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August 16, 2015 12:21 PM
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August 14, 2015 12:27 PM
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El Pais 14/08/2015
Un fondo de inversión de la India, Aurum Ventures,
se mostró interesado en comprarle al magnate Pramod Agarwal sus derechos para explotar cinco minas de hierro en el Este del país
que forman parte del proyecto Aratirí.
La novedad se conoció en un momento en que parecía haberse diluido el interés del inversionista de la India en la postergada explotación debido al desplome en el precio del hierro.
En cualquier caso, el tiempo que tendría el grupo indio para negociar con el gobierno es poco porque el Parlamento votó el 10 de febrero pasado una prórroga para negociar un contrato con Agarwal o el grupo inversor que lo suceda que vence el 20 de noviembre. Según supo El País, el grupo ya mantuvo un encuentro con la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse.
El gobierno de José Mujica postergó en varias oportunidades la firma de un contrato con Aratirí. La última propuesta de Agarwal fue exportar a través del puerto de Montevideo entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas de hierro al año, bastante menos que el proyecto original que suponía embarcar 18 millones de toneladas anuales a través de las costas de Rocha.
El gobierno de Tabaré Vázquez dejó en suspenso la construcción de un puerto de "aguas profundas" en ese departamento, cuya viabilidad estaba estrechamente vinculada al proyecto Aratirí. Algunos de los permisos que tenía Aratirí en Florida fueron revocados en julio por la ministra de Industria, Carolina Cosse.
La página web de Aurum Ventures indica que fue fundado por el inversionista Ashish Deora en 1999. Su división de minería se llama Aurum Earth y tiene permisos de explotación de carbón en Mozambique y de oro Tanzania. También tiene oficinas en Singapur y en la India. De la página no se desprende que el grupo indio esté extrayendo metales.
Aurum sí tiene en marcha un proyecto de energía solar en el estado indio de Gujarat.
Durante la mayor parte del año el precio del hierro a nivel internacional cayó hasta un nivel mínimo el 8 de julio, pero desde entonces subió 26% y ronda los US$ 56 la tonelada. De todas formas, acumula en lo que va del año un retroceso de 20%. Aratirí necesitaría que el precio del hierro ronde los US$ 100 la tonelada para que su proyecto sea rentable.
A poco de asumir, Vázquez dijo que el proyecto de Aratirí había quedado en suspenso.
Aratirí quería explotar yacimientos ubicados en las cercanías de las localidades de Valentines y Cerro Chato.
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April 12, 2015 12:21 PM
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El Pais 9/04/2015
Por Hernan Sorhuet Gelos
Resulta inexplicable la actitud del Gobierno ante la solicitud de una empresa extranjera de explotar los yacimientos de hierro en la zona de Valentines.
Desde el principio asumió una postura más propia de socios que de administrador de los recursos naturales del país, perdiendo objetividad, mediante la promoción y el respaldo público que realizó de este proyecto de megaminería, mucho antes siquiera de conocerse las evaluaciones de impacto ambiental que el propio estado está obligado a realizar.
Cuando a la empresa los plazos se le vinieron encima, se activó la prórroga hasta el pasado 28 de febrero, prevista por la ley. Pero no fue suficiente. Entonces, el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento -donde tiene mayorías- un proyecto de ley que modificó el art. 24 de la Ley de Minería de Gran Porte (Nº 19.126), concediéndole al privado un año de plazo adicional para firmar el contrato con el Estado, y así no perder los derechos sobre esos yacimientos.
Esta prórroga le significó a la empresa un claro beneficio económico.
La viabilidad del proyecto está muy comprometida por el descenso que ha experimentado el precio internacional de hierro, y por las dificultades de financiación manifestadas por la empresa. Propuso achicar el proyecto y ha dejado de pagar la servidumbre y el canon de superficie a los propietarios de los padrones denunciados.
Mientras tanto, en una actitud difícil de comprender, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se ha aferrado a no brindar la información del proyecto de Aratirí, como lo garantiza la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.
Organizaciones civiles han tenido que recurrir a la justicia, la cual ya intimó en dos ocasiones al MIEM a entregar la información. La justificación de la secretaría de estado es la confidencialidad que le asigna a un amplio volumen del expediente para proteger sus derechos frente a potenciales competidores, lo que parece muy exagerado.
En noviembre de 2014 la Organización No Gubernamental Uruguay Libre de Minería inició una acción de amparo ante la negativa de la Dirección de Minería y Geología de permitir acceso a la información del expediente. La justicia intimó al MIEM quien recusó la decisión y luego el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo inicial, ante lo cual el ministerio entregó solo una parte de lo solicitado (resumen), por ejemplo sin incluir nada de lo referido a la terminal portuaria.
Ante ello y pasada la feria judicial, la ONG le solicitó al juzgado que el MIEM le entregue a la Justicia toda la información y esta decida si el criterio de confidencialidad aplicado por el organismo es el correcto, según establece la ley. El juez estuvo de acuerdo y ante su intimación el ministerio apeló. Días atrás el juez rechazó la apelación por improcedente obligándolo a remitirle toda la información.
¿Con este comportamiento, el ministerio demuestra la neutralidad que debe tener todo administrador público, como lo marca la Constitución de la República?
¿Se trata de ocultar algo declarando confidencial cientos de hojas del expediente de un proyecto de explotación de un recurso natural?
La transparencia es la mayor garantía que debe exhibir el administrador público, en especial en un proyecto que se sabe tendrá impactos socioambientales grandes.
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April 12, 2015 12:18 PM
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Montevideo Portal 2/04/2015
Julio Gómez, integrante de la Mesa de Productores de Ruta 7, aseguró a Montevideo Portal que la empresa Aratirí debe pagar los compromisos que ya asumió con los productores con los cuales firmó contrato en Valentines y Cerro Chato.
Recientemente, la empresa confirmó que no abonaría los derechos de servidumbre de paso y otros cánones. Argumentaron falta de liquidez y reconocieron que los productores pueden iniciar un juicio o esperar a que la empresa comience a explotar la zona.
Gómez, quien tiene un postgrado en derecho minero, dijo a Montevideo Portal: "Técnicamente tiene que pagar porque hay un contrato de por medio. No hay fuerza mayor que impida el pago que corresponde. Además, la parte que tiene que pagar corresponde a unas 2.000 hectáreas, cuando Aratirí tiene 12.000 hectáreas por las cuales cobra renta. Con la sexta parte de lo que perciben por eso pueden pagar perfectamente. Llama la atención que haya este tipo de incumplimiento".
"El camino correcto es intimar el pago y trabar embargo. La empresa tiene que responder. Si cada vez que cambia la situación a nivel internacional van a cambiar la ley, termina siendo muy difícil. La única garantía que tenemos en procesos complejos es el cumplimiento de la ley por las partes. La única posibilidad de cambio es por fuerza mayor o por una catástrofe. Hoy la empresa está demorada porque no cumple con las leyes ambientales y porque el precio del hierro a nivel internacional bajó. Estamos ante una coyuntura especulativa: antes servía y ahora no", enfatizó Gómez.
