Transparencia en España

La disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha generado muchas dudas interpretativas respecto a si la reclamación en materia de transparencia también se podía presentar o no en aquellos casos en que existe normativa reguladora específica que regula el derecho de acceso a la información pública en una determinada materia.
(...)
Pues bien, la importante Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10/3/2022, Recurso de Casación nº 3382/2020, ha dicho claramente que los concejales pueden presentar la reclamación en materia de transparencia, aunque la regulación del derecho de acceso a la información pública se encuentre en una legislación específica como la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, puesto que la Ley 19/2013, de transparencia, se aplica de forma supletoria.

La institución ha batallado judicialmente desde hace tres años con el organismo que pretendía obligarla a revelar los contratos bajo sospecha suscritos por una catedrática

Los edificios que están exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles no tienen la obligación de ser expuestos públicamente por el Ayuntamiento. El TSJA emitió el pasado martes una sentencia que confirma la ya emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla en la que anula una exigencia del Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía para que se publicase la lista de bienes de la ciudad exentos de IBI a instancias de una persona que quería denunciar unos supuestos beneficios fiscales de la Iglesia. Hace un año, el el juez estimó el recurso presentado por el Ayuntamiento contra esta resolución en la que se le ordenaba facilitar el listado de bienes inmuebles, tantos urbanos como rústicos, libres de este impuesto.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso interpuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por el que se le requirió que entregase a un ciudadano información que había solicitado, relativa al texto completo de dos sanciones del organismo a Popular Banca Privada y Banco Popular Español.
La CNMV se oponía a entregar la información solicitada, al entender que tenía el carácter de reservada que le otorgaba la ley del mercado de valores, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno consideró que la normativa aplicable dicha solicitud no era dicha ley, sino la ley de transparencia.

El Tribunal Supremo sostiene que la normativa aplicable en la solicitud de acceso a la información realizada por un ciudadano sobre expedientes sancionadores tramitados por la CNMV es la Ley de Transparencia y no la Ley del Mercado de Valores (LMV).
Además, recuerda que los límites al acceso a la información deben interpretarse "de forma estricta, cuando no restrictiva".

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo realiza de nuevo una interpretación amplia del derecho de acceso a la información avala por sexta vez el criterio mantenido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Tribunal Supremo. Sentencia 1565/2020 sobre el recurso de casación 4614/2019 (3584  KB)

Más información sobre el caso

El Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación de Transparencia para determinar si el Puerto permite a un ciudadano acceder a las actas de su Consejo de administración entre 2015 y 2018 además de a sus acuerdos. El alto tribunal decide que el objeto del recurso plantea cuestiones jurídicas de alcance que trascienden del objeto del proceso

Consulta la sentencia 3330/2020

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el Recurso contencioso-administrativo n.º 100/2018, presentado contra la Resolución de la GAIP Resolución 351/2017. El TSJC confirma la obligación de informar de las retribuciones y la identidad de los directivos de las empresas privadas gestoras del transporte colectivo de viajeros de la AMB.

Se ha cumplido el primer mes desde que el Tribunal Supremo confirmara la resolución que obliga a RTVE a hacer público el sueldo de sus directivos. Sin embargo, desde la dirección de la Corporación pública, pocos han sido los pasos que se han dado para cumplir la ley. Por eso, desde la plataforma RTVE sin personal insisten en la necesidad de que los directivos del ente público acaten la ley.

De nuevo aprovecho el espacio ofrecido por la API para reflexionar acerca de varios e importantes pronunciamientos judiciales sobre transparencia. Nuevas sentencias que destacan no solo por lo elaborado de sus razonamientos sino también porque tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional retoman con fuerza ‒tras la suspensión de plazos procesales‒ su apoyo al criterio expresado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en las resoluciones recurridas.

Con fecha 11/06/2020, el Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia nº 748/2020 (Recurso de Casación nº 577/2019), en la que se da un paso más para dilucidar cuándo se considera que existe un régimen específico de acceso a la información pública y cuándo no.
Esta cuestión es muy importante, ya que de ella depende aplicar o no la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Como se sabe, la disposición adicional primera de la Ley 19/2013 dice que, en primer lugar, deberá aplicarse el régimen específico de acceso a la información pública, prevista en la normativa sectorial que resulte de aplicación por razón de la materia. Si ese régimen específico no existe, se aplica entonces la Ley 19/2013, de transparencia. (...)

El Tribunal Supremo sostiene que el Estatuto Básico del Empleado Público no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley de Transparencia ni condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas los empleados que representan y la información que les atañe.

"Estos días hemos recibido una buena noticia, de esas que abundan cada vez menos en el ámbito de la transparencia, en forma de sentencia del Tribunal Supremo. Por segunda vez −dos casos de dos en los que el Alto Tribunal ha conocido de recursos frente a resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)− el Tribunal Supremo ha realizado una interpretación amplia del derecho de acceso a la información y ha restringido la potestad de la Administración para limitar la transparencia pública."