Más de 150 organizaciones de 19 países de América Latina y Europa hicieron pública, este lunes, una carta a los diputados miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Dicho organismo -que reúne a parlamentarios de la UE junto a miembros del Parlatino, Parlasur y Parcaribe- se reunirá el próximo miércoles 18 en Panamá, donde se discutirá un informe que busca promover el avance de los hidrocarburos no convencionales a través de acuerdos público-privados entre ambos continentes. Las organizaciones firmantes -asambleas, colectivos, sindicatos, partidos políticos, ONGs, organizaciones indígenas, entre otras- llaman a la Asamblea Parlamentaria a asumir de manera oficial los probados riesgos de la técnica del fracking, evitar declaraciones engañosas y garantizar el bien común de ambas regiones.
(Adjuntamos la Declaración disponible también en portugués e inglés.)
Opinión acerca del informe “Sobre oportunidades y desafíos de gas de esquisto en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y en los Estados miembros de la UE” discutido en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Estimado/a miembro/a de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,
Los abajo firmantes, organizaciones y grupos de ciudadanos movilizados contra el desarrollo mundial de combustibles fósiles no convencionales, nos gustaría dar a conocer y expresar nuestra preocupación por los debates en curso iniciados por la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, -integrada por el Parlamento Europeo, el Parlamento del Mercosur y otras representaciones parlamentarias Latinoamericanas- en un informe denominado “Sobre oportunidades y desafíos de gas de esquisto en los países ALC y en los Estados miembros de la UE”.
Las controversias en torno a los no convencionales (como el gas y petróleo de lutitas –shale gas/oil-, el gas de arenas compactas – tight gas – y el gas asociado a mantos de carbón) y la tecnología recientemente desarrollada que se utiliza para extraerlo -que incluye la técnica denominada fracturación hidráulica de alto volumen horizontal o “fracking” – se han hecho cada vez más presentes en la agenda política de América del Norte y Europa en los últimos cuatro años y se han extendido por todo el mundo, especialmente en muchos países de América Latina, donde una fuerte movilización ha crecido rápidamente desde entonces.
Estos proyectos hidrocarburíferos han sido promovidos como fuentes de energía seguras y limpias que supuestamente podrían ayudar a los países a aumentar su seguridad energética, disminuir los precios de la energía y proporcionar una transición asequible hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, la experiencia de Estados Unidos nos ha demostrado que la extracción de hidrocarburos no convencionales genera impactos graves y en gran escala en torno al medio ambiente y la salud humana, tal como las amenazas a la reducción de las reservas de agua potable, la calidad del agua subterránea y de superficie, el impacto de su extracción sobre la calidad del aire, el aumento de la actividad sísmica, un importante efecto sobre el cambio climático y su competencia con las inversiones en energías renovables y el ahorro de energía.
Teniendo en cuenta los impactos asociados que se presentan como casi inevitables de acuerdo con un gran número de estudios científicos revisados por expertos[1], resulta urgente que los líderes de los países con planes de desarrollar esta industria reconozcan estos efectos adversos lo más rápido posible. En momentos en que los debates sobre el desarrollo de no convencionales ya han comenzado en varios países de Europa (Reino Unido, Polonia, Rumanía, Hungría, Dinamarca, Alemania, España) y en América Latina (México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia), es esencial que estos diversos impactos ambientales, de la salud, climáticos y sociales sean evaluados y bien entendidos por las autoridades, quienes luego pueden tener que hacer frente a los accidentes y las consecuencias a largo plazo generadas por esta industria.
El reporte que la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana está discutiendo actualmente sobre el tema puede ser una primera oportunidad importante para (a) tomar seria y oficialmente en consideración estos riesgos, (b) evitar que se hagan declaraciones engañosas y suposiciones falsas, y (c) garantizar que el bien común de las dos regiones esté realmente reflejado.
Lamentablemente el primer borrador, que fue presentado en noviembre de 2014, recientemente modificado[2], no responde a la mayor parte de estos objetivos:
- Todavía supone que el ejemplo de Estados Unidos se puede replicar a pesar de los numerosos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en la mayoría de las otras regiones del mundo (más densamente pobladas, con mayor escasez de agua, sujeto a una notable actividad sísmica en muchas áreas, y donde los acuíferos transfronterizos son la única fuente de agua potable para millones de habitantes).
- No tiene en cuenta la otra realidad del boom del gas de lutitas en Estados Unidos: cada vez más un creciente numero de ciudades, condados y estados de los Estados Unidos (incluidos el estado de Nueva York) han decidido prohibir el uso del fracking debido a los impactos científicamente probados y de las importantes incógnitas que aún rodean esta tecnología.
- Del mismo modo ignora la existencia de un movimiento similar en Europa, donde Francia, Bulgaria, Escocia y Gales han prohibido el fracking, mientras que la República Checa, Irlanda y Holanda lo han detenido temporalmente. Similar situación ocurre con los municipios y departamentos que se han declarado libres de fracking en Brasil, Uruguay y Argentina.
- Anuncia la industria de no convencionales como económicamente viable y competitiva, en un momento en el que decenas de empresas del sector deben cancelar deudas de inversión en miles de millones de activos en los Estados Unidos y están cerca de la quiebra debido a los bajos precios internacionales del petróleo y gas.
- Promueve el “tamaño de las reservas de gas de esquisto en Europa y en América Latina”, a pesar de que en la actualidad, no se sabe a ciencia cierta qué parte de estos recursos pueden ser económica y técnicamente recuperables.
- Se menciona la necesidad de crear un marco legal fuerte y adecuado antes de autorizar el fracking, sin considerar que dicha técnica ya ha sido autorizada de hecho en Europa y América Latina.
- Asegura que las instituciones europeas consideran que el actual marco legal en sus países aborda suficientemente los impactos generados por la extracción de no convencionales, pero al mismo tiempo han reconocido en repetidas ocasiones las deficiencias actuales que justifican la necesidad de presentar recomendaciones legales para los estados miembros europeos[3].
- El informe omite la necesidad que las empresas europeas utilicen normas ambientales más estrictas, como sí lo hacen en sus países de origen, de manera de evitar injustos dobles estándares. Los estudios recientemente publicados por Amigos de la Tierra y Observatorio Petrolero Sur muestran notablemente como empresas europeas como Shell y Total han estado desarrollando sus proyectos de hidrocarburos no convencionales en Argentina con estándares mucho más bajos que los que serían aceptados en Europa[4].
