El gobierno debería replantear un acuerdo multipartidario sobre la megaminería porque el proyecto de Aratirí para extraer hierro es muy cuestionado socialmente y ya no tiene consenso político, sostuvo el diputado colorado Walter Verri.
El legislador agregó que la decisión del gobierno de oponerse a la difusión de una parte importante del proyecto de inversión "es algo muy malo que no ayuda a transparentar un negocio que es muy sospechoso". "Lo mejor es que no haya cláusulas de confidencialidad y, si las hay, que sean las menos posibles", dijo Verri.
"Si las empresas no están dispuestas a transparentar todo, mejor que no vengan porque aquí defendemos el medio ambiente", señaló el legislador a El País.
El Ministerio de Industria apeló la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, que ordenó la difusión de la información que había sido solicitada por el Movimiento Uruguay Libre, que se opone a la minería metalífera a cielo abierto. El tema será resuelto en los próximos días por un Tribunal de Apelaciones.
Derrumbe
El precio del hierro, clave para determinar la viabilidad del proyecto de Aratirí sigue derrumbándose. El martes retrocedió 4% y volvió a caer el miércoles con lo que acumuló en la semana un retroceso de 7%. Los precios se ubicaron en US$ 72,10 y se han derrumbado 47% en lo que va del año. Con estos valores , descontando fletes, la tonelada de hierro uruguayo se pagaría en China US$ 48 por debajo del umbral de US$ 100 que Aratirí ha señalado como necesario para obtener rentabilidad.
Recibimos a Raúl Viñas, del movimiento Uruguay Libre, que reclama al gobierno que haga pública toda la información entregada por la empresa Aratirí. www.cana...
El Ministerio de Industria, Energía y Minería entiende que la información sobre el proyecto de inversión de Aratirí es de propiedad de esta empresa, que pidió que fuera catalogada como confidencial y por lo tanto no debería publicarse.
El ministerio sostuvo esa tesis en su apelación a la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, del pasado lunes 10 que le ordenó difundirla.
El ministerio argumenta en el escrito que se le notificó con la debida antelación a Víctor Bachetta, dirigente del movimiento ambientalista Uruguay Libre que presentó la solicitud de acceso a la información, que la misma no era pública aunque esto no fue hecho mediante una resolución expresa. "En otras palabras, la Administración no incurrió en silencio positivo; la Administración se expresó notificando al actor la imposibilidad de acceder a su petición", señala el escrito del ministerio al que accedió El País.
El escrito, redactado por Carlos Roselló, abogado de la cartera, señala que "la ausencia de resolución expresa sobre la solicitud de acceso a la información pública no conlleva el acogimiento del acceso judicial si de los antecedentes resulta que el requerido, comprensiblemente aportó al interesado una respuesta; y esto fue lo que ocurrió en la especie, ya que, oportunamente, esta Secretaría de Estado notició al actor la imposibilidad de brindarle la información".
Roselló argumenta que "si bien la ley otorga a las personas el derecho de acceso a la información pública, a la vez otorga a las personas el derecho a que la información que ante la Administración presenten no se haga pública". Por ese motivo, entiende que "entregada información por los particulares a la Administración y a petición de los primeros clasificada como confidencial, ni la Administración ni las Sedes Judiciales podrían desclasificarla como tal ante el pedido de acceso formulado luego por un tercero interesado". "No podría en modo alguno hacerlo la Administración sin oír previamente al titular de la información ya que el procedimiento administrativo de acceso a la información no prevé dicha instancia de eventual contradicción", agrega.
Aratirí argumenta que invirtió alrededor de US$ 200 millones para hacerse de la información sobre los volúmenes de hierro que pretende extraer y sobre su calidad y que esos datos tienen valor comercial por lo que solicita preservarlos.
El abogado cree que el juez no cumple con la ley 18.381 que regula el acceso a la información pública. Y advierte que no se debe permitir el acceso a la información "sin incurrir en responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que se pudieran generar".
En el escrito se aduce que no puede alegarse que la decisión original del ministerio de negar información pueda considerarse que presenta "ausencia de fundamentación", porque en ella se explica que los datos que solicita Bachetta deben mantenerse en estricta reserva porque contiene elementos que podrían ser de utilidad de un eventual competidor de Aratirí.
"¿Cómo podría el MIEM acatar este fallo sin incurrir en responsabilidad ante la propietaria de la información que cuenta con la seguridad de que la misma recibe el tratamiento de confidencial porque así ha sido declarada, a su solicitud?", se pregunta Roselló.
El abogado enumera algunos contenidos de la documentación para demostrar que no se trata de temática ambiental. Los capítulos 1 y 2 presentan un detalle de la geología y determinan el nivel de recursos y reservas; el 3, una descripción de las minas que constituirían el complejo minero y los equipamientos de carga y descarga; en el 4 se hace referencia a los procesos y equipos necesarios para la beneficiación del mineral; y en el 5, referente a la infraestructura del complejo minero, se describen elementos tales como cintas transportadoras, polvorines, talleres de mantenimiento y caminería, entre otros. En el 6 se describen otros componentes del proyecto, co-mo los detalles constructivos del mineroducto y su operación, su puerto, el acceso a los componentes del proyecto, el suministro y distribución de energía, la mano de obra y el cronograma de construcción del proyecto. "Todo lo cual da cuenta que no nos encontramos ante temática medioambiental", escribió el letrado.
