CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

El Consejo de Transparencia está tardando hasta siete meses en contestar a las reclamaciones: una plantilla infradimensionada, nuevas funciones y la frecuencia con la que administración responde con el silencio lastran su actividad.
Daniele Grasso
La ley de Transparencia permite a cualquier persona solicitar información a la Administración pública, que dispone de un mes para contestar. Si el ciudadano no está conforme con la respuesta (por parcial o directamente por inexistente), puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo, máximo garante del acceso a la información pública en España, tiene tres meses para dar la razón a la Administración o al ciudadano sobre si los datos que se reclaman pueden facilitarse o no. Cualquiera de los dos, si no está satisfecho con la decisión del Consejo, puede recurrir ante un tribunal.

A pesar de que en un primer momento se negó a facilitarlos, RTVE ha ido dando a conocer en los últimos meses los sueldos de los presentadores con más repercusión de la cadena.

En un primer momento, RTVE se negó a aceptar las imposiciones de algunos medios de comunicación en relación con la publicación de los salarios de los presentadores. Sin embargo, fue el propio Consejo de Transparencia quien acabó instando a la cadena a hacer públicos los sueldos de las estrellas de sus programas. Eso sí, RTVE solo ha aceptado, finalmente, la publicación de los salarios de algunos de ellos. Bajo ningún concepto ha cedido en dar a conocer los sueldos de los trabajadores directamente contratados por RTVE. Y todo ello después de conocer que cinco productoras externas capitalizaban el 50% del gasto en programas de TVE, según publicó El Economista. 

El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma atiende una de las recomendaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
La Ciudad Autónoma de Ceuta ha empezado a publicar parte de la agenda oficial de Juan Vivas más allá de la que ya era conocida por el conjunto de la ciudadanía a través de los medios de comunicación, con lo que atiende una de las recomendaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Este órgano entiende que deben ser de acceso público tanto las visitas oficiales, actos institucionales, recepciones, viajes y otros eventos a los que acuda como sus reuniones “en ejercicio de sus funciones públicas”.

Apercibe por segunda vez a Exteriores e insta a Justicia a aportar informes y el expediente completo de la instrucción que amplió los supuestos
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) insta al Ministerio de Justicia a aportar el expediente completo de la instrucción sobre las nacionalizaciones por la Ley de Memoria Democrática y los informes jurídicos que lleva aparejado, así como las actas de las reuniones mantenidas entre representantes oficiales españoles con los colectivos de descendientes de españoles en América. Además, el organismo apercibe por segunda vez al Ministerio de Exteriores para que aporte las circulares que envió a los consulados relativas a los procesos de nacionalización de descendientes de españoles en el exterior, según sendas resoluciones a las que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El Consejo nacional de Transparencia y Buen Gobierno, CTBG, ha vuelto a requerir al Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), para que remita en un plazo no superior de 20 días los enlaces a a cada expediente de contratación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, incoado desde 1 de enero de 2015 hasta 11 de enero de 2023, “en que el órgano de contratación era la Alcaldía y la presidencia de la Mesa de Contratación la presidencia la detentaba el alcalde Rafael Esteban”.
Según el requerimiento realizado por este organismo oficial dependiente del ministerio de Hacienda y Función Pública y al que ha tenido acceso este diario, en fecha 11 de enero de 2023, Fernando J. O. solicitó dicha información al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano independiente que vela por la transparencia de la Administración, ha obligado al Ministerio de Trabajo a justificar la motivación y a identificar a las personas que acompañaron a Yolanda Díaz en su viaje pagado con dinero público a Uruguay y Argentina.
La orden llega después de que, en un primer momento, no facilitasen la información completa que sobre su viaje pedía una ciudadana a través de una reclamación interpuesta ante Transparencia.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado al Consejo General de la Abogacía a que cumpla con la Ley de Transparencia y dé el cauce adecuado a las solicitudes de información que reciba. No es procedente, señalan, inadmitir una solicitud de información por el mero hecho de no encontrarse en posesión inmediata de la misma, sino que, en caso de que se conozca el organismo que dispone de ella, deberá ser remitida al mismo.