- Insta a los legisladores miembros de la asamblea a desarrollar espacios de cooperación para generar “marcos regulatorios birregionales”, lo que entendemos como una intromisión en las políticas soberanas de cada país. La experiencia reciente nos muestra que las reformas legales en el sector energético en Argentina y México en lugar de tomar en consideración las documentadas problemáticas ambientales del fracking, han sido redactadas en función de los intereses de corporaciones norteamericanas y europeas, abriendo la puerta para el desarrollo masivo de no convencionales en esos países.
Creemos que estos diferentes puntos requerirían modificaciones importantes para asegurarse que no se promuevan ideas falsas que sólo podrían traer decepciones en el futuro.
Esto es de particular importancia ya que dichos errores podrían eclipsar otras buenas sugerencias del informe tales como la necesidad de aplicar el “principio precautorio”, tener por lo menos “una normativa vinculante con la cual los [estados] Miembros deberían cumplir antes de poder autorizar la técnica de fracking en su territorio”, además de garantizar una aplicación efectiva de las normas a través de las instituciones de supervisión sólidas y específicas.
Mientras que desarrollamos la campaña para la prohibición de esta tecnología que es inherentemente destructiva, consideramos que el mínimo absoluto es que no puede desarrollarse el fracking antes de hacer un análisis de sus impactos y mientras no se aplique el marco jurídico más estricto posible. En este sentido el primer paso debe ser el fomento de debates públicos amplios e informados, para que la población pueda decidir sobre los posibles resultados del desarrollo de esa industria. Creemos que estos son los puntos que deben ser fomentados por el informe sin ambigüedades, y que éste no debe tener por objetivo principal promover incondicionalmente una industria cuyos beneficios económicos han fracasado ampliamente en materializarse fuera de los Estados Unidos.
Estamos a disposición para responder cualquier comentario o pregunta y para ayudarle en caso de que necesitaría más información sobre el tema.
Saludos, los firmantes
Europa:
Friends of the Earth Europe • Food & Water Europe
Latinoamérica:
Hermanas de la Misericordia de las Américas, de Latinoamérica y Caribe • Oilwatch Latinoamérica
Alemania:
BI lebenswertes Korbach e.V. • BI Fracking freies Hessen • PowerShift e.V. • Aktionsbündnis No Moor Fracking • A G Post-Fossil
Argentina:
Multisectorial Contra la Hidrofractura de Neuquén • Observatorio Petrolero Sur • Fundación ECOSUR • Confederación Mapuche de Neuquén • Secretaría de Relaciones Internacionales, CTA-Autónoma • Unidad Popular Neuquén en el Frente Popular • Red Ecosocialista Comahue • Federación de Trabajadores de la Energía, (Fetera-CTA) • Movimiento Popular Patria Grande • MST Nueva Izquierda • Emancipación Sur en el Frente Popular • Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía • Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) • CIFMSL, Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos • Biblioteca Popular Osvaldo Bayer • Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” (UNER) • Movimiento por Entre Rios Libre de Fracking • Grupo de Vecinos Autoconvocados de Tandil Libre de Fracking • Asamblea Permanente del Comahue por el Agua • Taller Ecologista • Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos • Oikos, Red Ambiental – Mendoza • Acción por la Biodiversidad • GRAIN • Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) • Asamblea Popular Ambiental Colón, Ruta 135 – Entre Ríos • Foro Ambiental Waj Mapu –Chajari, Entre Ríos • Proyecto Allen • Asamblea Popular por el Agua – Mendoza • Foro Ambiental de Santiago del Estero • Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay • Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS) • Asociación LIHUE – Bariloche • Tinta Verde • Vecinos autoconvocados Benito Juárez SIN Fracking • Movimiento SURCO,San Martin de los Andes • Asamblea Ciudadana Concordia • Observatorio del Agua (Universidad Nacional de la Patagonia SJB) – Esquel, Chubut • APDH Neuquén • Eduardo D´Elía, Ingeniero en Petróleo • Maristella Svampa, investigadora del Conicet, socióloga y escritora • Emilia Otharan, Concejal del Mov SURCO – San Martin de los Andes • José Rigane Luz y Fuerza Mar del Plata • Julio Acosta Luz y Fuerza La Pampa • Gabriel Martínez Luz y Fuerza Mar del Plata • Agustín Arbor González APCNEAN • Néstor Iparraguirre Luz y Fuerza Zárate • Ana Sacchi Movimiento Nacional Oro Negro • Néstor Fabián Sosa Luz y Fuerza Córdoba • Ernesto Duco AGTPAC • Ernesto Ricardo Sandoval SITAPOS • Ruben Mendez ATE • Humberto Diez de los Ríos OTECH • Carlos Guanciarrosa Agrupación Enrique Mosconi • Jorge Omar Pescara Luz y Fuerza La Pampa; Gabriela Marcelino ATE.