"No puede limitarse la información"
El juez Alejandro Martínez recordó, en los considerandos de la decisión por la que dispuso que se debe liberar la información sobre Aratirí, que el artículo 18 de la ley 18.381 indica que "el organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales" en que se basa.
"Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva". Señala que se considerará "falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela", de acuerdo con lo que establece la ley 17.060.
"No puede limitarse el acceso a la información pública en términos genéricos o vagos sino que debe especificarse claramente aquellos tópicos que justificadamente se entienden confidenciales", sostiene el juez para justificar su decisión que será considerada en los próximos días por un Tribunal de Apelaciones.
El Poder Ejecutivo apeló el fallo judicial y la próxima semana se sabrá si la resolución queda firme o es revocada
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) deberán entregar al movimiento Uruguay Libre de Megaminería información declarada confidencial sobre el proyecto megaminero de Zafin Ferrous (Aratirí).
Así lo determinó en primera instancia el juez Alejando Martínez de las Heras tras un recurso presentado por el grupo opositor a la empresa. Los ambientalistas rechazaron la confidencialidad de la información, y recurrieron amparados en la ley de acceso a la información pública.
El gobierno apeló el fallo. Los denunciantes tienen tres días para responder y se estima que la próxima semana se sabrá si la resolución queda firme o es revocada, dijo a El Observador el abogado del movimiento, Martín Prats.
En un comunicado, Uruguay Libre de Megaminería califica de arbitraria la confidencialidad del gobierno. En parte de la información que ahora deberá ser entregada se encuentran detalles del plan de cierre de las minas, la inclinación de los taludes de estériles (la montaña de desechos de la extracción del hierro) y el tamaño de los cráteres de las minas, por ejemplo. “Es absurdo que esa información sea confidencial. No es así en ninguna parte del mundo. Es gravísimo que lo hayan declarado confidencial”, dijo a El Observador Victor Bacchetta, integrante del grupo ambientalista.
Aratirí negocia desde hace 11 meses con el gobierno un contrato para extraer de Valentines (Treinta y Tres) y alrededores 18 millones de toneladas de concentrado de hierro durante un período de 15 a 20 años. Para ello piensa cavar cinco minas, con una profundidad de entre 200 y 380 metros cada una, y sacar el hierro en un mineroducto de 234 kilómetros hasta un puerto en Rocha. l
El pasado lunes 10 de noviembre el magistrado le había dado al ministerio 15 días para divulgar el proyecto de inversión, incluyendo el plan de cierre de las cinco minas de hierro que planea explotar en la zona de Valentines.
El movimiento Uruguay Libre, que quiere prohibir en la Constitución la minería metalífera a cielo abierto, había presentado la solicitud de acceso a la información. A partir de la notificación de la apelación, este movimiento tiene un plazo de 3 días para realizar sus descargos y luego un Tribunal de Apelaciones dispondrá de otros 4 para dictar una sentencia definitiva, detalló a El País Martín Prats, abogado que asesora al movimiento y que integra la organización no gubernamental Cainfo. Esta organización está especializada en acciones de solicitud de acceso a la información pública.
El País intentó sin éxito obtener la versión del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Una decisión de la cartera del 10 de junio hizo lugar a un pedido de Aratirí para que se considerara secreta la información vinculada, entre otros aspectos, a la descripción e interpretación geológica de los yacimientos, las metodologías de diseño de mallas de perforación, la obtención y preparación de muestras, los métodos analíticos, los controles de calidad de la base de datos, los detalles de las metodologías de determinación de recursos y reservas, las dimensiones y etapas de desarrollo de las minas los criterios y la metodología de selección de maquinaria y equipos.
Víctor Bachetta y Enrique Sayagués, integrantes del movimiento Uruguay Libre de Megaminería estuvieron ayer en la IDL con la intendenta Adriana Peña, la senadora electa Carol Aviaga y los ediles departamentales Alcides Abreu, Marina Casas, Norma Soria, Óscar Villalba, Eduardo Baubeta, Andrea Aviaga, Alcides Larrosa, Juan Carlos Diano, Alberto Conti, Fabián Rodríguez, del Partido Nacional, Gustavo Risso del Partido Colorado y Walter Ferreira del Frente Amplio.
Allí informaron sobre la explotación minera y sobre todo sobre la empresa Aratirí en Uruguay, en una charla a la que denominaron “Competencia y atribuciones de los gobiernos departamentales en la regulación de la megaminería”.
En el encuentro, los visitantes afirmaron que al día de hoy, el proyecto de Aratirí no es viable.
Cuando hay referencias al estado de Sonora, se suele mencionar que es un emporio agropecuario y cuna de la revolución verde, la que prometía acabar con el hambre y la desigualdad en el campo. Que es asiento de culturas milenarias tan importantes como la de los yaquis (perseguidos por el régimen porfirista), mayos, cucapás, pimas y seris; que allí nacieron dos dirigentes de la Revolución, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Se citan sus explotaciones mineras que la gente recuerda por las tragedias, la contaminación que ocasionan a las corrientes de agua y al medio en general y, no por el aporte al bienestar de los obreros que trabajan en ellas o a los pueblos donde están ubicadas.
El pronóstico para el Río Santa Lucía es poco alentador. Se necesitan cinco años para que la calidad del agua mejore. Eso si se cumple el plan de protección. Mientras, expertos afirman que el país no tiene un "plan b".
