El gobierno ya decidió que prorrogará la negociación con Aratirí del 28 de noviembre al 28 de febrero, posibilidad que le da la ley de minería de gran porte. Tras el 28 de febrero, Aratirí tiene la posibilidad de presentar otro interesado, pero no lo hará.
Está llegando la hora de la verdad para la larga negociación entre el gobierno y Aratirí. El Ejecutivo ya decidió que hará uso de la posibilidad establecida en la ley de minería de gran porte (19.126) de extender hasta el final mismo de su mandato las tratativas, dijeron a El País fuentes oficiales. Si para el 28 de febrero no hubiese acuerdo, se abre un escenario de incertidumbre. Si bien la ley establece la posibilidad de que el interesado presente a otra empresa que quiera extraer el hierro de la zona de Valentines para que con ella negocie el gobierno, esa posibilidad está descartada.
Fuentes al tanto de las conversaciones dijeron a El País que Aratirí "está concentrada totalmente en ser ella la que explote el yacimiento y en este momento no ve la posibilidad de traer a otro interesado". La ley da un plazo de 180 días para negociar con un eventual nuevo interesado.
En las tratativas se está barajando que el contrato tenga un plazo que ronde los 20 años y se está cerca de acordar la modalidad con la que constituiría Aratirí las garantías que aseguren que cumplirá con sus obligaciones. La empresa está preocupada por el precio del hierro que está en el nivel más bajo en más de cinco años pero confía en que la cotización se revierta y explica que se trata de un proyecto a largo plazo. En febrero de 2011 (año en que Aratirí comenzó a interesarse en los cinco yacimientos de Valentines) la tonelada de hierro operaba a US$ 192 pero esta semana ronda los US$ 77. En lo que va de 2014 su precio ha retrocedido 42%. La menor demanda china y el incremento de la oferta han hecho que las perspectivas para los metales en general no sean buenas.
La empresa ha dicho que necesita que la tonelada ronde los US$ 100 durante un período prolongado para que su inversión tenga viabilidad.
Los ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto advierten que si el gobierno firma el contrato antes de que se obtengan las autorizaciones ambientales del proyecto, lo hará sin apoyo político porque incluso el Partido Independiente, que respalda este tipo de explotación, considera inconveniente la suscripción sin los permisos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Raúl Viñas, uno de los referentes del movimiento que se opone a la minería metalífera a cielo abierto, dijo a El País que la cotización del hierro hace inviable la explotación y que la puesta en marcha de minas en todo el mundo de las cuales es más barato extraer el metal, hace que los yacimientos uruguayos sean poco competitivos. Viñas dijo que si las conversaciones no terminan en tiempo ello se deberá, en parte, a que la empresa presentó los estudios de impacto ambiental del emprendimiento con atraso.
El análisis de los estudios le llevará a Dinama unos 6 meses a partir de su presentación en agosto pasado.
De acuerdo con esos estudios a los que accedió El País, trabajarán 300 personas en la construcción del ducto que llevaría el hierro al nuevo puerto de Rocha y 350 en la terminal portuaria. Una vez terminadas las 2 obras, 10 trabajadores operarán el ducto y otros 140 se desempeñarán en la terminal portuaria.
La construcción de la terminal demandará 28 meses y la del minerroducto 640 días. La empresa quería que se la habilitara a que la terminal estuviera en La Angostura, pero el gobierno insiste en que debe estar localizada en El Palenque.
Aratirí calcula que llegaría a la terminal un buque cada 3 días cuya carga tomaría 22,5 horas. El gobierno apuesta a que la explotación de Aratirí contribuya a darle actividad al puerto de aguas profundas.
Los ambientalistas creen que quizás la empresa esté buscando recuperar la inversión realizada vendiendo al Estado la información técnica sobre los yacimientos. Esa posibilidad está prevista en la ley de minería: "En caso de no otorgarse la concesión para explotar o que no se alcance acuerdo en las condiciones particulares del contrato, el Estado uruguayo tendrá la preferencia de compra de los datos contenidos en el proyecto, incluso aquellos declarados reservados".
Brasil en el puerto de Rocha
Un tema central de la agenda que desarrollará en su visita a Brasil el presidente José Mujica es el puerto de "aguas profundas" en Rocha que, insiste el gobierno, es viable. Uruguay quiere que el puerto sea financiado en gran parte por Brasil al que incluso se le podrían ofrecer parte de sus instalaciones como ya se ha hecho con Bolivia y Paraguay.