El diario El País publica este jueves que "Aratirí informó el mes pasado a los productores de la zona donde planea extraer hierro que no les pagará más los derechos de servidumbre de paso y los cánones porque en este momento carece de liquidez. De hecho, pagos que ya debería haber hecho no los hizo".
El matutino agrega: "El anuncio fue hecho en una reunión realizada en el Club Democrático de la localidad de Cerro Chato por la gerente general de Aratirí, Helga Chulepín, a una veintena de productores. La empresa planteó dos alternativas a los productores: o que le inicien un juicio o que aguarden hasta la terminación de las negociaciones entre el Gobierno para firmar un contrato que permita la extracción del hierro. Hasta que eso no ocurra, no cobrarían".
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April 12, 2015 12:14 PM
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El Pais 2/04/2015
Por Juan Pablo Correa
Aunque el Parlamento le dio plazo hasta noviembre al gobierno para negociar un contrato con la minera Aratirí, más dudas aparecen sobre la viabilidad del proyecto de la empresa que informó el mes pasado a los productores de la zona donde planea extraer hierro que no les pagará más los derechos de servidumbre de paso y los cánones porque en este momento carece de liquidez.
De hecho, pagos que ya debería haber hecho no los hizo. En el proyecto de Aratirí había depositado grandes esperanzas el anterior gobierno para dinamizar una zona deprimida del este del país, pero cada vez su concreción aparece más difícil.
El anuncio fue hecho en una reunión realizada en el Club Democrático de la localidad de Cerro Chato por la gerente general de Aratirí, Helga Chulepín, a una veintena de productores. La empresa planteó dos alternativas a los productores: o que le inicien un juicio o que aguarden hasta la terminación de las negociaciones entre el gobierno para firmar un contrato que permita la extracción del hierro. Hasta que eso no ocurra, no cobrarían.
Ruben Barrera, productor de Durazno en la Octava Sección, participó en la reunión y dijo a El País que hay al menos 70 productores involucrados en la situación.
La empresa argumenta que como no ha podido comenzar a trabajar no cuenta con recursos, pero para Barrera "un contrato es un contrato" y debería ser cumplido.
"Estoy pensando pero el juicio sería la última opción", dijo Barrera. Explicó que lo que llama la atención a los productores es que los montos adeudados no deberían representar un problema para una empresa del porte de Aratirí.
Los productores no dieron una respuesta a la empresa con la que habría una nueva reunión después de Semana Santa. Entre ellos no hay unanimidad respecto a qué pasos dar porque también son diferentes los acuerdos que cada uno tenía con la minera. La posibilidad de realizar juicios genera dudas por lo elevado su costo. Los productores en su mayoría son pequeños y medianos. Barrera es escéptico respecto al proyecto. "Siempre lo vi muy lejos. Yo no dejé de hacer cosas e invertir en mi campo y no me puse nervioso", señaló.
Gustavo Sclavo es propietario del establecimiento en Florida donde está la mina Morochos (una de las cinco que planeaba explotar Aratirí ). Sclavo dijo a El País que la empresa siempre había pagado pero ahora aduce no tener liquidez. "Ya no nos asombra nada ni de parte de la empresa ni de parte del Estado", señaló. Sclavo comentó que la actividad de Aratirí en su predio le generó diversas dificultades, como tener que cambiar las porteras porque el personal de la empresa las dejaba abiertas, y tener que establecer un camino para los vehículos que transitaban por diferentes lugares cada día y le afectaban las pasturas.
Sclavo dijo que a esta altura espera que el proyecto no se concrete porque si la empresa extrae hierro deberá abandonar su establecimiento ganadero en el que quedará un gran agujero. Los productores en la zona son en general ganaderos y ninguno sobrepasa las 1.000 hectáreas, señaló. La zona este del departamento de Durazno tiene además la alternativa de la producción forestal.
La desconfianza ante la empresa alcanza también al sindicato metalúrgico (Untmra) al que pertenecen los empleados de Aratirí. El dirigente sindical Francisco da Silva, dijo a El País que 90 de los trabajadores de la firma están en el seguro de paro y solamente cinco realizan algunas tareas de mantenimiento en la zona. La situación preocupa porque su seguro de paro vence en junio y plantearán en los próximos días su situación al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Más de 30 mujeres están percibiendo el seguro de paro. La situación es preocupante, además, porque la zona en la que iba a funcionar Aratirí está deprimida, no tiene industrias ni posibilidades laborales y los indicadores sociales son "nefastos", agregó.
Sclavo reconoció que en la zona se había generado expectativa entre los jóvenes por el impacto de Aratirí desde el punto de vista de la creación de empleo. "No hay una UTU cerca. Los comercios tienen poca variedad de productos. No hay industrias. La ruta 7 está en mal estado", agregó el productor para ilustrar el rezago de la zona.
Manuel López, secretario del Interior de la Untmra, señaló a El País que el sindicato mantendrá reuniones este mes con la ministrada de Industria, Carolina Cosse, para analizar la situación y confía en que se extenderán los seguros de desempleo. El sindicato metalúrgico está dispuesto a estudiar alternativas aunque incluyan la extracción de cantidades de hierro inferiores a lo originalmente planeado, porque entiende que el precio internacional del hierro está muy deprimido y la rentabilidad del proyecto es hoy dudosa. La Untmra dará su posición oficial sobre la situación el 21 de abril.
Efectivamente, el hierro es uno de los productos que más ha declinado en el actual ciclo bajista de los "commodities". El precio "spot" se derrumbó ayer y acumula un retroceso de más de 10% en lo que va de la semana. Ayer retrocedió 3,9% y terminó en US$ 49 la tonelada. Aratirí siempre ha dicho que necesita, para hacer rentable su producción, que la tonelada ronde los US$ 100. Es que el consumo de acero (fabricado con hierro) en China, ha caído. Ese país importa más del 70% del hierro del mundo pero sus compras cayeron el año pasado por primera vez desde 1995. Esa caída coincidió con una abundante oferta. El hierro perdió 47% en 2014 y casi 30% en lo que va de 2015.
Así, la producción mundial se concentra en pocas empresas y se han cerrado minas de menos rendimiento o donde los costos de extracción son altos. Se trata de un mineral relativamente abundante en el mundo. El principal yacimiento uruguayo está en Valentines aunque también se lo encuentra en Rivera (ver nota aparte).
En cualquier caso, de concretarse, el proyecto de Aratirí tendría un porte muy inferior al originalmente previsto. Se suponía, en un primer momento, que implicaría la exportación de 18 millones de toneladas anuales de hierro. Pero el último plan que presentó al gobierno del expresidente José Mujica preveía la exportación de solamente 1,5 millones de toneladas anuales. Y ya no se embarcaría en las costas de Rocha a donde llegaría a través de un ducto sino que saldría por el puerto de Montevideo.
