CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Y de repente la administración se hizo electrónica. No ha hecho falta que se cumpla el plazo que estaba eternamente prorrogado. "Sólo" ha sido necesaria una terrible pandemia, una crisis vírica sin precedentes en la era moderna que nos obliga, evidentemente, a quedarnos en casa. ¿A quién? Prácticamente a todos, tanto a los empleados públicos "de oficina", que ahora deben teletrabajar, como a los sufridos contribuyentes, que ahora están llamados a teletramitar.

"La problemática está meridianamente clara. La LPAC establece la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos a una serie de sujetos, la mayoría de ellos personas jurídicas, mientras que para los que dichos medios son simplemente voluntarios podríamos decir que también se aconseja su utilización, especialmente en este momento, pero con las oficinas de atención al público cerradas por el coronavirus se cierra simultáneamente su posibilidad (y derecho) de relacionarse con la Administración a través del medio presencial.
¿Cómo resolver esta situación? En el Ayuntamiento de Alzira hemos puesto en marcha la iniciativa “Sensefirma” (solicitud sin certificado), cuya exposición de motivos señala precisamente la problemática que acabamos de apuntar, y que afecta estos días a absolutamente todas las entidades públicas de España y muchos otros países: (...)"

La expansión del Convid-19 ha supuesto un verdadero reto para empresas y Administración. En un país en el que hasta hace pocos sólo un 4,3% de los empleados trabajaban a distancia de forma habitual, según datos de Eurostat, la obligación del confinamiento ha conseguido en pocos días lo que las políticas de flexibilización de los Recursos Humanos no habían conseguido en los últimos 10 años, que la mayoría de la fuerza laboral teletrabaje.
No obstante, la falta de un período de transición que facilitara el cambio ha suscitado multitud de dudas, sobre todo referidas a cómo mantener la productividad con esta metodología de trabajo hasta ahora no practicada por la mayoría. Con el fin de atender de manera precisa a las que han podido surgir en esta primera fase de Estado de Alarma, damos cumplida respuesta de ellas.

Bien, ante todo debo dejar claro que no tengo una respuesta “a ciencia cierta” para esta pregunta, ya que las variables son demasiadas y demasiado importantes en este momento: ¿cuánto durará esta situación? ¿Cuál será su impacto real sobre la economía? ¿Y sobre la sociedad? Y muchas otras sin olvidar la que probablemente más nos inquieta a todos: ¿Volverá este virus u otro peor?
Yo me hago, además, otra pregunta, una de puertas hacia dentro de la Administración: ¿cambiarán algunas actitudes? Y es que considero esta la pregunta clave (...)

Sobre la cuestión indicada, me ha parecido oportuno compartir mis reflexiones personales (con las que evidentemente se puede discrepar), sobre todo a partir del debate generado al respecto en las RRSS. Bien, hoy es domingo 22 de marzo y acabamos de confirmar lo que era un secreto a voces: el estado de alarma se prorroga, al menos, hasta el 12 de abril (otros 15 días), por lo que habrá que ir planteándose esta y otras cuestiones, sobre todo porque aunque los plazos están suspendidos/interrumpidos (el RDAE se hace un poco de lío con esto), nadie duda de que debemos mantener al menos un mínimo de gestión ordinaria, quizá acompañada de alguna que otra medida extraordinaria.

“Las normas deben interpretarse teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad”. (artículo 3 del Código Civil).
Hablamos con frecuencia de teletrabajo, por cierto desde mucho antes que empezara esta crisis del coronavirus. En cierto modo, la asistencia telemática de los concejales a los órganos colegiados sería, por así decirlo, el teletrabajo de los políticos. Pero ¿es esto posible?

A continuación vamos a analizar el impacto específico del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RDEA), precisamente en el funcionamiento de la Administración Local y sus servicios.

"Se quedan cortos los que afirman que nos encontramos en una época de cambios. Nos encontramos ante un cambio de época. Y nos hallamos justo en plena transición, una transición que no sólo es tecnológica, sino también social, económica, ecológica y, en definitiva, global. Se antoja literalmente imposible afirmar que la Administración se encuentra al margen de todo esto. La Comisión europea ha presentado recientemente su estrategia sobre inteligencia artificial (consúltese el documento Shaping Europe’s digital future: Commission presents strategies for data and Artificial Intelligence; aquí la versión en español), (...)"

