El gobierno está al borde de meter al país en un gigantesco lío de proporciones imposibles de estimar hoy, con repercusiones en comunidades locales del interior, con afectaciones medioambientales, con dudas económicas que para mí representan lo menos discutido y, en especial, con dudas jurídicas que al decir del Dr. Sergio Abreu hacen presumir que nace un nuevo caso Pluna.
La Agrupación Dignidad Nacional, del senador Sergio Abreu, integrante del Partido Nacional, se pronuncia en contra de la introducción de la megaminería en Uruguay
Ciertamente, el presidente Pepe Mujica goza de merecidas simpatías por su trayectoria histórica de tupamaro encarcelado, su sentido del humor y la modestia de su estilo de vida. Pero su gobierno se prepara a cambiar radicalmente su imagen: un Mujica megalómano minero, otro presidente latinoamericano de izquierda que está por declararse antiecologista ferviente. Le atrae la dimensión gigantesca y el dinero que vendrá de un proyecto llamado Aratirí, de extracción y exportación de hierro por 18 millones de toneladas al año, casi 6 toneladas por uruguayo, unos 15 kilos al día. Está por firmar un contrato con el señor Pramod Agarwal, un indio extranjero propietario de la empresa Zamin.
Mientras tanto, los ambientalistas piden un referendo. El Movimiento pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto dio el 8 de enero de 2014 una conferencia de prensa en contra de que se firme un contrato de inversión entre el gobierno nacional y Aratirí (Zamin). Cuestionaron la constitucionalidad de la nueva Ley de Minería de Gran Porte.
El representante de la organización, Raúl Viñas, manifestó a Telemundo que “hay una campaña del gobierno que trata de decirnos que a partir de esto se van a lograr ingresos y desarrollo, lo cual no es cierto”.
Según Viñas “en la forma en que se plantearon los proyectos, los mismos son absolutamente extractivos que no tienen por detrás desarrollo ni trabajo, ni siquiera dejar fondos al Estado”.
“Específicamente nos encontramos además con que a uno de estos proyectos se les piensa firmar un contrato cuya firma no sería posible legalmente” porque la empresa aún no ha entregado su estudio de impacto ambiental, y por lo tanto la Dinama tampoco lo ha podido evaluar.
Un repaso de los acontecimientos del 2013 en Uruguay: ese fue el tema que me solicitaron del semanario Voces, en Montevideo, para su último número del año. Algo así como un mini balance que, en mi caso, debe estar enfocado en temas de ambiente y desarrollo. Les comparto el resultado de esa tarea.
Comienzo por señalar que se destacan varios hechos sobre la pareja ambiente y desarrollo. El más importante fue el destape de los serios problemas en la calidad del agua en la cuenca del Río Santa Lucía, y sus efectos en el agua potable montevideana. Aunque toda la cadena de gestión ambiental estaba fallando, desde el control de agroquímicos a cargo del MGAP a la información pública por OSE, sólo se alcanzó el debate público gracias a la prensa. No es un colapso circunstancial, sino que se rastrea por lo menos al anterior gobierno, ya que en aquel tiempo (con una DINAMA bajo Alicia Torres, y un ministerio con Mariano Arana), fue cuando se acordó el plan de gestión para el Río Santa Lucía (que parecería no se cumplió).
Otros problemas, tales como los residuos en las ciudades, las desprolijidades en los permisos ambientales de la regasificadora, o las enormes presiones para acordar con la minera Aratirí, confirman el deterioro de las políticas ambientales. Esto no se oculta; el propio presidente quiere desmantelar a la DINAMA y no dialoga con la sociedad civil.
Este raro capitalismo promovido por el entorno presidencial, que tiene una retórica a veces radical pero en la práctica se alinea con los actores empresariales, llega a innovaciones que son un sueño para cualquier ejecutivo. La más reciente es prometer devolver a las empresas los dineros que gastaron en los estudios ambientales en caso que sus proyectos no fuesen aprobados. (...)