No está claro de qué forma llegaría el mineral porque la infraestructura ferroviaria no está en condiciones para soportarlo. Desde que asumió el nuevo gobierno, ningún funcionario ha hecho consideraciones sobre el proyecto Aratirí aunque, como candidato, el presidente Tabaré Vázquez siempre se manifestó favorable a la minería de gran porte a cielo abierto.
Grupo Zamin Ferrous con problemas en Brasil.
Aratirí (del grupo Zamin Ferrous del magnate indio Pramod Agarwal) está en dificultades también en Brasil, donde suspendió su producción en una mina del estado de Amapá (norte del país). Anglo Ferrous, empresa que le vendió el yacimiento en US$ 270 millones, dijo que nunca utilizó el dinero que se le entregó para reparar el puerto de Santana, donde se embarcaba el hierro y que quedó inutilizado por un derrumbe en 2013.
Agarwal fundó su empresa en 2005 y tiene miles de millones de dólares.
Su proyecto original en Uruguay suponía la extracción de hierro durante 20 años y la creación de 1.300 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos. La empresa aseguraba que invertiría US$ 3.000 millones. En la mina de Las Palmas en Durazno (la más grande de las que planeaba explotar) iba a producir el 50% del hierro.
Ambientalistas ven maniobra para retener derechos mineros.
Para los ambientalistas el proyecto reducido de Aratirí es una maniobra para conservar los derechos mineros un tiempo más. Según Raúl Viñas, uno de los dirigentes del movimiento que quiere prohibir la minería a cielo abierto en Uruguay, la empresa terminará presentando un proyecto escrito —todavía no lo ha hecho— para ganar tiempo. Incluso podría estar apostando a, con un proyecto más pequeño, quedar por fuera de las disposiciones de la ley de minería y así buscar una extensión de sus derechos. Esperaría que se revierta la tendencia a la baja en el precio del hierro, algo que por el momento no parece probable.
Los ambientalistas tienen la intención de seguir recolectando firmas para que se vote en referéndum la prohibición de la minería a cielo abierto porque consideran igualmente negativo el nuevo proyecto. Rechazan el plan de cierre presentado por Aratirí, advierten por la posible contaminación del aire y aducen que la minería no es una actividad para zonas de pradera. "No hay remediación posible para una zona que se dedicó a la minería", considera Viñas. Sostiene también que el viento esparcirá el mineral extraído que quedará en las denominadas "pilas de estériles" y eso puede ser nocivo.
El 21 de marzo en el club Democrático de Cerro Chato los militantes contra la minería presentaron 1.000 firmas contra Aratirí y festejaron cinco años de manifestaciones. Cerro Chato y Valentines, sumados, tienen menos de 3.500 habitantes.
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March 31, 2015 11:06 PM
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Montevideo Portal 31/03/2015
La justicia rechazó el recurso presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para no dar información sobre la empresa Aratirí y ahora deberá entregar la información al juez, quien deberá señalar si los elementos que fueron calificados como confidenciales por parte de la cartera se ajustan o no a derecho.
En conversación con Montevideo Portal, el dirigente ambientalista Víctor Bacchetta señaló que la decisión judicial es importante para evitar que otras dependencias del Estado tomen como modelo lo actuado por el MIEM.
Bacchetta agregó que las negociaciones entre el Gobierno y Aratirí están “congeladas”, pero resaltó que el fallo servirá como ejemplo para otros casos.
La causa fue iniciada en noviembre de 2014 en el Juzgado Letrado en lo Civil de 2.º Turno, en base a la Ley de Acceso a la Información Pública, ante la negativa del MIEM.
El juez Alejandro Martínez de las Heras intimó a la cartera a entregar en 15 días la información requerida, pero el MIEM recusó esta decisión.
El Tribunal de Apelaciones confirmó el 5 de diciembre el fallo de primera instancia y el MIEM entregó parte de la información requerida, señalando que algunos temas eran confidenciales.
El 2 de febrero se presentó una acción de amparo cuestionando el criterio de confidencialidad adoptado por el MIEM y se pidió una intimación para que entregue a la Justicia toda la información del expediente de Aratirí.
Notas relacionadas /
http://www.lr21.com.uy/comunidad/1224912-aratiri-justicia-ministerio-industria-megamineria
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March 31, 2015 10:43 PM
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March 26, 2015 9:53 PM
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Un predio de casi 831 hectáreas, ubicado cerca de la costa de Rocha, despierta el interés de un grupo empresarial uruguayo –con capitales extranjeros– para extraer mineral de titanio, muy utilizado en la industria aeroespacial y en prótesis. En ese padrón hay unas 600 millones de toneladas de titanio, según los estudios primarios que realizó esta empresa que estima que, junto con otras zonas donde se detectó este mineral, Uruguay está entre los 10 depósitos más grandes del mundo, según información en poder de Sudestada.
.
Un proyecto de ley para que el padrón Nº 1645 –ubicado entre los balnearios Barra de Valizas y Aguas Dulces en Rocha– deje de ser propiedad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y pase a manos del Instituto Nacional de Colonización (INC) estuvo a estudio del Parlamento durante cuatro años. Este predio, de 831 hectáreas, está en su mayoría forestado por pinos originarios de Francia y del sudeste de Estados Unidos, por lo que carece de especies nativas. En este mapa se puede ver la ubicación exacta del terreno entre los balnearios de Valizas y Aguas Dulces (en rojo la superficie del padrón y marcada con verde está el área concedida a Saliwell)..
En la zona existe una organización de productores familiares organizados que aspira a ser colonos de esas tierras. Estos productores pertenecen a la Sociedad de Fomento Rural de Castillos quienes están alineados con la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Federación Rural.
En medio de la discusión parlamentaria sobre el destino de este predio un grupo de directivos de la empresa Saliwel SA concurrió a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado para explicar sus planes de extracción de titanio de las denominadas “arenas negras” de Rocha, una idea que esta empresa tiene en mente desde hace unos cinco años, de acuerdo con documentos a los que accedió Sudestada.
.
, dijo Walter Nieto, contador y directivo de Saliwel SA.
La empresa Union Minerals Group es una compañía uruguaya asociada con capitales extranjeros que tiene una página web
que sólo posee un email de contacto info@unionmineralsgroup.com. UMG forma parte de la Cámara de Industria Minera del Uruguay, donde figura como gerente general el geólogo Iván Garat.
Durante la comparecencia parlamentaria Nieto aclaró que la intención de la empresa era procurar “que ese predio no fuera vendido para realizar chacras marítimas porque impediría la extracción de los minerales que tienen las denominadas arenas negras”
.
