Expertos de 11 países, integrantes de la Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), llegaron a la conclusión de que cinco pesticidas (malatión, diazinón, tetraclorvinfós, paratión y glifosato -este último, herbicida líder de Monsanto y ampliamente utilizado en Uruguay-) son “probablemente” o “posiblemente” cancerígenos.
La diferencia entre probable y posible radica en si su efecto se ha comprobado en animales o en humanos. La reclasificación del tetraclorvinfós y el paratión se basa en la “probada evidencia” de que causa cáncer en animales de laboratorio, mientras que el impacto del glifosato, el malatión y el diazinón se ha detectado en animales de laboratorio y también en humanos. Según los datos de la Dirección General de Servicios Agrícolas (Digesa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuatro de éstos están autorizados para su uso en el país; algunos cuentan con licencia hasta 2019.
El glifosato es el principio activo de Roundup, el herbicida de Monsanto que se ha consolidado como el más vendido en todo el mundo, sobre todo desde la aplicación de cultivos genéticamente modificados. Se utiliza como estrategia por excelencia para el control de malezas en el cultivo de soja, líder en el país, lo que ha llevado a que su uso se extienda ampliamente en el territorio uruguayo. De hecho, un trabajo de 2010 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República indica que se ha registrado presencia de restos de esta sustancia y otras similares en suelos naturales, sin uso productivo. Su uso, no obstante, no es exclusivo del área rural, sino que también se lo encuentra en áreas urbanas e incluso en hogares, y ha motivado denuncias por su impacto en la salud.
Según el estudio mencionado, elaborado por 17 expertos nucleados en la OMS, el glifosato ha sido clasificado como un producto “probablemente cancerígeno para los humanos”, de acuerdo con pruebas realizadas en países como Estados Unidos, Suecia y Canadá. Actualmente, en Uruguay, la división Análisis y Diagnóstico de la Digesa lo califica como un “herbicida autorizado” con un grado III de toxicología, es decir, “ligeramente peligroso”. Las empresas autorizadas a importarlo cuentan con permisos cuyos vencimientos van desde octubre del año que corre hasta febrero de 2019.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró este viernes cinco pesticidas como cancerígenos "posibles" o "probables".
En un comunicado, la IARC explicó que se ha publicado un sumario con las evaluaciones finales en la revista "The Lancet Oncology" en el que se detallan los hallazgos de los investigadores de la agencia.
Representantes de la Iglesia Católica asistieron la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Allí denunciaron la vulneración de los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas por parte de las industrias que extraen recursos naturales en América, especialmente en la Amazonía.
El fiscal Civil de Tercer turno, Enrique Viana, presentó el jueves un recurso en el cual pide la intimación al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Defensa y a OSE para que rindan cuentas sobre lo actuado en el último tiempo en materia de atención a la contaminación del agua.
El escrito, que se suma a un pedido realizado tiempo atrás, plantea que en el país se está perdiendo "aceleradamente" la posibilidad del acceso al agua potable suministrada por el Estado y agrega: "Pese a estar obligado por la Constitución de la República, desde el propio Estado no se están adoptando todas aquellas medidas preventivas y precautorias para que tal catastrófico daño no acontezca".
Encabezada por diversas organizaciones, ciudadanos, el ex candidato a diputado por el PERI, Rodrigo Toledo, y el candidato nacionalista, Enrique Antía, decenas de personas marcharon este domingo.
Las diferencias que hubo en el Poder Ejecutivo comandado por José Mujica, que impidieron reformar la Ley de Riego para habilitar la privatización del agua con fines productivos y aprobar nuevos “eventos” transgénicos, parecen haberse disipado. Tabaré Vázquez les dio luz verde a ambas iniciativas. Con este respaldo expreso y la nueva conformación ministerial, Tabaré Aguerre tendría el campo despejado para avanzar en ambas áreas.
Cuando el 2 de diciembre Vázquez comunicó quiénes integrarían su futuro gabinete, además de todo lo noticioso que la información significaba, permitió intuir algunos cambios de rumbo en torno a determinados temas que durante el gobierno de Mujica, pero no necesariamente por la oposición del ex presidente, estuvieron frenados, o mejor dicho, fue posible dejarlos en suspenso, pese a la presión ejercida desde sectores políticos y empresariales: la aprobación de nuevos eventos transgénicos (semillas de maíz y soja, básicamente) y el envío al Parlamento de una nueva Ley de Riego. De acuerdo con la información obtenida por la diaria, la norma habilitaría la privatización y la comercialización del agua por fuera del aparato estatal, iniciativa que se promueve, entre otras cosas, como la llave para mejorar la productividad del cultivo estrella de la década frenteamplista: la soja transgénica.
Mantener a Aguerre al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a todo su equipo fue la señal más fuerte en este sentido, pero no la única, ni suficiente como para asegurar el éxito. Hay urgencia. El crecimiento económico del país entre la primera presidencia de Vázquez y la segunda se debe en buena medida a la explosión comercial de la soja, que pasó de algunas pocas decenas de miles de hectáreas plantadas en 2005 a más de un millón en la temporada 2013-2014, cifra que se pretende superar en la temporada que está en marcha.
Para solventar parte de los proyectos sociales, las expectativas están atadas a que el boom sojero se potencie. Con la actual normativa, los márgenes son pocos. Desde el sector empresarial se considera y se defiende la tesis de que con nuevas variedades de semillas transgénicas habilitadas y con la oportunidad de poder recurrir a losshocks de riego que necesita la soja -en su etapa intermedia de crecimiento, o ante situaciones de sequía- la productividad del cultivo, ya alta, podría mejorar, y que de mantenerse estables los precios de exportación, el gobierno le podría volver a colocar la cocarda de gran campeona del crecimiento y el desarrollo económico del país.
Nadie niega este dato. Pero muchos sí sus consecuencias, a corto, mediano y largo plazo. Dejando de lado el cambio productivo que provocó en la agricultura y otros sectores, el hecho de que la soja haya contribuido a hacer desaparecer emprendimientos pequeños y familiares, haya sumergido al negocio de la miel, entre otros, y tenga un impacto ambiental considerable son factores que determinan que no todo el oficialismo mire el cultivo con tanta simpatía; y en muchos casos, con cero.
