CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Las colaboraciones público-privadas se podrían definir como contratos a largo plazo entre una agencia del gobierno y una entidad privada con el objetivo de proporcionar un activo o servicio público y en los que la parte privada asume una parte significativa de la responsabilidad, los riesgos y, generalmente, los posibles beneficios.
Si bien este tipo de colaboraciones se han venido utilizando de forma exitosa en múltiples sectores más tradicionales y de amplio recorrido, como por ejemplo en las grandes infraestructuras públicas, se trata de un campo que todavía no ha sido explorado en profundidad a la hora de trabajar con datos. No obstante, entidades públicas y privadas comparten interés por tener datos de gran calidad, accesibles y a un coste efectivo, y es por ello que se comienzan a explorar las nuevas oportunidades que ofrecen estos modelos de colaboración a la hora de compartir y explotar datos, y aprovechar el potencial de uso de los datos privados a la hora de resolver problemas de carácter público, particularmente en el área de las Smart Cities.

El grupo de datos abiertos de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) se propone ampliar el grupo de trabajo para continuar su labor de identificación de conjuntos de datos que permitan homogeneizar la publicación de datos abiertos y facilitar su gestión.
En esta ocasión se buscan 20 nuevos dataset que se sumen a los 20 ya publicados en la Guía de datos abiertos FEMP de 2017, cuyo objetivo era difundir pautas y recomendaciones para facilitar la apertura de datos por parte de las administraciones públicas y favorecer su reutilización. (...)

El pasado 10 de abril se reunió el grupo de trabajo que llevará a cabo la definición de los nuevos conjuntos de datos, en una sesión abierta donde los asistentes tuvieron la ocasión de aportar su visión y definir los próximos pasos. Este grupo de trabajo está integrado por entidades locales, personal de universidades, la asociación ASEDIE, autónomos y emprendedores, empresas como Populate, e instituciones como Medialab Prado o Red.es, entre otros. Durante esta sesión también se mostraron las labores de difusión realizadas a través de diversos congresos, cursos y presentaciones.

Los siguientes pasos ahora son:

- Hasta el 23 de abril, aquellos ciudadanos que lo deseen pueden proponer nuevos conjuntos de datos que consideren de interés a través de este documento. Cada propuesta debe incluir una descripción o explicación donde se detalle el beneficio esperado.

- Entre los días 24 y 26 de abril se abrirá la votación para seleccionar a los 20 nuevos conjuntos de datos que se añadirán a los ya existentes.

- El viernes 27 de abril se repartirán los distintos conjuntos de datos entre los miembros del grupo de trabajo y aquellas personas que deseen contribuir a esta iniciativa.

- Entre el 28 de abril y el 16 de mayo se realizarán los trabajos de análisis y definición, siguiendo las mismas pautas ya utilizadas por la FEMP en 2017, de tal forma que toda la información quede unificada.

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El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR en sus siglas en inglés, General Data Protection Regulation) supone un antes y un después en los derechos de los ciudadanos con respecto al gobierno de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos. Este Reglamento actualiza la Directiva de Protección de Datos creada en 1995 y obsoleta con respecto al nuevo entorno tecnológico y los comportamientos sociales, unificando las exigencias regulatorias en los 28 países miembro.
GDPR entró en vigor en 2016, pero las Administraciones Públicas y empresas han contado con un plazo de dos años para adaptarse a la nueva legislación. El 25 de mayo de este año se acaba dicho plazo y GDPR pasará a ser de plena aplicación no solo en los estados miembro, sino también para cualquier organización que capte, almacene o tramite datos de carácter personal de ciudadanos de la U.E., independientemente de donde esté ubicada.

Por sexto año consecutivo, ASEDIE (Asociación Multisectorial de la Información) ha presentado una nueva edición de su informe del sector infomediario. Su objetivo es favorecer la apertura de bases de datos y conocer el verdadero valor económico y social que aporta este sector a la sociedad. Para ello se han analizado 662 empresas, 26 más que en la edición 2017. El informe analiza los datos de 2016, comparándolos con la edición previa del informe.

Aunque el concepto de gobierno abierto surgió hace varias décadas es ahora, con el mundo digital, cuando se está facilitando su desarrollo. Los ciudadanos demandan un papel más activo en la vida política, lo cual está llevando a los gobiernos a transformar los sistemas democráticos en base a 3 principios: transparencia, colaboración y participación, tal y como muestra el gráfico:
Para que estos tres pilares se hagan realidad, las instituciones están abriendo nuevas vías de diálogo, donde las administraciones y la sociedad se comunican de manera bilateral y trabajan de manera conjunta en el beneficio de todos. Y para que esta colaboración sea efectiva, son necesarios los datos abiertos.

Durante los últimos años, la apertura de datos geográficos ha permitido a los ciudadanos y empresas conocer mejor su entorno, a través de mapas y visualizaciones como las incluidas en el portal SignA del Instituto Geográfico Nacional o el Atlas digital de zonas urbanas del Ministerio de Fomento. Además, los datos geográficos también han sido reutilizados por particulares y empresas, que se han atrevido a crear desde aplicaciones que permiten conocer el estado de los incendios hasta juegos de estrategia y muchas aplicaciones más.
La democratización de los conjuntos de datos geográficos es, por tanto, cada vez más evidente. Pero falta una definición oficial que permita la estandarización y facilite la interoperabilidad de los datos, lo cual promovería aún más su publicación y reutilización. Por este motivo, la Asociación Española de Normalización (AENOR) ha publicado recientemente la Norma española UNE 148004:2018 «Datos geográficos abiertos». Esta Norma fue definida y aprobada por el Comité Técnico de Normalización 148 «Información geográfica digital», tras un proceso de audiencia pública, con el objetivo de proporcionar una definición normalizada de datos abiertos geográficos que permita generar mecanismos de certificación.

