CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

"Cuando pensamos en la transformación digital de los servicios públicos, lo que se nos viene inmediatamente a la cabeza es la atención telemática de los ciudadanos. La sustitución de la oficina y de las colas por la tramitación electrónica vía web. Sin embargo, los retos tecnológicos de las administraciones públicas van mucho más allá (...)"

Autor: Francisco J. Fernández Romero es Socio-director Cremades Calvo Sotelo

La reciente publicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 introduce múltiples novedades que afectan a muy distintos ámbitos de la actividad, como la contratación pública, con la modificación del artículo 34 Real Decreto-ley 8/2020, la habilitación de sesiones telemáticas de los órganos de gobierno de las entidades locales, al fin (aunque dada la finalidad de la norma, sólo con carácter excepcional), la ampliación y suspensión de plazos, y otras materias de relevancia (arrendamientos, moratoria hipotecaria, cotizaciones, etc)
Por ello y para facilitar un primer y rápido análisis de la norma a los distintos operadores y a reserva de un examen detallado y pormenorizado, y de la relevancia de otros preceptos resumimos a continuación, aquellos aspectos de mayor impacto en la gestión pública

"Nadie podrá ocultar que el reto al que se enfrentan los poderes públicos con la pandemia es extraordinario, excepcional y de una complejidad inusitada. Cualquier calificativo se queda corto. Las medidas adoptadas, aunque tardías y, además, objeto siempre del legítimo debate político sobre si ir o no más lejos en su alcance, eran necesarias. Otra cosa es cómo se estén ejecutando. (...)"

Los Reales decretos del estado de alarma declaran la suspensión de los plazos en los procedimientos. Una previsión tan lógica como abierta a la interpretación. No es extraño que se hayan alumbrado circulares aclaratorias por parte de la Abogacía del Estado (la última y reciente de 26/3/2019 reproduce la primera) o espléndidos comentarios (Diego Gómez y Concepción Campos).
Así y todo, como pura divagación desde mi confinamiento, dado que percibo cierta alarma en las redes sociales sobre su alcance, mostraré mi impresión personal sobre la extensión y aplicación de tales medidas al campo de los procedimientos administrativos.

El desarrollo económico, social e institucional de un país depende, entre otras variables, de sus mecanismos de colaboración público-privada. Se trata de unos sistemas de conexión cruciales para la calidad de los servicios públicos, el desarrollo y modernización de las administraciones públicas y la competitividad de una parte importante del tejido empresarial de un país. Sirva como indicador de la amplia conexión entre el ámbito público y el privado en España el dato que las administraciones públicas contratan al sector privado por un volumen de más de 200.000 millones (cerca del 18,5 del PIB). Contratos para realizar infraestructuras públicas, pero también otros tipos de contratos, como externalizaciones de servicios públicos, conciertos sanitarios y educativos, y partenariados público-privados.

Bien, ante todo debo dejar claro que no tengo una respuesta “a ciencia cierta” para esta pregunta, ya que las variables son demasiadas y demasiado importantes en este momento: ¿cuánto durará esta situación? ¿Cuál será su impacto real sobre la economía? ¿Y sobre la sociedad? Y muchas otras sin olvidar la que probablemente más nos inquieta a todos: ¿Volverá este virus u otro peor?
Yo me hago, además, otra pregunta, una de puertas hacia dentro de la Administración: ¿cambiarán algunas actitudes? Y es que considero esta la pregunta clave (...)

¿Puede ser este un bueno momento para replantearse muchas cosas sobre la gestión pública (y su control)?
Se dice que ante situaciones complicadas debemos ser optimistas y ver oportunidades donde solo parece existir amenazas. Pues bien, actualmente y por desgracia, estamos pasando por un momento de extrema dificultad. Esta no es una simple crisis económica causada por factores de muy diversa índole y en las que el factor hombre está detrás (ya hemos pasado alguna), sino que aquí el factor desencadenante de esta grave crisis sanitaria, económica, social y hasta moral, es un virus. Un virus que ha acabo uniendo a todos los países del planeta y con un mismo objetivo: ACABAR CON EL COVID-19.

En esta enorme y original crisis en la que nos encontramos, es difícil aportar algo útil sin ser redundante. Dado que no soy muy de hablar de lo que no sé (y de virus no sé y aunque sé algo de estadística, seguro que hay gente más preparada), no creía que pudiera aportar nada en especial. Sin embargo, echando cuentas, uno se da cuenta de que muy pocas veces tiene la ocasión de ver como diferentes gobiernos afrontan un mismo problema y cómo se plasma eso en la esfera digital. Es decir, encontramos fenómenos globales, pero generalmente gestionados por agentes privados (eventos deportivos o culturales, por ejemplo), pero ahora todos los gobiernos del mundo enfrentan a un problema y esto nos ayuda a entender cómo entienden y enfrentan el problema desde su esfera digital con las webs del coronavirus.
Este artículo es el primero de dos en el que cuento un poco sobre estas webs: este de tipo general y otro en el que veremos las de varios países

Pues bien, de nada sirve dictar un bando si no se comunica a la ciudadanía por lo que tuvimos que remitirlo por un lado a los medios de comunicación y por otro publicarlo en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram…) así como en la sección de noticias de la web municipal.
Están siendo días intensos y ahora que ha pasado algo más de una semana puedo apuntar algunas claves e ideas sobre la comunicación que se debería realizar desde las administraciones públicas en situaciones de crisis.

Si la comunicación es poder, las redes sociales son un reflejo de ese poder a través de su excepcional capacidad para comunicar. Durante una primera etapa, estas plataformas se han entendido como un espacio de democratización del debate público. Más recientemente, se ha intensificado a través de ellas la difusión de mensajes polarizadores.
Dentro de esas dinámicas (compatibles entre sí), ¿cómo pueden las administraciones públicas utilizar las redes sociales para mejorar la vida de las personas?

Espacio colaborativo creado por Novagob para empelados de las Adminsitraciones públicas españolas que recoge documentos y publicaciones de interés para el desempeño de las tareas.

Resumen
La declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contemplaba en su Disposición Adicional Tercera la suspensión de términos y la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos, regulación que ha sido modificada en su redacción por Real Decreto 465/2020, y que plantea en su aplicación algunos interrogantes a los que intentaremos dar una respuesta desde una interpretación finalista y orientada a la defensa del interés general.

El objetivo de esta entrada es intentar aclarar el alcance de esta suspensión y cómo funciona con la redacción vigente. Como no se trata de pontificar sino de ayudar, si como consecuencia del debate que pueda producir el contenido de la misma en las redes sociales hiciese falta su modificación así lo haré, quedando el contenido actualizado publicado para que logre su objetivo último, arrojar un poco de luz en estos momentos oscuros.

"Se quedan cortos los que afirman que nos encontramos en una época de cambios. Nos encontramos ante un cambio de época. Y nos hallamos justo en plena transición, una transición que no sólo es tecnológica, sino también social, económica, ecológica y, en definitiva, global. Se antoja literalmente imposible afirmar que la Administración se encuentra al margen de todo esto. La Comisión europea ha presentado recientemente su estrategia sobre inteligencia artificial (consúltese el documento Shaping Europe’s digital future: Commission presents strategies for data and Artificial Intelligence; aquí la versión en español), (...)"

Grandes proyectos de infraestructuras tecnológicas protagonizan la XII edición de los Premios con los que la Asociación @aslan identifica, premia y divulga casos de éxito en Transformación Digital en las Administración Públicas. Los Galardones se entregarán en el marco del Congreso ASLAN2020.
Finalizado el plazo de recepción de candidaturas, la Asociación @aslan anuncia que se han presentado un total de 65 candidaturas por parte de 54 organismos públicos que concursarán para obtener el Galardón en una de las 14 Categorías:

La entrega de Galardones se realizará durante la Cena de Gala del Congreso ASLAN2020, que por tercer año consecutivo incluye el “III Encuentro Anual Nacional de Expertos en Tecnologías en la Administración Pública”.

La inscripción al Congreso es gratuita y puede realizarse en www.congreso.aslan.es.

FINALISTAS SELECCIONADOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS X PREMIOS CNIS 2020 a las Administraciones Públicas
El Jurado del X Congreso CNIS ha comunicado los finalistas de las diferentes categorías en la convocatoria de los X Premios CNIS.
El resultado de las más de 100 candidaturas presentadas por categorías es el que se recoge a continuación.
Los ganadores finales recibirán su galardón en la gala de entrega de los X Premios Cnis el día 4 de marzo a las 18:00 horas, en el Auditorio de La Nave (Calle Cifuentes nº 5) de Madrid.

Para recabar todas las aportaciones facilitamos dos canales: 1. Red Social NovaGob, a través de un post en el que podían desarrollarse ampliamente las ideas, inspirarse de otras aportaciones e incluso debatir con otras personas miembros de la comunidad, y 2. Twitter, por medio del hashtag #50retosNovagob.
A través de ambos canales hemos recibido más de 70 propuestas de 45 profesionales del Sector Público de España y de Latinoamérica, que hemos unificado, como en anteriores ocasiones, para presentarlas en un listado de 50 retos que servirán para definir las temáticas de futuros estudios e investigaciones de la Fundación NovaGob y, por supuesto, para diseñar el Congreso Novagob 2020, que este año alcanza su séptima edición.
Antes de mostrar el listado con los retos, queremos dar las gracias a todas las personas que han colaborado en su elaboración por su participación y generosa contribución a este documento.

De ahí la idea de este manual, Guía Práctica de Compliance en el Sector Público, la de comprobar, de la mano de los mejores expertos, cómo es posible la traslación de la función de Compliance a los distintos aspectos de la gestión pública, recursos humanos, contratación, subvenciones, urbanismo, control financiero..etc, desde un análisis riguroso, legal, jurisprudencial y doctrinal de los principales elementos necesarios para la construcción de un sistema de Compliance. Manual que adopta la forma de una guía práctica porque su objetivo es dotar a los distintos operadores, tanto públicos como privados, de un toolkit, de una caja de herramientas, con la que implementar la función de Compliance en la respectiva organización y así contribuir a su última finalidad, no el mero cumplimiento normativo, sino la garantía de la integridad institucional, y, en consecuencia de la mejora de la gestión pública y la calidad de los servicios.

De sobra conocido por la inmensa mayoría de nuestros lectores, Carles Ramió es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universitat Autònoma de Barcelona (1994) y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1987). Es especialista en gestión pública e instituciones públicas en España y América Latina. Ha publicado 26 libros sobre instituciones, dirección y gestión pública (teoría de la organización y auditoría operativa), función pública, partenariados público-privados y participación ciudadana*

Tesis doctoral dirigida por Jordi Rodríguez Virgili. Diciembre 2019. Universidad de Navarra.

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Afrontar una tesis doctoral en comunicación política supone una doble oportunidad en mi caso: investigar las nuevas formas de comunicación para poder aplicarlas en mi quehacer profesional diario en instituciones públicas y, a la vez, culminar mi formación con el más alto grado universitario e iniciar una carrera académica en esta disciplina. Por tanto, el ánimo que impulsa esta tesis radica también en convertir la crisis que viven las instituciones públicas y la imagen de los políticos en una oportunidad para proponer nuevas formas de comunicación y participación ciudadana en las decisiones públicas aplicando las TICS, que reduzcan la desafección que separa a representantes y representados.

Se podrán generar nuevos informes alineados con las previsiones del seguimiento simplificado de la Directiva 2016/2102 de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público
Según recoge la Directiva 2016/2102 los Estados miembros comprobarán periódicamente la conformidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público con los requisitos de accesibilidad establecidos en la norma armonizada EN 301549v2.1.2:2018, que en su versión española se materializa en UNE-EN 301549:2019 , y que está en línea con WCAG 2.1.

"Acaba de ver la luz el número 227 de la Revista de Estudios Locales (REL-CUNAL), donde hemos tenido el placer de publicar un artículo francamente disruptivo que espero que como mínimo remueva las conciencias (...)

Estoy convencido de que esto de la administración electrónica no se ha entendido bien. Estamos aplicando la tecnología, “transformando digitalmente”, como si nuestro cliente fuera el procedimiento, cuando obviamente esto no es así, es sólo una construcción mental heredada de la época de “burocracia fuerte”; nuestro cliente es el ciudadano, o los usuarios en sentido amplio. Por otra parte no ese trata de cambiar el formato, sino de mejorar el servicio público. Si usted implanta (o cree que ha implantado) la administración electrónica, pero su procedimiento sigue siendo igual o incluso más farragoso, burocrático y poco amigable con las personas, usted no lo ha hecho bien. (...)"

Si se cerró el año 2019 con una sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Supremo alzando el principio de buena administración que comentamos anteriormente, es ahora en enero de 2020 cuando se alumbra una sentencia de la misma Sala, que aplica con firmeza y pragmatismo el principio de buena administración al considerar contrario al mismo la actitud municipal de no desarrollar el planeamiento que ella misma aprueba y estableciendo que ese errado proceder no puede perjudicar al tercero.

Murcia podría ser este año la primera administración municipal en presentar una Memoria de Sostenibilidad para rendir cuentas de su nivel de responsabilidad social en 2019 gracias a la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia.

Las instituciones, categorías y conceptos del Derecho Administrativo del Estado social y democrático de Derecho deben estar enraizadas en la suprema dignidad del ser humano y en los derechos fundamentales que de ella dimanan. La promoción de las condiciones que hagan posible la libertad solidaria de los ciudadanos vincula crecientemente al Derecho Administrativo y a la misma Administración pública. Hasta el punto que hoy el Derecho Administrativo y la Administración pública tienen un desafío pendiente: convertirse a fondo a los parámetros y vectores centrales de un modelo de Estado que patrocina indefectiblemente un compromiso permanente con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.