La designación de Rodolfo Nin Novoa como titular de la cancillería supuso la otra señal fuerte en esta dirección. Todo indica que el ex vicepresidente no opondrá la resistencia que significó Luis Almagro para la aprobación de nuevos elementos transgénicos en el marco del Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio), tarea en la que el canciller del gobierno de Mujica contó con el respaldo técnico sanitario de autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y también del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que junto con los de Industria, Energía y Minería (MIEM), Economía y Finanzas (MEF) y el MGAP conforman ese grupo de trabajo de alto nivel. El Gnbio fue creado por Vázquez mediante decreto en 2008.
Germina
La tensión entre las dos posturas centrales en el Gnbio, aquella que ponía reparos al incremento de eventos transgénicos y la que no, alcanzó su punto máximo entre fines de 2013 y agosto de 2014, cuando finalmente se aceptaron diez de los 11 eventos que estaban en trámite. El único que se rechazó contenía informes negativos en cuanto al impacto en la salud por parte de los técnicos del MSP.
De esos 11 eventos, nueve eran para cultivares, ensayos o producción de semilla. Esto significa que no tenían destino comercial y, por lo tanto, no era necesario que la Comisión de Gestión del Riesgo (CGR) -organismo asesor del gabinete- llevara a cabo análisis y consultas sobre eventuales daños a la salud humana. Por eso, entre los técnicos de la CGR había acuerdo en habilitar nueve semillas modificadas genéticamente, cuyo destino no era el consumo humano ni animal.
A esa decisión se llegó con un malestar planteado por Almagro por la forma de proceder y de dar la discusión en la interna del gabinete acerca del modelo país al que se apuntaba con la apuesta por los organismos genéticamente modificados (OGM). También hubo intentos de rediscutir la orientación por parte del titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, que entendía que el avance de las semillas y los cultivos transgénicos imponía, por la vía de los hechos, una redefinición de los enclaves territoriales sin que hubiera evaluación de por medio.
Las semillas del Pepe
Los nuevos integrantes del Gnbio, que todavía -desde el 1º de marzo- no ha sesionado, tienen sobre la mesa de trabajo cuatro solicitudes de aprobación de semillas transgénicas sin fines comerciales (dos para exportación, una para investigación y otra para cultivares) y ocho con fines comerciales. Esta última cifra representa la mitad de las que Uruguay aprobó con esas características en 19 años.
De las 16 habilitadas para consumo humano o animal (soja y maíz), 13 lo fueron durante el gobierno de José Mujica, en cuyo mandato se reaprobaron otras dos, luego de que ingresaran al mercado en 2003 y 2004. La primera semilla transgénica aceptada data de 1996, y fue de soja, variedad que tiene otros cuatro eventos validados, tres en 2012 y uno en 2014, contra 11 de maíz (cinco en 2011, año en que se reaprobaron otros dos, y cuatro en 2012).
Con perspectiva político-partidaria, las semillas transgénicas con permiso para ser comercializadas en Uruguay corresponden a los siguientes períodos de gobierno: una en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, dos en el de Jorge Batlle, y 13 con el Frente Amplio, cantidad que podría incrementarse a 24 al terminar el tercer gobierno consecutivo de esa fuerza política.
Son cuatro los abogados que acaban de impulsar dos demandas en contra de normativas mineras que, según su análisis, consideran que van en contravía de los intereses públicos.
César Rodríguez Garavito, Diana Rodríguez Franco, Beatriz Botero Arcila y Camila Soto Mourraille, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Observatorio de Justicia Ambiental (OJA), presentaron ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dos procesos en contra del artículo 13 del Código de Minas y el decreto 2691, firmado el 23 de diciembre de 2014.
Según los abogados, desde la Ley 685 de 2001 (el Código de Minas) el Estado ha puesto los intereses mineros por encima de nuestra “constitución ecológica”. En el artículo 13 de esa ley Colombia declara la industria minera de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases, lo que, en palabras de los investigadores, “es desatinado frente a la protección que la Constitución le confiere al medio ambiente. Pues permite que un inmueble pueda ser destinado a la actividad minera independientemente de la función ambiental que esté cumpliendo”.
De acuerdo con Rodríguez Garavito, este artículo ha abierto la puerta para que el Estado tenga la competencia de expropiar terrenos donde se proyecten extracciones mineras, pasando por encima de los usos tradicionales que se le hayan dado a ese territorio, escudado en la “utilidad pública” que le otorga a la minería el artículo 13.
A petición de varias comunidades, las organizaciones sociales, entre ellas CORDES, CRIPDES y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, acompañarán al Concejo Municipal de Nueva Trinidad, Chalatenango, a la realización de una consulta popular para declarar ‘Territorio Libre de Minería’ a dicho municipio.
Teófilo Córdova, en representación de las comunidades de Nueva Trinidad, expresó que esta iniciativa busca la posibilidad de contar con una ordenanza municipal que prohíba la minería metálica.
Vecinas y vecinos de nuestra zona, ciudadanos de todo el país. Como hace cinco años, aquí estamos ... de pie y con nuestras convicciones más firmes que nunca.
Como ustedes seguramente recordarán, en este mismo lugar, el 26 de marzo de 2010, reunidos productores y vecinos de Cerro Chato y Valentines alertaron, por primera vez, sobre las consecuencias de la megaminería en el país más agropecuario.
Allí nacía un movimiento nacional que cuestionaría fuertemente la instalación de la megaminería en nuestro territorio. Decíamos en aquella proclama inicial: ”Aspiramos a que las comunidades afectadas y el país entero tomen conciencia de las gravísimas consecuencias que implica la explotación minera a cielo abierto”.