El puerto tendría un costo de al menos US$1.000 millones y el gobierno quiere que Brasil financie al menos la mitad aunque en ese país se han levantado algunas voces de operadores de terminales portuarias contra la posibilidad de que se financie un puerto competidor.
Diego Cánepa, prosecretario de la presidencia de la República, considera que la viabilidad del puerto no está en cuestión (la oposición ha dicho que no tiene cargas aseguradas suficientes). Recordó, en este sentido que, en algún momento, Uruguay tendrá una planta de celulosa en el este del país cuya producción saldría por Rocha y que Paraguay necesita una salida conveniente económicamente para su producción agrícola que el puerto podría facilitar.
"El puerto está concebido en etapas. Hay mucho interés de privados. Esta es una obra que estará pronta para el período de gobierno 2020 2025", aseguró Cánepa.
De todas formas, la decisión argentina de no transbordar mercaderías en los puertos uruguayos (de noviembre del año pasado) ha generado dudas sobre la obra. Las empresas Serman y CSI Ingenieros proyectan cuál debería ser su infraestructura básica.
Mujica también analizará en Brasil la interconexión eléctrica en alta tensión existente con ese país.
Lo que el gobierno de Santos ha hecho con la mano por la Amazonía, lo está borrando con el codo. Como lo contó La Silla Vacía, en agosto de 2012 el ex Ministro Frank Pearl, antes de salir del Ministerio de Ambiente, le lanzó un salvavidas a la Amazonía. Lo que hizo Pearl fue expedir la Resolución 1518 de 2012, la cual estableció que no se podría sustraer ninguna área de la Amazonía clasificada como Reserva Forestal (según la Ley 2 de 1959) para actividades mineras, hasta que el Ministerio de Ambiente hiciera la zonificación y el ordenamiento del territorio. Es decir, definiera cuáles áreas del territorio amazónico clasificadas como Reserva Forestal --que es su gran mayoría, deben ser protegidas y en cuáles se pueden implementar proyectos económicos, entre ellos la minería.
La Reserva Forestal de la Amazonía se creó en 1959, junto con seis áreas más, para otorgarle una categoría especial de manejo a áreas ricas ambientalmente. Sin embargo, hasta la Resolución de 2012 la ley le permitía a cualquiera solicitar una sustracción (es decir, hacerle un recorte), a esa zona para realizar actividades de interés público, como es considerada la minería.
Lo que hizo la declaración del Ministerio en 2012 fue proteger la Amazonía porque impidió que se siguieran realizando sustracciones para realizar actividades mineras en uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Para tomar la decisión, el Ministerio aplicó el principio de precaución, cuyo objetivo es dotar a las autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el daño o el riesgo o peligro que enfrenta el medio ambiente. Este principio opera cuando se dan cuatro circunstancias: i) que exista un riesgo por una actividad humana que pueda generar un daño, (ii) que ese riesgo tenga bases científicas; (iii) que el daño que puede ocurrir sea grave y (iv) que subsista la incertidumbre sobre los daños, como lo explicaron Natalia Orduz y Rodrigo Uprimny. El caso de la explotación minera en el Amazonas recogía los cuatro elementos pues ese tipo de intervención puede generar múltiples daños – incluso desconocidos e irreversibles- en el ambiente. [...]
Sin embargo, las resoluciones y la decisión del Ministerio es problemática por tres razones y vuelve a poner en riesgo al pulmón del mundo.
En primer lugar, las resoluciones, a pesar de no zonificar toda el área de Reserva Forestal como exigía la 1518, levantaron la prohibición de sustraer de todo el territorio, dejando desprotegidas grandes extensiones de la Amazonía, entre ellas las zonas de resguardos indígenas. La zonificación sólo se realizó sobre lo que el Ministerio de Ambiente, en una presentación a medios de octubre de 2014, llamó las “áreas sin decisión de ordenamiento.” Como se ve en el mapa 2, el Ministerio sólo ha zonificado las zonas que no son parques nacionales, resguardos indígenas, parque natural regional, reservas forestales protectoras nacionales, o cabeceras municipales (ver zonas Tipo A, B y C). Eso significa que en el caso de Caquetá, Guaviare y Huila (CGH), el Ministerio sólo zonificó el 52,67% (6.309.035 ha) del territorio. La cifra se hace aún más preocupante en el caso de la zona de Vaupés, Amazonas y Guainía pues sólo zonificó el 8% del territorio; allí es alarmante que el 76% de todo el territorio sean resguardos indígenas y estas zonas no hayan sido zonificadas. En últimas, el Ministerio sólo organizó alrededor del 10% del territorio pero a pesar de eso levantó la suspensión en todo el territorio, con lo que vuelve a abrirle la puerta a la explotación minera de gran parte de la Amazonía.