(...) En la conferencia, Uruguay Libre informó que ya se recolectaron 10 mil firmas para convocar a un plebiscito que prohíba la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional, al tiempo que se anunció que productores de Valentines afectados por la instalación de la empresa presentarán recursos ante la Suprema Corte de Justicia por considerar que la ley de minería de gran porte es inconstitucional.
En tanto, el senador colorado Ope Pasquet dijo, en declaraciones a Telemundo de canal 12, que el gobierno debería hacer público el contrato que firmará con Aratirí.
"Nos parece que ese contrato debe conocerse. Los uruguayos tenemos que saber en qué términos se va a obligar el Estado uruguayo frente a Aratirí y a su vez en que términos Aratirí se va a obligar frente al Estado uruguayo. Puede haber aspectos que necesiten confidencialidad, pero hay otros que son de interés público, como lo que tiene que ver con el medio ambiente, o con el tratamiento fiscal que se le dé al emprendimiento".
El Poder Ejecutivo pretende sellar el acuerdo con Aratirí antes del 20 de enero.
El proyecto de Aratirí involucra un conjunto de asuntos que abarcan desde el análisis de las características del mineral y de las tecnologías que se emplearán para extraerlo y transportarlo, a través de una distancia considerable, hasta la costa; la ecuación económica del emprendimiento; y su impacto ambiental.
Sin embargo, en este caso, y no es el único ejemplo, lo que más llama la atención es la forma apresurada, podría decirse precipitada, como el gobierno impulsa la aprobación de este proyecto específico. Una actitud que puede dar la impresión de que el Poder Ejecutivo, en su fervor pre-electoral, se aparta del texto de la legislación sobre el tema aprobada el año pasado.
La Ley sobre Actividad Minera de Gran Porte (Ley 19.216) comienza con una declaración clave: "La Minería de Gran Porte es de utilidad pública y genera procesos de desarrollo sostenible del país si respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso, incluyendo el cierre y el post cierre de minas". Esta idea básica es desarrollada en otros artículos. El artículo 23 establece que las concesiones para explotar Minería de Gran Porte se regirán por las normas de derecho público y por las disposiciones especiales en la Ley y por las condiciones particulares plasmadas en "un contrato especial que regulará el goce del derecho minero que otorgue el título de concesión de Minería de Gran Porte". Luego, la norma agrega: "Las disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes". Ninguna de las disposiciones contractuales podrá eximir al titular del proyecto de minería de gran porte del cumplimiento de las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes.
Ante el anuncio de la inminente firma del contrato con Aratirí, organizaciones sociales reafirman su postura en contra.
El Movimiento pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre) realizó ayer una conferencia de prensa para manifestarse en contra de que se firme un contrato de inversión entre el gobierno nacional y Aratirí. Cuestionaron la constitucionalidad de la Ley de Minería de Gran Porte, la presión ejercida sobre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la posibilidad de que el proyecto de la empresa sea aprobado por partes.
A fines de diciembre, el prosecretario de Presidencia de la República, Diego Cánepa, anunció a la salida del Consejo de Ministros que a más tardar el lunes 20 de enero se firmaría el contrato con Aratirí. “Es absolutamente inapropiado, en este momento y bajo estas condiciones, firmar un contrato con esta empresa minera extranjera”, dijo, durante la conferencia de prensa, el representante del movimiento Uruguay Libre, Víctor Bacchetta.
A su entender, la firma del contrato se haría “a contrapelo de disposiciones de la Constitución de la República y de la legislación vigente, inclusive hasta de la propia Ley de Minería de Gran Porte aprobada recientemente”. Esta ley, recordó Bacchetta, está siendo cuestionada: “Hay una inconstitucionalidad en el cumplimiento de la aplicación del artículo 47 de la Constitución, que se refiere específicamente al medio ambiente, y en el artículo 8 sobre el principio de igualdad”.
Bacchetta comparó Aratirí con la empresa Leadgate, ya que la primera “es una empresa fundada en 2005, que tiene sede en un paraíso fiscal, que no tiene antecedentes en minería, y en cuatro o cinco años está proponiendo el proyecto de mayor inversión del Uruguay”. “¿Cómo vamos a poder exigirle a esta empresa que cumpla los compromisos que asume en un contrato si tiene sede en un paraíso fiscal?”, cuestionó.
