CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

A partir d'ara es poden consultar al Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya les dades relatives a les reclamacions i resolucions aprovades per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) pel que fa a les sol·licituds d'accés a la informació.

"El otro día tuve un despertar inhóspito golpeado por la noticia referida a que el gobierno socialista iba a recurrir la resolución del Consejo de Transparencia que obliga al Ministerio de Justicia a publicar la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica.
Mirando al espejo de la memoria aparece en el año 1946 el Generalísimo cuando instauró a favor de la Iglesia católica el privilegio de registrar bienes inmuebles con la sola prueba de la firma de un obispo, convirtiéndole a este en juez y notario, pero con la excepción de los bienes de culto como los templos y las iglesias. (...)"

El Ayuntamiento de Algeciras está incumpliendo lo establecido en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía al no contestar a una petición de información sobre el parking Escalinata. Así lo advierte el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en una resolución en la que da la razón a una reclamación formulada por los propietarios del edificio Escalinata de Murillo tras no obtener respuesta del Consistorio a su solicitud y en la que además advierte que el Ayuntamiento puede estar incurriendo en una infracción grave de la normativa andaluza de transparencia.

El Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales para que no se haga público el listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia, tal y como ya os contamos en Maldito Dato. ¿Pero qué son estos bienes registrados por primera vez o inmatriculados? En Derecho hipotecario, las inmatriculaciones hacen referencia a la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. En este caso, se trata de las fincas o edificios que la Iglesia católica registró como propios sin tener que demostrar los derechos de propiedad sobre esos bienes.
De esta manera, entre 1998 y 2015 la Iglesia inmatriculó un “total de 34.984 fincas”. La comunicación en la que el Colegio de Registradores entrega el listado de estos bienes al ministerio de Justicia dice que “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”, según ha podido comprobar Maldito Dato a través de una petición de acceso a la información pública. Estos son los únicos datos seguros a día de hoy sobre el listado.

El Ministerio de Exteriores oculta un argumentario político que envió a los embajadores españoles con las directrices diseñadas para ellos después de las elecciones del 28 de abril y en medio del juicio del «procés». El Consejo de Transparencia, organismo encargado de velar por que los ciudadanos accedan a la información pública a la que tienen derecho por ley, dictó una resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que exige al gabinete dirigido por Josep Borrell que entregue ese dossier por motivos de interés general.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21/10/2019 (núm. recurso 29/2019), acaba de crear una nueva limitación al derecho de acceso a la información pública, que no se encuentra recogida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIPBG) ni como límite (artículo 14) ni como causa de inadmisión (artículo 18): la llamada “cuasireelaboración”.
Los hechos son los siguientes. Una persona solicita a la Autoridad Portuaria de Gijón la siguiente información pública: los órdenes de día, actas y resoluciones aprobadas por cada Consejo de Administración desde 1996 a 2017.
Frente a la negativa de la Autoridad Portuaria a facilitar dicha información, se reclama ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), quien estima dicha reclamación instando a dicho organismo público a facilitar al solicitante la información requerida en el plazo de dos meses. (...)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Gobierno a que facilite al asesor del PP en el Ayuntamiento de València Luis Salom la información sobre los viajes del presidente, Pedro Sánchez, y otras personas dependientes de Moncloa y Presidencia a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica en agosto de 2018; a Cuba en noviembre de 2018 y a Cádiz en marzo de 2019.

Así consta en tres resoluciones del organismo, consultadas por Europa Press, en las que instan a la Secretaría general de la Presidencia del Gobierno a que remitan al asesor, en el plazo de 10 días hábiles, los costes de cada uno de los viajes, así como la relación de personas que acompañaron a Sánchez en cada uno de ellos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tumba los argumentos del Ministerio del Interior y considera que la carta con la que Grande-Marlaska se dirigió a los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para que agentes de ambos Cuerpos participaran uniformados en la última manifestación del Orgullo en Madrid es «de interés» y de «relevancia social», por lo que no hay motivos para que el Gobierno trate de ocultarla.

El Síndic de Greuges se ha pronunciado ante la queja presentada por EUPV València ciutat, y ha dado la razón a la organización de izquierdas recomendando al Ayuntamiento la publicación de la información relativa a los contratos y convenios suscritos con las Administraciones públicas y el detalle de las subvenciones públicas percibidas anualmente así como la creación un portal de transparencia en la página web de EMIVASA para mejorar la gestión del servicio público de suministro de agua potable.

El Consejo de Transparencia ha desestimado todas las peticiones de información para conocer los detalles del 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez, ya que considera que el libro forma parte de la esfera privada del presidente y rechaza que se publique tanto el contrato como las reuniones que Sánchez e Irene Lozano hayan podido mantener con la editorial.

Así consta en, al menos, siete resoluciones distintas recogidas por Servimedia y dictadas por este organismo desde el mes de junio. En la última de ellas, firmada el 19 de septiembre, el Consejo no solo desestimaba la petición para acceder al contrato, sino que también rechazaba que se publicasen las reuniones que el presidente del Gobierno y la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano (como colaboradora en el proceso de escritura) mantuvieron con la editorial Planeta.