Henry Oporto, sociólogo, investigador de la Fundación Pazos Kanki y experto en temas mineros, sostiene que la prolongada y persistente caída de los precios de los minerales en el mercado internacional podría ser el "detonante” de una crisis mayor de la minería boliviana y, eventualmente, del "colapso” de la industria minera. "Estamos viviendo un cambio en el ciclo económico, por los menos en la minería. Hemos ingresando a un ciclo de bajos precios y parece que los bajos precios han llegado para quedarse”, dice en la entrevista dominical del Desayuno de Trabajo de Página Siete.
Lucrecia Wagner es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen). Como investigadora de Conicet, focalizó sus estudios en el análisis de la megaminería, una actividad que causa un gran impacto ambiental y genera procesos de movilización y resistencia en las poblaciones afectadas.
El desarrollo de proyectos mineros a gran escala motivados por la llegada de inversiones extranjeras se produjo en los ’90, en un marco de desregulación económica y flexibilización laboral. A partir de 2005, se visibilizaron los conflictos por el dominio de los yacimientos y la problemática tomó relevancia pública.
En este sentido, la emergencia de los debates realizados en los medios de comunicación impulsó el desplazamiento de voces civiles –en el pasado, periféricas– hacia el centro de la escena social. Durante la última década, especialistas en medioambiente promovieron foros de discusión y fomentaron instancias de participación ciudadana en las diferentes regiones de la nación. Ello, en última instancia, generó la sanción de normativas restrictivas por parte de las legislaturas provinciales respecto de la actividad minera.
Conferencias del profesor de geografía Eduardo Meroni y de la doctora en biología Graciela Piñeiro sobre posibles impactos de la explotación en Uruguay de hidrocarburos no convencionales el 10/11 a las 18:00 hrs. en el Centro Cultural de España. / Montevideo
El gobierno de Canadá no investiga ni hace que las poderosas empresas mineras de su país respondan por las violaciones de los derechos humanos que cometen en América Latina, denunciaron activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en esta capital.
Los activistas también denunciaron ante la CIDH que Ottawa no pone el sistema jurídico canadiense a disposición de las víctimas de estos abusos.
"Con demasiada frecuencia, las empresas extractivas se comportan como si tuvieran un doble discurso, uno para el país de origen y otro para el exterior”: Alex Blair.
“Canadá se comprometió a aplicar un marco voluntario de responsabilidad social empresarial, pero este no proporciona ningún recurso a las personas que se vieron perjudicadas por las operaciones mineras canadienses”, afirmó Jennifer Moore, coordinadora del programa de América Latina de la organización no gubernamental(ONG) MiningWatch Canada.
“Buscamos el acceso a los tribunales, pero también que el Estado canadiense tome medidas preventivas para evitar estos problemas en primer lugar. Por ejemplo, una oficina independiente que tenga la facultad de investigar las denuncias de abusos en otros países”, explicó.
Moore y otros que hablaron ante la CIDH presentaron formalmente un informe que describe las inquietudes de cerca de 30 ONG y hace varias recomendaciones, durante la audiencia del martes 28, dentro de su 153 periodo de sesiones, que se desarrolla entre el 23 de este mes y el 7 de noviembre.
Estos grupos presionan desde hace años para que Ottawa garantice una mayor responsabilidad del sector minero, con el respaldo de recomendaciones similares procedentes de una comisión parlamentaria, en 2005, y de la Organización de las Naciones Unidas, agregó Moore.
“No hubo ninguna novedad en la última década… El gobierno canadiense se niega a aplicar las recomendaciones”, subrayó la activista.
“La respuesta del Estado hasta la fecha ha sido la de reforzar firmemente este marco voluntario que no funciona, y eso es lo que le escuchamos una vez más en esta audiencia”, aseguró.
Preocupados por las exploraciones que se llevan adelante en la zona de influencia de la localidad de Piedra Sola, un grupo de jóvenes se movilizó y organizó una charla sobre fractura hidráulica o fracking, mañana a las 19.30 en la Casa de Ejercicio, a cargo de “Paysandú Nuestro”.
