Raúl Viñas habló de los problemas que le traería al país la firma del contrato de inversión con la empresa Aratirí. El movimiento lleva adelante la recolección de firmas para evitar la megaminería a cielo abierto en nuestro país.
El extractivismo minero no sólo tiene impactos locales, sino que afecta la marcha de todo un país, su economía y política, a juzgar por lo que sucede en naciones vecinas. Algunos de los primeros síntomas parecen asomar en Uruguay.
Eduardo Gudynas
Buena parte de la discusión sobre el proyecto megaminero Aratirí se ha enfocado en los impactos que generará a nivel local, y en sus posibles beneficios económicos. Pero si se observa lo que ha pasado en los países vecinos embarcados en el extractivismo exportador, se observará que tiene efectos profundos que van más allá de lo local, y que cubren varias dimensiones. Son impactos que podríamos llamar de “derrame”, ya que alteran las formas en que, por ejemplo, se desenvuelve la política, el papel del Estado, la dinámica económica o la planificación territorial.
En Uruguay, más allá de algunos aspectos económicos, se le ha prestado poca atención a esos derrames. Los medios de prensa, salvo excepciones, no han ayudado a explorar esas particularidades. Las tertulias no lo han discutido, y los analistas económicos, al parecer se los han salteado. Pero es justamente lo que ha sucedido en otros países lo que lleva a la necesidad de mirar con más atención, al menos algunos de esos derrames.
Territorios y municipios
Una vez que se abren las puertas a los extractivismos, comienza un proceso de concesiones territoriales que se vuelve casi imparable. Los gobiernos centrales otorgan áreas para mineras o petroleras, y en poco tiempo un elevado porcentaje de la superficie de un país puede estar concesionada (por ejemplo, 80% en Perú). Se denuncian sitios donde se sabe que existen recursos, donde se sospecha, e incluso en otros tan sólo por las dudas.
Esto genera conflictos sobre el uso de los suelos entre los pobladores locales y los municipios, contra los gobiernos centrales. Estallas contradicciones entre usos agropecuarios (que son de muy largo plazo) contra extractivistas (que siempre son de corto plazo).
Efectos económicos
Las consecuencias económicas de la megaminería están repletas de incertidumbres. El gobierno repetidamente dice que será muy exitosa, pero casi nadie investiga el origen de sus números. Todo es más incierto dado que los dichos sobre las ganancias para el país cambian con el paso de los meses.
Miremos a los países vecinos. En casi todos ellos se ha descubierto que los extractivismos están rodeados de los llamados “subsidios perversos”. Estas son ayudas que otorga el Estado para retener al inversor, y pueden ser directas o indirectas (por ejemplo, energía eléctrica subsidiada, agua gratis, infraestructura, exoneraciones tributarias, etc.). Son calificados como “perversos” en tanto implican deformaciones dentro del mercado y alientan impactos sociales y ambientales, que ese mismo Estado tendrá que atender económicamente (por ejemplo, tolera la contaminación, pero en el futuro, el gobierno o el municipio, lidiará con ese costo).
También se ha observado la conocida “enfermedad holandesa”, allí donde el extractivismo exportador se agiganta con altos precios de las materias primas. Esa es una condición donde hay récords de ingresos por exportación, fortalecimiento de la moneda nacional, abaratamiento del dólar e incremento de las importaciones (con aumento del consumo interno). Un cóctel que golpea a las industrias nacionales. El fenómeno, cuya denominación reflejó los efectos negativos del boom exportador de petróleo en Holanda, se repite, por ejemplo, en los países andinos (la “enfermedad chola”).
Otra actitud del Estado
Incluso el Estado cambia bajo los extractivismos, ya que el gobierno de turno está muy interesado en, por ejemplo, la megaminería, con la esperanza de captar parte del dinero que generará. En los países vecinos se ha visto que el Estado a veces se comporta más como “socio” de actores empresariales, autolimitándose en la independencia que vela por el bien común. Las empresas mineras o petroleras aparecen poco en público, y es el gobierno el que activamente las defiende. Se llega a extremos de contratos de estabilidad tributaria, sean públicos o secretos (repetidamente usados en Perú por Alan García, por ejemplo).
Este síntoma es más que evidente en Uruguay, donde el proyecto Aratirí es sucesivamente defendido por el presidente y su equipo de secretarios, luego por ministros (especialmente el de Industrias, y ahora con el apoyo del de Ganadería), y más tarde por algunos legisladores.
Política empobrecida
Como el extractivismo es apenas defendible en términos de rentabilidad, sin contabilizar los costos sosicales y ambientales, no es fácil encontrar otros argumentos de peso para defenderlos. Ante esa carencia, en los países vecinos, los gobiernos caen en deformaciones, ocultamientos, exageraciones, etc.
¿En Uruguay estamos lejos de esa condición? Repasemos lo que ha sucedido en las últimas semanas. Comencemos por el presidente Mujica, poniendo como ejemplo de buena minería una explotación en Brasil, que cuando se la revisa se encuentra que nada tiene que ver con Aratirí (la brasileña es de socavón, la nuestra sería a cielo abierto), y las fotos de sus canteras y obradores muestran paisajes devastados. O sea, casi todo a la inversa de lo dicho por Mujica. El subsecretario de Industria, E. Ortuño, defendió el contrato con la minera como paso previo y necesario para los estudios ambientales. Otro error, porque DINAMA no exige ese contrato, y de hecho ya está estudiando al asunto. No podemos dejar de citar al prosecretario D. Cánepa, afirmando que este es el gobierno que más hizo por el ambiente –una exageración que muy pocos creerán, dadas las embestidas presidenciales contra la DINAMA, o la tolerancia con el débil manejo ambiental del Ministerio de Ganadería.