"Todo tiene un efecto residual muy importante. Aunque se aplique un plan (de protección), eso tiene una inercia de nutrientes volcados a los cursos de agua que no se liberan de un día para el otro", dijo a El País Luis Reolón, director de la División de Evaluación de la Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Para Reolón no es una novedad la aparición de algas en el río, fenómeno que se sintió con fuerza en marzo del año pasado y que terminó en agua potable con mal olor y sabor. La temperatura y los nutrientes vertidos al agua por las industrias dispuestas a lo largo de toda la cuenca hacen que este fenómeno sea esperable. Y no es una situación que vaya a cambiar en el corto plazo.
"Estamos hablando de cosas sabidas y tenemos claro que se van a seguir dando por un buen tiempo. Hasta que podamos ir mejorando todos los aspectos ambientales de la cuenca", dijo. Y agregó: "Difícilmente podamos encontrar una mejora importante de la calidad del agua en menos de cinco años".
Aunque el Ministerio de Vivienda diseñó un plan de acción que maneja plazos hasta 2015, los nutrientes permanecerán varios años en las aguas del país.
Incierto.
El Santa Lucía no es el único recurso hídrico del país contaminado. Según expertos la contaminación está totalmente extendida, por lo que dificulta la disposición de un "plan b" para el país.
Advierten por riesgos que correría el acuífero Guaraní si se extrajera hidrocarburos mediante fracking.
El trabajo se titula “Nuevas tecnologías extractivas para hidrocarburos no convencionales y potenciales riesgos ambientales al acuífero Guaraní”, fue presentado el lunes en el Centro Cultural España y próximamente se publicará en la revista de la Sociedad Uruguaya de Geología. Es la tesis de posgrado de Eduardo Meroni, profesor de geografía; el artículo fue elaborado por él y su tutora, la paleontóloga Graciela Piñeiro, docente de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Meroni relevó antecedentes científicos sobre el impacto ambiental del fracturamiento hidráulico, o fracking, para la obtención de hidrocarburos. Analizó los anuncios gubernamentales respecto de la búsqueda de gas y petróleo en las formaciones geológicas de la Cuenca Norte uruguaya y entrevistó a referentes gubernamentales y académicos.
El artículo explica que el agotamiento de las reservas de petróleo y sus derivados mediante técnicas convencionales (perforación vertical) ha incrementado el uso de metodologías no convencionales para extraer gas y petróleo de lutitas gasíferas, que son “rocas sedimentarias, ricas en materia orgánica, capaces de generar y retener gas”. Detalla que el fracking consiste “en bombear fluidos (abundantes volúmenes de agua, gel, espuma, gases comprimidos, diésel, vapor, etcétera) a presiones lo suficientemente altas (480-850 bar), usando además explosivos para fracturar la roca, aumentar su porosidad y su permeabilidad”.
Mencionan que si bien los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos que ha firmado ANCAP no establecen que se harán mediante fracking, eso “sería un hecho casi consumado considerando que el tipo de yacimientos que se pretende encontrar y explorar no son convencionales”.
Meroni y Piñeiro advierten sobre las emisiones de gas metano y la contaminación del acuífero. “Ante una eventual estimulación hidráulica cercana a un acuífero profundo de tipo confinado-presurizado, como podían serlo algunos segmentos del Sistema Acuífero Guaraní-Pérmico en la Cuenca Norte, las fracturas inducidas y las naturales, estén interconectadas o no, podrían convertirse en un foco de contaminación por sustancias que tienen una conducta migratoria ascendiente”, como gas, petróleo y fluidos de fracturamiento. [...]
El pasado 9 de julio, como es de público conocimiento, la Cámara de Diputados declaro inconstitucional los Decretos aprobados por la Junta Departamental de Tacuarembó que prohíbe la implementación de MEGAMINERIA METALIFERA A CIELO ABIERTO y la práctica de la técnica del FRACKING en la zona rural de nuestro Departamento, como forma de proteger nuestro suelo y nuestra agua dulce.
En la sesión de la semana pasada la Junta Departamental de Tacuarembó, votó apelar la decisión del poder legislativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que los decretos vuelvan a estar en vigencia. Los ediles de nuestro departamento, por una inmensa mayoría, con los votos de todo el Partido Nacional, el Partido Colorado y un voto de un edil del Frente Amplio, con el respaldo de más de 13.000 firmas de ciudadanos que dan cuenta de la voluntad popular contraria a los emprendimientos de minería a cielo abierto y fracking, y han decidido hacer respetar la voluntad de la comunidad de Tacuarembó, a la cual no se le permitió ir a un plebiscito para poder decidir democráticamente.
Queremos que aquí en Tacuarembó resuene el eco de esa alerta que también recorre los países de nuestro continente, pidiendo que se implementen y lleven a cabo procesos de consulta que faciliten la participación de las poblaciones que son o serán afectadas por los proyectos mineros y en la toma de decisiones sobre la posible aprobación de esos proyectos.
¡NOSOTROS NO HEREDAMOS LA TIERRA DE NUESTROS PADRES, LA TOMAMOS PRESTADAS DE NUESTROS HIJOS!
El miércoles en el Municipio de Salinas se realizó la sesión inaugural de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, un ámbito previsto en la Ley del Agua (Nº 18.610) que a su vez fue resultado de la reforma constitucional aprobada en 2004 mediante consulta popular, y que declaró que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales que el Estado debe garantizar. Se trata de espacios que vienen instaurándose desde 2012 en torno a distintos cursos hídricos en todo el país, y que apuntan a la gestión colectiva del recurso.