Nucleados en “Te vi Piedra Sola” denunciaron el movimiento que observan en la zona, donde ya se encuentran instalados. “Camiones, camionetas, autos, obreros, empresarios, cables, transformadores, enchufes, y miles de aparatos que ni idea tenemos de qué serán”, al tiempo que cuestionaron las razones por las cuales se instalan en el lugar. “¿Por qué justo acá? ¿Por qué en nuestro pueblito? No existe justificativo para lo que se podrá llegar a hacer y aunque le buscamos el lado bueno, no lo hay. No hay anda bueno en lo que harán. Supuestamente simplemente ahora se comenzó con la investigación del suelo, para ver si hay algo que a ellos les sirva. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro pueblo qué? Sentimos una impotencia muy grande al no poder hacer nada, con estas tremendas empresas que llegaron al pueblo diciendo que buscaban petróleo.
¿Pero nos informaron cómo lo harán? Mentira; entraron, dividieron al pueblo en dos, llenando la calle de cables y transformadores, sin ninguna explicación y sin ningún justificativo”, subrayaron. Por su parte, integrantes de Paysandú Nuestro aclararon que por el momento las tareas se encuentran “en una etapa de exploración, para tranquilidad de los vecinos. Al menos por ahora, no se está haciendo fracking. El tema es que si se encuentra gas o petróleo del tipo no convencional en cantidades suficientes, la explotación sería mediante fractura hidráulica. Por eso, felicitamos a los vecinos de Piedra Sola por ocuparse del tema porque es el momento de dejar en claro que no estamos dispuestos a permitirlo en nuestro territorio”.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, expresó en diálogo con ADNSur tras mantener una reunión con diputados en la Legislatura que durante el encuentro "les hemos contado lo que pasa en otras provincias donde la minería ya ha entrado con datos objetivos de los propios Gobiernos" y puso el ejemplo de Catamarca, que "tiene el primer proyecto minero que ingresó en 1997, La Alumbrera, y sigue siendo una de las provincias más pobres", cuestionó. Explicó que "ahora empieza el proceso de cierre de mina y la realidad muestra lo que pasó con todas las promesas de trabajo y desarrollo".
El tesoro de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta promete autoabastecimiento energético y desarrollo para Argentina. Pero la fractura hidráulica requerida para arrancar esa riqueza enquistada en rocas subterráneas, podría pagarse muy cara.
El paisaje se transfigura al alejarse unos 100 kilómetros de Neuquén, la capital de la provincia del mismo nombre, en el sudoeste argentino. En la bautizada por algunos “Arabia Saudita de la Patagonia” florecen los frutales y se extienden verdes los viñedos en el comienzo de la primavera austral.
Pero a los costados de la carretera, con un intenso vaivén de camiones que transportan agua, arena, químicos y estructuras metálicas, las torres de perforación y las máquinas de bombeo comienzan a sustituir las prolijas hileras de álamos que protegen los cultivos del viento patagónico.
Reseña del último informe sobre la situación de la propiedad de la tierra en Uruguay, de Oyhantzabal, Areosa y Narbondo/ Búsqueda 9/10/2014
El 10% de los campos de uso agropecuario están en manos de una treintena de empresas, que en ocasiones cuentan con participación de Estados extranjeros.
Unos 27 grupos empresariales acaparan 1.641.000 hectáreas, lo que equivale al 10% de la superficie de suelo de uso agropecuario de Uruguay y es “prácticamente” la misma área que ocupan los 21.645 establecimientos productivos registrados como agricultores familiares en el Ministerio de Ganadería, según un trabajo elaborado por los docentes de la Facultad de Agronomía estatal y del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República, Gabriel Oyhantcabal, Pablo Areosa e Ignacio Narbondo, al que accedió Campo.
La irresponsabilidad de esa industria tiene los días contados
PYEONGCHANG, COREA DEL SUR – En una decisión unánime de 194 países, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas urgió a los Estados parte a regular la biología sintética, una nueva forma de ingeniería genética extrema. La decisión histórica se tomó después de 10 días de difíciles negociaciones entre los países en desarrollo y un pequeño grupo de países ricos que promueven el desarrollo de la biología sintética. Hasta ahora, los organismos derivados de la biología sintética se han fabricado y comercializado sin regulaciones internacionales y existen cada vez más productos de este tipo listos para salir al mercado. La decisión del CDB se considera la luz verde para que los gobiernos comiencen a establecer supervisiones formales de este sector industrial que se expande en medio de gran controversia.