La empresa Union Minerals Group y Saliwel SA se asociaron con el objetivo de extraer titanio ya que varios estudios mostraban la presencia de este mineral en la zona, explicó el geólogo Iván Garat quien desde hace más de 25 años ha trabajado en compañías mineras y de exploración, tanto en Uruguay como en Sudamérica.
“Realizamos estudios basados en los trabajos que hizo Ancap hace 25 o 30 años atrás, los trabajos que hizo la Dirección Nacional de Minería y Geología y los nuestros, particularmente en esa área o padrón, que no es el único donde se están desarrollando los estudios, pero sí el más importante porque es el centro del depósito”
, explicó Garat quien trabajó para la empresa Orosur y fue el geólogo en jefe que encabezó la investigación realizada para la minera Aratirí.
Además de titano en Rocha, Union Mineral Group tiene proyectos de extracción de hierro en Rivera, cromo en Cerro Largo, oro en Treinta y Tres, Lavalleja y San José y diamantes en Rivera, según supo
Sudestada
. En el padrón 1645 de Rocha la empresa presentó un pedido de exploración el 17 de febrero de 2010 que le fue otorgado por la Dinamige el 23 de setiembre de 2011; todavía está vigente, según los datos oficiales del expediente 209/2010.
La empresa Orosur Mining Inc. tiene unos 450 empleados más otro tanto de personal tercerizado que extrae oro en Minas del Corrales (Rivera) y planea en esa zona –en sociedad con Ferrominas SA– extraer hierro.
Observatorio minero del Uruguay 17/09/2011
http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/09/parque-reserva-forestal/
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March 26, 2015 2:43 PM
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El Espectador 26/03/2015
Rompecabezas
La minera Aratirí le anunció a unos 70 superficiarios de Las Palmas y Valentines que "no les pagará mas la servidumbre y el canon de superficie" porque "no está generando ingresos, el contrato está trancado y se encuentra casi en cesación de pagos".
Mientras tanto, irrumpe otra empresa minera - Union Mineral Group, subsidiaria de la Union Agriculture Group -que pretende extraer el doble de hierro que se proponía Aratirí en zona cercana a Vichadero y ya está enviando los cedulones con las denuncias mineras respectivas.
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March 23, 2015 11:23 AM
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Diario Cronicas 23/03/2015
Ayer, en Cerro Chato, ubicado en la confluencia de los territorios departamentales de Durazno, Florida y Treinta y Tres se conmemoraron cinco años de la lucha que se lleva adelante contra Aratirí y la megaminería. Se descubrió un cartel y se leyó una proclama en el lugar donde se inició la movilización de los productores y vecinos de Cerro Chato y Valentines sobre la ruta 7.
En el club Centro Democrático de Cerro Chato se presentaron testimonios de la lucha local y nacional contra la megaminería y se realizó un encuentro de confraternidad.
En la instancia partició entre otros, Angela Cuenca de Oruro (Bolivia) por la Red Latinoamericana de Mujeres en Defensa de los derechos sociales y ambientales. En el acto se hizo entrega al Movimiento Uruguay Libre de más de mil papeletas firmadas por vecinos y productores locales para hacer el llamado al Plebiscito nacional sobre minería.
Se recordó que la población de estas dos localidades: Cerro Chato y Valentines juntas, suman solamente 3.500 habitantes.
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March 22, 2015 10:28 PM
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Sociedad Uruguaya 20/03/2015
Presentan proyecto de ley que prohíbe la técnica de Fracking en todo el territorio nacional con la firma de varios legisladores nacionalistas, colorados y de Unidad Popular.
El proyecto elaborado por el diputado Gerardo Amarilla (PN – Rivera) establece que “De conformidad con la declaración de interés general de la protección del ambiente y demás bienes ambientales establecida en el art. 47 de la Constitución de la República y de los principios preventivo y precautorio de la política nacional ambiental, se prohíben en todo el territorio de la República y en zonas en que se ejerza jurisdicción nacional o actividades, por cuenta directa o indirecta, de entidades públicas, la prospección, la exploración y la explotación de hidrocarburos a partir de fracturación hidráulica (técnica de “fracking”)”, agregando que “se abrogan los permisos que requieren el recurso a esa técnica en el mismo ámbito espacial”.
La exposición de motivos hace referencia al artículo 47 de la Constitución de la República así como
la Ley General de Protección del Ambiente, número 17.283 y a los principios de derecho ambiental por los que corresponde establecer medidas efectivas de la protección del ambiente y fundamentalmente de las reservas de aguas subterráneas amenazadas “seria e irreversiblemente” por la contaminación provocada por el uso de la técnica de fracking.
El proyecto fue firmado además de Amarilla por los legisladores nacionalistas Jose Arocena, Martín Lema, Sebastian Andujar, Nicolas Olivera, Carmelo Vidalin, Armando Castaingdebat, Amin Niffuori, Ruben Bacigalupe y Juan José Olaizola, los colorados Walter Verri y Graciela Matiaude, así como del legislador de Unidad Popular Eduardo Rubio.
El proyecto hace referencia a la ley francesa de 13 de julio de 2011 y consigna la necesidad de protección de bienes ambientales entre los que se destacan el acuífero Raigón y el Guaraní.
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March 22, 2015 6:43 PM
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Camino del Monzón, 21 de marzo de 2015.
Vecinas y vecinos de nuestra zona, ciudadanos de todo el país. Como hace cinco años, aquí estamos ... de pie y con nuestras convicciones más firmes que nunca.
Como ustedes seguramente recordarán, en este mismo lugar, el 26 de marzo de 2010, reunidos productores y vecinos de Cerro Chato y Valentines alertaron, por primera vez, sobre las consecuencias de la megaminería en el país más agropecuario.
Allí nacía un movimiento nacional que cuestionaría fuertemente la instalación de la megaminería en nuestro territorio. Decíamos en aquella proclama inicial: ”Aspiramos a que las comunidades afectadas y el país entero tomen conciencia de las gravísimas consecuencias que implica la explotación minera a cielo abierto”.
Bajo esta consigna nos empezamos a reunir con los vecinos de las localidades cercanas que vivían con angustia la misma problemática, es así que se conforma inmediatamente la "Mesa Representativa de productores y vecinos de ruta 7". Bajo esta denominación: Batlle y Ordóñez, Valentines, Cerro Chato, Santa Clara, Tupambaé y sus zonas rurales conforman desde hace cinco años un fuerte bloque de resistencia en el territorio contra la megaminería.
Esta “toma de conciencia” a la que aspirábamos no hubiera sido posible sin el aporte fundamental de académicos y periodistas ambientales que estudiaron y divulgaron detalladamente una y otra vez las inconsistencias de este proyecto.
Las marchas multitudinarias, la gente en la calle, los caballos llegando a Montevideo fueron otra forma de manifestar la falta de licencia social que tiene la actividad minera en el Uruguay. Estas contundentes demostraciones fueron posibles gracias al apoyo incondicional de innumerables colectivos sociales, sindicatos de diferentes ramas, grupos de estudiantes organizados. Con todos estos aportes esta lucha –de tan humilde origen– se convirtió en una causa nacional que involucró a innumerables ciudadanos.
