Pekín, 17 feb.- La inversión china en Uruguay aumentará en 150 millones de dólares en los próximos tres años para fabricar motores de automóviles tras la visita a China del ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, quien también presentó al gigante Citic Group diversos proyectos de infraestructuras.
Según dijeron hoy fuentes oficiales uruguayas a Efe, la inversión supondrá la creación de más de 500 puestos de trabajo locales.
El 4 de marzo llegará a Montevideo la presidenta de Citic, Hong Bo, para analizar varias infraestructuras, incluida y la explotación de mineral de hierro para terceros mercados.
A los pocos días de proponer que el área ambiental sería removida de su ministerio, la presidencia de José Mujica aunnció que se autorizaba la construcción de un polémico puente en una laguna de la costa atlántica. Esa obra, resistida por años por sus impactos ambientales y territoriales, deja en claro la intención presidencial de reducir las exigencias ambientales y colocarlas al servicio de la inversión. Se han salteado todas las formalidades institucionales, y el permiso ambiental no fue anunciado por el ministerio del ramo, sino por la presidencia. La argumentación técnia fue reemplazada por una conferencia de prensa donde se dieron justificativos que, en unos casos son pocos serios, y en otros, por lo menos sorpresivos.
Las búsqueda de combustibles fósiles en territorio uruguayo avanza hacia la exploración y posible explotación de hidrocarburos en un proceso donde las partes, ANCAP y la empresa estadounidense Schuepbach, no parecen cultivar las mismas expectativas y, para mayor complejidad, Estados Unidos está entrando a gravitar con su habitual omnipotencia.
Por Víctor L. Bacchetta, en el semanario Voces (23/2/12).
El escenario y los actores cambian, pero la obra puesta en escena es la misma: empresas extranjeras que quieren recursos nacionales, gobiernos provinciales que firman convenios con ellas y organizaciones sociales y ambientalistas que denuncian el desastre ecológico, económico y social que ello acarrearía.La discusión se traslada hoy a El Chaco, al vapuleado El Impenetrable, donde una firma de capitales árabes estaría a punto de hacerse con unas cientos de miles de hectáreas para la producción de alimentos con destino de exportación.
"En la edición de Brecha del 10/2/12, Aramís Latchinián hace un análisis del conflicto surgido por el proyecto de la empresa Aratirí donde recurre a una serie de conceptos gastados para descalificar a la oposición a este emprendimiento e incluso para cuestionar el debate público promovido al respecto. Empecemos poniendo todas las cartas sobre la mesa.
Además de su título en ciencias ambientales, consultor y ex-director de la Dinama, Latchinian ha sido contratado por Aratirí y es el responsable técnico ante el gobierno de algunos de sus proyectos. Por mi parte, al trabajo de periodista ambiental uno la integración del Movimiento por un Uruguay Sustentable, contrario al Proyecto Valentines de Aratirí.
Comentaremos algunos conceptos básicos de la posición de Latchinian."
El Juzgado en lo Penal de Treinta y Tres desestimó el pedido de la Fiscalía que reclamó la prisión o la prohibición de conducir para la persona que, el 3 de diciembre último, atropelló con su vehículo la marcha de productores y vecinos del departamento contra la megaminería a cielo abierto en el país. Reproducimos el comentario del periodista Aníbal Terán Castromán sobre la resolución judicial, que pasó ahora a la instancia de apelación.
Juan Pablo Orrego: “Gobierno debe comprender que Aysén reivindica su derecho a elegir su desarrollo” El Presidente de Ecosistemas, respaldó al Movimiento Social por la Región de Aysén.
El abogado penalista Gustavo Salle presentará una denuncia para que la Justicia especializada en crimen organizado investigue el proceso por el cual el gobierno habilitó la construcción de un puente sobre la laguna Garzón que unirá Rocha con Maldonado, aunque sin la autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
PUERTO DEPORTIVO Y PUERTO PESQUERO ARTESANAL: mejorar las instalaciones turístico-deportivas del Puerto La Paloma e impulsar un Puerto Pesquero Artesanal .
Ante tanta incoherencia, versiones infundadas y doble discurso con respecto al uso que se le dará al Puerto de La Paloma, la UVLP propone un proyecto participativo de desarrollo, a corto plazo y con un mínimo de inversión, que promueve un crecimiento sustentable y asegura la perdurabilidad de los recursos para las generaciones venideras.
Ninguna de las playas del lago artificial está apta para bañarse. La floración algal persiste a pesar del cambio de clima.