“La biología sintética ha actuado como en el salvaje oeste: una tecnología riesgosa, de frontera, con muy poca regulación”, afirmó Jim Thomas del Grupo ETC desde las negociaciones en Corea. “Al menos la ONU está preparando el terreno legal. La decisión que se tomó en este nivel internacional es muy clara. Ahora, los países no solo tienen que establecer los medios para regular la biología sintética, sino que las regulaciones tienen que basarse en la precaución y la protección irrestricta al ambiente. La buena noticia es que la precaución se impuso.”
En comparación con la ingeniería genética, la biología sintética abre aún más la puerta a posibles daños a la biodiversidad y la salud, pero también a las formas de sustento de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Las nuevas aplicaciones podrían afectar negativamente el comportamiento de las plantas, los insectos y potencialmente todos los ecosistemas —por ejemplo mediante los aerosoles de dsRNA para los cultivos (1), que alteran la acción genética con el propósito de eliminar plagas, pero también afectarán otros organismos, de formas impredecibles, al silenciar ciertos genes.
La regulación de la biotecnología, que es un nuevo campo en auge, es tan necesaria como determinante para la seguridad del medioambiente y del ciudadano. Parece ser que el nuevo Convenio sobre Diversidad Biológica, pretende regular la comercialización de todos los productos que provienen de la biología síntetica, así como la liberación al medioambiente la vigilancia y el control. Y es que el impacto de esta nueva industria debe ser medida evaluando los posibles riesgos de cada nuevo producto, y el efecto a corto, medio y largo plazo. También es importante regular la financiación para favorecer, evidentemente, la investigación de productos nuevos que resulten beneficiosos ya sea para el medioambiente como para el ser humano. Todo llevado a cabo con un riguroso control guvernamental y evaluacion cientifica.
El Instituto Federal del Medio Ambiente en Alemania ha emitido un claro dictamen: los riesgos de extraer gas y petróleo esquistosos son demasiado grandes.
“En Alemania no necesitamos del fracking”, dice Maria Krautzberger, presidenta del Instituto Federal del Medio Ambiente (UBA por sus siglas en alemán). Delante de ella se halla un informe escrito por el UBA de 600 páginas que expone los grandes riesgos que conlleva el controvertido método.
Hay que hacer que la práctica de este método en Alemania sea casi que imposible, no a través de una prohibición –ya que legalmente sería muy difícil de realizar–, sino a través de duras condiciones que la hagan muy difícil, dice Krautzberger. Agrega que, de cualquier manera, el potencial del fracking para Alemania es muy menor. El UBA estima que podría aportar no más del 4% al abastecimiento energético del país. “Es decir, que no alcanza de ninguna manera para reducir la dependencia de importaciones de gas”, subraya Krautzberger.
La técnica de fracking implica introducir con mucha presión grandes cantidades de agua y productos químicos en el subsuelo, liberando el gas que después podrá ser extraído. En los Estados Unidos este método tiene un gran auge. Los estadounidenses han podido reducir drásticamente tanto la dependencia de la importación de energía como la emisión de gases invernaderos. Esto se debe a que la combustión de gas es menos perjudicial para el clima que la combustión de carbón. No obstante, los críticos temen que los químicos que se usen en el método puedan infectar aguas subterráneas.
No es la salvación
Según el UBA, quienes hagan uso del método deberían presentar antes un extenso análisis sobre el impacto ambiental que tiene. Y en reservas ecológicas la práctica debe ser prohibida. Para la presidenta del UBA, el uso del fracking en realidad no se justifica, aun si países como Estados Unidos muestren mejorías ambientales gracias al uso del método: “la técnica de fracking no es la salvación del problema ambiental. No nos va a facilitar la transición hacia las energías renovables. Es mejor si nos concentramos en energías realmente ecológicas”.
Y el problema no termina ahí: según expertos del UBA, el agua de los subsuelos que llega a la superficie, puede que no solo esté contaminada con los químicos que se vertieron, sino que además puede venir con sustancias tóxicas del interior de la tierra a causa del proceso: metales pesados, hidrocarburos aromáticos y hasta sustancias radioactivas locales.
Expertos han recomendado:
- Prohibir el fracking en regiones donde las aguas freáticas se usan para consumo humano.