Es así que iniciábamos juntos un largo peregrinaje que nos llevaría a recorrer miles de kilómetros a lo largo y ancho de la República, desde los despachos parlamentarios y ministeriales, pasando por grupos de vecinos de la costa, hasta reuniones en los más apartados y humildes rincones de nuestra campaña.
Decíamos en aquella misma proclama: "creemos firmemente que es nuestra responsabilidad social y ambiental, como habitantes de esta zona, lo que nos obliga a mirar más allá de las deslumbrantes promesas de prosperidad económica para la región".
Sentimos hoy que ese mirar más allá de esas promesas le ha evitado muchísimos problemas a nuestro país y ha dejado en evidencia la irresponsabilidad de los actores que promovían la megaminería.
Nos preguntamos:
¿Qué hubiera pasado si esta empresa hubiera dinamitado cerros, desviado ríos y arroyos, desarraigado familias rurales y hoy se estuviera retirando?
¿Qué hubiera pasado con los que en función de estas promesas hubieran realizado inversiones?
¿Quién sería el responsable de ese pasivo ambiental y social?
¿Sería la misma empresa que contaminó ríos y arroyos en el Brasil?
¿La misma empresa que envió a 2.000 trabajadores al seguro en Amapá y provocó una crisis social en ese estado brasileño?
¿La misma empresa cuya quiebra solicitan los bancos brasileños y, cuando se quiere trabar, sus cuentas bancarias se encuentran vaciadas?
¿La misma empresa denunciada por legisladores de ese país, bajo sospecha de fraude en la obtención de permisos, según se ventila en tribunales internacionales?
¿La misma que aquí hizo deslumbrantes promesas económicas a propietarios de tierras y hoy no paga sus servidumbres?
¿La misma empresa "familiar", cuyo titular se vendría a vivir al Uruguay, como decía a la prensa hace tres años?
¿La misma empresa que inmoviliza 120.000 hectáreas durante 12 años en la región con sus permisos y, cuando no le conviene la Ley de Minería de Gran Porte, propone pequeña minería para mantener la vida de sus permisos?
En relación a “nuestra responsabilidad social y ambiental como habitantes de esta zona”, a la que aludíamos en esa primera proclama, creemos haber cumplido plenamente con ella.
En la parte ambiental, con rigor científico desnudamos las contradicciones entre el discurso público de la empresa y lo que decía el Estudio de Impacto Ambiental presentado en Dinama. En cuanto a la "responsabilidad social", defendíamos nuestra línea de pensamiento con respeto y tolerancia hacia los intereses ajenos. Jamás usamos el agravio o el ataque personal como argumentos.
Somos conscientes de que, a pesar de nuestra actitud, esta circunstancia –ajena a los mismos actores– ha trastocado la buena convivencia histórica de la región, en forma quizás irreparable.
Resumiendo, para nosotros esta durísima lucha fue conducida sin apartarnos en ningún momento de tres principios fundamentales, respeto, tolerancia y coherencia, porque si hacemos memoria el tiempo nos ha ido dando la razón.
Para cerrar, dos reflexiones finales:
A) Nuestras convicciones no están determinadas por nuestros intereses particulares. Queríamos y queremos lo mejor para el país, lo hemos dicho en todos los lugares y en todos los tonos, desde el parlamento hasta la más sencilla reunión barrial. Si este proyecto le sirviera al país, seríamos los primeros en dar un paso al costado. Nuestra convicción surge del conocimiento que hemos adquirido en estos años y de los hechos que hoy nos están dando la razón.
B) Creemos en el desarrollo de nuestra sociedad sobre la base de la utilización de los recursos naturales renovables, en el buen entendido que los beneficios trascienden generaciones y perduran en el tiempo. Respetando todas las opiniones, tenemos el convencimiento que nuestro camino sirve, porque se basa en el respeto de la identidad de nuestros paisanos y de la voluntad de elegir su medio y lugar de vida.
Productores rurales de la ruta 7.
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March 17, 2015 11:25 PM
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March 16, 2015 12:38 PM
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March 12, 2015 12:10 PM
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Fuente: traducido de Noticias de Mineração Brasil 11/03/2015
El Banco Votorantim entró en el Tribunal de Justicia de San Pablo, Brasil, con pedido de declaración de quiebra contra de Zamin Amapá Minería (propiedad de Zamin Ferrous), por el cobro de una deuda de 12,722 millones de reales (unos 4 millones de dólares). La demanda fue presentada el 23 de febrero en el Segundo Tribunal de Quiebras y Recuperaciones Judiciales, en el Foro Civil Central. Zamin pasa por una delicada situación, con la suspensión de la producción de mineral de hierro en Amapá y el despido de personal.
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March 12, 2015 11:55 AM
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Noticias de mineracao Brasil 11/03/2015
El senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) denunció, al hablar en el plenario, el martes (10), a lo que llamó "crímenes y graves
irregularidades" de una empresa que opera en el mineral de hierro en Amapá. Según informó el senador, la empresa Zamin Amapá Mineração SA decidió poner fin a las actividades de exploración en el estado, dejando deudas a las autoridades tributarias del Estado y a los municipios de Serra do Navio y Pedra Branca.
Según el senador, se perdieron 700 puestos de trabajo directos y cerca de 5.000 puestos de trabajo indirectos. La compañía también debería derechos laborales y no se habría constituido el Fondo de Garantía de los Trabajadores (FGTS) para los empleados.
Rodrigues dijo que en el 2013, el puerto fluvial de transporte de minerales utilizados por Zamin se hundió, matando a seis trabajadores, aunque en el momento del accidente, las instalaciones pertenecian a la Anglo Ferrous, filial de Anglo American, que vendió activos en diciembre de ese año a Zamin. Según él, hoy en día las familias no fueron compensadas y no se han aclarado las circunstancias del accidente.
El congresista también dijo tener información que la empresa cuenta con 4,5 millones de toneladas de mineral ya vendidas y no entregadas. Zamin todavía tiene la concesión de los ferrocarriles del estado. Para el senador, la adjudicación debe ser anulada y el Estado debe hacer una nueva licitacion. Agregó que ya ha actuado en contra de la empresa y que espera medidas de la Policía Federal para investigar el posible delito de evasión de divisas.
"Me aseguro de dejar esta alerta a las autoridades del país y de mi estado. Los habitantes de Amapá fueron dejados en la pobreza con la deuda dejada por la empresa ", dijo el senador. / información de la Agencia del Senado.
Traducido de http://www.noticiasdemineracao.com/
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March 12, 2015 11:04 AM
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El Pais 11/03/2015
Por Hernan Sorhuet
En febrero de 2012 advertíamos el grave retroceso institucional en materia ambiental que significaba para nuestro país, materializar la intención del entonces presidente Mujica, de pasar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio correspondiente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que funciona en la órbita de la Presidencia de la República.