Economía asegura que van a la cuenta única del Tesoro «fundiéndose» con el resto de depósitos y que los ingresos «no están afectos» a los gastos
El Gobierno ingresa los fondos europeos en una cuenta única abierta en el Banco de España, donde acaban «fundiéndose» con el resto de los recursos del Estado; estos ingresos «no están afectos» a los gastos –rompiendo así el principio de correlación contable– y se desconoce «cuántos son los intereses que ha cobrado el Estado» mientras el dinero permanece a la espera de un destino concreto. Así consta en una resolución del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través del Consejo de Transparencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Hacer públicos los informes del rescate de 40 millones de euros con fondos públicos a las clínicas dentales Vivanta generaría un «perjuicio irreparable» para el Gobierno, mientras que mantenerlos en secreto no causaría ninguna «perturbación grave a los intereses generales». Lo anterior es que lo que Hacienda y la Sepi han alegado ante la Audiencia Nacional para evitar tener que cumplir de forma inmediata con la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaba a hacer públicos varios informes sobre el rescate a la cadena de clínicas dentales Vivanta con dinero del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
En su recurso ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Abogacía del Estado pide como medida cautelar -en representación del Ministerio de Hacienda y la Sepi- que se suspenda la resolución del CTBG hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo dicte sentencia al respecto. «Frente a la mera dilación en la obtención de la información solicitada, para esta parte la entrega de la misma ocasionaría un perjuicio irreparable», indica la Abogacía del Estado en su recurso.

Los grupos de Junts y el PP son los que cuentan con más accionistas en el Congreso: el 43% de los diputados de Junts y el 34% de los populares declaran tener participaciones en empresas.
Sergio Sangiao  / Emilia G. Morales
Santander, Telefónica, BBVA, CaixaBank o Atresmedia son algunas de las empresas en las que más diputados tienen acciones. Al menos 96 de los 350 parlamentarios electos el pasado 23J poseen participaciones en alguna compañía. Así lo han hecho constar en sus declaraciones de bienes y rentas, presentadas en el actual comienzo del curso parlamentario y analizadas por Público. De ellos, 12 han rehusado detallar el nombre de las sociedades en las que han invertido.
Entre estos últimos destacan el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. En ambos casos, esta falta de información coincide con la opacidad del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se negó a cumplir con el mandato del Consejo de Transparencia. Tras una reclamación de Público, el Consejo había instado a Hacienda a hacer públicos los nombres de las empresas en las que los miembros del Gobierno tienen acciones.

Seminarios sobre transparencia y acceso a la información
Sesión inaugural
La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de transparencia y derecho de acceso a la información.
Presenta José Luis Rodríguez Álvarez. Presidente CTBG
Intervienen
Eduardo Calvo Rojas. Magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo
Diego Córdoba Castroverde. Magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo
Modera: Marta Timón Herrero. Subdirectora General de Reclamaciones CTBG
Fecha y hora: 19 de septiembre 2023 (17 h.) Acogida 16:30 h.
Lugar: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
C/ José Abascal, 2. Auditorio AIReF, segunda planta. 28003 Madrid
Inscripciones: secretaria.consejo@consejodetransparencia.es
Modalidad presencial y on line (se facilitará enlace unos días antes del evento)

El Gobierno de España se niega a aclarar cuánto se ha gastado en censos de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo durante el periodo 2018-2022. Esto es, desde que Pedro Sánchez habita en La Moncloa. El Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños arguye para su negativa que «la información que el interesado solicita no existe como tal en un documento» y que, por tanto, «tendríamos que elaborar un documento ad hoc y estaríamos en presencia de una reelaboración que supone la inadmisión a trámite de la solicitud» del abogado Guillermo Rocafort, a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE.
Esta excusa ha sido desestimada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha instado al gabinete de Bolaños a dar respuesta inmediata debido al «indudable interés público» de la información solicitada por Rocafort.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha señalado a este medio que la RFEF sólo está obligada a cumplir la normativa en el ámbito de la publicidad activa
Imagen: Juan Carlos Hidalgo | EFE
Por Yuly Jara
El Consejo de Transparencia aclara a este medio que la RFEF está obligada a cumplir con la normativa en materia de transparencia, pero solo en el ámbito de la publicidad activa. Así, por ejemplo, el comunicado que borró la institución deportiva el pasado 26 de agosto, donde aseguraban que la jugadora de fútbol y ganadora del Mundial 2023 Jenni Hermoso había “tergiversado la realidad”, no entraría en el ámbito de la Ley Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), tal y como señalan los expertos consultados.

Tal y como marca la legislación, la RFEF, al igual que el resto de federaciones, es una entidad asociativa privada de utilidad pública. Por ello, según detallan desde el CTBG a Newtral.es, “no cabe ejercer el derecho de acceso a la información pública frente a las federaciones deportivas”. Es decir, los ciudadanos no pueden, entre otras acciones, presentar solicitudes de información pública directamente a la entidad.

Transparencia pide otra vez al Gobierno las circulares sobre nacionalizaciones por la Ley de Memoria Democrática
Exteriores aún no ha contestado a la solicitud que fue enviada antes de las elecciones del 23J tras una primera negativa
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores «reiterándole la necesidad de cumplir de forma inmediata» la resolución del 7 de julio por la que se le impuso la obligación de publicar las circulares que envió a los consulados relativas a los procesos de nacionalización exprés de descendientes de españoles en el exterior.