- Prohibir el fracking en general a menos de 1.000 metros de profundidad, para mantener distancia con respecto a las aguas freáticas
- Prohibir el fracking en zonas de fracturas geológicas, ya que las fracturas pueden servir de canales de ascenso para el líquido usado en el fracking.
- Las aguas servidas derivadas de la técnica de fracking deben ser eliminadas sin contaminar el ambiente.
Ley de restricción
No sorprende que el fracking en Alemania no goce de popularidad. A principios de julio del año en curso, Sigmar Gabriel, ministro de Economía, y Barbara Hendricks, ministra de Medio Ambiente, ambos del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), han presentado un plan para una nueva ley que propone que el fracking de gas de esquisto sea sólo posible a partir de una profundidad de 3.000 metros.
Esta profundidad ha sido bien escogida, ya que el gas económicamente viable para ser extraído en Alemania se halla entre 1.000 a 2.500 metros de profundidad. Posteriormente, para el 2021, el proyecto de ley propone prohibir la práctica por completo, siendo esta posible entonces sólo bajo condiciones especiales. Una portavoz del Ministerio Federal del Medio Ambiente de Alemania dijo a DW, se espera que la propuesta de ley, que está en actual debate en el Parlamento, sea aprobada en los próximos meses.
Raúl Viñas, integrante de la organización, dijo que están preocupados, porque escucharon voces que plantean el próximo balotaje como un plebiscito sobre Aratirí.
El Movimiento Uruguay Libre denuncia que, en camino hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 30 de noviembre, donde se elegirá entre los dos candidatos que fueron mayoritarios en la primera votación, han surgido manifestaciones públicas que pretenden atribuirle a esta instancia el valor de un plebiscito nacional sobre el proyecto minero de Aratirí.
Sería un plebiscito “trucho” –falso- porque para que la elección del 30 de noviembre fuera una decisión legítima de la ciudadanía a favor o en contra de del proyecto de Aratirí, los candidatos que van a ser votados deberían haberlo planteado explícitamente como opción ante los electores. Esto no ocurrió en la primera etapa de la campaña ni está sucediendo en la segunda.
Desde fines de 2013, Uruguay Libre viene recogiendo firmas para la realización de un plebiscito nacional donde, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la República, el pueblo uruguayo pueda decidir, debidamente informado por medio de un amplio debate, si acepta o no la ejecución de proyectos de minería metalífera a cielo abierto en nuestro territorio.
Este es el único procedimiento válido para tomar una decisión conciente y responsable sobre un tema de esta importancia para el país, el que de no mediar las movilizaciones y los debates promovidos por el movimiento contra la megaminería, habría pasado desapercibido en la presente campaña electoral.
Uruguay Libre es un movimiento ciudadano independiente de cualquier partido político o expresión ideológica o religiosa y por eso reafirmamos que, con independencia del resultado de la próxima elección presidencial y del gobierno que resulte de la misma, proseguiremos la campaña de recolección de firmas para la realización de un auténtico plebiscito nacional.
Una delegación de autoridades y dirigentes comunitarios de Intag-Ecuador, que se opone a la megaminerìa de Codelco en el cantón ecológico de Cotacachi, se dirigirá a la casa matriz de la empresa estatal para dejar una carta y 100 mil firmas contra el proyecto Llurimagua. Codelco hace un mes que ha negado una reunión con alguna autoridad con capacidad de decisión en relación a este proyecto, cuestión que la delegación espera que se revierta, de manera de ser escuchada por la estatal chilena.
El 3 de junio de 2012, el pueblo de Loncopué convocó a un referéndum en el que votó el 72% del padrón, a pesar de las presiones del gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino. El 82.08% de los votantes aprobó la ordenanza que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en esa localidad; sin embargo, debieron pasar más de dos años para que el gobierno aceptara la voluntad popular y dejara de intentar declarar inconstitucional la consulta. La Retaguardia dialogó con Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopue, sobre estos años de lucha y los festejos tras la decisión gubernamental.
Alegría y sorpresa fueron las principales sensaciones en el pueblo de Loncopué tras conocer la noticia esperada: el gobierno neuquino había desistido en el intento por declararla inconstitucionalidad del referéndum convocado hace más de dos años, en el que la mayoría de los vecinos votaron a favor de la prohibición de la actividad minera en la zona. Esa consulta popular fue saboteada desde un principio por las autoridades políticas. El Movimiento Popular Neuquino que durante 50 años llamó a la población a votar, esa vez pidió lo contrario. Lo hizo por mensaje de texto y teléfono fijo, además de cortar la luz de la localidad, dejándola desde el día anterior a la consulta totalmente incomunicada.