En resumen, casi todo lo que se ha dicho en las últimas semanas desde el gobierno para defender a Aratirí está inflado, tiene errores o carece de fundamentos. En este desierto de argumentos rigurosos, al gobierno y su base de apoyo no le va quedando otra vía que calificar como “oposición partidaria” a toda voz ciudadana de alerta o crítica.
Mucha gente se da cuenta de esto, y por ello desconfían de Aratirí. Pero, como sucede en otros países, eso también implica un deterioro en el debate político y en la rigurosidad de las argumentaciones. Se abona el desencanto con la política, bajo la sombra del “los políticos son todos iguales”.
Por este tipo de razones, un proyecto como el de Aratirí, no sólo tendrá efectos locales, no sólo es un problema de productores rurales contaminados, sino que impone condiciones y cambios sustanciales dentro de todo el país. Aquellos que piensen que por vivir muy lejos de Valentines están a salvo, se equivocan.
El extractivismo minero no sólo tiene impactos locales, sino que afecta la marcha de todo un país, su economía y política, a juzgar por lo que sucede en naciones vecinas. Algunos de los primeros síntomas parecen asomar en Uruguay.
Eduardo Gudynas
Buena parte de la discusión sobre el proyecto megaminero Aratirí se ha enfocado en los impactos que generará a nivel local, y en sus posibles beneficios económicos. Pero si se observa lo que ha pasado en los países vecinos embarcados en el extractivismo exportador, se observará que tiene efectos profundos que van más allá de lo local, y que cubren varias dimensiones. Son impactos que podríamos llamar de “derrame”, ya que alteran las formas en que, por ejemplo, se desenvuelve la política, el papel del Estado, la dinámica económica o la planificación territorial.
En Uruguay, más allá de algunos aspectos económicos, se le ha prestado poca atención a esos derrames. Los medios de prensa, salvo excepciones, no han ayudado a explorar esas particularidades. Las tertulias no lo han discutido, y los analistas económicos, al parecer se los han salteado. Pero es justamente lo que ha sucedido en otros países lo que lleva a la necesidad de mirar con más atención, al menos algunos de esos derrames.
Territorios y municipios
Una vez que se abren las puertas a los extractivismos, comienza un proceso de concesiones territoriales que se vuelve casi imparable. Los gobiernos centrales otorgan áreas para mineras o petroleras, y en poco tiempo un elevado porcentaje de la superficie de un país puede estar concesionada (por ejemplo, 80% en Perú). Se denuncian sitios donde se sabe que existen recursos, donde se sospecha, e incluso en otros tan sólo por las dudas.
Esto genera conflictos sobre el uso de los suelos entre los pobladores locales y los municipios, contra los gobiernos centrales. Estallas contradicciones entre usos agropecuarios (que son de muy largo plazo) contra extractivistas (que siempre son de corto plazo).
Efectos económicos
Las consecuencias económicas de la megaminería están repletas de incertidumbres. El gobierno repetidamente dice que será muy exitosa, pero casi nadie investiga el origen de sus números. Todo es más incierto dado que los dichos sobre las ganancias para el país cambian con el paso de los meses.
Miremos a los países vecinos. En casi todos ellos se ha descubierto que los extractivismos están rodeados de los llamados “subsidios perversos”. Estas son ayudas que otorga el Estado para retener al inversor, y pueden ser directas o indirectas (por ejemplo, energía eléctrica subsidiada, agua gratis, infraestructura, exoneraciones tributarias, etc.). Son calificados como “perversos” en tanto implican deformaciones dentro del mercado y alientan impactos sociales y ambientales, que ese mismo Estado tendrá que atender económicamente (por ejemplo, tolera la contaminación, pero en el futuro, el gobierno o el municipio, lidiará con ese costo).
También se ha observado la conocida “enfermedad holandesa”, allí donde el extractivismo exportador se agiganta con altos precios de las materias primas. Esa es una condición donde hay récords de ingresos por exportación, fortalecimiento de la moneda nacional, abaratamiento del dólar e incremento de las importaciones (con aumento del consumo interno). Un cóctel que golpea a las industrias nacionales. El fenómeno, cuya denominación reflejó los efectos negativos del boom exportador de petróleo en Holanda, se repite, por ejemplo, en los países andinos (la “enfermedad chola”).
Otra actitud del Estado
Incluso el Estado cambia bajo los extractivismos, ya que el gobierno de turno está muy interesado en, por ejemplo, la megaminería, con la esperanza de captar parte del dinero que generará. En los países vecinos se ha visto que el Estado a veces se comporta más como “socio” de actores empresariales, autolimitándose en la independencia que vela por el bien común. Las empresas mineras o petroleras aparecen poco en público, y es el gobierno el que activamente las defiende. Se llega a extremos de contratos de estabilidad tributaria, sean públicos o secretos (repetidamente usados en Perú por Alan García, por ejemplo).
Este síntoma es más que evidente en Uruguay, donde el proyecto Aratirí es sucesivamente defendido por el presidente y su equipo de secretarios, luego por ministros (especialmente el de Industrias, y ahora con el apoyo del de Ganadería), y más tarde por algunos legisladores.
Política empobrecida
Como el extractivismo es apenas defendible en términos de rentabilidad, sin contabilizar los costos sosicales y ambientales, no es fácil encontrar otros argumentos de peso para defenderlos. Ante esa carencia, en los países vecinos, los gobiernos caen en deformaciones, ocultamientos, exageraciones, etc.