Australia:
National Toxics Network • No Fracking Way Perth
Bélgica:
Mouvement politique des objecteurs de croissance • Agora for Life
Bolivia:
Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) • LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente • The Democracy Center
Bosnia y Herzegovina:
Centar za životnu sredinu/FoE BiH
Brasil: Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) • Secretaria do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica nas Cercanias da Baía de Guanabara – FAPP-BG • Rede Brasileira de Justiça Ambiental • Justiça Global • Rede Justiça nos Trilhos • Instituto Búzios • Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte (APROMAC) • Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária (AMAR) • TOXISPHERA Associação de Saúde Ambiental • Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) • Bicuda Ecológica • Associação Movimento Paulo Jackson – Ética, Justiça, Cidadania – Bahia • Articulação Antinuclear Brasileira • Frente por uma Nova Política Energética • Fórum do Movimento Ambientalista do Paraná • Zuleica Nycz, Representante da Sociedade Civil na Comissão Nacional de Segurança Química – Ministério do Meio Ambiental • Cristiana Losekann, Professora da Universidade Federal do Espírito Santo
Chile: Colectivo Editorial Mapuexpress • Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos • Programa Chile Sustentable
Colombia: Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia • Asociacion Para La Investigacion Y Accion Social Nomadesc • Campaña Prohibido Olvidar • Movimiento De Victimas De Crimenes De Estado – Capitulo Valle Del Cauca • Comite De Mujeres Coorteras De La Caña • Aída Julieta Quiñones Torres • Comité Ambiental de Barrancabermeja – CAB • Congreso Ambiental de Santander • Equipo Juridico Pueblos (EJP) • Ty Quica Sye – Semillero de Investigación Ambiental de la Universidad Industrial de Santander • Centro de Altos Estudios Minero Energéticos – CAEM • Alberto Castilla – Senador de la República de Colombia por el partido Polo Democrático Alternativo
Dinamarca:
NOAH Friends of the Earth Denmark • VedvarendeEnergi
Ecuador: Acción Ecológica Ecuador
España:
Ecologistas en Accion • Asociación de Cultura Popular Alborada(Gallur) • Fracking EZ Huesca sin fractura • Plataforma CiudadanaZaragoza sin Fractura
Francia:
Les Amis de la Terre • Attac France • Collectif “Touche pas à mon schiste !” • Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON ! • Collectif ALDEAH (Alternatives au Développement Extractiviste et Anthopocentré) • Collectif 07 Stop au Gaz et Huile de Schiste • Collectif 82 non Gaz et Huile de Schiste (Sud-ouest France) • Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze • Collectif Montpellier littoral contre les gaz et huiles de schiste • Collectif houille ouille ouille 59/62 • Collectif citoyen de Pézenas, Castelnau de Guers • Collectif Valgorge (07) • Collectif Stop Gaz de Schiste 39 • Collectif Non Gaz et Huiles de Schiste Canal-Lirou (34) • Collectif citoyen Île-de-France Non aux gaz et pétrole de schiste et au gaz de couche ! (75) • Collectif du Céressou, Péret, Fontès, Cabrières (34) • Collectif Stop Gaz de Schiste du Grand Valentinois (26) • Collectif de vigilance cévenol CAMIS’GAZ (30) • Collectif “non gaz de schiste” Florac (48) • Collectif viganais contre les huiles et gaz de schiste (30) • Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés • Collectif Garrigue-Vaunage (30) • Mouvement des Objecteurs de Croissance (MOC) • Collectif Piémont cévenol (30)
Blue Planet Project • Food & Water Watch • Red de Acción por el Agua • Centro de Investigación y Capacitación Rural A.C. (CEDICAR) • Alianza Mexicana contra el Fracking • Fundar, Centro de Análisis e Investigación • Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, (LAVIDA) • International Alliance of Inhabitants (IAI) • Amigos del Río San Rodrigo • Chihuahua Vs. Fracking • Consultoria Técnica Comunitaria AC • Amigos del Río San Rodrigo
Poland:
Fundacja Strefa Zieleni • The Civil Affairs Institute • Fundacja Kuźnia Kampanierów • Stowarzyszenie “Zielony Zurawlów” • stowarzyszenie “Centrum Zrównoważonego Rozwoju” • Stowarzyszenie Niesiołowice-Wesiory Kamienne Kregi
Rumanía:
Grupul fără Fracturare • Grupul de Intervenție Civică • Neuer Weg
Reino Unido:
No FiBS (No Fracking in Balcombe Society) • Frack Free Freckleton • No Dash for Gas • Keep Billingshurst Frack Free • Frack Free Arun • Frack-Free York • RAFF (Residents Action of Fylde Fracking) Frack Free Sussex • Brighton Action Against Fracking • Britain and Ireland Frack Free • Refracktion • Defend Lytham • Worthing Against Fracking • Talk Fracking • Frack Free Ryedale • East kent Against Fracking
Uruguay:
Paysandu Nuestro • REDES • Paysandu Libre de Fracking • Uruguay Libre de Megaminería
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería emitió un comunicado en el que denuncia que “se desató la especulación” con los títulos mineros de la empresa Aratirí, tras conocerse la información de que hay un grupo indio interesado en el proyecto.
Durante su visita a Bolivia, el uruguayo Eduardo Gudynas afirmó que el Decreto Supremo 2366, que permite tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas, es un retroceso sustancial en cuanto a la protección de la naturaleza, y lamentó que al gobierno del presidente
Estamos muy preocupados por la situación del Río Negro al cual consideramos está muy “enfermo”, tras conocer la noticia de la mortandad de cientos de ovejas que se dio justamente después que estos animales bebieron de las aguas del Río a la altura de Paso de los Toros” dijo José Morales Brum, integrante y referente de la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua, quien participó de una reunión con autoridades del departamento de Tacuarembó, con autoridades isabelinas concretamente y productores locales de Paso de los Toros, para ahondar en el tema de la contaminación aparente de las aguas del Río Negro.
El gobierno no está en condiciones de decir que Aratirí cayó”, sostuvo la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, al ser consultada sobre el proyecto minero cuando compareció en la comisión de Industrias de la Cámara de Diputados.
El remo que metió el pescador apenas unos segundos debajo del agua salió cubierto de una costra casi negra que no se despegaba. Ese barro es más que la mezcla de tierra y agua: es el desecho de los productos químicos que utiliza OSE para potabilizar el agua que luego le suministra a dos millones de personas.
“OSE está tirando 1.000 metros cúbicos de sulfato de aluminio por día”, dijo a El Observador el alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso. La sustancia se utiliza para que las impurezas se decanten durante el proceso. El problema es que, entreverado con otros residuos químicos, vuelve al río, aguas abajo, pero tan cerca de las tomas de agua que vuelve al camino que lleva el agua hasta la canilla.
La preocupación del alcalde es que “en buena parte del año” la planta tiene “la imperiosa necesidad” de rebombear aguas debajo de la represa, debido a que no tiene caudal suficiente aguas arriba, ya sea por sequía o porque el propio río corre con menos fuerza al estar obstaculizado con desperdicios. Para esto tiene dos bombas. Al hacerlo toma el agua de su vertedero donde vuelca los lodos producto del descarte del proceso de potabilización y cuyos componentes son, entre otros, cloro, sulfato de aluminio, bauxita, ácido sulfúrico, polímero y carbón activado. [...]
El movimiento “Maldonado por la Tierra y el Agua”, emitió en las últimas horas un comunicado relacionado con la situación que se está produciendo en este departamento con el agua potable que suministra OSE. Además de considerar justa la medida del gobierno de no cobrar el consumo, exige que se atienda el verdadero problema de contaminación de Laguna del Sauce.
El movimiento manifiesta, “que la medida de no cobrar el consumo es justa y necesaria, pero esto no hace al agua más potable, y en ningún caso debe desviar la atención sobre el verdadero problema: la contaminación de la fuente suministradora de agua”.