Bajo esta consigna nos empezamos a reunir con los vecinos de las localidades cercanas que vivían con angustia la misma problemática, es así que se conforma inmediatamente la "Mesa Representativa de productores y vecinos de ruta 7". Bajo esta denominación: Batlle y Ordóñez, Valentines, Cerro Chato, Santa Clara, Tupambaé y sus zonas rurales conforman desde hace cinco años un fuerte bloque de resistencia en el territorio contra la megaminería.
Esta “toma de conciencia” a la que aspirábamos no hubiera sido posible sin el aporte fundamental de académicos y periodistas ambientales que estudiaron y divulgaron detalladamente una y otra vez las inconsistencias de este proyecto.
Las marchas multitudinarias, la gente en la calle, los caballos llegando a Montevideo fueron otra forma de manifestar la falta de licencia social que tiene la actividad minera en el Uruguay. Estas contundentes demostraciones fueron posibles gracias al apoyo incondicional de innumerables colectivos sociales, sindicatos de diferentes ramas, grupos de estudiantes organizados. Con todos estos aportes esta lucha –de tan humilde origen– se convirtió en una causa nacional que involucró a innumerables ciudadanos.
Es así que iniciábamos juntos un largo peregrinaje que nos llevaría a recorrer miles de kilómetros a lo largo y ancho de la República, desde los despachos parlamentarios y ministeriales, pasando por grupos de vecinos de la costa, hasta reuniones en los más apartados y humildes rincones de nuestra campaña.
Decíamos en aquella misma proclama: "creemos firmemente que es nuestra responsabilidad social y ambiental, como habitantes de esta zona, lo que nos obliga a mirar más allá de las deslumbrantes promesas de prosperidad económica para la región".
Sentimos hoy que ese mirar más allá de esas promesas le ha evitado muchísimos problemas a nuestro país y ha dejado en evidencia la irresponsabilidad de los actores que promovían la megaminería.
Nos preguntamos:
¿Qué hubiera pasado si esta empresa hubiera dinamitado cerros, desviado ríos y arroyos, desarraigado familias rurales y hoy se estuviera retirando?
¿Qué hubiera pasado con los que en función de estas promesas hubieran realizado inversiones?
¿Quién sería el responsable de ese pasivo ambiental y social?
¿Sería la misma empresa que contaminó ríos y arroyos en el Brasil?
¿La misma empresa que envió a 2.000 trabajadores al seguro en Amapá y provocó una crisis social en ese estado brasileño?
¿La misma empresa cuya quiebra solicitan los bancos brasileños y, cuando se quiere trabar, sus cuentas bancarias se encuentran vaciadas?
¿La misma empresa denunciada por legisladores de ese país, bajo sospecha de fraude en la obtención de permisos, según se ventila en tribunales internacionales?
¿La misma que aquí hizo deslumbrantes promesas económicas a propietarios de tierras y hoy no paga sus servidumbres?
¿La misma empresa "familiar", cuyo titular se vendría a vivir al Uruguay, como decía a la prensa hace tres años?
¿La misma empresa que inmoviliza 120.000 hectáreas durante 12 años en la región con sus permisos y, cuando no le conviene la Ley de Minería de Gran Porte, propone pequeña minería para mantener la vida de sus permisos?
En relación a “nuestra responsabilidad social y ambiental como habitantes de esta zona”, a la que aludíamos en esa primera proclama, creemos haber cumplido plenamente con ella.
En la parte ambiental, con rigor científico desnudamos las contradicciones entre el discurso público de la empresa y lo que decía el Estudio de Impacto Ambiental presentado en Dinama. En cuanto a la "responsabilidad social", defendíamos nuestra línea de pensamiento con respeto y tolerancia hacia los intereses ajenos. Jamás usamos el agravio o el ataque personal como argumentos.
Somos conscientes de que, a pesar de nuestra actitud, esta circunstancia –ajena a los mismos actores– ha trastocado la buena convivencia histórica de la región, en forma quizás irreparable.
Resumiendo, para nosotros esta durísima lucha fue conducida sin apartarnos en ningún momento de tres principios fundamentales, respeto, tolerancia y coherencia, porque si hacemos memoria el tiempo nos ha ido dando la razón.
Para cerrar, dos reflexiones finales:
A) Nuestras convicciones no están determinadas por nuestros intereses particulares. Queríamos y queremos lo mejor para el país, lo hemos dicho en todos los lugares y en todos los tonos, desde el parlamento hasta la más sencilla reunión barrial. Si este proyecto le sirviera al país, seríamos los primeros en dar un paso al costado. Nuestra convicción surge del conocimiento que hemos adquirido en estos años y de los hechos que hoy nos están dando la razón.
B) Creemos en el desarrollo de nuestra sociedad sobre la base de la utilización de los recursos naturales renovables, en el buen entendido que los beneficios trascienden generaciones y perduran en el tiempo. Respetando todas las opiniones, tenemos el convencimiento que nuestro camino sirve, porque se basa en el respeto de la identidad de nuestros paisanos y de la voluntad de elegir su medio y lugar de vida.
Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, dijo a Montevideo Portal que “falta voluntad política” para solucionar los problemas de contaminación que afectan al río Santa Lucía. Destacó que “el Canelón Chico es un desastre absoluto”
Luisi Aubriot, profesor adjunto de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, advirtió que las industrias, los tambos y los poblados sin adecuados sistemas de saneamiento "vierten sus desechos diariamente al cauce del río Santa Lucía, todos los días a todas las horas".
El director de dicho instituto, el ingeniero agrónomo Daniel Panario, dijo a Montevideo Portal: "Sobre todo algunos de los afluentes como el Canelón Chico, que es un desastre absoluto y que desemboca cerca de Aguas Corrientes, tiene un porcentaje muy alto de industrias que vuelcan sus desechos ahí".
"La mayor parte de las plantas industriales no tienen tratamiento ni siquiera secundario, cuando se precisará un terciario para eliminar el fósforo, que ya de por sí es muy difícil de diluir", explicó.