La decisión se iba a tomar como resultado de la impaciencia del gobierno ante los tiempos que demanda la evaluación técnica de los proyectos presentados -especialmente sus estudios de impacto ambiental- para ser aprobados.
Era obvio que las empresas inversoras presionaban al gobierno y este al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Cómo saberlo? Tomando en cuenta algunos rimbombantes anuncios públicos, realizados por los más altas autoridades de gobierno, asegurando que los proyectos sí se iban a realizar “una vez aprobados por la Dinama”, o que la Dinama pasaría a la OPP, para ser más ágil en su trabajo. Hasta se anunció la fecha de firma de un acuerdo en el proyecto de megaminería de Valentines, cuando se sabía que faltaba mucho tiempo para que el organismo especializado estuviera en condiciones de dar su opinión técnica al respecto, debido a las demoras de la empresa en la entrega de la información.
El debilitamiento institucional que desde la Presidencia se le provocó a Dinama fue enorme, porque tales intenciones políticas significaban un alarmante retroceso en la valoración ambiental de las actividades en el país. Se menospreciaba uno de los principales mecanismos con que contamos para garantizar la sustentabilidad del desarrollo. El tiempo pasó y cuando todo parecía haber vuelto a la senda del sentido común, el flamante presidente Vázquez reflota la idea y anuncia la creación de una secretaría de cambio climático y ambiente en la OPP.
Si esto se concreta significa que el gobierno subordinará decididamente lo ambiental a lo económico, cuando se espera lo opuesto: cada vez fortalecer más a Dinama para beneficio del país.
Pero ahí no finalizan las malas noticias. De concretarse este nefasto cambio, el gobierno de turno ejercerá un control directo sobre la independencia técnica que debe caracterizar a Dinama para hacer bien su trabajo.
Al mismo tiempo, esta área tan sensible en la toma de decisiones en la vida del país, quedará fuera del control parlamentario. Es algo realmente grave que atenta contra el espíritu republicano pues, el Poder Ejecutivo se libera del contralor del Legislativo; instancia esencial para evitar errores, excesos, abusos y arreglos ilegales. Al estar en la órbita de la Presidencia el primer mandatario dará órdenes directas a los técnicos que deben evaluar objetiva y profesionalmente los proyectos y emprendimientos, tanto estatales como privados.
Significará también un retroceso en materia de acceso a la información, lo que conspirará contra el derecho a la misma que tenemos todos los ciudadanos, y desde luego, a actuar en consecuencia. Lo más asombroso es que el vicepresidente, en un intento de minimizar el anuncio, declaró que hecho el cambio se irá avanzado hacia la creación de un ministerio del ambiente durante los próximos cinco años, algo que ya es.
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March 4, 2015 4:16 PM
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March 4, 2015 2:50 PM
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El Espectador 4/03/2015
La organización Uruguay Libre -que se opone a la minería metalífera a cielo abierto- accedió al plan de cierre que la minera Aratirí presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). “Más que un plan de cierre, es un plan de abandono”, aseguró a Rompkbzas Raúl Viñas, uno de los voceros de este movimiento que logró información tras iniciar un reclamo judicial contra el Ministerio de Industria.
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March 4, 2015 1:56 PM
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Observatorio minero del Uruguay 5/03/2015
En medio del auge del extractivismo y el aumento de las exportaciones primarias en la región, el gobierno de José Mujica decidió jugarse por el puerto de aguas profundas en la costa oceánica, dedicó esfuerzos y recursos sin precedentes para ponerlo en marcha, pero una suma de valoraciones erróneas, irresponsabilidad técnica y manipulación política lo hizo fracasar, aunque se pretende salvarlo con un cambio del escenario institucional.
Por Víctor L. Bacchetta
De tan antigua, la idea de construir un puerto de aguas profundas (PAP) en la costa oceánica del Uruguay ha llegado a ser adjudicada al prócer José Artigas. Fundamentado como una obra crucial para el desarrollo nacional, el PAP viene siendo reflotado en los últimos 15 años por los sucesivos gobiernos, con el apoyo de algunos inversionistas extranjeros en busca de un gran negocio y de entidades financieras promotoras de la inserción de la región en la económica global.
Diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) es el programa subcontinental de construcción de megacarreteras, represas, gasoductos e hidrovías aprobado por la unanimidad de los presidentes reunidos en Brasilia en el año 2000. Luego de la creación de la UNASUR en 2008, continuó bajo la órbita del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).
La estrategia de IIRSA es la adaptación de nuestra región al papel de abastecedora de materias primas asignado por los países industrializados líderes de la economía mundial. Junto al auge de las inversiones en proyectos extractivos primarios, busca agilizar la salida de los recursos hacia esos mercados. Uruguay se sitúa en uno de los corredores bioceánicos diseñados por IIRSA que une Valparaíso, en Chile, con Rio de Janeiro, en Brasil, pasando por Montevideo, Porto Alegre y San Pablo.
En los diseños iniciales de IIRSA no figuraban rutas principales ni un puerto en la costa oceánica uruguaya, pero políticos e inversores se han aventurado en el intento de viabilizar un puerto de gran calado en esa zona con la esperanza de concentrar el flujo comercial de la región. Hoy significaría desplazar a los mayores puertos vecinos en Buenos Aires y Rio Grande del Sur por lo cual, obviamente, no es posible concretarlo sin un acuerdo con Argentina o Brasil.
Para legitimar esa posibilidad, los gobiernos uruguayos han ido incorporado formalmente el puerto de aguas profundas a la estrategia de desarrollo del país y lo defienden como una afirmación de la soberanía nacional. Que Uruguay se convertiría por esta vía en un “polo logístico regional” o la “puerta de entrada a Sudamérica” son expresiones incorporadas a los documentos oficiales del país que han sido avaladas por todos los partidos con representación parlamentaria.
Una nueva cruzada
En los últimos años, el auge del extractivismo y el incremento de las exportaciones de materias primas de Uruguay y la región reactivaron el proyecto del PAP. Hubo intentos de viabilizarlo por el puerto de La Paloma, pero dificultades técnicas y la resistencia local los disuadieron. En 2011, los proyectos se habían mudado más al este a la playa de La Angostura, entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo, donde rivalizaban dos emprendimientos extranjeros.
Uno era el Proyecto Valentines de Aratirí, la filial de Zamin Ferrous, con su combinación de mina, mineroducto y puerto, y el otro era el Proyecto Aurora, de la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (CODIN), representante de un grupo inversor hispano-israelí. La rivalidad era antes que nada física porque el terreno que cedería el Ministerio de Defensa para la terminal portuaria de Aratirí era lindero con el predio privado donde se asentaba el puerto de CODIN.