Criticó también que se firme un contrato de inversión sin tener las evaluaciones de impacto ambiental y social que este proyecto podría causar: “En los anuncios que se han hecho, se dice que en este contrato se van a incluir plazos para las autorizaciones ambientales. Nosotros hemos seguido de cerca el expediente de Aratirí en la Dinama y sabemos -como también lo ha manifestado el director de la Dinama- que está lejos de ser aprobado el informe de estudio de impacto ambiental presentado por Aratirí”.
Según Bacchetta, el informe no sólo todavía tiene deudas en la información adicional solicitada por los técnicos de la Dinama, sino que además hay partes del proyecto que no están presentadas, ya que, a raíz de la reubicación del llamado puerto de aguas profundas, el proyecto Aratirí debería reformular el diseño del mineroducto y de la terminal portuaria.
Comunicado de prensa / Montevideo, 7 de enero de 2014.
GOBIERNO PRETENDE FIRMAR CON ARATIRÍ OTRO CONTRATO LESIVO PARA EL PAÍS
Los últimos anuncios del Poder Ejecutivo sobre la firma inminente del contrato de inversión con la empresa Aratirí evidencian que el gobierno pretende imponer la minería metalífera a cielo abierto en gran escala a contrapelo de normas constitucionales y legales, avasallando los procedimientos y opiniones técnicas de la Dinama y, en última instancia, careciendo de los respaldos sociales y políticos imprescindibles para tomar una decisión de esa envergadura.
Improcedencia del contrato /
Luego del Consejo de Ministros del 27 de diciembre, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, anunció que “a más tardar, el 20 de ese mes (enero) firmarán el contrato con Aratirí”.
La firma de este contrato se haría en el marco de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), una ley aprobada solo con los votos del oficialismo cuya constitucionalidad fue cuestionada ya en el Parlamento. En la actualidad, esta ley es objeto de una acción de anulación por inconstitucional presentada por el fiscal Enrique Viana y se preparan otras acciones similares por parte de los productores rurales directamente afectados por la explotación minera en sus predios. La Ley 19.126 viola el principio de igualdad del Articulo 8o. de la Constitución al otorgar beneficios extraordinarios a esta actividad y esto se agrava porque el gobierno eligió a su contraparte, Aratirí, sin utilizar un procedimiento de selección objetivo entre distintos interesados.
También viola el Artículo 47o. sobre la preservación del medio ambiente, al permitir la megaminería incluso en áreas naturales, destruyendo de manera irreversible ecosistemas de tierras, pastizales, ríos, arroyos y acuíferos con poblaciones asentadas y actividad productiva permanente. La firma ahora de un contrato se haría sin que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la cuestionada ley, como las mejores prácticas mineras del Artículo 5o. o el plan de cierre del Artículo 13o.
Además, previo a la firma y de acuerdo con el Artículo 27o. de la Ley 19.126, la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el 5% de la inversión prevista que, según las cifras de Aratirí, debería ser por 160 millones de dólares.
Todo esto cuando estamos conociendo las consecuencias de un proceso semejante en la gestión de PLUNA. Al igual que Leadgate, Aratirí es una firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de Valentines puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea aérea nacional.
Subordinación de la Dinama/
Pero, además, el gobierno vulnera el proceso técnico de evaluación de emprendimientos de alto impacto social y ambiental al querer firmar el contrato con Aratirí sin que el proyecto haya pasado las instancias legales requeridas de aprobación, a saber: la aceptación por la Dinama del estudio de impacto ambiental, la puesta de manifiesto del proyecto, la audiencia pública y la resolución final. Se ejerce así una presión indebida sobre las atribuciones de la autoridad ambiental.