Los vecinos de Salinas y de la Costa de Oro en general, desde Marindia a Bello Horizonte, se abastecen de agua potable principalmente gracias a esa laguna, donde OSE tiene una toma y realiza la purificación para verterla a la red. La llegada de la soja y las fumigaciones masivas con plaguicidas en los últimos años, junto a otra serie de fenómenos productivos en su área de influencia y en sus subsistemas, habían encendido la alarma social, que ya estaba prendida en varios organismos públicos y organizaciones sociales que defienden la preservación del ambiente.
El miércoles asistieron más de 30 personas en representación de los tres sectores que están habilitados a formar parte de las comisiones de cuenca: gobierno, usuarios y sociedad civil. La de Laguna del Cisne había sido solicitada por la Intendencia de Canelones en julio de 2013, tal como lo recordó Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la Comuna Canaria, el primero en exponer luego de que el titular de la Dirección Nacional de Agua (Dinagua), Daniel González, explicara el marco legal de la comisión, sus potestades y funcionamiento.
La agenda incluía la presentación del estado de situación de la laguna, que estuvo a cargo de los delegados de la propia Dinagua, OSE, el Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República, la dirección de Recursos Naturales Renovables (Renare) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la propia intendencia.
El referente del ente especializado remarcó el valor estratégico que tiene ese curso para el organismo, en virtud de las 25.000 conexiones que abastece, y reconoció el proceso de degradación que ha sufrido en las últimas décadas hasta llegar al estado actual de eutrofización (acumulación de nutrientes, fósforo y nitrógeno, fundamentalmente), que favorece la aparición de cianobacterias, riesgosas para la salud humana.
El funcionario aseguró que se han hecho inversiones para limpiar la laguna y se han ampliado los mecanismos de potabilización, sumando por ejemplo filtros de carbón, todo lo cual permite seguir garantizando la calidad del agua, aunque a un costo cada vez mayor. También dio a conocer algunos resultados de los exámenes que realiza el ente, constatándose a fines de 2013 rastros de trazas de atrazina, un agroquímico que se utiliza para cultivar el sorgo, el cual se destina a los tambos. La atrazina de alta persistencia también había sido el producto hallado en el Santa Lucía el año pasado, y si bien los valores hallados estaban por debajo del mínimo permitido, el episodio causó preocupación y aceleró la búsqueda de una toma de agua alternativa, que estaría ubicada en la zona de San Luis.
El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, habló ayer en la ciudad de Las Piedras sobre su rechazo al proyecto de extracción de hierro presentado por Aratirí. Además criticó duramente al gobierno por querer reservar información sobre el tema, luego que se conociera la apelación presentada por el Ministerio de Industria.
“Hoy nos encontramos con la negativa de un Ministerio a informar sobre el proyecto Aratirí. En 2010 empezamos a trabajar sobre este proyecto. En 2011 interpelamos a tres ministros. ¿Qué pasaba? El gobierno había negociado en 2007 con la empresa multinacional Aratirí, había concedido supuestamente territorio -fuente energética- y el derecho ambiental”, comenzó diciendo el candidato blanco.
“Nosotros queríamos que se nos informe qué es lo que pasaba con Aratirí, por qué había tanto secretismo y tanto interés. Yo personalmente me opuse y me opongo a la instalación de Aratirí”, añadió.
“Pero sin perjuicio de estar a favor o en contra, ¿cuál es el mecanismo de por qué no se le quiere informar a la población? Ahí tenemos otro mecanismo con las mayorías parlamentarias que termina haciendo imposible que la gente sepa qué va a pasar con su territorio, con su medio ambiente”, concluyó.
Uruguay / Juicio Contra El MIEM_Sentencia de 1ra Instancia 10 11 2014 Sentencia del Juez de 1ra. instancia, Alejandro Martínez de las Heras, del 10 de noviembre último, sobre la acción contra el MIEM por la negativa de acceso al expediente de Aratirí.
El proyecto de mega minería que impulsa la empresa Aratirí en Valentines contiene varios aspectos que lo hacen claramente inconveniente para el país.
Nada tiene que ver con el desarrollo sostenible que se intenta generalizar en Uruguay. Implica extraer hierro del subsuelo en campos de aptitud agropecuaria, lo que significa priorizar la explotación de un recurso no renovable en detrimento de otro que sí lo es, y que se perderá para siempre, para ganar dinero rápido y ahora.
Los impactos ambientales negativos que provocarán las minas y su funcionamiento (estériles, cubas de moliendas, embalses de relaves, sustancias químicas utilizadas, etc.) serán graves. Afectarán el suelo, las aguas subterráneas y superficiales de la zona, sobre el aire, la fauna, la flora; afectando seriamente la realización de actividades productivas de los predios vecinos. Impactará a un número importante de pequeños y medianos productores, lo que incluirá en varios casos la migración obligatoria.
Lo más preocupante es que este proyecto cuenta con el apoyo gubernamental.
Si el Gobierno no firma el contrato con la minera Aratirí antes del 28 de febrero, la empresa tendrá un plazo máximo de 180 días para presentar un comprador oferente; si no lo hace el Estado, tendrá la preferencia para comprarle la información técnica que le interese y crear una institución pública para la explotación del hierro.
Fuentes oficiales dijeron a El Espectador que debido a todos los aspectos pendientes de aprobación ambiental, es "muy difícil" que el contrato con la minera se pueda firmar antes del 28 de febrero.
