El organismo que vela por la transparencia en España, atascado: duplica los plazos legales para contestar a los ciudadanos | El País
El Consejo de Transparencia está tardando hasta siete meses en contestar a las reclamaciones: una plantilla infradimensionada, nuevas funciones y la frecuencia con la que administración responde con el silencio lastran su actividad.
Daniele Grasso
La ley de Transparencia permite a cualquier persona solicitar información a la Administración pública, que dispone de un mes para contestar. Si el ciudadano no está conforme con la respuesta (por parcial o directamente por inexistente), puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo, máximo garante del acceso a la información pública en España, tiene tres meses para dar la razón a la Administración o al ciudadano sobre si los datos que se reclaman pueden facilitarse o no. Cualquiera de los dos, si no está satisfecho con la decisión del Consejo, puede recurrir ante un tribunal.