CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Dentro de la vorágine que la aplicación del artículo 118 LCSP (relativo a los contratos menores por si queda alguien en este país que aún no lo sabe) ha generado y la necesidad (para algunos) de encontrar una vía de escape a la interpretación conforme a la letra y espíritu de la Ley y de las Directivas comunitarias, ha aparecido una “interpretación” normativa que básicamente consiste en considerar que los concejales pueden ser una unidad funcional separada, en los términos del artículo 101 LCSP.
La emisión de Informe por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en expediente 9/18, relativo a la Interpretación del artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sobre el concepto de unidades funcionales (disponible en el siguiente enlace) ha venido a cerrar un poco más la cuestión, tal y como explicaremos a continuación. ¿Qué es nos dice el artículo 101.6 LCSP?

La publicación del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (FHN) tras más de tres años de espera de una normativa con la que se pretendía adaptar formalmente las funciones que desempeñan y la configuración de estos puestos a la administración y a la sociedad del S XXI dejaba un sabor agridulce, pues, aunque se han recogido muchos aspectos positivos, otros no lo han sido tanto.

Próximamente se celebrará una nueva edición del Congreso LOCALTIC, en el cual tendremos además el placer de intervenir el mismo día que despliega sus efectos el temido Reglamento General de Protección de Datos, una de las normas estrella de este 2018 tan movidito (ese día es el 25 de mayo, para los pocos despistados que a estas alturas lo desconozcan). Esta III edición se centrará en los cambios legislativos a nivel de administración local desde la óptica de la transversalidad y la innovación.

Camino de los 2 meses de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de 6 tras conocer el texto que se publicaba el 9 de noviembre en el BOE, surgen cada vez más interrogantes, sobre cómo aplicar determinados preceptos (el artículo 118 relativo al contrato menor es el ejemplo más paradigmático), la utilización de determinados procedimientos y otras novedades relevantes.
Afortunadamente, la red ha democratizado el conocimiento, y permite la oportunidad de aprovechar múltiples recursos que, gracias a la generosidad de numerosos profesionales, se encuentran disponibles. Para facilitar la labor, he sistematizado una serie de recursos útiles y gratuitos que pueden resultar de utilidad a todos aquéllos que tienen que lidiar con la nueva normativa en materia de contratos, en esta ocasión, en torno a 5 ejes: transparencia e integridad, procedimiento abierto en sus modalidades simplificada y supersimplificada, el régimen de impugnación y recursos, el formato electrónico y, cómo no, los contratos menores

A falta de un mes para la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (el 25 de mayo), aún hay puntos que plantean dudas a empresas, Administraciones y profesionales de la privacidad. Dos de ellos, la interacción entre el compliance officer (responsable del área de prevención de delitos) y el delegado de protección de datos (DPO, por sus siglas en inglés), y la posibilidad de que una misma persona ostente ambos cargos, fueron los temas centrales de la nueva sesión del foro de debate Diálogos de Compliance, celebrado ayer en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Administración electrónica. Ésa parece ser la apuesta del legislador en las últimas incorporaciones normativas que afectan a todas las Administraciones Públicas. Tras el Portal (electrónico) de Transparencia en 2013, llegó la transformación digital del procedimiento administrativo y del funcionamiento de la administración con la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, y la última en llegar ha sido la Ley 9/2017, con la contratación íntegramente electrónica, según sus Disposiciones Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima, sin olvidar las numerosas referencias a lo largo del articulado.
Por eso la pregunta, ¿afecta esta tendencia al funcionamiento de la mesa de contratación? y si la respuesta es positiva ¿cómo se articula?. La LCSP define en su artículo 326, como órgano de asistencia técnica especializada, que ejercerá las funciones atribuidas en la LCSP y en su desarrollo reglamentario, sin perjuicio de las especialidades contenidas, para el ámbito local, en la Disposición Adicional Segunda, y sin concretar aspectos relativos a la posibilidad de funcionamiento en clave electrónica. En idénticos términos de carencia reguladora nos encontramos con el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

