, selección de las leyes de corte, criterios y metodología de selección de maquinaria y equipos industriales, operativa de cada mina, procesos de beneficiación, cronogramas de ejecución, volúmenes de producción de mineral y concentrado, instalaciones auxiliares, dimensionamiento de pilas de estéril, represas de relaves y de agua fresca, dimensionamiento de plataformas de mineral de alta y baja ley, sistema de transporte dentro y fuera del complejo, mineroducto, terminal de recepción de concentrado, informes de auditoría, bases de datos en formato digital y certificados de análisis, mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología, plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y la consecuente cuantificación de reservas” (sic).
La simple transcripción de esta lista, con la aclaración final para eliminar cualquier duda, revela el carácter arbitrario de la confidencialidad solicitada por Aratirí y concedida por la DINAMIGE. De aceptarse este criterio, será reclamado por otras empresas y toda la información sobre cualquier proyecto minero pasaría de aquí en adelante a ser secreta.
Es más, la DINAMIGE pretende considerar confidenciales “los informes realizados por la Unidad de Evaluación, Control y Gestión de Proyectos Mineros de esta Dirección Nacional, elaborados en respuesta o con posterioridad al análisis de información técnica suministrada por la empresa y haciendo referencia a la misma”(sic). Esto sería la consagración del contubernio empresa-estado.
Esta decisión de la DINAMIGE, defendida por el ministerio en el juicio realizado, constituye una violación de las leyes de transparencia de la función pública, de acceso a la información y de participación social – incluyendo la Ley de Minería de Gran Porte.
2. Incumplimiento de los requisitos para declarar confidencial la información
En el fallo de 1ra. instancia, el juez Martínez de las Heras advirtió el incumplimiento de lo previsto por el decreto 232/2010 para la clasificación de la información como confidencial.
De la resolución 122/2013 de DINAMIGE emerge que la declaración de confidencialidad se realizó en mérito a "solicitudes efectuadas por MINERA ARATIRI S.A…” y no consta en estas actuaciones que se hubiere cumplido con lo dispuesto por el art. 31 del decreto 232/2010 que establece: “Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados información confidencial, deberán señalar los documentos o secciones en los que se contenga tal información. También deberán presentar un “resumen no confidencial” breve y conciso. En caso que, la naturaleza de la información impida elaborarlo, se explicitará tal imposibilidad ante la autoridad competente”. “No surge de autos que se hubiere presentado un “resumen no confidencial” cuya presentación es obligatoria en caso de tratarse de información confidencial, y tampoco emerge de autos que se hiciera la salvedad relativa a la imposibilidad de su presentación”, dice el juez. En la respuesta a la apelación, el Dr. Martín Prats expresó que la posibilidad de desglosar la información que refiera a secretos industriales o comerciales que pueda ser útil para un competidor debe leerse como una excepción a la cual se le debe aplicar el principio de divisibilidad en forma restrictiva. Y agregó: "No se puede tampoco bajo este argumento, incluir como información de este tipo a todo el contenido del Expediente sino solo aquello que no refiera a temas ambientales".
La ley de Minería de Gran Porte (19.126), en su Artículo 26 inciso final, establece claramente: "En ningún caso podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto.”
¿Cuál es la información ambiental?
No existe una definición precisa de qué es "información ambiental" y qué no lo es. Para nosotros, todos los elementos enumerados por la DINAMIGE y el MIEM, tanto en su contestación de la demanda y alegato como en la apelación, son información ambiental y por tanto sólo aquella que refiera al patrimonio personal de la empresa o a un secreto industrial o comercial claramente y expresamente definido como tal debe ser reservada. "Suponemos, expresó Prats, que en el expediente solicitado debe constar un informe sobre cuál información suministrada por la Empresa refiere a un secreto industrial y comercial y consideraciones sobre si es o no secreto. De ser de otra forma, el MIEM no estaría actuando al servicio de la sociedad a la cual se debe sino que estaría aceptando en forma acrítica la imposición de los intereses de la empresa". "Es la Administración quien debe definir cuál información refiere a este tipo de secreto y cuál no. Si no lo hizo en este caso, toda la información contenida en el referido expediente refiere a temas ambientales y por tanto se debe permitir el acceso a ella pues es información pública", reafirmó.