La imposición de la decisión presidencial sobre la autoridad ambiental se consuma por la inclusión de plazos para las autorizaciones. Además de indebidos, los plazos son arbitrarios, porque en contra de lo publicado por Aratirí, esta empresa aún no ha presentado toda la documentación requerida, tal como declaró a la prensa el director de la Dinama, Jorge Rucks.
¿Con qué criterio la Presidencia puede fijar entonces los plazos de autorización ambiental del proyecto? Intentando minimizar la importancia de este aspecto, el asesor de la Presidencia, Pedro Buonomo, dijo que ese cronograma “no obliga al gobierno a cumplir los plazos” en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones ambientales. ¿Quién puede creer que en un contrato firmado entre el gobierno uruguayo y una empresa extranjera se incluyan condiciones y plazos no vinculantes?
Subdivisión de la evaluación /
Buonomo declaró asimismo que “Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar” y agregó que el contrato incluye la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales.
Un año atrás, el ministro de industrias, Roberto Kreimerman, y Buonomo habían anunciado la idea de acelerar la aprobación del proyecto de Aratirí mediante la subdivisión de la evaluación. En esa ocasión, el director de la Dinama, Jorge Rucks, rechazó esta posibilidad en base a que el proyecto de extracción del hierro propuesto es uno solo y no se puede evaluar por partes.
“Dinama no puede autorizar por separado partes del proyecto minero hasta que Aratirí presente la información de la terminal portuaria” (Título de la entrevista a Jorge Rucks publicada el 21 de marzo de 2013 en el Semanario Búsqueda.)
Es evidente que el proyecto de Aratirí es uno solo; los propios representantes de la empresa han dicho que “no hay mina sin puerto y no hay puerto sin mina”. Solo el deseo de llegar a cualquier costo a la firma de un contrato puede explicar la pretensión de subdividir la evaluación. Si se acepta una evaluación parcial del distrito minero, luego será inevitable aceptar las otras partes, el mineroducto y el puerto, porque de lo contrario el proyecto sería inviable.
Entre otros aspectos técnicos que demuestran la unidad del proyecto, debe tenerse en cuenta que Aratirí prepone descargar en el océano las aguas contaminadas provenientes del drenaje ácido de las minas, las pilas de roca estéril, el embalse de relaves y la reserva de agua bruta a través del mineroducto y un emisario submarino paralelo a la terminal portuaria. ¿Cómo se podría iniciar la actividad en las minas sin saber cómo y adónde son descargadas esas aguas?
Sin licencia política ni social /
El proyecto de Aratirí ha generado una oposición en la sociedad y el sistema político uruguayos que invalida la pretensión del gobierno de firmar un contrato de inversión con esta empresa. Tras una declaración inicial del presidente Mujica de que este tema sería resuelto en un plebiscito, el gobierno convocó a una Comisión Multipartidaria que acordó a fines de 2011 los lineamientos políticos para tratar la minería de gran porte. Sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo y el trámite de aprobación parlamentario de la Ley 19.126 ignoró aquellos lineamientos e hizo caer el acuerdo. La Ley de Minería de Gran Porte nació huérfana del necesario apoyo político.
Paralelamente a este proceso, se desarrolló un amplio movimiento social en defensa de la tierra, el agua y los bienes naturales que se ha expresado en cinco marchas nacionales en la capital y otras tantas en el interior, la recolección de firmas en varios departamentos e incluso la adopción por gobiernos departamentales de normas que prohíben la minería metalífera a cielo abierto en su territorio. Se refleja por último en la campaña por la realización de un plebiscito nacional.
Señores del gobierno: no se puede firmar un contrato con Aratirí en estas condiciones.
Si quieren tener la legitimidad política y moral para hacerlo, acepten la realización de un plebiscito nacional o, al menos, sométanlo expresamente a votación en las próximas elecciones nacionales, dejando claro algo que no figuraba hasta ahora en vuestro programa de gobierno.
URUGUAY LIBRE
(Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto)
El gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, dejó de ser el negociador de la empresa con el gobierno uruguayo y fue destinado por Zamin Ferrous a otro emprendimiento de la compañía india en Brasil.
