Multa a las constructoras | Editorial El País
La CNMC necesita más recursos para que sus iniciativas frenen los abusos de empresas en los contratos públicos
La semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción récord a algunas de las principales empresas constructoras y de infraestructuras de nuestro país, acusadas de mantener, durante años, un sistema de negociaciones y de acuerdos entre ellas dirigidos a alterar el precio de las licitaciones de obra pública a través del reparto de contratos. La CNMC mantiene, desde hace años, una campaña específica contra las prácticas colusorias en la contratación pública, dirigida no solo a mejorar las condiciones de competencia de ese mercado, sino también a aligerar el coste de dichas contrataciones en el erario. Los acuerdos de este tipo son considerados un cartel y, como tal, suponen una infracción muy grave de la normativa europea y española sobre competencia. De acuerdo con los datos de la CNMC, este tipo de prácticas en la contratación pública suponen un sobrecoste de 40.000 millones de euros anuales, esto es, alrededor del 3% del producto interior bruto.
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