¿En Uruguay estamos lejos de esa condición? Repasemos lo que ha sucedido en las últimas semanas. Comencemos por el presidente Mujica, poniendo como ejemplo de buena minería una explotación en Brasil, que cuando se la revisa se encuentra que nada tiene que ver con Aratirí (la brasileña es de socavón, la nuestra sería a cielo abierto), y las fotos de sus canteras y obradores muestran paisajes devastados. O sea, casi todo a la inversa de lo dicho por Mujica. El subsecretario de Industria, E. Ortuño, defendió el contrato con la minera como paso previo y necesario para los estudios ambientales. Otro error, porque DINAMA no exige ese contrato, y de hecho ya está estudiando al asunto. No podemos dejar de citar al prosecretario D. Cánepa, afirmando que este es el gobierno que más hizo por el ambiente –una exageración que muy pocos creerán, dadas las embestidas presidenciales contra la DINAMA, o la tolerancia con el débil manejo ambiental del Ministerio de Ganadería.
En resumen, casi todo lo que se ha dicho en las últimas semanas desde el gobierno para defender a Aratirí está inflado, tiene errores o carece de fundamentos. En este desierto de argumentos rigurosos, al gobierno y su base de apoyo no le va quedando otra vía que calificar como “oposición partidaria” a toda voz ciudadana de alerta o crítica.
Mucha gente se da cuenta de esto, y por ello desconfían de Aratirí. Pero, como sucede en otros países, eso también implica un deterioro en el debate político y en la rigurosidad de las argumentaciones. Se abona el desencanto con la política, bajo la sombra del “los políticos son todos iguales”.
Por este tipo de razones, un proyecto como el de Aratirí, no sólo tendrá efectos locales, no sólo es un problema de productores rurales contaminados, sino que impone condiciones y cambios sustanciales dentro de todo el país. Aquellos que piensen que por vivir muy lejos de Valentines están a salvo, se equivocan.
El gobierno pidió nuevos informes sobre el polémico mineroducto. También quiere corroborar la certificación de las reservas de hierro.
El contrato entre el Estado uruguayo y la minera Aratirí se postergó por tercera vez: no se llevará a cabo hoy como se había anunciado.
La firma se concretará en el correr del mes de febrero, dijeron fuentes del gobierno a Brecha. La primera fecha fue anunciada para el 20 de enero. La segunda fue fijada para hoy, 7 de febrero.
La necesidad de realizar informes ampliatorios medioambientales, fundamentalmente centrados en la ejecución del mineroducto, llevaron a la Administración Mujica a postergar nuevamente el acuerdo que supone la mayor inversión de la historia: 3.000 millones de dólares.
Además, el gobierno quiere corroborar datos de la certificación de las reservas de hierro declaradas por Aratirí, la empresa cuya casa matriz es la multinacional indio-británica Zamin Ferrous.
Según las proyecciones del gobierno, el Estado recaudará 450 millones de dólares anuales correspondientes al 50% de la extracción de minerales.
Además de la explotación de las minas a cielo abierto, uno de los aspectos más polémicos es la ejecución del mineroducto, una obra de ingeniería -de unos 200 kilómetros- que permitirá transportar el material en forma líquida desde Valentines-Cerro Chato hasta el puerto de aguas profundas en Rocha.
por Víctor L. Bacchetta, en el semanario La Otra Voz, Tacuarembó 6/2/14.
Medias verdades, mentiras
Desde el drenaje ácido de los cráteres y las pilas de rocas, pasando por la separación del hierro y las filtraciones del embalse de relaves y las lagunas artificiales, hasta los gases emitidos por los explosivos y los combustibles, las minas de Aratirí tendrán, de llevarse a cabo, un alto impacto contaminante sobre el medio ambiente, con serios riesgos para la vida vegetal, animal y humana de una vasta área de la región.
Decir una verdad a medias, como si fuera toda la verdad, es una manera muy eficaz de esconder una mentira. Frente a la pregunta de si el proyecto de extracción de hierro en la zona de Valentines contaminará el ambiente, la empresa Aratirí ha dicho: “a diferencia de la minería de otros metales, Aratirí no necesitará utilizar ningún producto químico para separar y concentrar el hierro”. Esto es solo parte de la verdad.
El yacimiento de Valentines fue largamente estudiado en el país a lo largo del siglo pasado, con perforaciones de hasta 200 metros de profundidad. De acuerdo con el profesor Jorge Bossi, la composición mineralógica de este yacimiento, no afectada por fenómenos posteriores, era de 38% de magnetita. Si fuera solo magnetita, el metal puede separarse hasta cierto punto sin usar químicos, pero no es así.
Este aspecto fue reconocido en el primer EIA presentado por Aratirí a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). El informe describía el impacto de esta manera:“Reducción de calidad del agua superficial por infiltración de minas y depósitos: Persistencia: permanente, las pilas de desmonte y su potencial para lixiviar metales será permanente; Recuperabilidad: irrecuperable; Magnitud: alta”.
La Asociación Rural de San José (ARSJ) rechazó los argumentos esgrimidos por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, quién aseguró que los productores afectados por la minería a cielo abierto -en el caso del proyecto Arartirí- obtendrán mejores ingresos que los que reciben por la producción agropecuaria.
Suena Tremendo organizó un debate entre el diputado frenteamplista Julio Battistoni y el periodista e integrante del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería Victor Bachetta. ¿El tema? Aratirí y su costo/beneficio.
En atención a la indignación que han generado sus dichos, y al reiterado clamor de productores y vecinos de la zona , la Sociedad Agropecuaria de Cerro Chato declara persona no grata al ministro Tabaré Aguerre.