Esta mañana el presidente de la República, José Mujica, estuvo tratando el tema con el secretario de la presidencia, Homero Guerrero.
Por su parte, el Ministerio de Industria apeló la decisión de la Justicia que lo obligó a hacer pública información relativa a Aratirí.
Uno de los referentes del grupo Uruguay Libre, Raúl Viñas, dijo a El Espectador que no le sorprendía la apelación del Ministerio, ya que "sistemáticamente se ha negado a brindar información que es de interés para la ciudadanía", expresó.
Viñas se pronunció en contra de la explotación del hierro en el país, ya sea por emprendimiento privado o público, "ya que no están dadas las condiciones", sentenció.
Entrevista / Victor Bacchetta (Movimiento por un Uruguay Libre de Megaminería)
Tras el fallo inicial del juez Alejandro Martínez, que ordenó divulgar el contrato de explotación minera, este lunes el Ministerio de Industria presentó una apelación judicial y activó un plazo de tres días para los descargos de la contraparte, informó el diario El País.
Luego el tribunal de Justicia tendrá cuatro días para analizar los alegatos y dará una decisión definitiva, que ordenará la divulgación de los datos de Aratirí o mantendrá la cláusula de confidencialidad.
"Estamos confiados que tenemos toda la razón en lo que estamos haciendo y el fallo en primera instancia del juez es muy claro", expresó.
Añadió que la Justicia en los temas de acceso público a la información "ha respondido adecuadamente".
Informó que en esta jornada conocerán los argumentos que presentó el Ministerio de Industria y en base a eso redactarán su contestación.
Para Bacchetta, Aratirí limita la divulgación del contrato de explotación minera no por motivos de competencia comercial, sino "para que el público no tenga acceso a la información".
Señaló que esta cláusula de confidencialidad "es un exceso" y cuestionó otro argumento de la empresa, vinculado a la tecnología nueva que aplicará en Uruguay, porque consideró que Aratirí no hará nada innovador "en un yacimento pequeño" como el de nuestro país.
El Poder Ejecutivo apeló un fallo que obliga al Ministerio de Industria y a la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) a levantar la confidencialidad del proyecto minero de Aratirí.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, que presentó el recurso, tiene ahora tres días para apelar.
El lunes 10 de noviembre el juez Alejandro Martínez de las Heras dictaminó a favor del reclamo del grupo contrario al proyecto de exploración y extracción de Valentines (Treinta y Tres), haciendo lugar a su pedido de acceso a la información pública.
El movimiento sostiene que es “absurdo y gravísimo” que a pedido de la empresa el gobierno haya declarado confidencial información clave sobre el proyecto, como por ejemplo el porte de las canteras, la altura de los taludes de estériles y el cronograma de cierre de las minas. Uno de sus dirigentes, Víctor Bacchetta, dijo a El Observador que estos datos no se ocultan “en ninguna parte del mundo”, y según el abogado del grupo, Martín Prats, su reclamo se basa en “derechos humanos, ambientales y el deber de transparencia del Estado”.
En junio, el gobierno declaró reservada toda esta información a pedido de Zamin Ferrous, que –según informa El País- sostiene que invirtió alrededor de US$200 millones en investigación y desarrollo y no puede “alegremente” facilitar datos que hacen a su plan de negocios, como por ejemplo el volumen del mineral o la calidad del mismo.
Ayer el Movimiento Uruguay Libre fue notificado de que el gobierno apeló el fallo, y entonces comenzó a correr el plazo para que presente sus descargos. Luego un Tribunal de Apelaciones dispondrá de otros 4 días para dictar una sentencia definitiva, que ratifique la obligación de levantar el secreto sobre el proyecto, o la revoque.
Aratirí negocia desde hace casi un año con el Gobierno un contrato para extraer de Valentines y alrededores unas 18 millones de toneladas de hierro a lo largo de unos 15-20 años. Piensa cavar unas cinco minas y transportar el mineral a través de un mineroducto para sacarlo por un puerto de Rocha.
Son más de 12.000 los productores rurales que en los últimos años abandonaron el campo porque ya no les daba el sustento para vivir. Subrayado Investiga recorrió el interior, conversó con productores y con especialistas sobre el despoblamiento del campo y su impacto en la economía nacional.
La Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) “apoyará” a Bolivia en cualquier decisión que tome el país con relación a la puesta en marcha próximamente de un plan de energía atómica con fines pacíficos.
La información publicada por EFE corresponde al representante de este organismo, el ingeniero Pablo Delfang, quien dio detalles del plan nuclear en una entrevista en la cadena de televisión ATB. Delfang se encuentra de visita en Bolivia por invitación del Gobierno para asesorar a las autoridades sobre este proyecto.
“La discusión se tiene que dar dentro de Bolivia y la única discusión válida es la decisión que haga Bolivia. El Organismo Internacional de Energía Atómica apoyará a Bolivia en todo el proceso en cualquier decisión que tome”, afirmó.
El profesional subrayó que “si hay una decisión soberana de un país de entrar en el campo de la energía nuclear y pide asistencia al Organismo Internacional de la Energía Atómica, (éste) prestará la asistencia necesaria y en particular cuidará que se apliquen todos los estándares de excelencia de seguridad mundial, las buenas prácticas de la tecnología y los mejores procesos”.
Proceso. El representante de la OIEA precisó que, partiendo de cero, el proceso para poner en marcha la infraestructura necesaria para producir energía nuclear “requiere de siete a diez años”. Delfang agregó que cuando culminen todas las fases, el organismo al que representa garantizará el uso de la energía atómica para fines pacíficos. El presidente Evo Morales anunció en octubre que antes de que acabe este año el país dará los primeros pasos para la puesta en marcha de un programa nuclear con fines pacíficos, una intención que ya había manifestado previamente en varias ocasiones.
Según los planes avanzados por Morales, las plantas de energía atómica estarán situadas en el departamento de La Paz, y la inversión superará los $us 2.000 millones. En esa región se instalarán un acelerador de partículas de tipo ciclotrón PET/CT, un reactor nuclear de investigación y otro de potencia para generación de energía. Los posibles socios de Bolivia para llevar adelante este plan nuclear son Rusia, Argentina y Francia. Morales ha defendido reiteradamente el derecho del país a contar con energía atómica y ha asegurado que ésta se destinará a fines pacíficos, como la investigación médica y agroalimentaria. Cuando se concluya la instalación de los reactores nucleares, la OIEA garantizará su uso pacífico.
Violando leyes de transparencia de la función pública, de acceso a la información y participación social – incluyendo la Ley de Minería de Gran Porte –, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) adoptó el criterio de la empresa Aratirí y declaró confidencial toda la información del proyecto minero. El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) no se hizo cargo directamente de esta decisión, pero la defiende de hecho, lo que condujo a una acción ante la Justicia por la Ley de derecho de Acceso a la Información Pública (N°18.381) que le ordenó entregar la información requerida.
Víctor L. Bacchetta
Tuvimos una sorpresa, en junio de este año, cuando nos entregaron el expediente de Aratirí en la Dinamige, al que habíamos accedido otras veces, y encontramos que se le había retirado toda la información técnica del proyecto. Si estaban, y habían aumentado visiblemente, los recursos de decenas de productores rurales contra las notificaciones de la concesión para explotar las minas y de las servidumbres de paso del mineroducto en dirección a la terminal portuaria. Éstos y otros documentos permitieron, no obstante, conocer el trasfondo de lo que había sucedido.
En los recursos de los productores era una constante el reclamo de información sobre el proyecto minero para poder evaluar el impacto sobre los campos. Esto iba acompañado de una descripción de la actividad presente en los mismos que sería afectada y que justificaba el rechazo. La réplica de Aratirí presente en el expediente consistió, simplemente, en plantear que la información técnica del proyecto tiene carácter confidencial y que la supremacía de la actividad minera sobre las otras debe ser resuelta por la aplicación del artículo 65 del Código de Minería vigente (1).
Aratirí alegó ante Dinamige que los aspectos técnicos debían ser “confidenciales y reservados por formar parte del ‘know how’ de la empresa” y que los mismos no deberían ser accesibles por sus competidores, “ni por el público en general”. Para justificarlo, agregó que su proyecto era “de una entidad y características totalmente distinto a los existentes hasta ahora” (sic). Basándose en la evidente exageración de esta frase, Aratirí atribuye a todos los datos técnicos del proyecto el mismo valor que las informaciones del patrimonio personal o el secreto comercial.
El artículo 10 de la Ley 18.381 define como confidenciales las informaciones sobre “el patrimonio de la persona” y aquella que “comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”. Nadie cuestiona que estos aspectos sean preservados, pero no abarcan necesariamente todos los datos técnicos del proyecto. Además, la calificación no debe ser realizada por la empresa sino por la Administración y los casos deben ser “de interpretación estricta”, no genérica.
El Director de la Dinamige, Pier Rossi, adoptó una resolución, el 15 de mayo de 2013, en la cual sostuvo que “toda la documentación aportada contiene información del patrimonio, hechos o actos de carácter económico, contables jurídicos y administrativos (…) que pudieran resultar útiles para un competidor” e, invocando el mencionado artículo 10, declaró como confidencial “la totalidad de la información contenida en este Asunto relativa a los informes técnicos presentados por MINERA ARATIRÍ S.A.” O sea que aceptó sin más el criterio propuesto por la empresa.
Sin respaldo técnico ni jurídico
En el mismo expediente de la Dinamige encontramos elementos que cuestionan la validez actual de tal resolución. En una nota del 8 de mayo de 2014, la Asesoría Jurídica del MIEM, señalaba que según lo establecido por la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126),“la declaración de confidencialidad solicitada (por Aratirí) no compete a DINAMIGE sino al Ministerio de Industria, Energía y Minería”. La nota referida planteaba “que la Superioridad convalide la resolución” y, además, que se agregara “el informe en el que(Dinamige) arriba a dicha conclusión”.
La División Minería respondió el 10 de junio diciendo, simplemente, que “ha entendido pertinente el planteo realizado por la empresa” y enumeró los elementos incluidos en la información técnica referida por la resolución, a saber: “descripción e interpretación geológica de los yacimientos, metodologías de diseño de mallas de perforación, obtención y preparación de muestras, métodos analíticos, controles de calidad de la base de datos, separación de dominios estadísticos, geoestadísticos y estructurales, estadísticas, detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas, dimensiones y etapas de desarrollo de las minas, selección de las leyes de corte, criterios y metodología de selección de maquinaria y equipos industriales, operativa de cada mina, procesos de beneficiación, cronogramas de ejecución, volúmenes de producción de mineral y concentrado, instalaciones auxiliares, dimensionamiento de pilas de estéril, represas de relaves y de agua fresca, dimensionamiento de plataformas de mineral de alta y baja ley, sistema de transporte dentro y fuera del complejo, mineroducto, terminal de recepción de concentrado, informes de auditoría, bases de datos en formato digital y certificados de análisis, mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología, plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y la consecuente cuantificación de reservas” (sic).
