Entrevista a Joaquín Meseguer y Fran Delgado: «La falta de transparencia no está pasando factura a quien la pisotea. Y de eso, la sociedad es la única responsable» | Asociación de Periodistas de In...
ANTONIO SALVADOR / ANTONIO RUBIO
Esta vez no son ellos los que formulan las preguntas sino los que ofrecen respuestas a cuestiones candentes sobre transparencia y acceso a la información pública. Desde mediados de diciembre, Joaquín Meseguer y Fran Delgado han publicado semanalmente en esta web entrevistas con profesionales relacionados con la materia al cumplirse una década desde que entró en vigor la ley 19/2013 de Transparencia. Hoy son ellos los que opinan sobre el balance de estos diez años, las debilidades de la norma, las mejoras que urgen realizar y hasta el papel que puede desempeñar la Inteligencia Artificial en un futuro cercano en este campo.
Ponentes asiduos en foros especializados sobre transparencia, atesoran conocimiento y experiencia. Meseguer (Logroño, 1969) fue subdirector general de Transparencia en el Ayuntamiento de Madrid y director general de Transparencia y Buen Gobierno en la Junta de Castilla y León, ejerciendo en la actualidad como consejero técnico del Ayuntamiento de Madrid. En paralelo, coordina el grupo de trabajo de Transparencia y acceso a la información pública de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ocupa la secretaría ejecutiva del capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional.
Ex asesor de Transparencia del Ayuntamiento de Cádiz y antiguo asesor de Comunicación de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Fran Delgado (Algeciras, Cádiz, 1973) es politólogo y experto universitario en Formador de formadores en transparencia y acceso a la información. Actualmente es investigador en transparencia y gobierno abierto, preside la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (Acreditra) y forma parte del grupo de trabajo de Transparencia y acceso a la información pública de la FEMP.
Meseguer y Delgado coinciden en que el rodaje de esta década ha permitido identificar claramente las mejoras que se pueden realizar a la ley y urgen la reforma para robustecer un texto que facilite sin cortapisas el acceso a la información pública del ciudadano y penalice a los gestores que ignoren las solicitudes o incumplan las resoluciones. Y lanzan un mensaje: «Si la ciudadanía no levanta la voz, no es crítica, no pide cuentas, al final el poder acaba arrollando».
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