El gobierno del presidente Mujica abrazó el desafío del PAP y, en noviembre de 2011, creó una Comisión Interministerial (CIPAP) con el objetivo explícito de concretarlo. La hipótesis de partida de la comisión fue la siguiente: “Uruguay ha definido que la realización de un puerto de aguas profundas, por tantas décadas anhelada, es estratégica, viable y necesaria, por lo tanto, a los efectos de este análisis, se considera que es una certeza que habrá un puerto”(sic).
En mayo de 2012, la CIPAP presentó las conclusiones, inmediatamente aceptadas por el Poder Ejecutivo, estableciendo que habría “un solo PAP multimodal en la costa de Rocha, situado entre El Palenque y Puerta del Sol”. La localización en El Palenque significaba que se descartaban las dos propuestas antes referidas situadas en La Angostura, pero el informe de la CIPAP adjudicó explícitamente al proyecto de Aratirí “un lugar protagónico en el proyecto del PAP”.
Informes de la CIPAP.
La CIPAP ignoró sus propios informes técnicos que calificaban como altamente desfavorables los impactos sobre el medio ambiente, el turismo y la calidad de vida en la zona y que señalaban la necesidad de estudios físicos reales para tomar una decisión de esa envergadura. Sin tener en cuenta estos impactos, inclusive contando con el hierro de Aratirí, las estimaciones de la CIPAP sobre el potencial de cargas del puerto tampoco eran creíbles para validar el proyecto.
Sin ponerlo en duda, el gobierno adoptó un ritmo febril para obtener la habilitación del puerto en el Parlamento, que votaron todos los partidos, decretó expropiaciones en la zona invocando causal de utilidad pública y ocupación urgente, convocó a un Data Room con las empresas interesadas y encomendó una nueva batería de estudios ambientales, de ingeniería, económicos y legales con el objetivo de firmar un contrato de usuario del PAP con Aratirí en noviembre de 2012.
Contra viento y marea
“La demanda es, o debe ser, el motor de desarrollo de infraestructuras portuarias”, dice el experto Rafael Escutia. El factor determinante de un proyecto portuario son las cargas a ser transportadas a través del mismo. Pues bien, las estimaciones de la CIPAP sobre este indicador clave sufrieron sorprendentes alteraciones entre 2012 y 2014 inclusive hasta acabar en un triste final, pues la conclusión a la que se llegó había sido señalada desde el inicio por diversos actores.
La primera estimación oficial sobre la demanda posible de PAP se conoció en mayo de 2012, en uno de los estudios encomendados por la Comisión Interministerial, bajo el eje temático Logística y los subtemas Conectividad Vial y Conectividad Ferroviaria. Según la tabla elaborada entonces, los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) calcularon que habría una demanda de carga anual de 50,4 millones de toneladas de hierro, granos y celulosa.
El hierro provendría de tres países, 16 millones de toneladas del proyecto Aratirí en Uruguay, 17 millones de toneladas de Brasil y 3 millones de toneladas de Bolivia. Los granos serían unos 1,4 millones de toneladas provenientes de Uruguay y 20 millones de toneladas desde Argentina. La celulosa eran 3 millones de toneladas producidas en Uruguay y se agregaban 2,7 millones de metros cúbicos del petróleo descargados hoy por la boya en frente a José Ignacio.
Ya entonces, desde distintos lugares se sostuvo que esas cifras eran meras especulaciones, pero estas opiniones fueron descartadas, atribuyéndolas a intereses de la oposición. En diciembre de 2013, otro estudio del MTOP elevó la apuesta y calculó la demanda factible de corto plazo, para 2015, en 52,4 millones de toneladas, solo de hierro y granos. Y la demanda factible a mediano plazo en 2025 de los mismos productos fue estimada en 87,5 millones de toneladas.
Sin embargo, en junio de 2014, un informe titulado Inserción Regional elaborado por la consultora brasileña PLANAVE S.A., contratada para analizar los flujos de carga del PAP y su impacto en los puertos de Brasil, advirtió que en los estudios había “una serie de incertidumbres” y recomendó “cautela y la necesidad de evaluaciones complementarias para confirmar la viabilidad real del PAP, considerando incluso los estudios de ingeniería en proceso de contratación”.
Para PLANAVE, los flujos de carga eran menores de los previstos hasta entonces, las inversiones necesarias estimadas y los costos operativos del PAP eran muy altos, el diferencial del flete por el uso del PAP era insuficiente para atraer la carga de granos, no se sabía si los granos argentinos pasarían por el PAP, los granos brasileños seguirían utilizando los puertos actuales y era incierta la comercialización del hierro de Aratirí por la caída de los precios internacionales.
No obstante, el MTOP insistió y dijo: “Existe una demanda potencial, primordialmente de cargas regionales, que viabiliza el desarrollo del PAP” (Estudio de Factibilidad, diciembre de 2014, con base supuestamente en los informes recibidos). Aunque bajó sus cifras, el MTOP aseguró que el puerto podría captar a mediano plazo unos 40 millones de toneladas anuales de hierro y granos. Desde el ángulo de “la sociedad en su conjunto … el proyecto es rentable”, concluyó.
A esa altura, el proyecto del PAP “hacía agua” por varios lados.
Un “entierro de lujo”
En agosto de 2014, en otra de sus visitas relámpago, el dueño de Aratirí le planteó al presidente Mujica volver a su proyecto de terminal portuaria en la playa de La Angostura. Era la manera de quedar liberado de compromisos con el PAP en El Palenque, ante la inviabilidad económica del proyecto minero. Aunque a Pramod Agarwal le rechazaron la idea, los llamados a interesados en la obra y en la operación del puerto, anunciados para octubre, no se llevaron a cabo.
En diciembre, un estudio contratado por el gobierno a la firma catalana Port Insight Consulting, firmado por su director Rafael Escutia, luego de analizar todos los documentos elaborados en el marco del proyecto, desestimó la posibilidad de concretarlo. Coincidiendo con PLANAVE, Escutia sostuvo que los estudios de mercado no eran concluyentes, que se identificaba la demanda potencial del proyecto pero no claros beneficios en la utilización del PAP.
Según este informe, no se cuenta con una demanda concreta e inmediata de servicios portuarios, se desconoce cuál será el cliente o los clientes iniciales del puerto en sus primeros años, no se puede diseñar un proyecto de servicios portuarios si se desconoce el tipo de mercancía y sus requerimientos en cuanto al tamaño de los barcos, los medios de manipulación, necesidades de depósitos, etc., ni es posible realizar una evaluación financiera sobre su viabilidad.
Fue en este contexto que el presidente Mujica, sorprendiendo a unos cuantos, anunció en la 47a. Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná, Argentina, el 17 de diciembre, su intención de construir un “puerto de aguas profundas propiedad de los gobiernos del Mercosur” con “soberanía de los gobiernos” para que “sirva de punto de apoyo a todos los países de la región”(sic). Fue la manera más elegante de dar por cerrado el proyecto uruguayo.