La simple transcripción de esta lista, con la aclaración final para eliminar cualquier duda, revela el carácter arbitrario de la confidencialidad solicitada por Aratirí y concedida por la Dinamige. De aceptarse este criterio, será reclamado por otras empresas y toda la información sobre cualquier proyecto minero pasaría a ser secreta.
Es más aún, la Dinamige también pretende considerar confidenciales “los informes realizados por la Unidad de Evaluación, Control y Gestión de Proyectos Mineros de esta Dirección Nacional, elaborados en respuesta o con posterioridad al análisis de información técnica suministrada por la empresa y haciendo referencia a la misma”. Esto sería la consagración del contubernio empresa-estado en perjuicio de la transparencia de los actos de la Administración, el acceso de los ciudadanos a la información pública y la participación social establecidos en la propia Ley 19.126.
El camino de la Ley 18.381
Dada la gravedad de la resolución de la Dinamige y que la Asesoría Jurídica del MIEM señalaba correctamente que se requería la decisión de la Superioridad, efectuamos una nueva solicitud, el 30 de junio, de acceso al expediente técnico de Aratirí. El 28 de julio, nos dieron vista de una nota de la Asesoría Jurídica del MIEM que, haciendo referencia a la resolución de la Dinamige y, de acuerdo con ella, concluía que no es posible acceder a la petición. Evidentemente, la Asesoría Jurídica se contradecía, porque seguía sin haber decisión del titular del ministerio.
Dejamos sentada, en nota del 5 de agosto, nuestra discrepancia con la respuesta de la Asesoría Jurídica y la resolución de la Dinamige, por no cumplir con el artículo 16 (sobre Competencia para decidir) de la Ley 18.381, que dice: “El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada”. Luego supimos que, desde el 13 de agosto, la solicitud estaba a consideración del ministro.
El jerarca del MIEM no tomó una decisión, pero tampoco nos dieron el acceso pedido. Habiendo superado todos los plazos legales, se configuró de esta manera el “silencio positivo”previsto por la ley 18.381. Bajo este título, el artículo 18 establece que “Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela”.
Con el apoyo jurídico de Martín Prats, abogado integrante de CAinfo, ONG especializada en el derecho de acceso a la información pública, iniciamos el 4 de noviembre último, ante lo Contencioso Administrativo, una acción de acceso contra el MIEM. El juez encargado del Tribunal de Primera Instancia, Alejandro Martínez de las Heras, convocó a la primera audiencia tres días después, el viernes 7.
Poniendo en evidencia que el organismo se sujetó simplemente a la petición de la empresa, la representación legal del MIEM justificó la negativa a la entrega de la información en base a la resolución original de la Dinamige y solicitó que se convocara a Aratirí con el fin de fundamentar la alegada confidencialidad. A todas luces, era una propuesta improcedente por ser una información en poder de un organismo del estado y ser éste el obligado por la ley a definir qué es y qué no es confidencial. El juez rechazó rápidamente en la misma audiencia esta solicitud.
Insinuando conflicto de poderes
Descartada la convocatoria de Aratirí, la defensa del MIEM apuntó a separar el trámite de solicitud de acceso, de la declaración de confidencialidad realizada por la Dinamige. Era una separación artificial e infundada, porque, al ser definido por el gobierno como un proyecto de minería de gran porte, la declaración del carácter confidencial de sus datos debe guiarse por la Ley 19.126. Como mostramos anteriormente, la misma Asesoría Jurídica del MIEM había sostenido que la Dinamige no es el organismo competente para hacerlo.
No obstante, la representación ministerial insistió en la argumentación, al punto que adjudicó a nuestra acción la pretensión de que “que sea ahora el Poder Judicial quien se pronuncie sobre un extremo que es de resorte de la Administración, lo cual podría determinar que se produjera un apartamiento del principio de separación de poderes constitucionalmente establecido” (sic). El juez se limitó a solicitar que la demandada aclarara si había o no decisión sobre la solicitud de acceso a la información, a lo que tuvieron que reiterar que no había resolución firmada.
En nombre de la parte actora, Martín Prats expresó que el tipo de información solicitada es una información que refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que fueron citadas en la demanda, así como disposiciones constitucionales y la propia Ley de Minería de Gran Porte relacionada específicamente con este caso.
En la siguiente audiencia, el lunes 10, Martínez de las Heras falló ordenando al MIEM brindar la información requerida en un plazo de 15 días ininterrumpidos desde esa fecha. El juez estableció como limitación de la información a entregar aquella “exclusivamente relacionada con aspectos vinculados al “secreto industrial o comercial” de la empresa respectiva, información que debe ser objeto de reserva por parte de la Administración”. Esta restricción surge de la ley 16.466 sobre Protección del Medio Ambiente y es análoga a la antes referida de la Ley 18.381.