El 25 de mayo de 2018 se activará la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), y con él se introducirán sustanciales novedades en la gestión de los datos personales. De los de todos. Novedades que afectarán tanto al sector público como al sector privado, y entre uno de los aspectos más destacados del nuevo marco legal es la aparición de un nuevo órgano de control: el Delegado de Protección de Datos (DPO).
Y ¿qué es un DPO? Su principal característica es su configuración como un órgano de control, en este caso, de cumplimiento legal de la normativa en materia de protección de datos. Configuración que abre un interrogante sobre las posibilidades de que ese “oficial de cumplimiento normativo” en materia de protección de datos (DPO) sea también un oficial de cumplimiento normativo de más amplio ámbito de actuación, es decir, un Compliance Officer.
Para intentar arrojar algo de luz y aportar argumentación al respecto, analizemos sus características y puntos de encuentro

El próximo miércoles 25 de abril celebraremos una nueva sesión de los “Diálogos de Compliance”. En esta ocasión, el tema que se va a tratar será las “Interacciones entre el Compliance Officer y el Data Protection Officer”.

Los participantes

En este “Diálogos de Compliance” se contará con la presencia de Miguel Geijo Castany, miembro de la junta directiva de Asociación Profesional Española de Privacidad; Concepción Campos Acuña, secretaria del Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo y miembro técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP; Andrés Calvo Medina, coordinador de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos; Juan Ignacio Canosa,  compliance officer y data protection officer en AstraZeneca y secretario de la junta directiva de ASCOM. Además, estará moderado por Andrés Dulanto, director de contenidos digitales de la Agencia EFE y director de EFE Empresas.

Si quieres participar puedes hacerlo rellenando este formulario.

Uno de los temas que cualquier persona interesada en el futuro de la administración no debe dejar de analizar es el de la inteligencia artificial y sus posibilidades en el ámbito de la administración pública. Lo primero que tengo que decir es que de las imágenes más asociadas a la búsqueda de información sobre inteligencia artificial, es el título de libro de Terry Pratchett, que me provoca una serie de reflexiones que quizás (sólo quizás) ponga por escrito otro día “La estupidez real siempre vence a la inteligencia artificial” ¿es cierto? No me gustaría creer que sea así, lo que está claro es que se abren nuevos e inexplorados escenarios que pueden generar cierta resistencia en su implantación.

Acaba de publicarse el último número del Observatorio de Contratación de la Revista de El Consultor, en el que, al hilo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP/2017), abordamos la configuración de los medios de publicidad en relación con la actividad contractual, así como la atribución de responsabilidad a los Secretarios de Ayuntamiento en materia de transparencia.
Tal y como se recogen las citadas reflexiones, la LCSP ha introducido numerosas novedades en materia de transparencia y publicidad, novedades que examinaremos, brevemente, a continuación desde la perspectiva del análisis de tres medios de publicidad: el Portal de Transparencia, el Perfil del Contratante y la Plataforma de Contratos del Sector Público.

El miércoles 25 de abril celebraremos el undécimo  Diálogo de Compliance,  breve debate  sobre compliance que venimos organizando junto con ASCOM.

El tema del coloquio en esta ocasión será  “Interacciones entre el Compliance Officer y el Data Protection Officer (Delegado de Cumplimiento/Delegado de Protección de Datos)”, tema de gran actualidad teniendo en cuenta que el próximo 25 de mayo entrará en vigor el Reglamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de Datos de carácter personal (RGPD). 

Los ponentes de la sesión serán Dña. Concepción Campos Acuña, Secretaria del Gobierno Local, del Ayuntamiento de Vigo, coordinadora del GT 'Integridad en la Contratación' de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP;  D.  Miguel Geijo Castany, miembro de la Junta Directiva de Asociación Profesional Española de Privacidad; D. Andrés Calvo Medina, coordinador de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos; y un cuarto ponente,  DPO  de una sociedad/organización. El coloquio estará moderado por  D. Andrés Dulanto,  director de Contenidos Digitales de la Agencia EFE y director de EFE Empresas.

La entrada en vigor de la LCSP ha obligado al conjunto de Administraciones Públicas a tomar múltiples decisiones y a efectuar numerosos cambios en la organización y procedimientos de contratación, y es quizás esta vorágine la que ha llevado a que determinados preceptos y sus obligaciones pasen desapercibidos desde el punto de vista de su aplicación práctica, y entre ellos, en una posición destacada, el artículo 64 relativo a la “Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses”, por lo que la pregunta es ¿Cómo aplicar este precepto para prevenir de un modo eficaz la corrupción?

Compliance. Este término, todavía muy desconocido para el público en general y que se traduciría en nuestro país como cumplimiento normativo, hace referencia “una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas”.

La Jornada se presenta como un foro de debate en el que se analizarán los aspectos clave en la aplicación de la nueva Contratación Pública en el ámbito local. Se realizará un enfoque integral de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, profundizando especialmente en las singularidades y especialidades del mundo local en la contratación electrónica y transparente.

Organiza: Universidad de Santiago de Compostela.
Entrada libre hasta completar aforo. Inscripciones en el enlace.
Ponentes:Jaime Pintos, Juan Marquina Fuente, Luis Míguez Macho, Concepción Campos Acuña, Marta Fernández-Tapias y Javier Ferreira Fernández.

9 de marzo. Con esta fecha, cuatro meses después de su publicación acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una ley que ha generado muchas expectativas. Expectativas a pesar del retraso del legislador español, que llega tarde a la obligación de introducir en nuestro ordenamiento las previsiones comunitarias. Y expectativas a pesar de que durante estos cuatro meses de vacatio muchos se han esforzado en encontrar fórmulas para burlar los nuevos controles y las reglas del juego que marcarán el escenario de la contratación a partir de ahora.

Esta entrada ha sido publicada originalmente como artículo de opinión en el Faro de Vigo edición del domingo, 11 de marzo de 2018

http://www.farodevigo.es/opinion/2018/03/11/esperar-nueva-ley-contratos/1852741.html

Concepción Campos Acuña, Doctora en Derecho, Secretaria de Administración Local, Miembro del Consejo Editorial de la Revista El Consultor, nos comenta que el objetivo de la obra es ofrecer un enfoque integral de la nueva Ley de Contratos del Sector Público profundizando especialmente en las singularidades y especialidades del mundo local, girando en torno a dos ejes la contratación electrónica y transparente.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dFG_WBYzbJA

En vigor desde el 9 de marzo de 2018, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos introduce numerosas novedades y exige de los gestores la realización de múltiples actuaciones. A continuación desgranamos 10 “urgencias” que todo gestor debería haber tenido sobre la mesa en los 4 mese de vacatio de la ley, a modo de chek-list con el que revisar qué actuaciones tenemos pendientes y debemos acometer ya:

Más de la mitad del personal al servicio de las administraciones públicas, son mujeres, pero esa proporción no se ve reflejada en la representación femenina en los puestos de poder.

En la última entrada examinábamos 10 cosas que debes saber sobre el Procedimiento Abierto Simplificado (PAS), explicando la existencia de una doble modalidad de tramitación del procedimiento abierto simplificado, la ordinaria y la súper-simplificada. Sobre el PAS-S se pronuncia la propia Exposición de Motivos de la LCSP/2017 cuando señala:
«En este procedimiento se habilita además una tramitación especialmente sumaria para contratos de escasa cuantía que ha de suponer la consolidación de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la contratación directa a situaciones extraordinarias».
Es decir, contempla ya esta modalidad como el heredero natural de la (indebida) utilización de los contratos menores. Sus características hacen que se le haya llegado a denominar la “autopista de la contratación”, por entender que será la vía más ágil y rápida para tramitar los procedimientos de licitación que se adapten a su configuración legal, que describimos en sus aspectos clave

Una de las novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es la introducción de un nuevo procedimiento de contratación, aunque en realidad, se trata de una nueva modalidad del procedimiento abierto: el procedimiento abierto simplificado. Llamado a ser el sustituto natural del contrato menor y de la indebida utilización del procedimiento negociado por razón de la cuantía, según las opiniones doctrinales más destacadas y mi humilde opinión, para facilitar su aplicación, enumeramos a continuación 10 claves sobre su configuración legal en la nueva normativa

Quizás sería el momento de plantearse importar modelos de control del sector privado que se alejen de la tradicional burocracia administrativa

En la imagen, de izquierda a derecha: José Nuño (secretario técnico de la RED FEMP), Ferrán Martos (Evaluación de Políticas Públicas, del Ayto. Sant Boi de Llobregat), Virginia Moreno (Seguridad y Protección de Datos, del Ayto. de Leganés), Roberto Magro (Datos Abiertos, del Ayto. de Alcobendas), Concepción Campos (Integridad en la Contratación Pública, del Ayto. de Vigo), Jonatan Baena (Participación, del Ayto. de Torrent), Borja Colón (Innovación Pública, de la Dip. de Castellón) y Joaquín Meseguer (Acceso a la Información Pública, del Ayto. de Madrid).