La farmacéutica Novartis ha acudido a los tribunales para evitar que el Ministerio de Sanidad publique los criterios utilizados para financiar Kymriah, la primera terapia génica aprobada en España a un precio de 320.000 euros
El Consejo de Transparencia instó al Gobierno a publicar esa información tras la petición de la campaña No es Sano
"Este proceso judicial puede sentar un importante precedente para romper la opacidad del mundo farmacéutico", asegura la directora de Salud por Derecho

Un ciudadano se dirige a un Ayuntamiento de Cataluña solicitando un listado completo de todo el personal funcionario y laboral, con nombre, apellidos y categoría profesional o grupo, incluyendo también a los agentes de la Policía Local.
El Ayuntamiento resuelve la solicitud denegando el acceso a la información pública porque considera que el nombre y los apellidos es un dato personal protegido.
No conforme con esta respuesta municipal, el solicitante presenta una reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso de Cataluña (GAIP), quien, mediante Resolución 263/2019, de 9 de mayo, estima parcialmente la misma, aunque impone una serie de limitaciones.

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de apelación presentado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la sentencia nº 6/2019 del Juzgado Central contencioso-administrativo nº 4 que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por ADIF y ADIF-Alta Velocidad y ordenaba la retroacción de actuaciones para llevar a cabo el trámite de audiencia a terceros previsto en la Ley de Transparencia.
Esta sentencia es muy relevante ya que aclara la forma de llevar a cabo el trámite de audiencia a terceros eventualmente perjudicados con el acceso a la información solicitada. Según la sentencia, este debe ser realizado por el organismo al que se dirige la solicitud de información y no, como se ha pretendido en otras ocasiones, por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que no tiene identificados a esos terceros.

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (150  KB)

Sentencia nº 6/2019 Juzgado Central contencioso-administrativo nº4 (141  KB)

Sentencia en apelación nº 37/2019 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (519  KB)

Un ciudadano solicita al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya una copia de la nota de prensa, traducida al castellano, en la que se publicitaba la suscripción de un convenio en materia educativa con una entidad privada.
La Secretaria General del Departamento de Educación resuelve desestimar la solicitud de la nota de prensa en lengua castellana porque “el derecho de acceso a la información pública no incluye un derecho a la traducción de documentos administrativos”.
El solicitante presenta una reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Catalunya (GAIP), al considerar que los artículos 9 y 10 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña, sí que obligan a la traducción al castellano de documentos administrativos:

Son los geriátricos con luz roja, infractores hasta ahora desconocidos en muchos casos, que EL PAÍS publica tras una reclamación por la vía de la ley de transparencia

El organismo emite por primera vez sin unanimidad una resolución que indica que no ocultó adrede sus citas con el IVO o Ribera Salud

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha resuelto que el Gobierno debe hacer público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998 y entregárselo a Maldita.es,…

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha instado al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) y al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla (COAAT-SE), en sendas resoluciones, a facilitar a un ciudadano información sobre la compañía aseguradora contratada por profesionales colegiados en el momento en el que se redactó y ejecutó un proyecto de construcción de viviendas en la provincia de Sevilla.

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha dado un toque de atención al Ayuntamiento de Palacios del Sil por negar el acceso a la información de las cuentas municipales a un vecino de la localidad. En una resolución dictada el pasado día 24 de agosto que se ha hecho pública hoy la institución estima la reclamación presentada por Manuel Expósito frente a la presunta denegación de información el pasado día 6 de noviembre de 2017 por parte del Ayuntamiento tras la solicitud cursada para tener acceso a las cuentas del Consistorio entre 2011 y 2017.

El Consejo de la Transparencia ha emitido una resolución en la que llama la atención al Ayuntamiento de Almería por no haber colgado en internet las bases del concurso para la concesión del servicio de alquiler de bicletas.
La resolución recoge una denuncia formulada por quien reclamó inicialmente al Ayuntamiento poder acceder a la memoria por internet, y el propio Consejo se lo comunió al Consistorio, que no respondió. El Consejo constata que en Boletín de la Provincia se publicó un anuncio sobre el tema, en el que se decía que las bases estaban en el Área de Urbanismo y podrían se consultadas allí por los interesados, y además señala, que desde éste órgano se ha buscado en la web municipal posibles accesos al documento sin encontrarlo.
Es por eso que concluye en "Requerir expresamente al Ayuntamiento de Almería para que, en lo sucesivo, lleve a cabo en sede electrónica, portal o página web la publicación de los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación".

TVE deberá dar a conocer las condiciones del contrato suscrito con la productora Shine Ibérica para la realización de 'Masterchef', el popular 'reality' culinario que emite la cadena pública, y revelar los ingresos facturados como consecuencia de la explotación de la marca Masterchef a través de diferentes productos. Así lo ha determinado una resolución firme del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

«El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig deberá completar en tres meses la información que falta, colocarla en el espacio de la Transparencia para evitar su dispersión en otros espacios de la web municipal y actualizar los datos existentes en cumplimiento de la Ley 19/2013 sobre publicidad activa». Es la resolución del Consejo de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Generalitat tras la denuncia que hace ahora un año presentaron los dos concejales no adscritos, Juan Manuel Marín y Auxi Zambrana.

Nadie tiene derecho a conocer en detalle los datos de los retrasos de los trenes de Cercanías de Madrid. El servicio de transporte que más quejas genera en la comunidad no publicará esa información, porque se trata de un "secreto comercial". Y como tal, solo propiedad de Renfe. Así lo ha refrendado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo que regula las disputas en torno al uso de la Ley de Transparencia, después de que El Confidencial solicitara esa información a Renfe, entidad pública empresarial que gestiona el servicio de Cercanías y depende del Ministerio de Fomento. El razonamiento de la entidad la blinda, además, ante cualquier opción de publicar en detalle los retrasos de cualquiera de sus trenes. (...)

Por Daniele Grasso

Resoluciones de Administraciones Territoriales de junio de 2018