El Movimiento Uruguay Libre criticó la campaña lanzada por el Poder Ejecutivo como apoyo al proyecto de la empresa minera. Reclaman que el Gobierno “al menos” se mantenga “neutral ante los intereses de una empresa particular” y añaden que “la firma Aratirí, de la trasnacional Zamin Ferrous, pretende simplemente extraer el hierro y otros metales del subsuelo uruguayo para venderlos en bruto en el mercado internacional.”
El Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (URUGUAY LIBRE) inició el lunes 2 de diciembre a una campaña de recolección de firmas para la realización de un plebiscito nacional, por medio del cual los uruguayos puedan decidir la inclusión de una enmienda en el artículo 47 de la Constitución de la República que prohíba la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional.
En la carta de presentación de la campaña, la agrupación se da a conocer como un colectivo sin fines político-partidarios de ciudadanos y grupos sociales que están muy preocupados por la introducción de una actividad con graves impactos sobre la sociedad y los bienes naturales del país. Para conocer acerca de esta iniciativa, La Nueva Mañana conversó con Ana Filippini, integrante del Movimiento Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto.
José Irazábal recibe en piso a Raúl Viñas, máster en meteorología, integrante de la comisión que lanzó la campaña de recolección de firmas contra la megaminería en Uruguay.
Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo juntan firmas en conjunto con el fin de lograr las voluntades necesarias para que se realice el plebiscito junto a las elecciones en octubre.
A una semana de haberse realizado el lanzamiento de la campaña por el plebiscito "Pro Uruguay Libre de minería metalífera a cielo abierto", los activistas del Este del país formaron una Mesa Coordinadora para trabajar en conjunto en la recolección de firmas que apoyen la iniciativa.
Carol Aviaga, representante por Lavalleja, dijo que "esta unión parte de la legislación nacional sobre ordenamiento territorial, donde el gobierno ha determinado lineamientos macro para los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo; todos los ciudadanos que están trabajando en forma organizada por este tema decidieron aunar esfuerzos y conformar la primer Mesa Coordinadora Regional, en apoyo al plebiscito nacional y en defensa de las autonomías departamentales".
En octubre la Junta Departamental de Lavalleja votó la declaratoria de departamento libre de minería metalífera a cielo abierto y en noviembre Tacuarembó también lo hizo. De todas formas las leyes nacionales no pueden ser violadas por decretos departamentales, aunque la ley de ordenamiento territorial establece que los gobiernos departamentales tendrán autonomía en la toma de decisiones.
Según Aviaga, la Junta Departamental de Treinta y Tres está estudiando un proyecto similar, avalado por la firma de 5.000 personas y en los demás departamentos del Este también hay iniciativas populares sobre el tema.
Los representantes en esta mesa son: el edil nacionalista Aníbal Bentos por Treinta y Tres, Marcos Sosa arqueólogo de Cerro Largo, Juan Carlos Zalazar arquitecto de Maldonado y por Rocha el edil frenteamplista José Rodríguez.
La intención de la Comisión Nacional es juntar 300.000 firmas antes de abril para que el plebiscito se realice junto a las elecciones nacionales de octubre del año que viene, pero si no se llegara a tiempo, seguirán trabajando para que el plebiscito se haga con las elecciones del año 2019, ya que “lo importante es el camino que se transite y crear la conciencia necesaria para que la gente tome conocimiento cabal sobre el tema", dijo Aviaga.
En actitud sin precedentes, el Poder Ejecutivo anuncia una campaña para explicar “las virtudes” del proyecto de la minera extranjera Aratirí, cuando los poderes públicos deben representar a la sociedad, preservar su neutralidad ante los emprendimientos privados y éste, en particular, está lejos de ser aprobado en las instancias previstas por la ley para evaluar estos proyectos.
Desde el Consejo de Ministros, una vez más, el presidente de la República alienta a sus ministros a actuar como socios y meros propagandistas de proyectos que enfrentan una creciente resistencia de la población en todo el país, al punto que las Juntas Departamentales de Lavalleja y Tacuarembó decidieron prohibir la minería metalífera a cielo abierto en sus territorios y otros departamentos se encuentran discutiendo proposiciones semejantes.
La evaluación de los impactos sociales y ambientales de estos proyectos es un proceso a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Por sus propias autoridades, el proyecto de Aratirí está lejos de ser aprobado, hay partes enteras del mismo – el mineroducto y la terminal portuaria – que deben ser reformuladas y aún no pasó por las audiencias públicas. En primer lugar, si el gobierno nacional “gobierna para todos los uruguayos”, como lo ha dicho otras veces, debería no solo al menos mantenerse neutral ante los intereses de una empresa particular sino, además, proteger a la sociedad y defender la soberanía nacional. La firma Aratirí, de la trasnacional Zamin Ferrous, pretende simplemente extraer el hierro y otros metales del subsuelo uruguayo para venderlos en bruto en el mercado internacional.