Hemos hablado ya anteriormente en varias ocasiones sobre el futuro de los datos abiertos, la necesidad de mantener nuestros datos personales bajo control, la relevancia cada vez mayor que están tomando los algoritmos en los procesos de toma de decisiones que afectan a varios aspectos de nuestras vidas y la necesidad por tanto de establecer unos principios claros y unas pautas éticas en la gestión de los datos por parte de las organizaciones.

La información sobre las compras de servicios o suministros, o la información sobre la contratación de obras públicas que realizan las administraciones en el ejercicio de sus competencias son, probablemente, los ejemplos que menos debate suscitan en cuanto a qué información debe ser públicamente accesible para los ciudadanos y completamente transparente.

Una de las principales implicaciones del Gobierno Abierto se refiere a la participación de la ciudadanía en la adopción de las decisiones de los poderes públicos. Esta exigencia adquiere una especial importancia por lo que se refiere a la elaboración de las normas, de ahí que tras la reforma del procedimiento administrativo en el año 2015 se hayan establecido ciertas reglas específicamente destinadas a facilitar la participación ciudadana con ocasión de la elaboración de normas reglamentarias.

Actualmente, la mayor parte de los datos abiertos en Europa se almacenan en portales y catálogos nacionales que facilitan la búsqueda, localización y posterior reutilización de dicha información. Por este motivo, es imprescindible garantizar la sostenibilidad de estos repositorios que conectan a los publicadores con los usuarios de datos, que son quienes generan nuevos servicios que podrán aprovechar tanto los ciudadanos como las empresas.
En este contexto, en febrero de 2017 y bajo el marco del Portal Europeo de Datos (EDP en sus siglas en inglés), se publicó un informe en el cual se ofrecían un conjunto de recomendaciones en cinco áreas clave -gobernanza, finanzas, arquitectura, operaciones y métricas- con el fin de garantizar la sostenibilidad de los portales de datos abiertos.
Como complemento a este documento, se ha publicado un segundo estudio con recomendaciones añadidas dirigidas al mismo fin. En esta ocasión, se establecen directrices para mejorar la monitorización del impacto y la reutilización de los datos, y se reflexiona sobre las necesidades y vías de financiación a la luz de las experiencias que están en marcha en diferentes países de Europa.

Personas, gobiernos, economía, infraestructuras, medio ambiente… todos estos elementos confluyen en nuestras ciudades y hacen que para poder ser más eficientes éstas tengan que sacar el máximo potencial del flujo de datos constante que fluye a través de sus calles. Análisis de eficiencia de los servicios, seguimiento de la inversión, mejora del transporte público, participación y colaboración con los ciudadanos, reducción de los residuos o prevención de desastres naturales son sólo algunos de los múltiples ejemplos de innovación en las ciudades dirigidas por datos que nos muestran cómo los gobiernos locales están consiguiendo mejorar los servicios y la calidad de vida de sus ciudadanos gracias a la apertura y mejor explotación de sus datos.

En demasiadas ocasiones las iniciativas de publicación de datos abiertos nacen en los gobiernos como proyectos puramente técnicos cuya finalidad es simplemente la de crear un catálogo de datos, cuando en realidad deberían ser vistas como proyectos colaborativos de transformación que se llevan a cabo dentro de entornos complejos y muy variables, en los que la finalidad última no está del todo clara y las entidades coordinadoras – la administración pública en este caso – no tiene todos los recursos para generar el cambio necesario por sí mismas.

Se acerca el fin de año y es el momento de hacer balance de los objetivos alcanzados en este ejercicio por la Iniciativa Aporta, dentro de su labor como dinamizador de la apertura y reutilización de datos del sector público en España.
Además de albergar los más de 16.300 datasets publicados por 111 organismos, el portal datos.gob.es se ha concebido como el centro donde aglutinar todos los materiales creados por la Iniciativa con el fin de difundir, sensibilizar y formar en la apertura de los datos públicos. Así, el usuario tiene acceso, desde una sola plataforma, a un gran número de recursos, que sirven de ayuda tanto al publicador como al reutilizador de datos:

Si lo analizamos con perspectiva, el concepto de datos abiertos no es realmente tan revolucionario o novedoso en sí mismo. Por un lado, la filosofía de apertura y/o reutilización en la que se basan los datos abiertos llevaba ya mucho tiempo establecida entre nosotros antes de su definición formal.

La apertura de los datos no debería ser un fin en sí mismo. Los portales open data creados sin un objetivo claro, carentes de un plan bien definido para atraer visitantes, suelen caer en desuso con el tiempo. Tal y como el informe de Madurez de los Datos Abiertos en Europa indica, menos del 50% de los portales nacionales conocen realmente quiénes son sus usuarios. Por este motivo, se convierte en necesario satisfacer las necesidades de la comunidad, actualizar los datos regularmente y tener en cuenta la usabilidad de las plataformas para que éstas sean sostenibles a largo plazo.
¿Cómo es posible conseguirlo? La guía europea Recomendaciones para Portales de Datos Abiertos: desde su lanzamiento hasta la sostenibilidad nos ayuda en esta tarea gracias a las directrices que brinda para que las plataformas open data alcancen el éxito en su implementación y posterior mantenimiento.