El informe semanal de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) volvió a concluir que la gran mayoría de las playas del lago de Salto Grande no están en condiciones de ser utilizadas por bañistas.
Se notificará hoy a autoridades federales y empresas extranjeras que no se avalará el proyecto El gobierno sólo apoyará inversiones que generen empleos y sean sustentables, asegura...
Boca del Río, Ver., 26 de febrero. La operación de la mina Caballo Blanco, de la cual se pretende extraer oro en los límites de los municipios de Actopan y Alto Lucero, no es viable, pues generaría pasivos ecológicos, además de ser un factor de riesgo para los pobladores, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa. El mandatario anticipó que la administración que encabeza no avalará la operación del proyecto minero, cuyos inversionistas son de origen canadiense.
"Hoy necesitamos tener una presencia más fuerte en defensa de nuestras zonas limítrofes por temas que tienen que ver con nuevas amenazas, como el crimen trasnacional organizado y la defensa de potenciales recursos naturales, como agua, petróleo, gas o minerales".
In 2010 the Company entered into an Option and Joint Venture Agreement with Orosur Mining Inc (“OMI”) whereby the Company can earn up to an 80% interest in the iron ore, manganese ore and base metals in OMI’s project area at the Isla Cristalina Belt (“ICB”) in Uruguay (Figures 1 and 2).
En la Argentina, este año cobraron relevancia las movilizaciones y conflictos sociales por la explotación minera a cielo abierto, con epicentro en las provincias de La Rioja y Catamarca.
La agencia France Presse destacó hace pocas semanas que situaciones de similar voltaje político y social se viven en Perú, Chile, Panamá, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Ecuador.
Algunos ejemplos citados por el medio de prensa internacional: en Cajamarca, noroeste de Perú, la empresa Yanacoha, contralada por la estadounidense Newmont, apunta a secar cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales, con una inversión de 4.800 millones de dólares.
Allí se registraron violentas protestas que consiguieron frenar el proyecto y las autoridades designaron a peritos extranjeros para evaluar el impacto ambiental.
En Uruguay, la empresa de capital indio Zamin Ferrous avanza desde 2007 para desarrollar un proyecto de extracción de hierro en el centroesre del país.
Si se concreta la explotación, que aún no cuenta con la aprobación del Gobierno, implicaría una inversión de tres mil millones de dólares, el desembolso privado más importante en la historia del vecino país.
En los últimos años se organizaron varias manifestaciones de protesta por daño ambiental.
Este mes, se conoció hace unos días la decisión del gobierno de Pepe Mujica de pasar la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), que antes era parte del Miniterio de Vivienda, a la órbita de la Presidencia, lo que provocó una polémica pública.
Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento fundamentalmente de petróleo y minerales
Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.
Al magnate inmobiliario argentino Eduardo Costantini le habrá costado poco más de cinco años. En 2007, compró 240 hectáreas en Rocha. En 2008, según él mismo le dijo al diario El País, alcanzó un “acuerdo de caballeros” con el gobierno de Uruguay y las intendencias de Maldonado y Rocha, sin ejercer sobre ellos “ninguna presión”, para construir un country de medio millar de casas cerca de la Laguna Garzón, en territorio rochense, y un puente uniéndolo con el fernandino sobre la barra de la costa atlántica. Entonces, Tabaré Vázquez presidía el país y eran intendentes Artigas Barrios y Óscar de los Santos, reelectos en 2010. Cuando el actual presidente, José Mujica, anunció la semana pasada el inminente inicio de la obra, se armó, como admitió Costantini, “un lío bárbaro”.
Constantini y los gobiernos del FA /Una historia desprolija
La reconstrucción de los hechos anteriores a la aprobación del puente sobre la laguna Garzón, y la forma en que el inversor argentino Eduardo Constantini logró la aprobación de sus proyectos inmobiliarios, evidencian desprolijidades e irregularidades administrativas.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2012 (RENA). Dos de los principales referentes argentinos en materia de protección ambiental aportan su visión sobre el modelo de desarrollo que necesita el país para crecer en forma sustentable. En tiempos de intenso debate en torno a la actividad minera, el modelo extractivo “debe ser revisado”, reclamó la directora de FARN.
Eduardo Gudynas, analista del Centro Latinoamericano de Ecología Social, habló con 180 sobre la construcción del puente en la laguna Garzón.
Quedan muy pocas zonas remanentes para preservar para las generaciones futuras y esa franja en Rocha es una de ellas”, dijo.
Gudynas afirmó que esta situación deja en evidencia que “el aparato estatal está con serios problemas y contradicciones internas sobre cómo manejar los temas ambientales”.
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