Mientras tanto, se aprobó una ley y varios decretos que cambiaban la vida de muchas personas, se gastaron ingentes recursos públicos, se demoró en atender consejos y advertencias técnicas. Oficialmente, solo en estudios encargados se gastaron 700.000 dólares estadounidenses. Si le agregamos las horas de trabajo de los funcionarios y el volumen de materiales utilizados, sobre todo en elementos de propaganda, se debe haber pasado fácilmente el millón de dólares.
“En la hipótesis inicial, (el PAP) era un proyecto de Uruguay en el cual participaban los demás países, un fideicomiso, en el que el fideicomitente sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, declaró en enero de este año Pedro Buonomo, asesor de Mujica y responsable de la ejecución del PAP. Tarde demás, el presidente de la CIPAP se avino a reconocer que la idea original tendría que ser reestudiada en un nuevo contexto político e institucional.
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March 3, 2015 10:32 AM
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PRIMER TOQUE por un URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERIA 14/03/2015
de 16 a 20 hs
Molino de Perez / Montevideo
ENTRADA LIBRE
Bandas / Carlos Darakjian - Javier Pais - Ney Peraza - Borsa Tosca - Plagio - Doberman -
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February 26, 2015 12:09 PM
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Noticias de mineracao 23/02/2015
La fiscalía de Amapá (MP-AP), a través de los fiscales de los municipios de Serra do Navio y Pedra Branca do Amapari reiteró su acción contra Zamin Ferrous, que tiene minas de mineral de hierro en el estado. Los fiscales Wueber Peñafort y Jander Vilhena nuevamente solicitaron la congelación de activos de la empresa hasta 50 millones de R$. La primera solicitud del MP se hizo en la última semana del año pasado.
"Al reiterar la solicitud, el Ministerio Público de Amapá informó al tribunal que la empresa está desviando recursos financieros de sus cuentas bancarias, con la finalidad de evadirlos de las garras de la justicia, ya que hubo pago de grandes sumas de dinero a los ex-empleados en compensación, mientras que el sistema de información del Banco Central no encontró saldo bancario en cuentas de la sociedad ", dijo el fiscal Wueber Peñafort.
Los fiscales insistieron en la importancia de tipificar el caso como despersonalización de la persona jurídica, lo cual permite al poder judicial intervenir el patrimonio particular del multimillonario Pramod Agarwal, principal accionista de Zamin.
El ministerio pide al poder judicial, que se aplique la multa prevista en el artículo 18 de la CPC, de hasta el 1% del valor de la causa, por mala fe en el litigio.
En la última semana de diciembre de 2014, propiedades muebles e inmuebles la Zamin Amapá Minería ya fueron congeladas por el Ministerio Público, y se determino el bloqueo de hasta R$ 50 millones de las cuentas de la sociedad.
Zamin esta acusada de contaminación e impacto ambiental sobre arroyos en los municipios de Amapá Serra do Navio y Pedra Branca do Amapari.
Zamin se envolvió en 2014 en una disputa legal con el grupo Eurasian RRessources Group (ERG), antes conocido como ENRC, que terminó en la Suprema Corte de Reino Unido.
La acción se refiere a US $ 220 millones, correspondientes a los depósitos Bahia Mineração (Bamin). ENRC dijo que Zamin cumplió parte de la compra en condiciones fraudulentas, mientras que Zamin afirmó que el grupo kazajo no pagó la última cuota para la compra de su participación en el negocio conjunto de la mina de hierro en Bahía, basado en un acuerdo firmado en 2010.
Información basada en la fiscalía del Estado de Amapá.
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February 23, 2015 5:28 PM
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EL PROYECTO ARATIRÍ EN EL CONGELADOR
Mientras el Parlamento uruguayo votaba una nueva prórroga para la negociación del contrato con Aratirí, la empresa propuso dedicarse a un proyecto de menor escala que, en realidad, es una manera de eludir los compromisos de la Ley 19.126 y retener los títulos mineros preparándose para una espera de largo plazo sin actividad.
por Víctor L. Bacchetta
Desde que el Proyecto Valentines de la empresa Aratirí fue incluido dentro de la Ley de Minería de Gran Porte (N° 19.126), el gobierno y la minera tenían un año y 90 días para negociar el contrato de concesión de la explotación. El 28 de febrero se vencía ese plazo y la firma de ese contrato ya estaba en tela de juicio en la medida que, más allá de otras consideraciones sobre la propuesta de Aratirí, la caída de los precios del hierro han hecho económicamente inviable el proyecto.
La solución encontrada por el gobierno fue enviar al Parlamento un proyecto de ley modificatorio de la Ley 19.126 que extendió por un año más el plazo de negociación del contrato con Aratirí. Si la Ley 19.126 ya tenía acciones de inconstitucionalidad por haber sido adoptada para favorecer a un proyecto y una empresa particular, la ley de prórroga del plazo motivada exclusivamente por esta negociación reiteraba, con mayor fuerza aún, la acción de legislar con nombre y apellido.
No obstante, en forma paralela al trámite legislativo en donde la mayoría oficialista aseguró la prórroga del plazo, el dueño de Aratirí y cabeza visible de la empresa internacional Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, viajó a Uruguay y le anunció al presidente de la República su intención de explotar un proyecto más pequeño. De 18 millones de toneladas anuales de hierro propuestas en el Proyecto Valentines, Aratirí ahora pasaría a una producción 10 veces menor.
El presidente Mujica salió apresuradamente a elogiar la propuesta de Agarwal sin destacar el hecho de que, al no ser considerada “minería de gran porte”, Aratirí se libera de los compromisos de la Ley 19.126 en materia de firma del contrato, plazos y garantías económicas, y no está obligada a devolver los títulos mineros. Cuando las condiciones del mercado no son favorables, las mineras detienen la actividad y se preparan para esperar largos años, reteniendo los títulos con un mínimo gasto, hasta que mejore la situación.
Por encima de la voluntad y el entusiasmo del gobierno uruguayo con el proyecto minero, otras decisiones paralelas de Aratirí evidencian el congelamiento de sus actividades en el país. En efecto, en los últimos días de febrero, dueños de los campos localizados en el distrito minero denunciaron que hace más de un año que Aratirí no cumple con los pagos de servidumbres y el canon de superficie. Más recientemente, la minera comunicó que pagará los despidos al personal contratado.
Esto no significa que Aratirí se vaya del país ni que se cancelen proyectos similares, con pedimentos de minería sobre más de tres millones de hectáreas del Uruguay, que pueden especular durante años con esos negocios. Pero entonces, un país que no posee riquezas minerales metálicas significativas, con un ecosistema privilegiado de tierras y aguas, debe buscar soluciones definitivas para escapar de esta actividad depredadora sujeta a los vaivenes del mercado mundial de los metales.