Asimismo, remarca que “se necesitan implementar, de manera urgente y efectiva, las medidas necesarias y conocidas por todos para salvaguardar la calidad del agua de la Laguna del Sauce”, fuente de la que se abastece OSE de agua bruta para potabilizar.
“El problema de la contaminación por cianobacterias en la Laguna del Sauce no es un hecho aislado. La mayor parte de los cursos y espejos de aguas del país se hallan en las mismas condiciones, siendo consecuencia directa de la imposición de un modelo productivo que implica la explotación ultra intensiva de los recursos naturales, en un país además con enormes dificultades para ejercer un control efectivo sobre sus consecuencias” agrega.
“Maldonado por la Tierra y el Agua”, recuerda también que, “el agua es un elemento imprescindible para todo tipo de vida y para todos los ecosistemas. Su contaminación acarrea un daño inmenso e irreparable en nuestra flora y fauna. Se impone entonces un debate nacional profundo sobre la conveniencia de este modelo para nuestras comunidades, nuestro país, y nuestro planeta”.
Finalmente informa que en el marco de las movilizaciones en defensa de los bienes naturales, el movimiento invita a a la población a concurrir a la “1er Gran Marcha de las Comunidades en defensa del Acuífero Guaraní”, a realizarse en Tacuarembó el día 25 de abril.
El fiscal Enrique Viana se refirió a la situación del agua y manifestó que se está a punto de “perder el acceso al agua potable, que es un derecho humano”.
“En la medida que lo estamos perdiendo estamos ante un problema de juridicidad”, dijo Viana en el programaDe Ocho a Diez, de Radio Uruguay.
“La única forma de imponer ese derecho es poner limitaciones a esas actividades”, dijo, refiriéndose a los tambos, frigoríficos y plantaciones de soja transgénica que hay sobre la cuenca del río Santa Lucía, por ejemplo.
“El Estado debe asumir la responsabilidad. La responsabilidad que se colocó a si mismo. Basta leer la Constitución para ver el estado de omisión en el que nos encontramos”, manifestó.
“Mientras el Estado se asocie a quienes traen la contaminación va a ser muy difícil que lo pueda proteger”, afirmó Viana.
Con respecto a los problemas del agua en Maldonado, el fiscal indicó que hay responsabilidades que son identificables.
Viana, además, destacó los términos en que la Constitución ordena cuidar las cuencas hídricas y contó que pidió la intervención de la justicia y de la Instituto Nacional de Derechos Humanos para que intervengan en el tema.
En la zona centro-norte de Chile, las inusuales lluvias han causado gigantescos aluviones. Varias ciudades se encuentran inundadas de lodo. Las autoridades confirmaron siete muertos y un número indeterminado de desaparecidos.
Desde 1997 y hasta hace una semana, éste era el lecho de un río seco. La explicación, posiblemente la tienen los agroexportadores que trabajan atrás, en las montañas.
Pero el efímero regreso del río es apenas la introducción a la catástrofe. De las riquezas mineras, el pueblo de Copiapó obtiene sequía y barro.
La lluvia y el aluvión arrasa con los desechos mineros en la zona de Copiapó Esta es una oportunidad para repensar las ciudades Con el aluvión queda en duda la existencia de los poblados en el mismo lugar, por el peligro sanitario y químico.
Gerardo Veroslavsky, docente de la Facultad de Ciencias con dedicación total, presidía dos empresas (Edowell SA y Explotaciones Mineras SRL) que eran de su tío Héctor de Santa Ana, antes Jefe de Geólogos de Ancap y hoy Gerente de Explotación y Producción de Petróleo del ente, empresas que en función de su cargo público no podía tener. Además, Veroslavsky terminó trabajando para la petrolera Schuepbach y la minera Aratirí.
Julio Gómez, integrante de la Mesa de Productores de Ruta 7, aseguró a Montevideo Portal que la empresa Aratirí debe pagar los compromisos que ya asumió con los productores con los cuales firmó contrato en Valentines y Cerro Chato.
Recientemente, la empresa confirmó que no abonaría los derechos de servidumbre de paso y otros cánones. Argumentaron falta de liquidez y reconocieron que los productores pueden iniciar un juicio o esperar a que la empresa comience a explotar la zona.
Gómez, quien tiene un postgrado en derecho minero, dijo a Montevideo Portal: "Técnicamente tiene que pagar porque hay un contrato de por medio. No hay fuerza mayor que impida el pago que corresponde. Además, la parte que tiene que pagar corresponde a unas 2.000 hectáreas, cuando Aratirí tiene 12.000 hectáreas por las cuales cobra renta. Con la sexta parte de lo que perciben por eso pueden pagar perfectamente. Llama la atención que haya este tipo de incumplimiento".
"El camino correcto es intimar el pago y trabar embargo. La empresa tiene que responder. Si cada vez que cambia la situación a nivel internacional van a cambiar la ley, termina siendo muy difícil. La única garantía que tenemos en procesos complejos es el cumplimiento de la ley por las partes. La única posibilidad de cambio es por fuerza mayor o por una catástrofe. Hoy la empresa está demorada porque no cumple con las leyes ambientales y porque el precio del hierro a nivel internacional bajó. Estamos ante una coyuntura especulativa: antes servía y ahora no", enfatizó Gómez.
El diario El País publica este jueves que "Aratirí informó el mes pasado a los productores de la zona donde planea extraer hierro que no les pagará más los derechos de servidumbre de paso y los cánones porque en este momento carece de liquidez. De hecho, pagos que ya debería haber hecho no los hizo".
El matutino agrega: "El anuncio fue hecho en una reunión realizada en el Club Democrático de la localidad de Cerro Chato por la gerente general de Aratirí, Helga Chulepín, a una veintena de productores. La empresa planteó dos alternativas a los productores: o que le inicien un juicio o que aguarden hasta la terminación de las negociaciones entre el Gobierno para firmar un contrato que permita la extracción del hierro. Hasta que eso no ocurra, no cobrarían".
La justicia rechazó el recurso presentado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para no dar información sobre la empresa Aratirí y ahora deberá entregar la información al juez, quien deberá señalar si los elementos que fueron calificados como confidenciales por parte de la cartera se ajustan o no a derecho.
En conversación con Montevideo Portal, el dirigente ambientalista Víctor Bacchetta señaló que la decisión judicial es importante para evitar que otras dependencias del Estado tomen como modelo lo actuado por el MIEM.
Bacchetta agregó que las negociaciones entre el Gobierno y Aratirí están “congeladas”, pero resaltó que el fallo servirá como ejemplo para otros casos.
La causa fue iniciada en noviembre de 2014 en el Juzgado Letrado en lo Civil de 2.º Turno, en base a la Ley de Acceso a la Información Pública, ante la negativa del MIEM.
El juez Alejandro Martínez de las Heras intimó a la cartera a entregar en 15 días la información requerida, pero el MIEM recusó esta decisión.
El Tribunal de Apelaciones confirmó el 5 de diciembre el fallo de primera instancia y el MIEM entregó parte de la información requerida, señalando que algunos temas eran confidenciales.
El 2 de febrero se presentó una acción de amparo cuestionando el criterio de confidencialidad adoptado por el MIEM y se pidió una intimación para que entregue a la Justicia toda la información del expediente de Aratirí.
La Justicia rechazó por improcedente un nuevo recurso del Ministerio de Industria para no entregar la información de Aratirí. El MIEM alega que no puede entregar una información que ha sido declarada confidencial, pero el que declaró esa confidencialidad es el propio MIEM y lo hizo aceptando simplemente las solicitudes de la empresa minera.
Desde el 4 de noviembre de 2014 iniciamos una acción de amparo en el Juzgado Letrado en lo Civil de 2do Turno, en base a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (N°18.381), ante la negativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a entregar la información del proyecto de Aratirí existente en la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige).
Seis días después, el juez Alejandro Martínez de las Heras intimó al MIEM a entregar en 15 días, la información requerida. El MIEM recusó esta decisión pero el Tribunal de Apelaciones confirmó el 5 de diciembre el fallo inicial. Al borde del plazo, el 19 de diciembre, el MIEM acató formalmente la decisión inapelable de la Justicia pero solo para entregar una parte de lo solicitado.
Se nos mostró un resumen de 190 páginas del proyecto del distrito minero y el mineroducto, sin la terminal portuaria, y una lista de temas declarados confidenciales. (Esta documentación se encuentra en el sitio Web de Uruguay Libre http://www.uruguaylibre.org)
Uruguay Libre no ha cuestionado que se preserven el secreto comercial e industrial previsto en la propia Ley 18.381, pero hayuna notoria exageración en la decisión del MIEM que, además, se reduce simplemente a aceptar lo que la empresa le solicita que declare confidencial.
Como consecuencia de lo anterior, al término de la feria judicial, el 2 de febrero, continuamos la acción de amparo y presentamos al juez un escrito cuestionando el criterio de confidencialidad adoptado por el MIEM para entregar una información parcial del proyecto de Aratirí.
Solicitamos entonces que se intimara al MIEM para que entregue a la Justicia toda la información del expediente de Aratirí y que sea la Justicia quien dictamine en forma independiente si el criterio de confidencialidad aplicado por el organismo público es o no el prescripto.
El 4 de febrero, Martínez de las Heras intimó al MIEM a entregar la información otorgándole un plazo de 10 (diez) días hábiles. El MIEM volvió a apelar mediante un recurso de revocación jerárquico en subsidio, que pasaría a segunda instancia si el juez ratificaba el fallo.
El pasado 27 de marzo, el juez rechazó la apelación del MIEM por improcedente y el MIEM debe responder ahora esta nueva intimación. (Ver resoluciones en la Web de Consulta de Expedientes Judiciales:http://www.expedientes.poderjudicial.gub.uy/ IUE 0002-050654-2014.)
Esta batalla en la Justicia por acceso a la información trasciende el caso del proyecto de Aratirí y define la vigencia o no de principios de neutralidad y transparencia de los procedimientos de la administración pública y de participación de la sociedad en decisiones que le atañen.
Entre las décadas de los 80 y los 90, George Mitchell y su equipo inyectaron agua y diversos agentes químicos en yacimientos de rocas conocidas como lutitas. Lo hicieron a través de una técnica conocida como “fracking”, o fractura hidráulica. Si bien la práctica no era nueva, el empresario y geólogo estaba dispuesto a probar que podía ser económicamente viable y en 1997 lo logró.
Años después, a varios kilómetros de distancia, cuando Mitchell ya había vendido su empresa energética en 3,200 millones de dólares,algunas comunidades de México comenzaban a padecer sus efectos:agua sucia, aire contaminado y enfermedades, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) practica la técnica desde 2003.
Hoy, con la apertura del sector energético en México, que abrirá yacimientos de hidrocarburos no convencionales a empresas privadas en los que se podría utilizar el “fracking”, varios jóvenes activistas elevan la voz para alertar sobre los efectos negativos de la práctica. Al mismo tiempo presionan para que se prohíba. Julián Ramírez y Francisco Cravioto son dos de ellos.
En la ciudad de Montevideo, Uruguay se siembran alimentos que son genéticamente modificados; el impacto socio ambiental por el uso de transgénicos se ha notado considerablemente.
Los ciudadanos que residen cerca de los cultivos se han visto afectados y argumentan que el mal uso de estas tecnologías genera consecuencias negativas sobre la salud humana entre otras.
La resistencia a los organismos genéticamente manipulados (OGM) es ideológica. Con este argumento, ciertos partidarios de los OGM pretenden descalificar las críticas. No comprendo por qué ellos le dan un sentido negativo a la palabra ideología: una ideología puede ser buena o mala. Por otra parte, también el apoyo a los OGM tiene sus supuestos ideológicos, los del neoliberalismo, partidario de la desregulación.
En esa línea, el gobierno neoliberal de Ronald Reagan lanzó la directiva del 26 de junio de 1986. Esta disponía que los OGM (aún no lanzados al mercado) se regirían por las reglas existentes para las manipulaciones ya existentes de las plantas y animales. En otras palabras, no habría ninguna reglamentación especial para OGM; el asunto quedaría en manos del Ejecutivo y no pasaría por el Congreso. En una visita efectuada a un laboratorio de biotecnología, el 15 de mayo de 1987, el entonces vicepresidente George Bush (senior) dijo: "Mi trabajo es la desregulación".
En la presidencia de los Estados Unidos, Bush siguió la línea desreguladora de Reagan y apoyó a la industria biotecnológica norteamericana. Esa política se resume en las palabras del vicepresidente Quayle: "Estados Unidos es ya el líder mundial de la biotecnología y tenemos la intención de continuar siéndolo... a condición de no saturarse de una reglamentación inútil" (conferencia del 26 de mayo de 1992). Días después, la agencia estatal encargada de la comida y los remedios, la FDA, declaró que los OGM y los productos orgánicos eran "similares en sustancia", y por eso los OGM podían entrar al mercado. Aquella fue una decisión política, le confesó un ex funcionario de la FDA, James Maryanski, a Marie-Monique Robin. Sobre lo anterior, puede leerse el libro de la investigadora francesa, El mundo según Monsanto, o verse su versión fílmica en internet.
A partir de la aprobación de los OGM en Estados Unidos, el Gobierno de ese país ha efectuado una activa campaña para difundirlos en todo el mundo por medio de presiones diplomáticas (según se reveló en WikiLeaks) o de demandas ante la Organización Mundial del Comercio.
La demora en las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea se debe en gran parte a que los europeos son poco amigos de los OGM, que los negociadores norteamericanos quieren imponer como parte del acuerdo. En esto, ellos cuentan con el apoyo de multinacionales europeas del sector químico.
Como resultado de esa alianza público-privada en pro de los OGM, diez empresas multinacionales controlan hoy el 75% de las semillas vendidas en el mundo, según el artículo La privatización de las semillas, disponible en www.viacampesina.net. [...]
Un nuevo estudio revela que la soja genéticamente modificada acumula formaldehído carcinógeno y altera su capacidad natural de controlar el estrés. Eso invalida el método de la 'equivalencia sustancial’, utilizado actualmente por la FDA (la entidad regulatoria en el ámbito nutricional de EE.UU.), y que para establecer si los OGM son aptos para el consumo humano tiene en cuenta características nutricionales básicas y superficiales como el sabor, el aspecto, el olor y la textura.
Lo que no aparece nunca en las investigaciones científicas que dicen que el glifosato es inocuo, y por supuesto en el discurso de las empresas que lo venden y de las que lo importan, es el factor humano: la gente que es fumigada con este agrotóxico, la que lo padece y lo denuncia.
Hace unas pocas semanas la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (ergo de las Naciones Unidas), afirmó que existe “evidencia suficiente” de que el glifosato es cancerígeno en animales y que “probablemente” lo sea también en seres humanos. Los 17 expertos independientes (es decir, no ligados a empresas del sector ni a laboratorios o universidades que trabajen con ellas) de 11 países que realizaron el estudio de la Iarc analizaron durante un año “toda la evidencia científica disponible” sobre el glifosato y otros productos utilizados comúnmente en el tratamiento de plantíos agrícolas y dieron su “veredicto” en marzo, en una reunión que mantuvieron en Lyon, Francia. A los animalitos de laboratorio expuestos directamente a dosis menores de glifosato que las empleadas en la agricultura no hay duda alguna de que el herbicida les provoca tumores malignos, dijeron.
En cuanto a los efectos en humanos, estimaron que es “probable” que sean similares. Si bien no hay una certeza total al respecto, sí existen elementos de convicción suficientes como para pensarlo, apuntan, basándose en estudios llevados a cabo sobre trabajadores agrícolas de Estados Unidos, Canadá y Suecia expuestos al glifosato y que presentaron luego, por ejemplo, “incrementos en marcadores sanguíneos de daño cromosómico y en su Adn”.
Por estas latitudes la noticia tuvo una trascendencia limitada: la retomaron algunos medios de prensa, pero salvo una que otra excepción quedó arrinconada en algún recuadro, en algún suplemento. Y la mayoría de los que la publicaron, casi de inmediato intentaron relativizarla recurriendo a “la otra campana” de compañías y científicos que hace años machacan sobre la “inocuidad” del glifosato basándose por lo general en investigaciones pagadas por las propias empresas… [...]
La empresa canadiense responsable del polémico proyecto chileno-argentino Pascua Lama se ve enfrentada a un duro escenario de reclamos luego de que en Nueva York, La jueza distrital Shira Scheindlin acogiera la denuncia colectiva que presentó un grupo de inversionistas de Canadá y Estados Unidos para rechazar los argumentos de Barrick Gold con respecto a los daños ambientales causados por el proyecto en la provincia del Huasco, por el lado chileno, y en la provincia de San Juan, en Argentina. Scheindlin manifestó que“aunque los demandantes no alegaron un motivo, tienen suficiente evidencia circunstancial presunta sobre el mal comportamiento o negligencia deliberados”.
Inversionistas declararon que Barrick no fue claro al momento de informar sobre las dificultades y consecuencias que traería la iniciativa minera en el norte del país, hecho que se transforma en solicitudes de indemnizaciones de miles de millones de dólares, debido a la mentira escondida tras el proyecto y la baja de más del 50% que la empresa hizo a sus acciones. La problemática ambiental, los riesgos y problemas sociales que podrían traer consigo la minera abierta no fueron informados, provocando el enojo y el sentimiento de engaño en los accionistas, los cuales presentaron demandas por pérdidas que van desde el inicio de la construcción en Pascua Lama un 7 mayo, hasta el 1 de noviembre de 2013. [...]
La privatización y posterior sequía del rio Ranchería, principal en esta región en La Guagira, producto de la explotación minera y la industria agrícola ha causado varias muertes entre los indígenas Wayúu.
La desnutrición en los niños y niñas de esta comunidad indigena llega a ser un número cercano a los 37 mil, e incluso se habla de 14 mil niños y niñas que fallecieron de inanición.
El Gobierno Nacional no ha acompañado a esta comunidad de una forma efectiva. Las muertes en su población suceden en medio del olvido gubernamental y sus menores incluso no alcanzan a ser atendidos en los centros médicos, debido a las largas distancias que hay que recorrer.
Lo que queda del rio Ranchería está a manos de los explotadores mineros, esto crea condiciones de miseria en la región que lamentablemente no cuenta con los servicios básicos de salud, electricidad, acueducto y educación.
A pesar de que el Estado destina fondos para este tipo de comunidades con programas como el PAN, (Programa de Alimentación y Nutrición), los dineros nunca llegan a los indígenas y según sus mismos voceros, estos son utilizados y administrados por redes de corrupción.
La Defensoría del Pueblo catalogó la situación con el calificativo de “crisis humanitaria”, así mismo, los indígenas presentaron una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para hacer defender la garantía de sus derechos fundamentales.
La comunidad Wayúu busca con todo esto recuperar el acceso al rio y así mejorar sus condiciones de vida y ambientales.
El yacimiento cuprífero de Barrick Gold, Zaldívar se encuentra ubicado en la precordillera de la Región de Antofagasta, a una altura de 3.3000 msnm, a 175 kilómetros al sudeste de la ciudad de Antofagasta.
El 26 de marzo luego del gran aluvión de los días 24 y 25 de marzo en el norte, se realizaron denuncias sobre derrames en un tranque de relave en la mina Zaldivar. Un tranque de relave “es una obra que se construye para contener en forma segura los relaves provenientes de una planta de beneficio de minerales, principalmente por flotación. Los relaves están compuestos por material molido y agua con reactivos”. Si bien el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) aclara la particularidad del derrame en cuestión, esto bajo ningún motivo indica de que se trate de un fenómeno menos peligroso al de un derrame de un relave minero.
La Comisión de Cuenca; el Instituto Saras; OSE y diferentes técnicos, han estudiado durante años la problemática de Laguna del Sauce. Sin embargo, más allá de tener grandes coincidencias en los resultados de dichos estudios, no las hay a la hora en que las autoridades deben adoptar las medidas sugeridas.
Resulta inexplicable la actitud del Gobierno ante la solicitud de una empresa extranjera de explotar los yacimientos de hierro en la zona de Valentines.
Desde el principio asumió una postura más propia de socios que de administrador de los recursos naturales del país, perdiendo objetividad, mediante la promoción y el respaldo público que realizó de este proyecto de megaminería, mucho antes siquiera de conocerse las evaluaciones de impacto ambiental que el propio estado está obligado a realizar.
Cuando a la empresa los plazos se le vinieron encima, se activó la prórroga hasta el pasado 28 de febrero, prevista por la ley. Pero no fue suficiente. Entonces, el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento -donde tiene mayorías- un proyecto de ley que modificó el art. 24 de la Ley de Minería de Gran Porte (Nº 19.126), concediéndole al privado un año de plazo adicional para firmar el contrato con el Estado, y así no perder los derechos sobre esos yacimientos.
Esta prórroga le significó a la empresa un claro beneficio económico.
La viabilidad del proyecto está muy comprometida por el descenso que ha experimentado el precio internacional de hierro, y por las dificultades de financiación manifestadas por la empresa. Propuso achicar el proyecto y ha dejado de pagar la servidumbre y el canon de superficie a los propietarios de los padrones denunciados.
Mientras tanto, en una actitud difícil de comprender, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se ha aferrado a no brindar la información del proyecto de Aratirí, como lo garantiza la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.
Organizaciones civiles han tenido que recurrir a la justicia, la cual ya intimó en dos ocasiones al MIEM a entregar la información. La justificación de la secretaría de estado es la confidencialidad que le asigna a un amplio volumen del expediente para proteger sus derechos frente a potenciales competidores, lo que parece muy exagerado.
En noviembre de 2014 la Organización No Gubernamental Uruguay Libre de Minería inició una acción de amparo ante la negativa de la Dirección de Minería y Geología de permitir acceso a la información del expediente. La justicia intimó al MIEM quien recusó la decisión y luego el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo inicial, ante lo cual el ministerio entregó solo una parte de lo solicitado (resumen), por ejemplo sin incluir nada de lo referido a la terminal portuaria.
Ante ello y pasada la feria judicial, la ONG le solicitó al juzgado que el MIEM le entregue a la Justicia toda la información y esta decida si el criterio de confidencialidad aplicado por el organismo es el correcto, según establece la ley. El juez estuvo de acuerdo y ante su intimación el ministerio apeló. Días atrás el juez rechazó la apelación por improcedente obligándolo a remitirle toda la información.
¿Con este comportamiento, el ministerio demuestra la neutralidad que debe tener todo administrador público, como lo marca la Constitución de la República?
¿Se trata de ocultar algo declarando confidencial cientos de hojas del expediente de un proyecto de explotación de un recurso natural?
La transparencia es la mayor garantía que debe exhibir el administrador público, en especial en un proyecto que se sabe tendrá impactos socioambientales grandes.
Aunque el Parlamento le dio plazo hasta noviembre al gobierno para negociar un contrato con la minera Aratirí, más dudas aparecen sobre la viabilidad del proyecto de la empresa que informó el mes pasado a los productores de la zona donde planea extraer hierro que no les pagará más los derechos de servidumbre de paso y los cánones porque en este momento carece de liquidez.
De hecho, pagos que ya debería haber hecho no los hizo. En el proyecto de Aratirí había depositado grandes esperanzas el anterior gobierno para dinamizar una zona deprimida del este del país, pero cada vez su concreción aparece más difícil.
El anuncio fue hecho en una reunión realizada en el Club Democrático de la localidad de Cerro Chato por la gerente general de Aratirí, Helga Chulepín, a una veintena de productores. La empresa planteó dos alternativas a los productores: o que le inicien un juicio o que aguarden hasta la terminación de las negociaciones entre el gobierno para firmar un contrato que permita la extracción del hierro. Hasta que eso no ocurra, no cobrarían.
Ruben Barrera, productor de Durazno en la Octava Sección, participó en la reunión y dijo a El País que hay al menos 70 productores involucrados en la situación.
La empresa argumenta que como no ha podido comenzar a trabajar no cuenta con recursos, pero para Barrera "un contrato es un contrato" y debería ser cumplido.
"Estoy pensando pero el juicio sería la última opción", dijo Barrera. Explicó que lo que llama la atención a los productores es que los montos adeudados no deberían representar un problema para una empresa del porte de Aratirí.
Los productores no dieron una respuesta a la empresa con la que habría una nueva reunión después de Semana Santa. Entre ellos no hay unanimidad respecto a qué pasos dar porque también son diferentes los acuerdos que cada uno tenía con la minera. La posibilidad de realizar juicios genera dudas por lo elevado su costo. Los productores en su mayoría son pequeños y medianos. Barrera es escéptico respecto al proyecto. "Siempre lo vi muy lejos. Yo no dejé de hacer cosas e invertir en mi campo y no me puse nervioso", señaló.
Gustavo Sclavo es propietario del establecimiento en Florida donde está la mina Morochos (una de las cinco que planeaba explotar Aratirí ). Sclavo dijo a El País que la empresa siempre había pagado pero ahora aduce no tener liquidez. "Ya no nos asombra nada ni de parte de la empresa ni de parte del Estado", señaló. Sclavo comentó que la actividad de Aratirí en su predio le generó diversas dificultades, como tener que cambiar las porteras porque el personal de la empresa las dejaba abiertas, y tener que establecer un camino para los vehículos que transitaban por diferentes lugares cada día y le afectaban las pasturas.