La Oficina de Conflictos de Intereses revisa que los altos cargos cumplan la ley de transparencia y la del alto cargo. Tras una petición de Público para conocer quiénes las han infringido, Hacienda acude a la Justicia para seguir ocultando la información.

Sergio Sangiao

El Ministerio de Sanidad no ha hecho pública ninguna memoria al respecto. La normativa que aplican data de 1974
Lidia Ramírez
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido una resolución en la que exige al Gobierno publicar los requisitos sanitarios de su plan de exhumaciones masivas que ya comenzaron el año pasado y que contempla la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el pasado 21 de octubre de 2022.

El índice medio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por las entidades públicas estatales se sitúa tan solo en el 43,3%, según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La Autoridad Portuaria de Valencia y la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural figuran como las instituciones más cumplidoras.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas por la Ley de transparencia de 81 entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal y, aunque los resultados de la evaluación muestran notables diferencias, el índice medio de cumplimiento se sitúa tan solo en el 43,3 %, lo que evidencia que aún existe un elevado porcentaje de incumplimiento de las obligaciones legales.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores para reiterarle que debe cumplir la resolución del pasado 7 de julio por la que se le impuso la obligación de publicar las circulares que había enviado a los consulados relativas a los procesos de nacionalización exprés de descendientes de españoles en el exterior.
Se trata de la primera reiteración de la obligación de cumplimiento que fijó Transparencia antes de las elecciones generales del 23 de julio por entender que esas circulares, que afectan directamente al procedimiento de acceso a la nacionalidad española y pueden tener, entre otras consecuencias, un impacto sobre el censo electoral, son de acceso público y, por tanto, deben estar al alcance de los ciudadanos.

El Gobierno declaró el informe "secreto" y de "carácter reservado" para no dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Ahora deberá entregar una copia, tanto de elaboración propias como los redactados por un tercero.

Nuevo aviso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) al Ministerio de Hacienda y Función Pública por el rescate de las clínicas dentales Vivanta. Deberá entregar una copia de los informes, ya sean propios o elaborados por un tercero, referentes al expediente de solicitud del rescate de 40 millones de euros aprobado en junio de 2022, según la resolución consultada por La Información.

El último informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) señala que la Autoridad Portuaria de València (APV) ha cumplido con el 100% de sus obligaciones en publicidad activa
El organismo público español independiente que vela por garantizar el derecho de acceso a la información pública ha evaluado a 81 entidades dando la máxima calificación a Valenciaport
Entre las últimas acciones en materia de buen gobierno y control, la APV ha habilitado en su web el Portal de Transparencia y se ha creado un Canal Ético
Valenciaport también encabeza el Índice MESTA y el ránking de transparencia elaborado por la plataforma DYNTRA sobre el sistema portuario español

En octubre de 2020 un alto cargo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo un encuentro con la asociación de familiares de presos Etxerat. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se reunió con ellos el 13 de octubre, pero nunca trascendió el contenido de la conversación. El Gobierno ha tratado de ocultarlo, pero el Consejo de Transparencia le ha instado a comunicar qué asuntos se comentaron en dicha reunión, según se manifiesta en una resolución a la que ha accedido Vozpópuli.

En este apartado se publica el estado de cumplimiento de las resoluciones estimatorias dictadas por el CTBG tutelando el derecho de acceso a la información pública frente a los poderes públicos. En los enlaces que siguen se pueden consultar, por separado, las dirigidas a la Administración del Estado y las correspondientes a aquellas Comunidades Autónomas que han atribuido al CTBG la competencia para resolver las reclamaciones en esta materia.

Los datos se actualizan con periodicidad trimestral, y están actualizados a fecha 20 de julio de 2023.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) acaba de publicar en su página web, con fecha 25/7/2023, los resultados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas por Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) por 81 entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal -II Informe de evaluación 2023, pinchar aquí-.
El CTBG ha evaluado los portales de transparencia de dichas entidades con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa recogidas por la referida Ley 19/2013, de transparencia (LTAIBG).
En el mencionado «II Informe de Evaluación 2023», el CTBG destaca que el incumplimiento de la LTAIBG por parte las 81 entidades integrantes del Sector Público Institucional del Estatal es muy elevado. Se dice literalmente:

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Madrid desestima un recurso interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y da la razón al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
Un juzgado de Madrid falla a favor de que las actas del Servicio Canario de la Salud sean públicas. / ATLÁNTICO HOY
Un juzgado de Madrid falla a favor de que las actas del Servicio Canario de la Salud sean públicas. / ATLÁNTICO HOY
Una sentencia dictada por la magistrada del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Madrid desestima un recurso interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y da la razón al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en cuanto a la obligación de hacer públicas las actas de Inspección de Trabajo del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El CTBG ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de 81 entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal seleccionadas mediante muestreo aleatorio estratificado según tipología. De ellas, el 69,1% lo han sido por primera vez.