Mª. Pilar Batet Jiménez, es la actual Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras en la Excma. Diputación Provincial de Castellón. Es autora de numerosas publicaciones científico-jurídicas, entre otras, la “Guía de Contratación Pública para Pymes”, (editorial Sepín, Madrid 2016), y la “Guía de Integridad en la Contratación Pública Local”, (coordinación, FEMP, 2019); así como profesora en cursos y ponente habitual el congresos y jornadas. Autora del blog https://lapartecontratante.blog/, y community manager del INAP social, “Contratación Pública + Electrónica”.

Aprovechando que la Comisión ha presentado su estrategia sobre inteligencia artificial (consúltese el documento Shaping Europe’s digital future: Commission presents strategies for data and Artificial Intelligence; aquí la versión en español), vamos a compartir una serie de reflexiones al respecto de la aplicación de la IA en las Administraciones Públicas. A saber:
Contexto.
Los algoritmos. Naturaleza jurídica.
Impacto en España: nuevas unidades orgánicas responsables y proyectos de Ley.
Smart City, sensorización y datos.
¿Cómo afecta la IA al futuro del empleo público?

Nos ha llamado la atención, y no poco, esta noticia: “El juez anula la delegación de la firma del secretario en otros funcionarios“. Como no puede ser de otra manera, hemos rascado un poco más analizando la Sentencia. Tras leerla bien, y yendo la sorpresa en aumento, no podíamos dejar de compartir las siguientes reflexiones:

Infografía que explica el alcance de la modificación en el contrato menor operada por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. Autor: el impagable Juan Carlos G. Melián

Lo esperábamos, se veía venir. Es la primera, pero con total seguridad no será la última estocada legal de 2020, porque “la gorda” se intuye para cuando nos encontremos más cerca del ya famoso mes de octubre. Pero vamos al tema del momento. Como bien sabemos todos a estas alturas, el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores (y más cosas), da una nueva redacción al artículo 118 (contratos menores) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que queda redactado como sigue:

Poca difusión se ha dado, intuimos por qué, a la importante Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Sin embargo dicha Directiva tiene un calado muy superior a las normas que vienen redactándose desde la Unión. Podríamos decir que ya es la primera directiva "Post Brexit", pensada para gestionar una nueva realidad que es la puesta en marcha de un "corpus jurídico" más cohesionado de esa nueva UE. Y en esa realidad, ya no hay fronteras.
En esta línea, la Directiva crea una nueva figura, la de las llamadas "Autoridades de control" (privadas o públicas) cuya misión es la de proteger a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de la misma manera que se crean buzones internos y externos.(...)

De sobra conocido por la inmensa mayoría de nuestros lectores, Carles Ramió es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universitat Autònoma de Barcelona (1994) y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1987). Es especialista en gestión pública e instituciones públicas en España y América Latina. Ha publicado 26 libros sobre instituciones, dirección y gestión pública (teoría de la organización y auditoría operativa), función pública, partenariados público-privados y participación ciudadana*

"Acaba de ver la luz el número 227 de la Revista de Estudios Locales (REL-CUNAL), donde hemos tenido el placer de publicar un artículo francamente disruptivo que espero que como mínimo remueva las conciencias (...)

Estoy convencido de que esto de la administración electrónica no se ha entendido bien. Estamos aplicando la tecnología, “transformando digitalmente”, como si nuestro cliente fuera el procedimiento, cuando obviamente esto no es así, es sólo una construcción mental heredada de la época de “burocracia fuerte”; nuestro cliente es el ciudadano, o los usuarios en sentido amplio. Por otra parte no ese trata de cambiar el formato, sino de mejorar el servicio público. Si usted implanta (o cree que ha implantado) la administración electrónica, pero su procedimiento sigue siendo igual o incluso más farragoso, burocrático y poco amigable con las personas, usted no lo ha hecho bien. (...)"