En segundo lugar, tales declaraciones de la Presidencia constituyen una presión indebida sobre los restantes organismos del estado que deben evaluar este proyecto. ¿Qué papel se reserva para la DINAMA cuando el presidente le encomienda a su superior jerárquico, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que defienda el proyecto?
En tercer lugar, esa actitud del gobierno nacional es una falta de respeto por la opinión de la ciudadanía que de muy diversas maneras, en manifestaciones nacionales y locales, reclama y merece ser consultada, tal como en su momento expresó el Sr. Presidente de la República. Son decisiones que sus propios defensores han presentado como un cambio de la matriz productiva del país, pero que no fueron sometidas a votación en las últimas elecciones. Al mismo tiempo, las declaraciones del secretario de Presidencia respecto a que el contrato a firmarse con Aratirí será de carácter reservado, evidencian la intención de ocultar a la ciudadanía los compromisos del gobierno con Aratirí. Esto constituye una falta grave en desmedro de la transparencia que requiere cualquier emprendimiento, más aún de la envergadura que pretende ser este, y es contradictorio con la conducta de un gobierno democrático.
El Movimiento Uruguay Libre ha lanzado una campaña de recolección de firmas para promover la realización de un plebiscito nacional porque pretendemos, justamente, que sea la ciudadanía toda quien, con la información apropiada, decida si considera que este y otros proyectos similares son beneficiosos para el país. No nos detendremos hasta cumplir con este derecho.
Mientras continuaba la distribución de cedulones en la zona de Valentines, donde planea extraer hierro Aratirí, un grupo de productores pidió en la Dirección de Minería la suspensión de los plazos procesales.
Funcionarios del Ministerio de Industria, Energía y Minería, acompañados de policías, continuaron recorriendo ayer el extremo este de Durazno, el noreste de Florida y el oeste de Treinta y Tres, entregando a un centenar de productores cedulones en los que se notifica que Aratirí pretende realizar explotación minera en sus predios. Los establecimientos están en la zona designada como "distrito minero" y en lugares por donde pasaría el mineroducto con el que Aratirí pretende transportar el hierro hasta el futuro puerto de "aguas profundas" en Rocha.
Ayer por la mañana, la abogada María Inés de los Santos, que asesora a un grupo de productores de la zona de Cerro Chato, se presentó en la Dirección de Minería y Geología y pidió vista del expediente de la disposición ministerial que habilitó la entrega de los documentos. Como su pedido no fue atendido, la abogada pidió la suspensión de los plazos que disponen los productores para hacer consideraciones sobre los cedulones, informó a El País el productor de la zona de Cerro Chato, Julio Gómez García. Al mismo tiempo se avanza en la elaboración de un recurso de inconstitucionalidad.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que Mujica pidió a los ministerios de Industria, Ganadería y Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente "una campaña en conjunto" para que se explique "con altura, sin agresiones" las virtudes de la explotación minera que realizará Aratirí y del puerto de "aguas profundas" en Rocha. El gobierno reconoce que hay "recelo".
Guerrero no quiso dar detalles del contrato que se negocia con Aratirí, tales como su plazo, porque si bien no será secreto, sí será "reservado" y se está estudiando si se le da difusión.
"Esperamos firmar en el plazo más breve posible. Los términos del contrato, obviamente no estoy autorizado a difundirlos", agregó.
De todas formas, está claro que tras la aprobación del decreto que considera a Aratirí como una minera de "gran porte" se aceleró el proceso. La empresa que había comenzado a entregar cedulones de exploración, comenzó ayer a entregar otros de explotación.
Hasta ahora en distintos departamentos del país se estaban desarrollando acciones específicas en materia de minería metalífera. En adelante, la apuesta es juntar unas 280.000 firmas para que toda la población participe en la decisión de declarar, o no, al país libre de megaminería. Las papeletas podrán descargarse por internet.
En e sitio www.uruguayciudadanossinmegamineria.org, las personas que quieran firmar para habilitar un plebiscito en el que se decida declarar todo el territorio nacional libre de minería metalífera a cielo abierto, podrán descargar las papeletas que luego deberán entregar en lugares habilitados para su recepción. Además, se prevén jornadas de recolección de firmas en lugares públicos concurridos en todo el país.