“El gobierno provincial saboteó el referéndum presionando a la gente para que no fuera a votar, para que votara en contra del proyecto de ordenanza presentado por iniciativa popular para prohibir la megaminería metalífera a cielo abierto en todo el ejido municipal; después del referéndum presentó una acción ante el Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano judicial de la provincia, pidiendo que decrete la inconstitucionalidad del referéndum, o sea para ellos era inconstitucional que la gente decidiera, algo un poco incoherente”, relató Cristian Hendrickse en diálogo con La Retaguardia.
Niveles peligrosamente altos de químicos causantes de cáncer han sido descubiertos en el aire en torno a sitios de fragmentación hidráulica (fracking)en Estados Unidos, lo cual suscita temores por el daño que puede ocasionar un proceso que las compañías perforadoras se empeñan en afirmar que es seguro.
Mientras estudios previos han vinculado esta técnica a la contaminación del agua del subsuelo, estos hallazgos destacan la necesidad de reglamentos más severos para controlar la extracción no convencional de petróleo y gas, advirtieron científicos.
Los niveles de benceno, formaldehido y sulfuro de hidrógeno estaban muchas veces arriba de los límites tolerados de contaminación del aire en Estados Unidos y se detectaron en zonas residenciales cerca de los pozos de fragmentación perforados en cinco estados diferentes, precisaron los investigadores. Algunos niveles de benceno eran de 30 veces las concentraciones que se pueden encontrar en el aire en una gasolinera cuando se llena el tanque de un vehículo, explicaron.
La fracturación hidráulica es un polémico método de extracción de gas de esquisto que causa daños al medioambiente y a la salud de aquellas personas que viven alrededor de las explotaciones, en cuyo entorno, el agua y el aire se han convertido en venenosos, mientras su existencia se asemeja cada vez más a un infierno. Incluso el derecho a quejarse les ha sido arrebatado en pos de un supuesto bien común que no han experimentado.
Se estima que en los próximos días la minera Aratirí garantice, luego de presentar datos pedidos por la cartera, su probable instalación en el país.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se comunicará en los próximos días con la minera Aratirí para intercambiar información que garantice su probable instalación en el país. El titular de la cartera Francisco Beltrame informó que se cursara un pedido de informe complementario a la documentación ya presentada por la empresa. Beltrame dijo que tras la solicitud de mayor información, todo dependerá de los plazos de respuesta que “son muy difícles de determinar”, sostuvo.
El crudo se ha mantenido en los últimos años de manera sostenida por encima de los 100 dólares, lo que ha hecho posible hacer comercialmente rentables la explotación de yacimientos con nuevas técnicas (fracking) y en nuevas áreas (aguas ultraprofundas). En las últimas semanas el crudo ha caído a cerca de los 80 dólares por barril, lo que pone en aprietos el futuro de los fenómenos que transformarán el sector global.
El petróleo ha perdido en apenas cuatro meses una cuarta parte de su valor. La cotización del petróleo se ha desplomado un 25% desde junio, hasta marcar mínimos de los últimos cuatro años: el barril Brent, el de referencia en Europa, ha llegado a caer este mes hasta los 83 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en EEUU, llegó a perder intradía el soporte de los 80 dólares.
Los analistas coinciden, con carácter general, en que las causas del desplome de los precios del crudo son una demanda que ya no crece al ritmo esperado por el temor a una tercera recesión en Europa y del enfriamiento de la economía china; una escenario de sobreoferta por el aumento de la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos (que a la vez le permite reducir sus importaciones), y por la constatación de que la inestabilidad tanto en Oriente Medio como en el Norte de África no se está traduciendo en una menor producción.
Más allá de las explicaciones más macroeconómicas, tras la subida parece estar la mano de Arabia Saudí, el mayor productor mundial de crudo. Riad ha reconocido en conversaciones con inversores no tener interés en que se recupere la cotización y que se siente cómodo con un contexto de petróleo barato que se alargue uno o dos años. Un escenario con el que Arabia podría castigar a sus rivales geopolíticos (Irán, Irak, Siria... y también Rusia, por su apoyo al régimen sirio) y también económicos (Estados Unidos y su creciente protagonismo en el mercado mundial petrolero por el boom de hidrocarburos no convencionales en que se ha instalado).