La amenaza de la minería sobre la reserva de agua potable
Nosotros llegamos primero, podría espetar la ose a la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige). La cuenca hidrológica del arroyo Casupá fue declarada “reserva de agua potable”, y la ose se proponía construir dos represas, una en el arroyo Casupá y otra en el arroyo El Soldado, en Lavalleja. Estaba todo encaminado. Era la alternativa, el plan B, para abastecer de agua potable a la población metropolitana durante 30 años. Pero mientras se adelantaban los detalles y se subrayaba la importancia del proyecto, Dinamige –según lo denunció el miércoles la organización Uruguay Libre de Megaminería– enviaba cedulones a los productores de la zona. Eran pedidos de prospección de las mineras Triselco, Bastias y Orosur, mayoritariamente para explotación de oro.
Durante la conferencia de prensa, la integrante de Uruguay Libre y edila del Partido Nacional, Carol Aviaga, informó que en Lavalleja y Florida “se están pidiendo más de 400 mil hectáreas para extraer oro a cielo abierto”, territorio que comprende los márgenes de los arroyos Casupá y El Soldado, afluentes del río Santa Lucía. “Desde diciembre estamos presentando recursos ante la Dinamige”, sostuvo Aviaga, y agregó que “hay una gran contradicción (entre ese proyecto y el de ose), no hay una planificación territorial. Dinama ni siquiera permite que el ganado tome agua de esa cuenca, ¿cómo es posible que por otro lado Dinamige habilite la prospección de minerales? Seguimos reafirmando que lo primero es cuidar nuestra agua”.
El proyecto de ose fue incluido en mayo de 2013 dentro del plan del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente: era una de las 11 medidas anunciadas para garantizar la calidad del agua potable, frente a la preocupación que generó la aparición de algas en la cuenca del río Santa Lucía. Y las intenciones no habían cambiado. El tema seguía en los medios de comunicación y en boca de las autoridades, de las más altas autoridades. Hasta el propio José Mujica argumentó en los últimos días de 2013 que la inversión –de entre 250 y 300 millones de dólares– era necesaria porque “estamos llegando al tope”, y agregó: “No podemos dormirnos con el tema del agua”. Era la confirmación del plan.
La reserva ya estaba hecha: “Esta medida, básicamente, implica una disposición administrativa de la Dinagua, que de hecho ya se ha tomado. Esta es la zona mejor conservada de la cuenca, por ello resulta importante mantenerla para el abastecimiento de agua potable”, había dicho el ministro Francisco Beltrame en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el 22 de mayo de 2013.
Luego de que se conociera la noticia sobre los cedulones, el presidente de ose, Milton Machado, comenzó sus averiguaciones. Según declaró a Brecha por ahora lo toma como un trascendido de prensa, aunque se manifiesta preocupado. “Ayer me enteré por la prensa, pero no tengo información oficial de eso. Nosotros habíamos pedido la reserva del arroyo Casupá y ahora estamos tramitando la reserva de El Soldado. Como ose, somos los principales interesados en proteger la cuenca, pero no tenemos competencia. Tendrá que haber una coordinación interinstitucional entre Dinamige, que da las autorizaciones desde el punto de vista minero, y Dinama, que es la que da las autorizaciones ambientales.” Machado recuerda que el Poder Ejecutivo acordó que el proyecto era “la solución óptima como fuente alternativa para el abastecimiento de agua potable”, pero no quiso adelantar una opinión hasta no conocer específicamente dónde y en qué condiciones se proyectan los emprendimientos mineros que ameritaron el envío de cedulones.
En la sesión de este martes de la Comisión Permanente en la que estuvo convocado el ministro de Vivienda Francisco Beltrame, se resolvió que volviera junto al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman para que ambos expliquen detalles de cómo se procederá con la minera Aratirí y su contrato de explotación.
La convocatoria se hizo a partir de una moción del senador colorado Ope Pasquet y fue votada por unanimidad, con once votos.
El diputado oficialista Víctor Semproni dijo que “era intención del Frente Amplio convocar” a los nombrados ministros.
Por su parte, Pasquet dijo que es “buena práctica republicana que la comisión permanente por unanimidad convoque a ministros a que expliquen”.
La Dinama intimó a Aratirí a presentar un estudio de impacto ambiental sobre su proyecto minero. Para la oposición no están dadas las condiciones para firmar el contrato con la empresa y convocará al Parlamento a Kreimerman y Beltrame.
A pocos días de que se cumpla el plazo previsto por el Poder Ejecutivo para firmar el contrato de inversión con la minera Aratirí (que inicialmente era el 20 de enero pero luego se postergó para los primeros días de febrero), la oposición salió a jugar sus cartas y advirtió que falta "información decisiva" que impediría dar ese paso.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó a mediados de enero a Aratirí a presentar "un estudio de impacto ambiental completo" de su emprendimiento, según información que maneja el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay).
"Hasta donde sabemos nosotros, la empresa no cumplió con ese requerimiento de la Dinama", dijo Pasquet ayer en conferencia de prensa.
Así, a juicio del legislador colorado, "faltando información decisiva" de parte de Aratirí "es más que claro que no puede firmarse el contrato".
Además, Pasquet señaló que sin la autorización ambiental y sin que la empresa haya aportado al Estado una garantía del 5% de la inversión (que en total es de US$ 3.000 millones) no es posible firmar el contrato, según lo que establece la ley de Minería de Gran Porte aprobada en septiembre de 2013. /.../
Agua.
Por otro lado, el Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, conocido como "Uruguay Libre", denunció que la cuenca que OSE y la Dinama acordaron declarar como reserva hídrica alternativa para abastecer a los departamentos de Montevideo, Canelones y San José en caso de que colapse la potabilizadora de Aguas Corrientes, en el pasado reciente se ha explotado una mina de oro y ahora se han concedido al menos tres permisos para la futura explotación minera y otros para explotar cobre y hierro.
El movimiento anunció en conferencia de prensa una serie de acciones legales buscando evitar que el gobierno firme el contrato de explotación minera con la empresa Aratirí.
Se trata de la cuenca de los arroyos Casupá y El Soldado, que a la vez son afluentes del río Santa Lucía.
Para asegurarse la disponibilidad futura de agua, OSE se plantea armar dos embalses complementarios en el tercio superior del Santa Lucía, uno en cada arroyo mencionado.
"No hay una planificación territorial", advirtió Carol Aviaga, integrante de la comisión Uruguay Libre.
"Queremos exhortar a los ciudadanos a que se sigan informando y firmen para que haya un plebiscito para que todo el país tome la decisión", afirmó Aviaga.
Los tres emprendimientos autorizados están en la zona donde OSE piensa tener su reserva hídrica.
El precandidato blanco Jorge Larrañaga volvió a cargar contra el gobierno por sus tratativas con Aratirí. Advirtió que a la compañía se le debe aplicar la normativa local y también pidió que el Estado no le conceda estabilidad tributaria.
Larrañaga, que ya ha pedido al gobierno que no firme el contrato que negocia con la minera a la que ha cuestionado por su intención de utilizar sustancias cancerígenas, sostuvo en un artículo que publicó la página web de Alianza Nacional, su sector político, que no debe permitirse que las eventuales diferencias entre la empresa y el Estado se diriman mediante un mecanismo de arbitraje.
El senador advirtió que "se negociaría nada menos que la soberanía jurisdiccional, sustrayendo los litigios entre el Estado y una empresa privada extranjera, que va a explotar en régimen de concesión bienes del dominio del Estado, a su fuero natural que es el Poder Judicial, para someterlo a una jurisdicción arbitral seguramente en el exterior".
Movimiento contra minería evalúa denunciar por “abuso de funciones” a quienes firmen el contrato con Aratirí, si éste incumple la ley.
A diez días de la fecha prevista para la firma del contrato con la minera Aratirí, se intensifican las advertencias desde los movimientos contrarios a la minería a cielo abierto y desde algunos sectores de la oposición. Hoy el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) dará una conferencia de prensa en la que se referirá a algunos aspectos del contrato que firmará el gobierno. Ayer el legislador no quiso adelantar los contenidos de su conferencia, pero tuiteó: “Hasta donde sabemos, Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] no se expidió y Aratirí no constituyó garantía de cumplimiento. Así no se debe firmar el contrato”. En varias instancias durante enero, Pasquet alertó sobre lo que entiende que es una “falta de transparencia” del gobierno en este tema.
La semana pasada, en la media hora previa a la Comisión Permanente del Parlamento, advirtió que el gobierno debe cumplir con la Ley de Minería de Gran Porte en el contrato que firme con Aratirí. Se mostró preocupado porque se suscribirá el acuerdo sin tener aún la autorización ambiental y sin que se haya hecho el depósito de garantía, como lo exige la ley.
Similares preocupaciones expresará hoy el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, que dará una conferencia una hora antes que Pasquet. El movimiento informó ayer, mediante un comunicado, que hoy se adelantarán las “acciones jurídicas a consideración” ante la firma de un contrato que “estaría violando disposiciones constitucionales y legales, el procedimiento de evaluación ambiental de estos proyectos y la consulta a la ciudadanía para la toma de decisiones de esta importancia”. Uno de sus integrantes, Raúl Viñas, dijo a la diaria que podría presentarse una denuncia penal por “abuso de funciones” en contra de los funcionarios que firmen el contrato con Aratirí, si éste incumple la Ley de Minería de Gran Porte. “Si alguien firma un contrato que va contra la ley, es abuso de funciones. Van a tener que justificar por qué se lo firman a un empresa que no cumple con nada de lo que se le solicitó”, advirtió Viñas.
Además, según expresa el comunicado, el movimiento buscará fundamentar que el gobierno “falsea información” sobre los efectos de Aratirí en materia de ingresos económicos, empleos y restauración del área afectada por la extracción de hierro.
Según expertos, durante 2014 el hierro caerá a su menor valor en cinco años
Según consigna la agencia de noticias Reuters, los precios del mineral de hierro caerán en 2014 a su menor valor en cinco años, luego de alcanzar, durante enero, su cotización más baja en seis meses, debido a una mayor oferta global y a un crecimiento más lento en la producción china de acero. Tan sólo en enero la caída del hierro, insumo fundamental para fabricar acero, fue de 7% y se especula que las futuras caídas repercutirán en los márgenes de las principales empresas mineras.
La más lenta producción de acero en China -que explica 47% de la producción mundial- afecta la demanda mundial de hierro y se debe a la decisión impulsada por sus autoridades económicas de basar el crecimiento en el consumo de los hogares, y no tanto en la inversión, buscando frenar los elevados niveles de endeudamiento. Además, el agravamiento de los problemas ambientales en ese país han señalado con particular énfasis la responsabilidad de la industria siderúrgica, lo que también ha llevado a una desaceleración en su actividad.
Según un sondeo realizado por Reuters entre 14 analistas del sector, el hierro de pureza de 62%, principal referencia internacional, promediaría 121,50 dólares la tonelada en 2014, lo que se encuentra muy por debajo de los 135 dólares del año pasado. Ese precio sería el más bajo desde 2009, cuando rondó los 86 dólares.
Viviendo en el ocaso
El precio bajó la semana pasada a un mínimo, en seis meses, de 123,20 dólares, y según estos analistas seguirá cayendo a 115 dólares el año próximo. Incluso dos de los encuestados, las consultoras CLSA y Goldman Sachs, previeron una baja a menos de 90 dólares la tonelada en 2015, debido a que el crecimiento en la demanda del principal consumidor (China) no logrará mantener el ritmo de incremento en el suministro.
Goldman Sachs, el principal banco de inversión que opera en el mercado de materias primas, destacó en un informe publicado la semana pasada que “tras años de estrechez, el crecimiento de la oferta superará al de la demanda en 2014”, y proclama que “el ocaso de la edad de hierro” comienza este año.
“Estimamos que hasta 80 millones de toneladas de capacidad de producción podrían ser redundantes este año, llevando al cierre de minas marginales en China y otras regiones”, agrega el informe de Goldman Sachs.
En Uruguay, la minera Aratirí, subsidiaria de Zamin Ferrous, prevé que su proyecto Valentines exporte 18 millones de toneladas de mineral de hierro, lo que generaría, según afirma la empresa, unos 1.400 millones de dólares durante 20 o 30 años y llevaría a Uruguay al octavo lugar como productor mundial de hierro y a transformar este producto en uno de los principales rubros de exportación del país.
Falsedades y contradicciones de la campaña oficial – impugnaciones legales del contrato con Aratirí
Comunicado de prensa / Montevideo, 29 de enero de 2014.
Utilizando fondos públicos, el gobierno nacional ha emprendido una campaña de propaganda en defensa del proyecto minero de Aratirí y la ley de minería de gran porte (19.126) que lo beneficia en forma directa, quebrando la neutralidad que debe mantener el estado uruguayo ante cualquier emprendimiento privado y confundiendo a la población sobre sus propósitos.
Se están falseando, entre otras, informaciones sobre los posibles aportes económicos de Aratirí, sobre el empleo y la restauración de las áreas afectadas por este tipo de minería. Se autorizan proyectos de extracción de oro y cobre que no cumplen los requisitos exigidos por la Dinama y que ponen en riesgo áreas consideradas como reservas hídricas del país.
La integrante del directorio del Partido Nacional (PN), Carol Aviaga, dijo en De Ocho a Diez que luego de la aprobación de la Dinama del proyecto Aratirí, hubo cambio de trayecto del mineroducto. Tras esa variación no hubo nuevo estudio ni aprobación. Fustigó que se anuncie la firma de contrato en esas condiciones.
Aviaga agregó que, tras el anuncio del nuevo trazado del minieroducto, la Dinama solicitó a la empresa los informes correspondientes. Los responsables de Aratirí, manifestó, no cumplieron aún con ese pedido.
Señaló, además, que el gobierno no ha difundido el contrato firmado con la empresa y sostuvo que esa es una actitud autoritaria, contraria al derecho a la información de las personas. “Lesionan un derecho humano”, agregó.
“Nos preocupa que el gobierno quiera pasar por encima de organismos del Estado como la Dinama; que acuerde sin su informe y sin decirnos a qué nos comprometen”, enfatizó.
Aclaró que no se opone a la actividad minera en general. “Nos preocupa el tema de la explotación intensiva; estamos en contra de estos métodos de explotación que son nocivos para el medio ambiente”, complementó.
Pronosticó, además, que el proyecto Aratirí es “la punta del iceberg” de más proyectos mineros de este tipo. Como un indicio en ese sentido, repasó que hasta el 2008 había 60.000 hectáreas pedidas para hacer exploración minera. En 2010 hay cuatro millones de hectáreas afectadas con pedimentos mineros, señaló.
“Después de que logren implementar el proyecto Aratirí, gran parte de nuestro país va a ver florecer muchísimo proyectos altamente contaminantes”, advirtió.
Mujica pidió a ministros que aclaren que concesión a Aratirí se hará “con todas las garantías” ambientales y económicas.
El presidente José Mujica planteó ayer en el Consejo de Ministros la necesidad de que el gobierno “salga a aclarar” aspectos vinculados a la inversión de Aratirí que “no se están transmitiendo bien”, informaron a la diaria asistentes al encuentro. El presidente consideró que la oposición y “analistas” en los medios de comunicación quieren sembrar “confusión” con respecto a este tema.
En declaraciones a La República publicadas ayer, Mujica dijo que van cuatro años “de idas y venidas” con el proyecto Aratirí y que “se acabó el tiempo”. “Ahora hay que decidir y el país tendrá que entender y participar en esta discusión”, manifestó. Agregó que defiende la producción tradicional, pero cuestionó a quienes tienen “un alma derrotista” y plantean “siempre que esto no se puede, que lo otro tampoco se puede y que lo de más adelante menos”.
Al término del Consejo de Ministros de ayer, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, defendieron el carácter “estratégico” del proyecto de la minera. Ortuño dijo que el contrato de concesión de explotación con Aratirí se firmará “en las primeras semanas de febrero” y remarcó que la empresa no comenzará a operar hasta tanto no obtenga la autorización ambiental correspondiente. Afirmó que el contrato incluirá una cláusula específica que condicionará el inicio de la explotación a los permisos ambientales.
“El gobierno entiende que [el emprendimiento] debe llevarse adelante con las más rigurosas garantías de cuidado del medio ambiente y con garantías de que la sociedad uruguaya tendrá los beneficios que debe tener en proyectos de este tipo”, manifestó Ortuño. Enfatizó que el gobierno se ciñe “rigurosamente” al marco normativo actual y aclaró que no se impondrá plazos a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para expedir los permisos ambientales.
Consultado con respecto a por qué no se aguarda la autorización ambiental para suscribir el contrato, Ortuño argumentó que éste es “un paso previo que habilita el avance de los estudios” y “la presentación de información que se está requiriendo a la empresa”. Indicó que el contrato permitirá “brindar el conjunto de elementos para que la Dinama realice los estudios”. Sostuvo que “el contrato previo” es “una condición para el desarrollo de los estudios finales” que “le den a la Dinama todos los elementos que necesita para la aprobación final”.
En la Ley de Minería de Gran Porte no se explicita claramente que la autorización ambiental deba ser previa a la suscripción del contrato. No obstante, cuando se habla de los contenidos del contrato se señala que “las disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes”, con lo que se da a entender que estas autorizaciones serían previas.
La campaña de prensa encomendada por el Presidente Mujica a sus ministros para defender el proyecto minero de Aratirí ha quedado reducida, en lo sustancial, a una serie de declaraciones generales del ministro Kreimerman al sitio Web de la Presidencia y a los medios de comunicación, con las que se pretende justificar la firma de un contrato con la minera sin haber cumplido con requisitos legales e institucionales fundamentales para asumir ese compromiso.
Significativamente, en estas declaraciones, Kreimerman no habla del proyecto de Aratirí, sino que procura destacar los aspectos supuestamente modernos y positivos de los cambos legislativos en el tema minero producidos desde 2010 en adelante. Esos mismos cambios que sistemáticamente no se tienen en cuenta o se violan cuando se reitera la intención de firmar, anunciada ahora para el próximo 7 de febrero, el contrato de Concesión de Explotación con Aratirí S.A.
Así por ejemplo se hace referencia a garantías en los temas ambientales y económicos, cuando al mismo tiempo no se está exigiendo a la empresa que, previo a la firma del contrato, deposite la garantía de cumplimiento como lo exige la ley de minería de gran porte (1).
Se habla asimismo de que la ley permite que el estado recaude hasta el 50% de las ganancias de la minería, sin especificar las deducciones habilitadas por la misma ley y que hacen de tales afirmaciones una perspectiva completamente falsa.
En ese sentido conviene recordar que el estado ya recauda por impuesto a la renta de todas las actividades económicas el 25% de las ganancias y que el mecanismo de los precios de referencia a que alude el ministro, con márgenes de hasta un 10% y sin un control independiente del mineral exportado, es poco más que una medida voluntarista.(2)
Nada se dice de que la definición específica de los conjuntos económicos en la ley de minería de gran porte facilita a Aratirí la evasión impositiva por el manejo de los costos(3), además de la exención del pago del Impuesto al Patrimonio, el IVA, el IMESI y los aranceles de importación y exportación anunciado por Kreimerman en el Senado.
La campaña ministerial no ha podido mostrar la conveniencia para el país del proyecto de Aratirí, que no ha completado los requisitos de documentación ante la DINAMA y la DINAMIGE, tal como lo han declarado a la prensa los respectivos directores de esos organismos. Esto hace inconveniente y posiblemente ilegal la firma de un contrato en tales condiciones.
Por estas razones y los graves impactos de orden social y ambiental que significan éste y otros proyectos similares, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería está abocado a la recolección de firmas para que la ciudadanía decida, a través de un plebiscito nacional, si este es o no el futuro que desea para nuestro pueblo y nuestro país.
Movimiento Uruguay Libre de megaminería
Notas:
(1) Ley 19.126, Artículo 27.
(2) Artículo 45 Decreto Ley 15242, modificado por ley 18.813.
Esto de la Minería de Gran Porte (MGP) o, directamente, de Aratirí viene mal. Muy mal. No se trata de poner palos en las ruedas sino de exigir que se hagan las cosas bien, con respeto a una ley que fue sancionada, justamente, para contemplar este caso. Y lo que se observa es que este "negocio" está lleno de agujeros jurídicos y sociales, más grandes que todos los que se hagan sobre el terreno uruguayo.
El acuerdo entre el Gobierno y Aratirí para la construcción de una planta de extracción de hierro está próximo a ser concretado. Varios miembros de la oposición, organizaciones ambientales y productores de la zona de Valentines han manifestado su desacuerdo.
El diputado nacionalista Gerardo Amarilla envió dos cartas a organismos internacionales advirtiendo sobre la afectación del mineroducto que llegará hasta las costa de Rocha. Amarilla dijo a En Perspectiva que en su momento se prestó especial atención a la zona por las que va a pasar el mineroducto, y que hoy no existen las autorizaciones ambientales necesarias para un proyecto así. Además acusó al Estado y a la empresa de estar "definiendo cosas sin transparencia". También dijo que "el Mvotma debería tomar un rol mucho más proactivo en el tema y poner sus condiciones antes de que el Gobierno asuma compromisos con la empresa".
Buscan encontrar medidas cautelares para definir posición. La premisa, defender "matriz productiva" Se seguirá analizando el impacto que podría producirse en el caso de permitirse la explotación de yacimientos de metales a través de la modalidad denominada "minería a cielo abierto" Los técnicos están evaluando las incidencias.
Para el Jefe de Gobierno Departamental José Luis Falero, no puede emprenderse una actividad de estas características, sin antes realizar los correspondientes estudios de impacto sobre el medio ambiente en especial la tierra. Matriz productiva por excelencia y que ha sido el motor de la economía del Departamento señalaba enfáticamente el jerarca. Expertos sobre el tema se reunieron con el Jefe de Gobierno Departamental.
Se buscan medidas cautelares, la premisa es defender la "matriz productiva"Para el periodista Víctor Bacchetta, que se ha interiorizado específicamente sobre minería y en especial la modalidad denominada "minería a cielo abierto" decía; "Este emprendimiento se trata de un "negocio de ocasión" para ciertas empresas. Los metales actualmente cotizan más que en otras épocas, existe una coyuntura preparada con el fin de explotarlos. Una aventura que durará entre 15 y 20 años y que dejará en un futuro tierra improductiva. Cada cráter afecta el subsuelo, penetra en las capas mas profundas. El ácido alcanza los cursos de los acuíferos.
La tierra motor de la economía /
Para el jerarca comunal no cabe otra posibilidad que analizar pormenorizadamente el impacto que podría producirse a futuro, sobre el tema expresaba; "la medida cautelar lo que va a hacer, es brindar una base jurídica, que nos permita que cada presentación de alguna intervención de este tipo no pueda darse como resuelta, si antes no media un análisis correspondiente.
Para ello hay que estudiar mucho, la matriz productiva de este departamento sin duda alguna ha sido el gran puntal de la economía del Departamento, su suelo. Creo que nadie hoy, puede establecer que cualquier explotación minera pueda ser superior. Pero para poder tener elementos contundentes, necesitamos tiempo, las bondades y fortalezas de nuestro sistema productivo nacional"Para el Jefe de Gobierno Departamental, la preocupación mundial radica en cómo se van a producir alimentos en el futuro, teniendo en cuenta la gran explosión demográfica.
Haciendo referencia al ámbito local y expresando que se posee una reserva de alimentos importantes, se debe ser muy cuidadoso de las políticas e iniciativas que se presentan como en el caso de la "Megaminería",
El gobierno parece decidido a dejar encaminado el proyecto Valentines antes de retirarse. Sin embargo, la información presentada por la megaminera es insuficiente, existen diferencias entre las dos versiones de la solicitud ambiental, y para la DINAMA el permiso debe otorgarse al proyecto completo, y no debería dividirse.
Resulta algo difícil imaginar una explotación minera a gran escala. Hagamos el intento. El proyecto Valentines –tal el nombre que le da Aratirí– consta de tres partes: el complejo minero, el mineroducto y el puerto. La primera incluye cinco explotaciones de distinto tamaño donde hoy están los cerros Las Palmas –la mayor–, Maidana, Uría, Morochos y Mulero.
Uno de los consultados para esta nota, Raúl Viñas, meteorólogo e integrante del grupo Uruguay Libre, extendió el plano de la explotación proyectada para el cerro Las Palmas sobre el mapa de Montevideo, para ayudar a la imaginación. Así el cráter y su contraparte de todas horas, la pila de estériles –la tierra que ocuparía el hueco y que al descomprimirse triplica su volumen–, se extenderían desde la bahía de la capital al arco que hace bulevar Artigas, en los límites del barrio Goes. Alrededor de esa área, las otras cuatro minas, de un tamaño algo menor. Los datos que utilizó para la simulación provienen de la solicitud de autorización ambiental previa (saap) que la empresa presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
La creación del Ministerio de Medio Ambiente fue una de las mejores decisiones políticas tomadas en las últimas décadas, porque adjudicó rango de primer orden a un asunto tan estrechamente vinculado con la calidad de vida de las personas.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) de esa Secretaría de Estado es la mejor garantía que tenemos los ciudadanos de que se respeten las normas ambientales. Resulta preocupante que esta repartición esencialmente técnica del Estado esté siendo debilitada por la propia Presidencia. Recordemos que hace un tiempo, en el actual gobierno, se informó sobre la intención de colocarla bajo la égida de Presidencia, con la obvia intención de ejercer mayor control sobre sus informes y sus tiempos de realización, para facilitar los proyectos e inversiones en el país de su interés.
Ahora, el presidente Mujica anunció que en los próximos días firmarán un contrato con la empresa india que proyecta explotar el hierro de Valentines (Aratirí), sin que la Dinama haya presentado su informe sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Sería un hecho sin precedentes porque ignora groseramente lo que marca la ley y, al mismo tiempo degrada a la Dinama como si se tratara de una organización virtual a la que solamente le queda el camino de aprobar el proyecto tal cual está presentado.
Vayamos por partes. Dinama no se ha expedido porque aún la empresa no ha presentado la información adicional requerida, pues hubo modificaciones en cuanto al tendido del mineroducto y la localización de la terminal portuaria en costas de Rocha.
¿Qué condiciones contractuales va a firmar el Estado si aún no se conocen los detalles finales de las obras? En ese terreno de incertidumbre ¿qué compromisos están dispuestos a asumir y a exigir nuestros ministros?
Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se lanzaron ahora nuevas advertencias tratando de detener la intención del Poder Ejecutivo de firmar el contrato con la minera Aratirí antes de que esté lista la autorización ambiental que debe otorgar la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Una de las principales objeciones es el nuevo trazado del mineroducto de más de 200 kilómetros que conectará la zona de explotación minera con el puerto oceánico por donde se sacará la producción, obra que se advierte afectará los sistemas de áreas naturales protegidas del este del país.
Incluso, el integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, Gerardo Amarilla, recibió días atrás la visita en su despacho de un funcionario de la Dinama que le sugirió que el organismo estudia la modificación de las áreas protegidas en las costas de Rocha para no afectar el trazado del ducto del emprendimiento minero, según reveló a El País el propio legislador blanco.
Esto hizo que Amarilla cursara de inmediato un reclamo internacional a Natarajan Ishwaran, director de la División Ciencias Ecológicas de la Tierra, de la Unesco. En su nota, Amarilla reclamó la atención del organismo. "El mineroducto tiene 212 kilómetros de largo y se extiende desde el distrito minero hasta la terminal portuaria atravesando toda la zona que Uruguay ha propuesto como Reserva de Biosfera", escribió el diputado nacionalista.
"El proyecto puede tener un significativo e irreversible impacto ambiental en la zona de alta biodiversidad", explicó, y añadió que por eso solicita la atención del organismo.
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