Luego de que varios Gobiernos departamentales reivindicaran sus potestades para regular la actividad minera dentro de sus territorios, comenzó la campaña de recolección de firmas para plebiscitar la prohibición de dicha actividad en todo el territorio nacional. El Movimiento Pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto es el principal promotor de esta iniciativa. El periodista especializado en medio ambiente e integrante de este movimiento Víctor Bacchettadijo a En Perspectiva que "una coyuntura especulativa internacional con el precio de los metales ha significado que algunas empresitas aparezcan en Uruguay para un negocio de ocasión" que "significan un aporte efímero en términos de empleo e incluso económico para el país". Con respecto a las potestades de los Gobiernos departamentales, Bacchetta aseguró que "además de la decisión de los organismos nacionales tiene que existir la decisión departamental complementaria".
El vocero del Movimiento pro Plebiscito Nacional ? Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, Víctor Bacchetta, explicó a En Perspectiva que la idea es "complementar las decisiones que varios departamentos ya han tomado sobre el tema" a través de la celebración de un plebiscito en las próximas elecciones nacionales. "No tenemos en Uruguay los recursos suficientes como para justificar un cambio de matriz en este sentido", agregó.
Este lunes comenzó la campaña de recolección de firmas que pretende plebiscitar la prohibición de la megaminería en todo el territorio nacional junto a las próximas elecciones nacionales.
Se busca que la Constitución incluya una prohibición expresa de este tipo explotación. La idea es promovida por el Movimiento pro Plebiscito Nacional – Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, integrado por diversas organizaciones sociales, que se presentan como independientes de cualquier sector político.
Lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para la realización de un plebiscito nacional por medio del cual los uruguayos podamos decidir la inclusión de una enmienda en la Constitución de la República que prohiba la minería metalífera a cielo en todo el territorio nacional.
El Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (URUGUAY LIBRE) es un agrupamiento sin fines político-partidarios de ciudadanos y grupos sociales provenientes en la actualidad de once departamentos muy preocupados por la introducción de una actividad con graves impactos sobre la sociedad y los bienes naturales del país.
El Uruguay posee una dotación natural excepcional de tierras y aguas aptas para la producción de alimentos, mientras sus riquezas minerales son escasas y de pobre contenido. Solo por una coyuntura pasajera de altos precios, algunas empresas extranjeras ven un negocio de ocasión en la extracción y exportación en gran escala del hierro y el oro de nuestro subsuelo.
La extracción de metales a cielo abierto es la actividad económica de mayor efecto destructivo sobre los suelos y las aguas superficiales y subterráneas del planeta. Países ricos en minerales como Chile y Perú la practican en zonas desérticas o semidesérticas. En el Uruguay, esta minería destruiría un ecosistema fértil y perdurable y solo sería una actividad de corta duración.
¿Cuáles son las propuestas para Uruguay?
El proyecto de Aratirí, presentado como la mayor inversión de capital en la historia del Uruguay, se inscribe en esa categoría. Se propone la extracción de 18 millones de toneladas anuales de hierro con vistas a la exportación, sin ningún procesamiento industrial en el país, trayendo como consecuencia el desplazamiento definitivo de población rural, la devastación ambiental y el desempleo.
A esa propuesta están asociados un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, para cargar el mineral en barcos gigantes, y una regasificadora en la Bahía de Montevideo, para suministrar energía eléctrica a Aratirí. A pesar de implicar inversiones públicas significativas y generar serios impactos ambientales y sociales, ambos proyectos no tienen viabilidad fuera del proyecto minero.
En cuanto al oro, la explotación de Minas de Corrales en Rivera está llegando a su fin. Para prolongar la vida útil de sus instalaciones y obtener mayores ganancias, la minera Orosur busca expandirse en ocho departamentos más. Algunas de las minas son de 14 meses de duración, lo que significa una devastación territorial a cambio de efímeros niveles de empleo e ínfimos aportes al erario público.
Ejercer el derecho a decidir nuestro futuro
Desde la aparición de estos proyectos reclamamos una amplia discusión en la sociedad, ya que los consideramos lesivos para los intereses y la soberanía nacionales. Ninguno de los partidos presentes hoy en el Parlamento incluyó estas acciones en su plataforma electoral. No fuimos atendidos y, en su lugar, la Ley de Minería de Gran Porte fue aprobada solo con los votos del oficialismo.
En los últimos tres años, decenas de miles de ciudadanos nos hemos movilizado, hemos solicitado audiencias al presidente de la República y apoyado iniciativas para que la población decida si quiere o no esta minería. Últimamente, varias juntas departamentales están tomando decisiones al respecto, pero el gobierno nacional pretende desconocerlas y seguir adelante a toda costa.
Por estas razones, promovemos un plebiscito en donde los uruguayos podamos ejercer el derecho inalienable a participar en las decisiones sobre nuestro futuro y el del país. Con Artigas decimos: ¡No venderemos el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad!
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Web Uruguay Libre :
http://uruguayciudadanossinmegamineria.org/