El Gobierno de Canadá aseguró hoy que los supuestos abusos cometidos por las mineras canadienses en Latinoamérica "están claramente fuera de sus obligaciones" como Estado, mientras la CIDH le pidió "tomar más en serio" el aluvión de acusaciones que esas empresas han recibido en todo el continente.
El Gobierno de Canadá aseguró hoy que los supuestos abusos cometidos por las mineras canadienses en Latinoamérica "están claramente fuera de sus obligaciones" como Estado, mientras la CIDH le pidió "tomar más en serio" el aluvión de acusaciones que esas empresas han recibido en todo el continente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudió hoy en una audiencia si el Gobierno de Canadá tiene alguna responsabilidad en los supuestos abusos a los derechos humanos cometidos por empresas canadienses fuera de sus fronteras, como argumentaron en la sesión tres organizaciones no gubernamentales de ese país.
Al tiempo que multiplicaba sus inversiones en Latinoamérica en los últimos años, el sector minero y petrolero canadiense ha acumulado graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y conflictos legales con Gobiernos en países como Guatemala, Chile, Perú, Bolivia o México.
La coordinadora para Latinoamérica en la organización Mining Watch Canada, Jennifer Moore, argumentó que el Gobierno canadiense es "cómplice por acción y omisión" en las violaciones que cometen las empresas canadienses fuera de sus fronteras, dado el notable apoyo que les concede mediante sus embajadas.
La tercera minera de oro más grande del mundo que se enfrentará en una audiencia pública el 25 de octubre está en la mira en muchas partes del mundo por sus malas prácticas.
Colombia no es solo una nueva oportunidad para AngloGold Ashanti, sino que ofrece el mayor potencial de la compañía para fortalecer su posición internacional. De hecho, la mina La Colosa, planificada en el Tolima, sería la mayor mina de oro en América Latina. Ha sido tal la controversia que ha generado el proyecto, que el Senador Iván Cepeda convocó a una audiencia ambiental en Cajamarca para el próximo fin de semana, en donde se discutirán temas sensibles como los impactos ambientales y sociales, y las posibilidades de las comunidades de oponerse al proyecto. Esto con el antecedente de que el municipio de Piedras, Tolima, votó unánimemente en contra del proyecto el 28 de agosto de 2013 a través de una consulta popular que fue desestimada por el gobierno nacional y en especial por la Procuraduría que ha amenazado con investigar a los alcaldes que promuevan este mecanismo contra proyectos mineros o petroleros.
AngloGold Ashanti adquirió una mayoría de concesiones mineras en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según el catastro minero, la empresa tiene en Colombia 504 títulos mineros y 3074 solicitudes.
Los cuestionamientos sobre la multinacional AngloGold Ashanti ya han mostrado que es una empresa bastante contraria a las normas ambientales, asuntos laborales y la aceptación social en Colombia. Críticas a la industria minera podrían encontrar esto no tan sorprendente viendo su historial internacional de controversias.
Precisamente en Colombia es muy importante tener conocimiento del carácter de una empresa. El país tiene ciertas “cuestiones de derechos humanos”, como los escándalos entre las empresas y los paramilitares, por ejemplo: Chiquita y Drummond, que no son excepciones. Además, Colombia es conocida por sus malas condiciones de trabajo y la violencia contra los sindicatos. Un informe de la Confederación Sindical Internacional, dijo que Colombia es uno de los países con más problemas alrededor de los derechos laborales. Colombia cae dentro de los países en la quinta categoría como ”peores países para trabajar”. En los últimos tres años, hay 73 sindicalistas asesinados, hubo 31 ataques y 6 desapariciones. Cientos de hombres sindicales reciben amenazas de vida regularmente. La minera de la que se habla pretende actuar con cautela en el país.
Es la primera vez que un gobierno local toma en cuenta la opinión de los habitantes de un municipio para iniciar la elaboración de una ley local que impida la explotación minera de metales. De 811 votantes, solo cinco votaron a favor en una consulta sin precedentes en el país.
Campesinos del municipio de San José las Flores, en el departamento de Chalatenango, al norte de la capital de El Salvador, votaron en contra de la explotación de la minería, en una consulta ciudadana sin precedentes en el país. Esta consulta popular se da en medio de un litigio legal entre la empresa canadiense Pacific Rim y el estado salvadoreño por más de $315 millones por un supuesto arbitraje cometido por las autoridades salvadoreñas en la entrega de licencias para la explotación minera.
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