De todas formas, la negociación en los últimos meses estuvo siempre a cargo del estudio jurídico Posadas, Posadas & Vecino en representación de Aratirí, según explicaron a El Observador fuentes del gobierno. Puntigliano participaba de algunos aspectos técnicos, pero el hilado fino de la negociación lo hizo el estudio jurídico.
El cónsul honorario de India en Uruguay, Ruben Azar, está participando en las conversaciones como forma de facilitar el diálogo, según explicaron las fuentes. Consultado por El Observador, Azar dijo que su rol es más que nada protocolar.
El senador y precandidato blanco Sergio Abreu (Dignidad Nacional) comparó el apuro del gobierno por firmar el contrato con la minera Aratirí, con el rápido trámite para que el Banco República le otorgara el aval a la española Cosmo para que se presentara al remate por los aviones de Pluna en octubre de 2012.
Además, dijo que el gobierno no puede autorizar el proyecto de Aratirí sin que antes se pronuncie la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y habilite la explotación de hierro.
"Con Aratirí comienza una nueva Pluna. Con Pluna dejamos un agujero en el cielo, con Aratirí vamos a dejar varios agujeros en la tierra", afirmó Abreu, el único senador que votó en contra del proyecto de megaminería a cielo abierto.
El gobierno anunció que quiere firmar el contrato con Aratirí antes del 20 de enero. Según Abreu, esto no podrá hacerse si antes no sale la autorización de la Dinama, tal como lo prevé la ley de minería de gran porte en su artículo 23.
Enero suele ser un mes muerto en Uruguay. Sin embargo este año el gobierno apura el paso con algunos de sus proyectos más preciados. La semana pasada el prosecretario de Presidencia Diego Cánepa anunció que "a más tardar el 20 de enero" se firmará el contrato con Aratirí. Varias cosas resultan llamativas de este anuncio estival.
Lo primero sería la fecha. Siendo Aratirí uno de los temas más polémicos que ha manejado el gobierno en este período, alguien malintencionado podría sugerir que se eligió un momento del año en que la opinión pública está más pendiente de la radiación solar, y de que el viento no le vuele la sombrilla, que de debates políticos. En realidad es que a partir del decreto firmado hace poco, que ubicó a Aratirí en la categoría de "gran porte" de acuerdo con la nueva ley de minería, los tiempos se vienen acelerando con el tema, e incluso la empresa ya ha comenzado a entregar cedulones a los dueños de los predios en los que intervendrá.
Pero hay otros aspectos que sí resultan difíciles de entender. Lo primero es el hecho de que se anuncie la firma de un contrato con la empresa india cuando todavía no están las habilitaciones de la Dinama que harían factible el proyecto. Según se ha sabido, los numerosos cambios que ha sufrido el mismo, sobre todo en materia de ubicación del "mineroducto" y de la terminal portuaria donde desembocaría, han enlentecido mucho el trámite.
El activista Raúl Viñas, del grupo Uruguay 2035, un sitio web por el desarrollo sustentable según se define, aseguró que la empresa Aratirí "no pagará nada por al menos los primeros ocho años de su operación extractiva prevista para doce años". "Como sucede con cualquier empresa, los costos de instalación son mayormente deducibles de los impuestos, en especial del Impuesto a la Renta (IRAE). En el caso de Aratirí, esos costos fueron estimados en 2010 en US$ 1.500 millones. Ya en abril de 2011 la empresa habló de una inversión de US$ 2.000 millones, un incremento del 33% en 10 meses. Solo cuatro meses más tarde, la empresa reportó costos de instalación de US$ 3.000 millones", sostuvo Viña, agregando que le llama la atención cómo los costos se incrementaron un 50% en pocos meses.
El secretario de Presidencia, Diego Cánepa, anunció que a mediados de enero, se firmará un contrato de inversión con Aratirí.
“A mediados de enero, el 20 de enero, estaremos firmado el contrato de inversión con Aratirí”, dijo Cánepa tras el Consejo de Ministros. Informó que el acuerdo, que es negociado por el Ministero de Industria, estipulará las condiciones para la realización de las obras.
"La firma del contrato de inversión lo que establece es las condiciones en las que se va desarrollar luego la obra de asignación del comienzo de obra de Aratirí y que nosotros tenemos el compromiso de acuerdo a lo que ha transmitido el presidente de generar una mayor información y mayor trabajo de comunicación respecto a este tema porque no hay nadie más preocupado que el presidente de tener todas las condiciones y las garantías medioambientales correspondientes que establece la propia ley”, explicó Cánepa.
El diputado de Aire Fresco Gerardo Amarilla se opondrá a los planes del Poder Ejecutivo de firmar a comienzos de 2014, antes de las autorizaciones ambientales, un contrato con la empresa Aratirí.
"Se asumen compromisos antes de tener las autorizaciones ambientales. Luego pasa como con la regasificadora", dijo Amarilla a El País.
La Asociación Rural de San José (ARSJ) comenzó la distribución de papeletas para firmar impulsando un plebiscito para la prohibición de la megaminería metalífera a cielo abierto en nuestro departamento. Próximamente se reunirá con autoridades locales planteando ordenanza que prohíba su desarrollo en San José.
Este viernes se realizó el último Consejo de Ministros de 2013 en el cual el presidente de la República, José Mujica, planteó las prioridades en cuanto a la ejecución de obras para el próximo año.
Mujica destacó que las prioridades del gobierno para el 2014 son: la firma del contrato de inversión con la minera Aratirí, la instalación de la planta regasificadora en Punta de Sayago, la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha, y el relanzamiento del ferrocarril.
URUGUAY LIBRE DE MINERÍA METALÍFERA A CIELO ABIERTO
El Movimiento Uruguay Libre realizó, el pasado 2 de diciembre, el lanzamiento oficial de la campaña de recolección de firmas para promover un plebiscito nacional por medio del cual se decida la inclusión de una enmienda en la Constitución de la República que prohiba la minería metalífera a cielo en todo el territorio nacional.
Las malas experiencias de minería a cielo abierto sirven en el sentido de qué es lo que no debe pasar, dijo el director de la Dinama, Jorge Rucks. Aclaró que Aratirí debe ampliar la información que se le pidió y que no hay aprobación alguna por el momento.
"El proyecto se presentó hace dos años y al principio se trabajó en una forma muy planificada. Se había definido un período de evaluación de 18 meses", repasó y recordó que luego se pidió información complementaria que la empresa "está presentando".
"Se pidió información adicional de aspectos del área minera. Esa información está en proceso", sostuvo.
Rucks cree que el proceso de la audiencia pública es una herramienta valiosa y llamó a no hacer de esas instancias un momento para el discurso o el grito, sino un espacio de intercambio. "La gente va exigiendo para que nosotros tengamos mayores capacidades y también en ese dialogo hacemos que se vayan aclarando cosas", sostuvo.
"Lo que ha pasado son los conflictos de uso de los recursos naturales. El arte es cómo se resuelve", comentó.
"Nosotros evaluamos un proyecto y hay decisiones que no nos corresponden. Los puntos de vista departamentales tienen sus espacios de definición y no nos corresponde ni siquiera opinar", dijo.
Amparados en el artículo 303 de la Constitución, el Frente Amplio con el apoyo de la Departamental del Pit- Cnt y del edil del Partido Nacional Daniel Berger -quien adhirió a la precandidatura presidencial de Luis Lacalle Pou y que trabaja en una empresa minera-, presentarán el viernes 27 de diciembre 1.000 firmas con el objetivo de apelar ante la Cámara de Representantes los decretos de la Junta de Tacuarembó que declaran área de reserva ambiental a toda la zona rural del departamento, prohibiendo la explotación de la minería metalífera de gran porte, la minería diamantífera, la extracción de hidrocarburos y el uso de técnica o método de fracking.
“Minería, ordenamiento territorial y autonomía Departamental”, fue el tema de un muy interesante taller desarrollado el pasado viernes 20 de diciembre en la ciudad de Treinta y Tres, organizado por la Comisión en Defensa de la Tierra, la Mesa de Productores de Ruta 7 y la Regional Este de la Comisión pro plebiscito Uruguay Libre de Megaminería a Cielo Abierto.
Entre los presentes, no se contó con ningún representante del Ejecutivo Departamental y solo pudo verse en sala a tres integrantes del Legislativo, los Ediles Héctor Barrios (PN) Roberto Delgado (PC) y Aníbal Bentos (PN). Tanto el Intendente Departamental como los 31 Ediles de la Junta Departamental recibieron por escrito su invitación, por lo que llama la atención su ausencia en esta importante oportunidad de despejar dudas respecto a un tema de tanta trascendencia.
Los panelistas fueron el Arquitecto Pablo Ligrone, Doctor en Ordenamiento Territorial, Director de la Cátedra de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, redactor de la Ley 18.308 y asesor de varias Intendencias Departamentales en esta materia, y el Dr Enrique Sayagués, ex docente de la Facultad de Derecho de la UDELAR, especializado en Derecho Civil y Comercial y en Filosofía del Derecho, autor de varios libros sobre estos temas.
De acuerdo con el portal de Presidencia, luego del consejo de ministros del lunes 9 de diciembre “Guerrero explicó que el Presidente Mujica pidió a los ministros de Vivienda, Industria y Ganadería que concreten una campaña de impulso a la minería de gran porte y al puerto de aguas profundas, ante la existencia de algún recelo en la sociedad. “Que se explique con altura y sin agresiones las ventajas que tiene para el país””
El hecho de que un Ministro, cuyo mandato es velar por la preservación del ambiente, sea llamado a explicar las virtudes de un proyecto minero es realmente fabuloso. La Real Academia Española define fabuloso como: extraordinario, excesivo, increíble. En Uruguay se aplica lo de increíble y lo de excesivo, quizás no lo de extraordinario ya que, desde la creación del MVOTMA, no es la primera vez que un Ministro de ambiente no se identifica con su rol.
El rechazo a la minería a cielo abierto se extiende en Uruguay, con el lanzamiento de una campaña para convocar a un plebiscito que permita prohibir la minería metalífera a cielo abierto, luego que dos departamentos (provincias) la prohibieran en...
Activistas contrarios a la minería a cielo abierto criticaron que el presidente José Mujica haya pedido a sus ministros “defender” el proyecto Aratirí. Carlos Anido, vocero de Movimiento Uruguay Libre, dijo a Montevideo Portal que “hay una perversión del Estado, que dejó el bienestar social para ser un gestor de empresas privadas”.
El Movimiento Uruguay Libre, una de las organizaciones que rechaza la instalación de la minera Aratirí, criticó la decisión del presidente José Mujica de instar a sus ministros a defender públicamente el emprendimiento, considerando que se trata de una "presión indebida" a favor de la empresa.
El presidente de la Federación Rural, Carlos Uriarte, ratificó que su gremial se opone a la minería a cielo abierto y dijo que el país no está preparado para esa actividad.
En entrevista con De Ocho a Diez, recordó que en los últimos congresos los productores analizaron la ley que habilita la minería de gran porte y resolvieron manifestarse en contra.
No les han podido mostrar una experiencia donde no haya habido daño ambiental, remarcó y opinó que, además, el país no está preparado para enfrentar ese tipo de desafíos.
La Federación Rural quiere que su posición sirva al menos para que haya debate, dijo, ya que consideran que las instancias de diálogo que ha habido son insuficientes.
"La Federación Rural, en Defensa de la Familia Rural, reafirma su oposición a la Ley de Minería de Gran Porte, y reclama el respeto al artículo 47 de la Constitución y a la Ley de Ordenamineto Territorial", dice el comunicado de la gremial.
To get content containing either thought or leadership enter:
To get content containing both thought and leadership enter:
To get content containing the expression thought leadership enter:
You can enter several keywords and you can refine them whenever you want. Our suggestion engine uses more signals but entering a few keywords here will rapidly give you great content to curate.