Cuando uno trabaja en las trincheras, cubierto de barro, conoce datos y sobre todo situaciones que no aparecen en las grandes estadísticas y ránquines europeos. Cuando uno está en contacto con la gente que pelea todos los días para tratar de mejorar los procesos administrativos en los varios miles de entidades públicas españolas, conoce de primera mano la realidad. ¿Cuál es el estado actual (real) del interminable proceso de implantación de la administración electrónica en España? La respuesta la encontramos en la misma realidad. A continuación tan sólo compartiremos algunas de las “anécdotas” acaecidas en las últimas semanas…

1. Parte teórica.
1.1. Conceptos básicos
1.2. Marco normativo
1.3 Relaciones de los usuarios con la Administración
2. Parte práctica.
1.1. Tramitando un expediente electrónico
1.2. Referencia a la contratación electrónica
1.3. Impacto interno y externo

Ahí van, en orden decreciente como la cuenta atrás para el despegue de los cohetes.

Más de una vez (y de dos), algún alumbrado de la Administración ha desechado la idea de realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos-usuarios “por si el resultado no es muy bueno”, aplicando el mismo demencial criterio por ejemplo a la gestión de las RRSS, donde a los críticos no se les contesta e incluso se les bloquea. Por eso, ante la pregunta “¿la Administración escucha a los ciudadanos?”, la respuesta más sincera que podemos dar es que “no lo hace”, “no sabe hacerlo” o “no quiere hacerlo”.

El próximo miércoles estaremos en Castellón para presentar la GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL, iniciativa de la FEMP pensada para los nuevos miembros de las Corporaciones Locales, quienes son sus principales destinatarios. El evento ha sido organizado por la Diputación de Castellón y por la RED de Entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, y contará con la presencia, entre otros, de Amalia López Acera, Borja Adsuara, Borja Colón y un servidor, aunque estarán representados todos los autores que han colaborado en esta Guía totalmente práctica (y esperamos que también muy útil), entre los que destacan Carles Ramió, Rafa Jiménez Asensio, Pilar Batet, Ascen Moro, Paco Rojas, Roberto Magro, y los propios Borja (Colón) y Amalia, entre otros.

El exceso de burocracia es una modalidad de corrupción Administración electrónica. Eso que se debe implantar... Y que tan malo es cuando no se hace y, casi peor, cuando se hace mal. Y es que no, para nada, en absoluto consiste en un simple cambio de formato. Se trata de un proyecto multidisciplinar que abarca…

En el BOE de hoy (martes, 5 de noviembre de 2019) aparece publicado el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, una norma que entra en vigor mañana y que fue aprobada por el pasado Consejo de Ministros de 31 de octubre, de la que destacamos los siguientes aspectos:

El derecho de acceso a Internet es uno de los derechos digitales que posee toda persona para acceder a Internet con el fin de ejercer y disfrutar de sus derechos a la libertad de expresión entre otros derechos humanos fundamentales que conforman la democracia, de forma que los estados y las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a Internet sea ampliamente disponible, no pudiendo restringir injustificadamente el acceso de una persona a Internet. El acceso a Internet está reconocido como un derecho fundamental por las leyes de varios países. (fuente Wikipedia)
Es el caso de España, y así viene recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), cuyo artículo 81 (Derecho de acceso universal a Internet) dispone: (...)

Las políticas públicas deben pivotar sobre la persona, haciendo bueno ese moderno antroprocentrismo que defendemos. En consecuencia, todas estas políticas deben ser participativas e involucrar, tanto en su definición con en su destino, a todos los actores públicos y por supuesto a todas las personas, pero poniendo si cabe más el acento en quienes más lo necesitan: los niños y los mayores.

Nuestro invitado de hoy es José Ramón Chaves, quien probablemente no necesita presentación, y que, entre otros haberes, es Magistrado, doctor en derecho y “comunicador social”, autor de casi veinte libros y un centenar de artículos sobre derecho administrativo, además de webmaster del famoso blog delajusticia.es y colaborador habitual en prensa. ¡Muchas gracias por participar en esta sección José Ramón! Vamos con la interesantísima entrevista: