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Resoluciones de la Administración del Estado

En esta sección, se puede consultar por meses, todas las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a las reclamaciones de los ciudadanos a la Administración General del Estado (AGE)

Resoluciones de Administraciones Territoriales de febrero de 2020

(Comunidades Autónomas y Entidades Locales)

Administración: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Objeto de la reclamación: Inventario de bosques singulares de Cataluña
Resumen:
Esta actitud reiterada y sistemática de desinterés en la defensa de la Reclamación, especialmente necesaria cuando la propia persona reclamante ha optado por el procedimiento de mediación, en contraste con el abundamiento de razones expuestas por el DARPA de oposición al acceso solicitado, debe considerarse equivalente a un desistimiento de facto de la Reclamación.
Palabras clave: Generalitat. Estudios. Bosques. Reclamación contra inadmisión. Derivación Inviabilidad de la mediación. Falta de impulso del reclamante.
Ponente: Josep Mir Bagó
Número de expediente de la Reclamación: 814/2019
Sentido de la Resolución: Desistimiento

El órgano cree que no supone un quebranto aportar algo que está en la plataforma electrónica y da un mes a Miguel López para cumplir.

Resoluciones de enero de 2020.

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Suspendida: 1

El caso real que nos sirve hoy para analizar el derecho de acceso a los informes elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local) ha sido recientemente resuelto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con fecha 26/11/2019.

El Gobierno ha incumplido una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le instaba a entregar a Maldita.es el listado con las personas que han formado y forman parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, organismo dependiente del Ministerio de Cultura. Medio año después de la resolución, el Gobierno ni ha entregado la lista de nombres ni ha recurrido ante los tribunales la decisión del Consejo, que, por lo tanto, ya es firme.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado ha emitido una resolución en la que le da un plazo de 20 días hábiles al Gobierno de Castilla-La Mancha para proporcionar el número total de asesores docentes (ATD) con los que cuenta en la Consejería de Educación. Procede de una reclamación que el sindicato STAS llevó a cabo el pasado mes de octubre donde pedían conocer la cifra total de estos puestos, tras solicitarlo a la Junta "y no recibir contestación".

A partir d'ara es poden consultar al Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya les dades relatives a les reclamacions i resolucions aprovades per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) pel que fa a les sol·licituds d'accés a la informació.

"El otro día tuve un despertar inhóspito golpeado por la noticia referida a que el gobierno socialista iba a recurrir la resolución del Consejo de Transparencia que obliga al Ministerio de Justicia a publicar la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica.
Mirando al espejo de la memoria aparece en el año 1946 el Generalísimo cuando instauró a favor de la Iglesia católica el privilegio de registrar bienes inmuebles con la sola prueba de la firma de un obispo, convirtiéndole a este en juez y notario, pero con la excepción de los bienes de culto como los templos y las iglesias. (...)"

El Ayuntamiento de Algeciras está incumpliendo lo establecido en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía al no contestar a una petición de información sobre el parking Escalinata. Así lo advierte el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en una resolución en la que da la razón a una reclamación formulada por los propietarios del edificio Escalinata de Murillo tras no obtener respuesta del Consistorio a su solicitud y en la que además advierte que el Ayuntamiento puede estar incurriendo en una infracción grave de la normativa andaluza de transparencia.

El Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales para que no se haga público el listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia, tal y como ya os contamos en Maldito Dato. ¿Pero qué son estos bienes registrados por primera vez o inmatriculados? En Derecho hipotecario, las inmatriculaciones hacen referencia a la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. En este caso, se trata de las fincas o edificios que la Iglesia católica registró como propios sin tener que demostrar los derechos de propiedad sobre esos bienes.
De esta manera, entre 1998 y 2015 la Iglesia inmatriculó un “total de 34.984 fincas”. La comunicación en la que el Colegio de Registradores entrega el listado de estos bienes al ministerio de Justicia dice que “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”, según ha podido comprobar Maldito Dato a través de una petición de acceso a la información pública. Estos son los únicos datos seguros a día de hoy sobre el listado.

El Ministerio de Exteriores oculta un argumentario político que envió a los embajadores españoles con las directrices diseñadas para ellos después de las elecciones del 28 de abril y en medio del juicio del «procés». El Consejo de Transparencia, organismo encargado de velar por que los ciudadanos accedan a la información pública a la que tienen derecho por ley, dictó una resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que exige al gabinete dirigido por Josep Borrell que entregue ese dossier por motivos de interés general.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21/10/2019 (núm. recurso 29/2019), acaba de crear una nueva limitación al derecho de acceso a la información pública, que no se encuentra recogida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIPBG) ni como límite (artículo 14) ni como causa de inadmisión (artículo 18): la llamada “cuasireelaboración”.
Los hechos son los siguientes. Una persona solicita a la Autoridad Portuaria de Gijón la siguiente información pública: los órdenes de día, actas y resoluciones aprobadas por cada Consejo de Administración desde 1996 a 2017.
Frente a la negativa de la Autoridad Portuaria a facilitar dicha información, se reclama ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), quien estima dicha reclamación instando a dicho organismo público a facilitar al solicitante la información requerida en el plazo de dos meses. (...)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Gobierno a que facilite al asesor del PP en el Ayuntamiento de València Luis Salom la información sobre los viajes del presidente, Pedro Sánchez, y otras personas dependientes de Moncloa y Presidencia a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica en agosto de 2018; a Cuba en noviembre de 2018 y a Cádiz en marzo de 2019.

Así consta en tres resoluciones del organismo, consultadas por Europa Press, en las que instan a la Secretaría general de la Presidencia del Gobierno a que remitan al asesor, en el plazo de 10 días hábiles, los costes de cada uno de los viajes, así como la relación de personas que acompañaron a Sánchez en cada uno de ellos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tumba los argumentos del Ministerio del Interior y considera que la carta con la que Grande-Marlaska se dirigió a los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para que agentes de ambos Cuerpos participaran uniformados en la última manifestación del Orgullo en Madrid es «de interés» y de «relevancia social», por lo que no hay motivos para que el Gobierno trate de ocultarla.

El Síndic de Greuges se ha pronunciado ante la queja presentada por EUPV València ciutat, y ha dado la razón a la organización de izquierdas recomendando al Ayuntamiento la publicación de la información relativa a los contratos y convenios suscritos con las Administraciones públicas y el detalle de las subvenciones públicas percibidas anualmente así como la creación un portal de transparencia en la página web de EMIVASA para mejorar la gestión del servicio público de suministro de agua potable.

El Consejo de Transparencia ha desestimado todas las peticiones de información para conocer los detalles del 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez, ya que considera que el libro forma parte de la esfera privada del presidente y rechaza que se publique tanto el contrato como las reuniones que Sánchez e Irene Lozano hayan podido mantener con la editorial.

Así consta en, al menos, siete resoluciones distintas recogidas por Servimedia y dictadas por este organismo desde el mes de junio. En la última de ellas, firmada el 19 de septiembre, el Consejo no solo desestimaba la petición para acceder al contrato, sino que también rechazaba que se publicasen las reuniones que el presidente del Gobierno y la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano (como colaboradora en el proceso de escritura) mantuvieron con la editorial Planeta.

La farmacéutica Novartis ha acudido a los tribunales para evitar que el Ministerio de Sanidad publique los criterios utilizados para financiar Kymriah, la primera terapia génica aprobada en España a un precio de 320.000 euros
El Consejo de Transparencia instó al Gobierno a publicar esa información tras la petición de la campaña No es Sano
"Este proceso judicial puede sentar un importante precedente para romper la opacidad del mundo farmacéutico", asegura la directora de Salud por Derecho

Un ciudadano se dirige a un Ayuntamiento de Cataluña solicitando un listado completo de todo el personal funcionario y laboral, con nombre, apellidos y categoría profesional o grupo, incluyendo también a los agentes de la Policía Local.
El Ayuntamiento resuelve la solicitud denegando el acceso a la información pública porque considera que el nombre y los apellidos es un dato personal protegido.
No conforme con esta respuesta municipal, el solicitante presenta una reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso de Cataluña (GAIP), quien, mediante Resolución 263/2019, de 9 de mayo, estima parcialmente la misma, aunque impone una serie de limitaciones.

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de apelación presentado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la sentencia nº 6/2019 del Juzgado Central contencioso-administrativo nº 4 que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por ADIF y ADIF-Alta Velocidad y ordenaba la retroacción de actuaciones para llevar a cabo el trámite de audiencia a terceros previsto en la Ley de Transparencia.
Esta sentencia es muy relevante ya que aclara la forma de llevar a cabo el trámite de audiencia a terceros eventualmente perjudicados con el acceso a la información solicitada. Según la sentencia, este debe ser realizado por el organismo al que se dirige la solicitud de información y no, como se ha pretendido en otras ocasiones, por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que no tiene identificados a esos terceros.

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (150  KB)

Sentencia nº 6/2019 Juzgado Central contencioso-administrativo nº4 (141  KB)

Sentencia en apelación nº 37/2019 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (519  KB)

Un ciudadano solicita al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya una copia de la nota de prensa, traducida al castellano, en la que se publicitaba la suscripción de un convenio en materia educativa con una entidad privada.
La Secretaria General del Departamento de Educación resuelve desestimar la solicitud de la nota de prensa en lengua castellana porque “el derecho de acceso a la información pública no incluye un derecho a la traducción de documentos administrativos”.
El solicitante presenta una reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Catalunya (GAIP), al considerar que los artículos 9 y 10 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña, sí que obligan a la traducción al castellano de documentos administrativos:

Son los geriátricos con luz roja, infractores hasta ahora desconocidos en muchos casos, que EL PAÍS publica tras una reclamación por la vía de la ley de transparencia

El organismo emite por primera vez sin unanimidad una resolución que indica que no ocultó adrede sus citas con el IVO o Ribera Salud

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha resuelto que el Gobierno debe hacer público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998 y entregárselo a Maldita.es,…

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha instado al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) y al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla (COAAT-SE), en sendas resoluciones, a facilitar a un ciudadano información sobre la compañía aseguradora contratada por profesionales colegiados en el momento en el que se redactó y ejecutó un proyecto de construcción de viviendas en la provincia de Sevilla.