Sobrepasada por la cantidad de pedidos de evaluación de sitios y el atraso en la realización de los informes la Comisión de Patrimonio decidió dejar de hacer los estudios y liberó ¨tabla rasa¨ todas las solicitudes pendientes
El tema va a ser considerado en los próximos días con autoridades del nuevo Poder Ejecutivo y también a nivel parlamentario, a impulsos de representantes de la Asociación de Arqueología del Uruguay (en formación) quienes han enviado una carta al Ministerio de Educación y Cultura y a la propia Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.
El texto al cual tuvo acceso @gesor comienza señalando que "el 7 de enero de 2015, y por decisión unilateral de su Director, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura suspende el tratamiento de los Estudios de impacto ambiental arqueológico en todo el territorio nacional".
Allí los técnicos en Arqueología señalan que esta resolución "fue fundamentada en “la imposibilidad material” por parte del aparato administrativo de dicha Comisión “de dar trámite, en tiempo y forma a la tarea de Evaluación y seguimiento” de estos estudios en virtud de una escasez crítica de recursos humanos.
A título seguido, la resolución da por aprobados todos los estudios de impacto arqueológico “cuyo tratamiento haya superado los términos y plazos legales establecidos”.
El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, el ingeniero agrónomo Daniel Panario, cuestionó este jueves en El Tungue Lé el plan de construcción de una nueva represa en Casupá, de donde OSE planea tomar agua para potabilizar como fuente alternativa a la cuenca del Río Santa Lucía.
Panario sostuvo que la zona está rodeada de emprendimientos agropecuarios, por lo que se tendrá “el mismo problema” de generación de cianobacterias por la presencia de nutrientes en el cauce.
“Estamos locos”, espetó el científico, que se reconoció “molesto” por la solución planteada por el gobierno a los problemas de potabilización del agua tomada en el Río Santa Lucía y en la Laguna del Sauce.
A su entender, no es correcto que se construya una nueva represa para la toma de agua por parte de OSE si no se toman “medidas drásticas”, como la limitación de la zona donde se pueden efectuar cultivos o donde se pueden llevar a cabo emprendimientos ganaderos.
Desde su perspectiva, para conservar el buen estado del agua en la zona de Casupá se debería evitar que hasta las vacas entren al río a tomar agua.
Por otra parte, Panario se mostró disconforme con los planes de manejo de suelos elaborados desde el Poder Ejecutivo.
“Si tenemos planes de manejos serios no tendríamos estos problemas” de contaminación, opinó el científico, quien dijo que en el Ministerio de Ganadería “no hay nadie que controle que esté bien hecho y nadie que controle su aplicación”. “Estos temas o se manejan interdisciplinariamente o no se pueden trabajar”, afirmó.
Además, Panario afirmó que “es milagroso que no tengamos fósforo en todo el río” porque por la ganadería llega esa sustancia a los cauces nacionales. “Y si tenemos fósforo en el agua vamos a tener cianobacterias”, explicó.
“Hace un mes vengo diciendo que la Laguna del Sauce está verde de cianobacterias. Era un tema conocido”, sostuvo acerca del episodio reciente que motivó mal sabor y aspecto en el agua distribuida por OSE en Maldonado.
Desde su perspectiva, el gobierno debe atender más a las recomendaciones de las comisiones de cuencas. A modo de ejemplo, Panario dijo que el delegado de Facultad de Ciencias en la comisión de cuenca del Río Santa Lucía aconsejó aumentar el retiro para la implantación de cultivos, es decir, que sea mayor la separación entre el cauce y la zona de plantaciones.
Se acaba de conocer una multa al Proyecto minero Caserones del Consorcio Japonés Lumina Copper, de $ 7.620 millones, la segunda multa ambiental más alta luego de la cursada a Barrick Gold en el proyecto Pascua Lama.
Este proyecto se ubica en la cordillera de la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Atacama.
La multa corresponde a 17 infracciones al permiso ambiental, 8 graves y 9 leves. Lo más preocupante son los incumplimientos asociados al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó, lo que pone en riesgo las aguas de consumo humano y de uso agrícola de la provincia de Copiapó, considerando que es una cuenca en la que la Dirección General de Aguas (DGA) ha entregado 5 veces más derechos de agua de la capacidad de recarga del acuífero, y donde las aguas superficiales (están desaparecidas) ya no existen.
El Director Ejecutivo de Guyra Paraguay, Alberto Yanoski, indicó que actualmente el Chaco Paraguayo está sufriendo la tasa de deforestación más grande del planeta y esto se está extendiendo al chaco argentino y en zonas boscosas vírgenes de Bolivia.
Por primera vez, la capacidad de absorción del Amazonas se ha reducido a la mitad y ahora está siendo superada por las emisiones de combustibles fósiles en América Latina.
Los vecinos se quejan por una y otra vía denunciando el cambio de la calidad del agua potabilizada en la usina de la UGD en Laguna del Sauce.
En un comunicado emitido en las últimas horas, OSE-UGD reconoció la existencia de ciertas irregularidades en el agua abastecida a la población de Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis y la costa oeste del departamento fernandino.
Con el correr de las horas, aumenta el malestar de parte de la población de Maldonado sobre la calidad del agua potable distribuida por la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE (UGD).
Proclama leída el 22 de marzo en Plaza de Maldonado por motivo del Día Internacional del Agua.
22-03-2015. Vamos a leer la proclama realizada por las organizaciones convocantes Maldonado por la Tierra y el Agua, Peri Maldonado, Coendu, (Conservación especies nativas del Uruguay) y Pensando en Verde. Hoy 22 de marzo, celebramos el Día Internacional del Agua. El agua es imprescindible para toda vida existente.
El agua potable es escasa en nuestro planeta. Del total del agua existente, solo el 2,5 % es dulce, estando la mayoría de esta en los casquetes polares. Solamente una parte mínima de ella está disponible. Como personas, debemos hacer un uso responsable de este recurso, que es finito y necesario, sabiendo que muere gente debido a la falta de acceso y eso nos hace ser aun más conscientes de su enorme valor.
Haciendo hincapié en que es imprescindible no solamente para el ser humano, sino de que de ella depende el resto de la vida y de los ecosistemas de nuestro planeta. La humanidad es responsable de la degradación que sufren los recursos hídricos, por lo tanto es función de todos nosotros velar por ella, usándola adecuadamente, educando desde casa y haciéndonos cargo de que es un problema de todos.
En nuestro país, el agua está protegida constitucionalmente. Esta protección es un caso único en el mundo, ya que no fue una ley votada por legisladores en un parlamento, sino que fue la ciudadanía uruguaya quien la hizo realidad en el histórico plebiscito del agua del año 2004.
En ese plebiscito, los uruguayos dijimos que el agua es un recurso fundamental para la vida, que el acceso al agua potable es un derecho humano, que debíamos tener una política de aguas que conservara y restaurara el medio Ambiente.
Establecimos en nuestra Constitución que la gestión del agua debía ser solidaria con las futuras generaciones, y que deben anteponerse las razones de orden social a las económicas. También establecimos que el manejo del agua no puede quedar en manos de privados.
Hoy en día, no se cumplen casi ningunos de estos mandatos constitucionales. Los episodios recientes de agua contaminada con microalgas en Maldonado y en Montevideo, la mortandad de peces en el Rio de la Plata, son apenas los signos más visibles de una situación de contaminación generalizada que viven nuestro vital recurso en el departamento y en nuestro país.
Nuestras cuencas hídricas estas a punto de colapsar, amenazadas por un modelo de agronegocios concentrador y excluyente, así como por una política de extractivismo primario en general. El crecimiento de la agricultura empresarial de monocultivos transgénicos y de la mal llamada forestación, impactan sensiblemente sobre las cuencas, la disponibilidad y calidad del agua dulce superficial y subterránea. El uso indiscriminado y creciente de agrotóxicos,, ha repercutido en la contaminación de las fuentes de agua para la población urbana y rural.
Por si fuera poco, a esta enorme presión se le suma la gigantesca amenaza de la megamineria y del fracking, afectando ni más ni menos que el mayor reservatorio de agua dulce del planeta, el acuífero Guaraní. Los pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles.
Exigimos entonces una revisión inmediata del modelo de desarrollo agroalimentario, forestal, energético y minero que se ha impuesto en nuestro territorio, para evaluar entre todos rigurosamente los costos y beneficios que este está trayendo a nuestras regiones, al país y al planeta.
POR UNA POLÍTICA DEL AGUA INCLUSIVA Y TRANSPARENTE, AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES. POR UNA PROTECCIÓN INMEDIATA Y EFECTIVA DE NUESTRAS CUENCAS. NO A LOS AGROTOXICOS EN NUESTROS RÍOS. NO A LA MEGAMINERIA. NO AL FRACKING.
Daniel Panario es ingeniero agrónomo, profesor Grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y Coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales. En diálogo con El País alertó que “casi todas” las tomas de agua superficiales de Uruguay enfrentan problemas de contaminación. Según expresó, faltan controles estatales.
—¿Qué tan contaminada está el agua? ¿Es como lo planteó el gobierno o peor?
—Tiene la gravedad planteada, pero no solo el Santa Lucía, sino casi todas las tomas de agua superficiales del país. Va a haber un problema en Laguna del Sauce, y no es porque cayera el avión el jueves, sino que viene de antes. Es un problema de que el agua está, con seguridad, fuertemente eutrofizada por un exceso de fósforo (contaminada), lo cual produce floraciones de algas tóxicas. También da mal olor y mal sabor al agua en Maldonado, pero como ahora no hay turismo ahí, no tuvo demasiada difusión, a pesar de que OSE dijo que había tenido problemas.
—¿Muchas tomas de agua están en riesgo?
—Ni que hablar del río Negro, el río Uruguay de punta a punta, y el Río de la Plata, donde ya tenemos algas en Montevideo y Canelones. Están bien sobrepasados de fósforo y nitrógeno y están teniendo mayores problemas. La situación en los embalses del río Negro, por ejemplo, es terrible, se han muerto ovejas por tomar agua. Tienen sin duda problemas mucho más graves que el Santa Lucía. Son problemas vinculados al desarrollo agrícola, que es bastante descontrolado.
—¿No hay un monitoreo adecuado por parte del Estado sobre esas situaciones?
—No, no hay, nadie se fija si los usos y manejo de suelos están bien y si se cumplen. [...]
Más de 150 organizaciones de 19 países de América Latina y Europa hicieron pública, este lunes, una carta a los diputados miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Dicho organismo -que reúne a parlamentarios de la UE junto a miembros del Parlatino, Parlasur y Parcaribe- se reunirá el próximo miércoles 18 en Panamá, donde se discutirá un informe que busca promover el avance de los hidrocarburos no convencionales a través de acuerdos público-privados entre ambos continentes. Las organizaciones firmantes -asambleas, colectivos, sindicatos, partidos políticos, ONGs, organizaciones indígenas, entre otras- llaman a la Asamblea Parlamentaria a asumir de manera oficial los probados riesgos de la técnica del fracking, evitar declaraciones engañosas y garantizar el bien común de ambas regiones.
(Adjuntamos la Declaración disponible también en portugués e inglés.)
Opinión acerca del informe “Sobre oportunidades y desafíos de gas de esquisto en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y en los Estados miembros de la UE” discutido en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Estimado/a miembro/a de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,
Los abajo firmantes, organizaciones y grupos de ciudadanos movilizados contra el desarrollo mundial de combustibles fósiles no convencionales, nos gustaría dar a conocer y expresar nuestra preocupación por los debates en curso iniciados por la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, -integrada por el Parlamento Europeo, el Parlamento del Mercosur y otras representaciones parlamentarias Latinoamericanas- en un informe denominado “Sobre oportunidades y desafíos de gas de esquisto en los países ALC y en los Estados miembros de la UE”.
Las controversias en torno a los no convencionales (como el gas y petróleo de lutitas –shale gas/oil-, el gas de arenas compactas – tight gas – y el gas asociado a mantos de carbón) y la tecnología recientemente desarrollada que se utiliza para extraerlo -que incluye la técnica denominada fracturación hidráulica de alto volumen horizontal o “fracking” – se han hecho cada vez más presentes en la agenda política de América del Norte y Europa en los últimos cuatro años y se han extendido por todo el mundo, especialmente en muchos países de América Latina, donde una fuerte movilización ha crecido rápidamente desde entonces.
Estos proyectos hidrocarburíferos han sido promovidos como fuentes de energía seguras y limpias que supuestamente podrían ayudar a los países a aumentar su seguridad energética, disminuir los precios de la energía y proporcionar una transición asequible hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, la experiencia de Estados Unidos nos ha demostrado que la extracción de hidrocarburos no convencionales genera impactos graves y en gran escala en torno al medio ambiente y la salud humana, tal como las amenazas a la reducción de las reservas de agua potable, la calidad del agua subterránea y de superficie, el impacto de su extracción sobre la calidad del aire, el aumento de la actividad sísmica, un importante efecto sobre el cambio climático y su competencia con las inversiones en energías renovables y el ahorro de energía.
Teniendo en cuenta los impactos asociados que se presentan como casi inevitables de acuerdo con un gran número de estudios científicos revisados por expertos[1], resulta urgente que los líderes de los países con planes de desarrollar esta industria reconozcan estos efectos adversos lo más rápido posible. En momentos en que los debates sobre el desarrollo de no convencionales ya han comenzado en varios países de Europa (Reino Unido, Polonia, Rumanía, Hungría, Dinamarca, Alemania, España) y en América Latina (México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia), es esencial que estos diversos impactos ambientales, de la salud, climáticos y sociales sean evaluados y bien entendidos por las autoridades, quienes luego pueden tener que hacer frente a los accidentes y las consecuencias a largo plazo generadas por esta industria.
El reporte que la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana está discutiendo actualmente sobre el tema puede ser una primera oportunidad importante para (a) tomar seria y oficialmente en consideración estos riesgos, (b) evitar que se hagan declaraciones engañosas y suposiciones falsas, y (c) garantizar que el bien común de las dos regiones esté realmente reflejado.
Lamentablemente el primer borrador, que fue presentado en noviembre de 2014, recientemente modificado[2], no responde a la mayor parte de estos objetivos:
- Todavía supone que el ejemplo de Estados Unidos se puede replicar a pesar de los numerosos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en la mayoría de las otras regiones del mundo (más densamente pobladas, con mayor escasez de agua, sujeto a una notable actividad sísmica en muchas áreas, y donde los acuíferos transfronterizos son la única fuente de agua potable para millones de habitantes).
- No tiene en cuenta la otra realidad del boom del gas de lutitas en Estados Unidos: cada vez más un creciente numero de ciudades, condados y estados de los Estados Unidos (incluidos el estado de Nueva York) han decidido prohibir el uso del fracking debido a los impactos científicamente probados y de las importantes incógnitas que aún rodean esta tecnología.
- Del mismo modo ignora la existencia de un movimiento similar en Europa, donde Francia, Bulgaria, Escocia y Gales han prohibido el fracking, mientras que la República Checa, Irlanda y Holanda lo han detenido temporalmente. Similar situación ocurre con los municipios y departamentos que se han declarado libres de fracking en Brasil, Uruguay y Argentina.
- Anuncia la industria de no convencionales como económicamente viable y competitiva, en un momento en el que decenas de empresas del sector deben cancelar deudas de inversión en miles de millones de activos en los Estados Unidos y están cerca de la quiebra debido a los bajos precios internacionales del petróleo y gas.
- Promueve el “tamaño de las reservas de gas de esquisto en Europa y en América Latina”, a pesar de que en la actualidad, no se sabe a ciencia cierta qué parte de estos recursos pueden ser económica y técnicamente recuperables.
- Se menciona la necesidad de crear un marco legal fuerte y adecuado antes de autorizar el fracking, sin considerar que dicha técnica ya ha sido autorizada de hecho en Europa y América Latina.
- Asegura que las instituciones europeas consideran que el actual marco legal en sus países aborda suficientemente los impactos generados por la extracción de no convencionales, pero al mismo tiempo han reconocido en repetidas ocasiones las deficiencias actuales que justifican la necesidad de presentar recomendaciones legales para los estados miembros europeos[3].
- El informe omite la necesidad que las empresas europeas utilicen normas ambientales más estrictas, como sí lo hacen en sus países de origen, de manera de evitar injustos dobles estándares. Los estudios recientemente publicados por Amigos de la Tierra y Observatorio Petrolero Sur muestran notablemente como empresas europeas como Shell y Total han estado desarrollando sus proyectos de hidrocarburos no convencionales en Argentina con estándares mucho más bajos que los que serían aceptados en Europa[4].
- Insta a los legisladores miembros de la asamblea a desarrollar espacios de cooperación para generar “marcos regulatorios birregionales”, lo que entendemos como una intromisión en las políticas soberanas de cada país. La experiencia reciente nos muestra que las reformas legales en el sector energético en Argentina y México en lugar de tomar en consideración las documentadas problemáticas ambientales del fracking, han sido redactadas en función de los intereses de corporaciones norteamericanas y europeas, abriendo la puerta para el desarrollo masivo de no convencionales en esos países.
Creemos que estos diferentes puntos requerirían modificaciones importantes para asegurarse que no se promuevan ideas falsas que sólo podrían traer decepciones en el futuro.
Esto es de particular importancia ya que dichos errores podrían eclipsar otras buenas sugerencias del informe tales como la necesidad de aplicar el “principio precautorio”, tener por lo menos “una normativa vinculante con la cual los [estados] Miembros deberían cumplir antes de poder autorizar la técnica de fracking en su territorio”, además de garantizar una aplicación efectiva de las normas a través de las instituciones de supervisión sólidas y específicas.
Mientras que desarrollamos la campaña para la prohibición de esta tecnología que es inherentemente destructiva, consideramos que el mínimo absoluto es que no puede desarrollarse el fracking antes de hacer un análisis de sus impactos y mientras no se aplique el marco jurídico más estricto posible. En este sentido el primer paso debe ser el fomento de debates públicos amplios e informados, para que la población pueda decidir sobre los posibles resultados del desarrollo de esa industria. Creemos que estos son los puntos que deben ser fomentados por el informe sin ambigüedades, y que éste no debe tener por objetivo principal promover incondicionalmente una industria cuyos beneficios económicos han fracasado ampliamente en materializarse fuera de los Estados Unidos.
Estamos a disposición para responder cualquier comentario o pregunta y para ayudarle en caso de que necesitaría más información sobre el tema.
Saludos, los firmantes
Europa:
Friends of the Earth Europe • Food & Water Europe
Latinoamérica:
Hermanas de la Misericordia de las Américas, de Latinoamérica y Caribe • Oilwatch Latinoamérica
Alemania:
BI lebenswertes Korbach e.V. • BI Fracking freies Hessen • PowerShift e.V. • Aktionsbündnis No Moor Fracking • A G Post-Fossil
Argentina:
Multisectorial Contra la Hidrofractura de Neuquén • Observatorio Petrolero Sur • Fundación ECOSUR • Confederación Mapuche de Neuquén • Secretaría de Relaciones Internacionales, CTA-Autónoma • Unidad Popular Neuquén en el Frente Popular • Red Ecosocialista Comahue • Federación de Trabajadores de la Energía, (Fetera-CTA) • Movimiento Popular Patria Grande • MST Nueva Izquierda • Emancipación Sur en el Frente Popular • Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía • Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) • CIFMSL, Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos • Biblioteca Popular Osvaldo Bayer • Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” (UNER) • Movimiento por Entre Rios Libre de Fracking • Grupo de Vecinos Autoconvocados de Tandil Libre de Fracking • Asamblea Permanente del Comahue por el Agua • Taller Ecologista • Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos • Oikos, Red Ambiental – Mendoza • Acción por la Biodiversidad • GRAIN • Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) • Asamblea Popular Ambiental Colón, Ruta 135 – Entre Ríos • Foro Ambiental Waj Mapu –Chajari, Entre Ríos • Proyecto Allen • Asamblea Popular por el Agua – Mendoza • Foro Ambiental de Santiago del Estero • Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay • Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS) • Asociación LIHUE – Bariloche • Tinta Verde • Vecinos autoconvocados Benito Juárez SIN Fracking • Movimiento SURCO,San Martin de los Andes • Asamblea Ciudadana Concordia • Observatorio del Agua (Universidad Nacional de la Patagonia SJB) – Esquel, Chubut • APDH Neuquén • Eduardo D´Elía, Ingeniero en Petróleo • Maristella Svampa, investigadora del Conicet, socióloga y escritora • Emilia Otharan, Concejal del Mov SURCO – San Martin de los Andes • José Rigane Luz y Fuerza Mar del Plata • Julio Acosta Luz y Fuerza La Pampa • Gabriel Martínez Luz y Fuerza Mar del Plata • Agustín Arbor González APCNEAN • Néstor Iparraguirre Luz y Fuerza Zárate • Ana Sacchi Movimiento Nacional Oro Negro • Néstor Fabián Sosa Luz y Fuerza Córdoba • Ernesto Duco AGTPAC • Ernesto Ricardo Sandoval SITAPOS • Ruben Mendez ATE • Humberto Diez de los Ríos OTECH • Carlos Guanciarrosa Agrupación Enrique Mosconi • Jorge Omar Pescara Luz y Fuerza La Pampa; Gabriela Marcelino ATE.
Australia:
National Toxics Network • No Fracking Way Perth
Bélgica:
Mouvement politique des objecteurs de croissance • Agora for Life
Bolivia:
Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) • LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente • The Democracy Center
Bosnia y Herzegovina:
Centar za životnu sredinu/FoE BiH
Brasil: Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) • Secretaria do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas Cercanias da Baía de Guanabara – FAPP-BG • Rede Brasileira de Justiça Ambiental • Justiça Global • Rede Justiça nos Trilhos • Instituto Búzios • Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte (APROMAC) • Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária (AMAR) • TOXISPHERA Associação de Saúde Ambiental • Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) • Bicuda Ecológica • Associação Movimento Paulo Jackson – Ética, Justiça, Cidadania – Bahia • Articulação Antinuclear Brasileira • Frente por uma Nova Política Energética • Fórum do Movimento Ambientalista do Paraná • Zuleica Nycz, Representante da Sociedade Civil na Comissão Nacional de Segurança Química – Ministério do Meio Ambiental • Cristiana Losekann, Professora da Universidade Federal do Espírito Santo
Chile: Colectivo Editorial Mapuexpress • Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos • Programa Chile Sustentable
Colombia: Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia • Asociacion Para La Investigacion Y Accion Social Nomadesc • Campaña Prohibido Olvidar • Movimiento De Victimas De Crimenes De Estado – Capitulo Valle Del Cauca • Comite De Mujeres Coorteras De La Caña • Aída Julieta Quiñones Torres • Comité Ambiental de Barrancabermeja – CAB • Congreso Ambiental de Santander • Equipo Juridico Pueblos (EJP) • Ty Quica Sye – Semillero de Investigación Ambiental de la Universidad Industrial de Santander • Centro de Altos Estudios Minero Energéticos – CAEM • Alberto Castilla – Senador de la República de Colombia por el partido Polo Democrático Alternativo
Dinamarca:
NOAH Friends of the Earth Denmark • VedvarendeEnergi
Ecuador: Acción Ecológica Ecuador
España:
Ecologistas en Accion • Asociación de Cultura Popular Alborada(Gallur) • Fracking EZ Huesca sin fractura • Plataforma CiudadanaZaragoza sin Fractura
Francia:
Les Amis de la Terre • Attac France • Collectif “Touche pas à mon schiste !” • Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON ! • Collectif ALDEAH (Alternatives au Développement Extractiviste et Anthopocentré) • Collectif 07 Stop au Gaz et Huile de Schiste • Collectif 82 non Gaz et Huile de Schiste (Sud-ouest France) • Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze • Collectif Montpellier littoral contre les gaz et huiles de schiste • Collectif houille ouille ouille 59/62 • Collectif citoyen de Pézenas, Castelnau de Guers • Collectif Valgorge (07) • Collectif Stop Gaz de Schiste 39 • Collectif Non Gaz et Huiles de Schiste Canal-Lirou (34) • Collectif citoyen Île-de-France Non aux gaz et pétrole de schiste et au gaz de couche ! (75) • Collectif du Céressou, Péret, Fontès, Cabrières (34) • Collectif Stop Gaz de Schiste du Grand Valentinois (26) • Collectif de vigilance cévenol CAMIS’GAZ (30) • Collectif “non gaz de schiste” Florac (48) • Collectif viganais contre les huiles et gaz de schiste (30) • Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés • Collectif Garrigue-Vaunage (30) • Mouvement des Objecteurs de Croissance (MOC) • Collectif Piémont cévenol (30)
Blue Planet Project • Food & Water Watch • Red de Acción por el Agua • Centro de Investigación y Capacitación Rural A.C. (CEDICAR) • Alianza Mexicana contra el Fracking • Fundar, Centro de Análisis e Investigación • Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, (LAVIDA) • International Alliance of Inhabitants (IAI) • Amigos del Río San Rodrigo • Chihuahua Vs. Fracking • Consultoria Técnica Comunitaria AC • Amigos del Río San Rodrigo
Poland:
Fundacja Strefa Zieleni • The Civil Affairs Institute • Fundacja Kuźnia Kampanierów • Stowarzyszenie “Zielony Zurawlów” • stowarzyszenie “Centrum Zrównoważonego Rozwoju” • Stowarzyszenie Niesiołowice-Wesiory Kamienne Kregi
Rumanía:
Grupul fără Fracturare • Grupul de Intervenție Civică • Neuer Weg
Reino Unido:
No FiBS (No Fracking in Balcombe Society) • Frack Free Freckleton • No Dash for Gas • Keep Billingshurst Frack Free • Frack Free Arun • Frack-Free York • RAFF (Residents Action of Fylde Fracking) Frack Free Sussex • Brighton Action Against Fracking • Britain and Ireland Frack Free • Refracktion • Defend Lytham • Worthing Against Fracking • Talk Fracking • Frack Free Ryedale • East kent Against Fracking
Uruguay:
Paysandu Nuestro • REDES • Paysandu Libre de Fracking • Uruguay Libre de Megaminería
Documental. Fumigaciones en barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, Argentina. Con: Sofía Gatica, María Godoy, Medardo Avila Vazquez, Jóvenes del Acampe frente a planta Monsanto. Música: El Perro Verde / Manu Chao. Realización: Sean Bernadini, Milagros Carranza, Jonathan Maniaci, Matías Girardi y Hernán Rossi. Córdoba, Argentina. 2014.
Presentan proyecto de ley que prohíbe la técnica de Fracking en todo el territorio nacional con la firma de varios legisladores nacionalistas, colorados y de Unidad Popular.
El proyecto elaborado por el diputado Gerardo Amarilla (PN – Rivera) establece que “De conformidad con la declaración de interés general de la protección del ambiente y demás bienes ambientales establecida en el art. 47 de la Constitución de la República y de los principios preventivo y precautorio de la política nacional ambiental, se prohíben en todo el territorio de la República y en zonas en que se ejerza jurisdicción nacional o actividades, por cuenta directa o indirecta, de entidades públicas, la prospección, la exploración y la explotación de hidrocarburos a partir de fracturación hidráulica (técnica de “fracking”)”, agregando que “se abrogan los permisos que requieren el recurso a esa técnica en el mismo ámbito espacial”.
La exposición de motivos hace referencia al artículo 47 de la Constitución de la República así como la Ley General de Protección del Ambiente, número 17.283 y a los principios de derecho ambiental por los que corresponde establecer medidas efectivas de la protección del ambiente y fundamentalmente de las reservas de aguas subterráneas amenazadas “seria e irreversiblemente” por la contaminación provocada por el uso de la técnica de fracking.
El proyecto fue firmado además de Amarilla por los legisladores nacionalistas Jose Arocena, Martín Lema, Sebastian Andujar, Nicolas Olivera, Carmelo Vidalin, Armando Castaingdebat, Amin Niffuori, Ruben Bacigalupe y Juan José Olaizola, los colorados Walter Verri y Graciela Matiaude, así como del legislador de Unidad Popular Eduardo Rubio.
El proyecto hace referencia a la ley francesa de 13 de julio de 2011 y consigna la necesidad de protección de bienes ambientales entre los que se destacan el acuífero Raigón y el Guaraní.
Los fertilizantes, la materia orgánica, los desechos industriales y algas tóxicas están presentes en el agua que luego debe ser potabilizada para el consumo del 65% de los uruguayos.
En mayor o menor medida las aguas superficiales son afectadas por la acción humana. Una de las causas, según los expertos, es el aumento de producción de las últimas décadas. El estado de la cuenca del Río de Santa Lucía es uno de los más críticos del país y eso tiene grandes repercusiones, ya que suministra el agua potable para Montevideo y el área metropolitana.
“Desde el punto de vista sanitario, el río Santa Lucía le da el agua potable a entre el 65% y 70% del total de la población de Uruguay. Desde el punto de vista económico, de la cuenca del Santa Lucía sale el 40% de las exportaciones. Es decir, el 40% de la riqueza del Uruguay se produce en la cuenca del Santa Lucía”, explicó Álvaro Alfonso, ex alcalde de Aguas Corrientes. Él mismo explicó que cuando el agua llega a la planta potabilizadora el proceso se hace complicado: “cuando llega el agua cada vez se hace más difícil potabilizarla, porque la materia prima viene muy mal”.
Alfonso consideró que la situación es muy complicada “no solo por el estado del río, sino por cosas laterales que han ocurrido”.
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