3. Posibles consecuencias si se validaran tales decisiones
"Si se aceptara el criterio aducido en la Apelación por el MIEM, se crearía un grave precedente por el cual todo tipo de proyecto minero pasaría a ser secreto pues de lo que surge en autos DINAMIGE no adoptó otro criterio que, simplemente, el aceptar la solicitud de confidencialidad planteada por la empresa", señaló en el juicio el Dr. Prats. Y agregó: "Si se aceptara este criterio, más allá de nuestro interés personal en este juicio, dejaría indefensos a miles potenciales afectados por el proyecto, quienes no podrán contar con la información suficiente para reclamar y luchar por sus legítimos intereses". Además, Uruguay tiene firmados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 29 países que en su articulado incluyen -es una fórmula común a todos los TBI- que se concederán a los inversores y las inversiones de la Otra Parte las mismas condiciones otorgadas a cualquier empresa extranjera o nacional. Es decir, que una vez hecha esta concesión para Aratirí, cualquier otro proyecto de inversión bajo ese marco adquiere derecho a reclamar el mismo tratamiento. Por último, el Dr. Prats expresó que el tipo de información solicitada es una información que refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos citadas en la demanda, así como otras disposiciones constitucionales y legales del país. ---------------------------------------------- La sentencia del Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo del juez Martínez de las Heras que ordenó al MIEM brindar la información requerida en un plazo de 15 días desde la fecha. El juez estableció como limitación de la información a entregar aquella “exclusivamente relacionada con aspectos vinculados al “secreto industrial o comercial” de la empresa respectiva, información que debe ser objeto de reserva por parte de la Administración”. Esta restricción surge de la ley 16.466 sobre Protección del Medio Ambiente y es análoga a la antes referida de la Ley 18.381. Por lo expuesto, esperamos que el MIEM cumpla sin más trámite con la sentencia. ---------------------------------------------- URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA Montevideo, 8 de diciembre de 2014.
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December 21, 2014 3:32 PM
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Subrayado 4/12/2014
El actual ministro de Industria, Roberto Kreimerman reconoció que el precio internacional del hierro enfrió el interés de Aratirí por realizar la explotación en Valentines, una inversión que podría superar los 3.000 millones de dólares por 25 años. Kreimerman explicó en qué está el trámite en la órbita del Estado y señaló que el gobierno próximo deberá resolver si participará sólo o no en la explotación en caso que a multinacional Zamin Ferrous desista.
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December 21, 2014 2:18 PM
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El Pais 6/12/2014
El Tribunal de Apelaciones Civil de 4° Turno confirmó ayer la resolución de primera instancia que obligó al Ministerio de Industria a brindar información sobre el proyecto de la minera Aratirí para la extracción de hierro y construcción de un mineroducto, y otorgó a la secretaría de Estado un plazo de 15 días corridos para cumplir con lo dispuesto en el fallo.
El pasado 10 de noviembre el juez de lo contencioso administrativo Alejandro Martínez hizo lugar un pedido de la organización ambientalista Uruguay Libre (que se opone a la minería metalífera a cielo abierto) que al amparo de la ley de acceso a la información pública (18.831), solicitó tener acceso a los informes técnicos sobre el proyecto de la minera de capitales indios. El juez entendió que como el Ministerio de Industria no contestó el requerimiento se configuró el llamado "silencio positivo" y ello en función de la ley obliga a Estado a brindar la información sobre el cuestionado proyecto de Aratirí. La empresa argumentó que invirtió cerca de US$ 200 millones para hacerse de la información sobre los volúmenes de hierro que pretende extraer y sobre su calidad y que esos datos tienen valor comercial por lo que solicita preservarlos. La cartera apeló el fallo del juez Martínez alegando que no se configuró el "silencio positivo" y que además se trata de información propiedad de Aratirí que está en conocimiento estatal pero no es del Estado.
"La ausencia de resolución expresa sobre la solicitud de acceso a la información pública no conlleva el acogimiento del acceso judicial si de los antecedentes resulta que el requerido, comprensiblemente aportó al interesado una respuesta; y esto fue lo que ocurrió en la especie, ya que, oportunamente, esta Secretaría de Estado notició al actor la imposibilidad de brindarle la información", argumentó el Ministerio de Industria en su apelación. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones Civil de 4° Turno, integrado por los magistrados Graciela Gatti, Eduardo Turell y Ana María Maggi, desestimó ayer el recurso del Ministerio de Industria por lo que se confirmó la resolución a favor del pedido de la organización Uruguay Libre. El abogado Martín Prats, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo, organización sin fines de lucro que promueve el derecho a la información y la libertad de expresión) prestó asesoramiento legal a Uruguay Libre y dijo a El País que el fallo de segunda instancia es inapelable y por eso el Ministerio de Industria no tendrá otra alternativa más que brindar la información. El fallo de primera instancia del juez Martínez destacó la obligatoriedad del Estado de cumplir con lo que establece la ley de acceso a la información pública.
"Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva", consideró el magistrado en el fallo. En tal sentido, el juez Martínez agregó que se considerará "falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela", de acuerdo con lo que establece la ley 17.060.