Sclavo dijo que a esta altura espera que el proyecto no se concrete porque si la empresa extrae hierro deberá abandonar su establecimiento ganadero en el que quedará un gran agujero. Los productores en la zona son en general ganaderos y ninguno sobrepasa las 1.000 hectáreas, señaló. La zona este del departamento de Durazno tiene además la alternativa de la producción forestal.
La desconfianza ante la empresa alcanza también al sindicato metalúrgico (Untmra) al que pertenecen los empleados de Aratirí. El dirigente sindical Francisco da Silva, dijo a El País que 90 de los trabajadores de la firma están en el seguro de paro y solamente cinco realizan algunas tareas de mantenimiento en la zona. La situación preocupa porque su seguro de paro vence en junio y plantearán en los próximos días su situación al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Más de 30 mujeres están percibiendo el seguro de paro. La situación es preocupante, además, porque la zona en la que iba a funcionar Aratirí está deprimida, no tiene industrias ni posibilidades laborales y los indicadores sociales son "nefastos", agregó.
Sclavo reconoció que en la zona se había generado expectativa entre los jóvenes por el impacto de Aratirí desde el punto de vista de la creación de empleo. "No hay una UTU cerca. Los comercios tienen poca variedad de productos. No hay industrias. La ruta 7 está en mal estado", agregó el productor para ilustrar el rezago de la zona.
Manuel López, secretario del Interior de la Untmra, señaló a El País que el sindicato mantendrá reuniones este mes con la ministrada de Industria, Carolina Cosse, para analizar la situación y confía en que se extenderán los seguros de desempleo. El sindicato metalúrgico está dispuesto a estudiar alternativas aunque incluyan la extracción de cantidades de hierro inferiores a lo originalmente planeado, porque entiende que el precio internacional del hierro está muy deprimido y la rentabilidad del proyecto es hoy dudosa. La Untmra dará su posición oficial sobre la situación el 21 de abril.
Efectivamente, el hierro es uno de los productos que más ha declinado en el actual ciclo bajista de los "commodities". El precio "spot" se derrumbó ayer y acumula un retroceso de más de 10% en lo que va de la semana. Ayer retrocedió 3,9% y terminó en US$ 49 la tonelada. Aratirí siempre ha dicho que necesita, para hacer rentable su producción, que la tonelada ronde los US$ 100. Es que el consumo de acero (fabricado con hierro) en China, ha caído. Ese país importa más del 70% del hierro del mundo pero sus compras cayeron el año pasado por primera vez desde 1995. Esa caída coincidió con una abundante oferta. El hierro perdió 47% en 2014 y casi 30% en lo que va de 2015.
Así, la producción mundial se concentra en pocas empresas y se han cerrado minas de menos rendimiento o donde los costos de extracción son altos. Se trata de un mineral relativamente abundante en el mundo. El principal yacimiento uruguayo está en Valentines aunque también se lo encuentra en Rivera (ver nota aparte).
En cualquier caso, de concretarse, el proyecto de Aratirí tendría un porte muy inferior al originalmente previsto. Se suponía, en un primer momento, que implicaría la exportación de 18 millones de toneladas anuales de hierro. Pero el último plan que presentó al gobierno del expresidente José Mujica preveía la exportación de solamente 1,5 millones de toneladas anuales. Y ya no se embarcaría en las costas de Rocha a donde llegaría a través de un ducto sino que saldría por el puerto de Montevideo.
No está claro de qué forma llegaría el mineral porque la infraestructura ferroviaria no está en condiciones para soportarlo. Desde que asumió el nuevo gobierno, ningún funcionario ha hecho consideraciones sobre el proyecto Aratirí aunque, como candidato, el presidente Tabaré Vázquez siempre se manifestó favorable a la minería de gran porte a cielo abierto.
Grupo Zamin Ferrous con problemas en Brasil.
Aratirí (del grupo Zamin Ferrous del magnate indio Pramod Agarwal) está en dificultades también en Brasil, donde suspendió su producción en una mina del estado de Amapá (norte del país). Anglo Ferrous, empresa que le vendió el yacimiento en US$ 270 millones, dijo que nunca utilizó el dinero que se le entregó para reparar el puerto de Santana, donde se embarcaba el hierro y que quedó inutilizado por un derrumbe en 2013.
Agarwal fundó su empresa en 2005 y tiene miles de millones de dólares.
Su proyecto original en Uruguay suponía la extracción de hierro durante 20 años y la creación de 1.300 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos. La empresa aseguraba que invertiría US$ 3.000 millones. En la mina de Las Palmas en Durazno (la más grande de las que planeaba explotar) iba a producir el 50% del hierro.
Ambientalistas ven maniobra para retener derechos mineros.
Para los ambientalistas el proyecto reducido de Aratirí es una maniobra para conservar los derechos mineros un tiempo más. Según Raúl Viñas, uno de los dirigentes del movimiento que quiere prohibir la minería a cielo abierto en Uruguay, la empresa terminará presentando un proyecto escrito —todavía no lo ha hecho— para ganar tiempo. Incluso podría estar apostando a, con un proyecto más pequeño, quedar por fuera de las disposiciones de la ley de minería y así buscar una extensión de sus derechos. Esperaría que se revierta la tendencia a la baja en el precio del hierro, algo que por el momento no parece probable.
Los ambientalistas tienen la intención de seguir recolectando firmas para que se vote en referéndum la prohibición de la minería a cielo abierto porque consideran igualmente negativo el nuevo proyecto. Rechazan el plan de cierre presentado por Aratirí, advierten por la posible contaminación del aire y aducen que la minería no es una actividad para zonas de pradera. "No hay remediación posible para una zona que se dedicó a la minería", considera Viñas. Sostiene también que el viento esparcirá el mineral extraído que quedará en las denominadas "pilas de estériles" y eso puede ser nocivo.
El 21 de marzo en el club Democrático de Cerro Chato los militantes contra la minería presentaron 1.000 firmas contra Aratirí y festejaron cinco años de manifestaciones. Cerro Chato y Valentines, sumados, tienen menos de 3.500 habitantes.
Radio Vitoria El fundador de la llamada nueva cultura del agua alerta de los peligros que supondría el fracking y pide proteger el acuifero de Subijana.
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