———————————(1) Para eliminar los obstáculos en el terreno, Aratirí recurre al Artículo 65 del Código de Minería que dice: “Las labores mineras no podrán practicarse en terrenos cultivados, a una distancia menor a 40 metros de un edificio o de una vía férrea o de un camino público, a 70 metros de cursos de agua, abrevaderos o cualquier clase de vertientes. Si las labores mineras en dichas zonas fueran indispensables, la Dirección Nacional de Minería y Geología podrá otorgar una autorización especial a ese fin, prescribiendo las medidas de seguridad que correspondan”. La simple lectura del texto de la ley muestra que el proyecto de Aratirí viola los límites del Código de Minería cuando la explotación se propone ocupar las cuencas de tres arroyos (Valentines, Las Palmas y Las Conchas) y desviar el río Yí para dar lugar a los cráteres y el embalse de relaves. Pero, además, para atravesar con el mineroducto las zonas de actividad agrícola y forestal, así como los cursos de agua, pretende que la Dinamige declare que son labores “indispensables” y otorgue la “autorización especial” prevista para situaciones excepcionales.
Violando leyes de transparencia de la función pública, de acceso a la información y participación social – incluyendo la Ley de Minería de Gran Porte –, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) adoptó el criterio de la empresa Aratirí y declaró confidencial toda la información del proyecto minero. El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) no se hizo cargo directamente de esta decisión, pero la defiende de hecho, lo que condujo a una acción ante la Justicia por la Ley de derecho de Acceso a la Información Pública (N°18.381) que le ordenó entregar la información requerida.
Petrel Energy Limited / Comunicado de prensa 3/11/14.
Completada la adquisición de sísmica en Uruguay
• Completada la adquisición de sísmica • Datos de sísmica de excelente calidad • Identificadas pistas convencionales potenciales
Petrel Energy Limited (ASX: PRL) se complace en anunciar que la adquisición de 597 kilometros de prospección sísmica 2D fue completada con éxito, a través de los bloques de exploración de Piedra Sola y Salto en Uruguay el 30 de octubre. El programa se inició a mediados de julio con la contratación de Panamerican Geophysical Company Ltd para llevar a cabo el estudio por parte de nuestro socio Schuepbach Energy International LLC (SEI). La adquisición de datos sísmicos se inició a principios de agosto en la concesión de Salto y luego se trasladó a Piedra Sola hacia el final de setiembre.
El análisis preliminar e interpretación de los datos sísmicos de Uruguay ha confirmado la opinión del SEI y de Petrel que datos interpretables de buena calidad pueden ser adquiridos a través de hasta 1000 metros de basalto que se superpone a los bloques de exploración. No sólo han revelado los datos la estructuración geológica obvia sino que también han identificado una cuenca más profunda en la concesión de Salto. Aunque se requiere un mayor procesamiento para tener una idea del potencial no convencional, las primeras líneas en Salto occidental interpretadas a la fecha ya han identificado pistas convencionales potenciales dignas de seguimiento. Se espera identificar más pistas potenciales una vez analizada la sísmica restante.
David Casey, director ejecutivo de Petrel, declaró que "si bien es temprano y se necesita más tiempo para finalizar el procesamiento e interpretación, nos sentimos muy alentados no sólo por la calidad de los datos registrados, sino también por el éxito inicial en la identificación de varias pistas sobre un área pequeña de tan sólo 400 km2" .
Expertos alertan que el crecimiento de la producción agroindustrial va en detrimento de la plantación de alimentos , tubérculos o frutas. El Gobierno garantiza seguridad alimentaria para 2025.
"Los productores prefieren producir más soya en Santa Cruz o quinua en el caso de Oruro porque son más rentables y generan mejores ingresos. El problema es que están dejando de producir y consumir productos tradicionales por aquellos de exportación que son más rentables”, explicó el economista Julio Prudencio en el seminario "Recientes Transformaciones Agrarias en Bolivia”, organizado por la Fundación Tierra. En el análisis presentado por Prudencio, en las cosechas 2000 y 2001 la producción de los cultivos básicos para la alimentación (haba, arveja, cebolla, tomate, maíz, choclo, papa, yuca e inclusive el trigo y el arroz) representaba el 7,11%, mientras que los cultivos de exportación (caña de azúcar, girasol, soya, sésamo) llegaban al 67,55%.
"Doce años después, los mismos cultivos básicos para la alimentación representan el 9.21%, con un incremento de sólo el 2%, mientras que los cultivos de exportación ahora representan el 71,38% del total de la superficie cultivada en Santa Cruz (aumentaron 3,73%)”, agregó. Dijo que la superficie cultivada de la soya transgénica aumentó cerca de 622 mil hectáreas en 12 años y la papa creció sólo en 2.000 hectáreas.
Ante nuevos episodios de mortandad de abejas por aplicaciones de plaguicidas altamente peligrosos, la Red de Acción en Plaguicidas Chile / Alianza por una Mejor Calidad de Vida reitera su demanda de inmediata prohibición de los tres insecticidas neonicotinoides, el imidacloprid (Gaucho), clotianidina (Poncho), thiametoxam (Cruizer), de Syngenta y fipronil (Regent, de Bayer/Basf) de la familia de los fenil-pirazoles, cuyo uso ya está prohibido en la Unión Europea, y de otros plaguicidas tóxicos para las abejas como el Sevin.
La petición de prohibición de los neonicotinoides (formulada en carta al SAG del 30 de agosto de 2013) y de los plaguicidas altamente peligrosos, no han sido acogidas por lo cual ahora la reiteramos con urgencia al gobierno de la Presidenta Bachelet.
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![[Audio] Activistas confían en que la Justicia levantará el secreto al contrato de Aratirí pese a apelación del gobierno. | MOVUS | Scoop.it](https://img.scoop.it/qiyhINztBOWSAAQaLNyy5Tl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)