"No puede limitarse el acceso a la información pública en términos genéricos o vagos sino que debe especificarse claramente aquellos tópicos que justificadamente se entienden confidenciales", indicó el juez en el fallo de primera instancia a favor de Uruguay Libre. Una dependencia estatal le dio la razón a los ambientalistas Contradiciendo la postura del Ministerio de Industria, que se negó a brindar la información sobre Aratirí, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UIAP) del Poder Ejecutivo entendió que la secretaría de Estado sí debe brindar los datos requeridos sobre el proyecto minero. La UIAP, en un dictamen elaborado el mes pasado, entendió que "sin perjuicio de destacar que puede existir en dichos expedientes información pasible de ser clasificada como confidencial, se realiza en forma genérica y no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 (de la ley de acceso a la información pública) así como tampoco a los principios de máxima publicidad y visibilidad". Además, en su informe, la UIAP señaló que en el caso se configuró el llamado "silencio positivo" porque transcurrió el plazo de 20 días hábiles establecido legalmente sin que el Ministerio de Industria se pronunciara sobre el pedido de acceso a la información sobre el proyecto de Aratirí.
El organismo especializado del Poder Ejecutivo que brinda asesoramiento al gobierno en materia de información pública, indicó que en esos casos la eventual negación de los datos requeridos configura una "falta grave".
[ La nota contiene un error, al identificar a la UAIP como una dependencia del Poder Ejecutivo, cuando es una unidad descentralizada creada por la Ley 18.381.]
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December 21, 2014 1:45 PM
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Subrayado 5/12/2014 Un Tribunal de Apelaciones mantuvo la decisión judicial de primera instancia, que obligaba al Ministerio del Interior a dar la información.
El Ministerio de Industria está obligado por la Justicia a entregar la información sobre el proyecto de de Aratirí al Movimiento Uruguay Libre de Megaminería.
Esta organización, opuesta al proyecto de extracción de hierro a gran escala en Uruguay, presentó un recurso ante el Juzgado Civil de 2do. Turno el 4 de noviembre y obtuvo un primer fallo favorable el 10 de ese mes por parte del juez Alejando Martínez. El fallo obligaba al Ministerio de Industria a brindar al demandante, Víctor Bacchetta, la información solicitada sobre los detalles del proyecto Aratirí. El Ministerio apeló el fallo y este viernes el Tribunal de Apelaciones de 4yo. Turno decidió mantener el fallo de primera instancia, por lo que el gobierno deberá brindar la información exigida en un plazo máximo de 15 días. Así lo anuncia en un comunicado de prensa el Movimiento Uruguay Libre. Esta organización utilizó la ley de acceso a la información pública para conocer la información que el gobierno consideraba reservada sobre Aratirí y que se negaba a publicar.
Esta ley creó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), organismo autónomo que el 27 de noviembre se pronunció a favor de divulgar la información reservada.
Uruguay Libre convocó a una conferencia de prensa para el lunes 8 de diciembre, a las 10:30 en la sede de la Federación Rural, 18 de Julio 965. La conferencia será junto a Cainfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública), que también promovió el caso ante la Justicia Civil. Entre otras cosas, los demandantes reclamaban al gobierno conocer la extensión de la explotación de hierro, el plan ambiental para tratar los residuos que quedan al costado de las minas a cielo abierto y el programa de cierre de los pozos una vez que ya no sean utilizados. El contrato entre el gobierno y Aratirí aún no se firmó por lo que el proyecto minero todavía no comenzó en los hechos. La caída de precio internacional del hierro llevó a Aratirí a replantear la viabilidad de su inversión en Uruguay.
Además, el presidente José Mujica dijo varias veces en los últimos meses que faltaba información sobre planes ambientales de la compañía y que hasta tanto no tener certezas de la mitigación del impacto no firmaría el contrato con Aratirí.
Notas relacionadas / http://www.radiomontecarlo.com.uy/2014/12/06/nacionales/sociedad/ministerio-de-industria-debera-divulgar-la-informacion-del-contrato-con-aratiri/
http://www.180.com.uy/articulo/52485_Industria-debera-entregar-informacion-sobre-Aratiri
http://www.entornointeligente.com/articulo/4372109/URUGUAY-Justicia-obliga-a-Industria-a-divulgar-proyecto-de-Aratiriacute;-06122014
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December 21, 2014 1:38 PM
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Radio Rural 1/12/2014
Esta semana se conocerá el fallo del tribunal de apelaciones sobre el pedido del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería para que se difunda información ambiental sobre el proyecto Aratirí.
En febrero de 2014, el Poder Ejecutivo declaró confidencial toda la información técnica del emprendimiento de extracción de hierro en los yacimientos de Valentines, razón por la cual Uruguay Libre presentó un recurso judicial. La Justicia se pronunció a favor del pedido en primera instancia, pero el Ministerio de Industria presentó una apelación para mantener el secreto. La semana pasada Uruguay Libre presentó su respuesta a esa apelación y en los próximos días el tribunal deberá dictar sentencia. El abogado Martin Prats, asesor legal de Uruguay Libre, dijo que aguardan con expectativa el fallo, sobre todo después de que la Unidad de Acceso a la Información Pública se pronunciara a favor de que se den a conocer detalles del proyecto minero.
https://soundcloud.com/radio_rural/prats
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