'Malos tiempos para los funcionarios públicos. La difuminada frontera entre la irregularidad administrativa y la prevaricación', por Consuelo Doncel | Discusión Jurídica
"En los últimos años estamos asistiendo a lo que se ha venido denominando la “criminalización del derecho administrativo”, tendente a apreciar la comisión de un delito en cualquier acto administrativo que pueda presentar alguna irregularidad. Así lo define el Tribunal Supremo cuando señala que existe “una “criminalización del derecho administrativo” si ante una mera acción de la autoridad o funcionario público de poca entidad o relevancia, o que pueda ser impugnable ante la jurisdicción contencioso administrativa por carecer de los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, se remiten a la vía penal, siendo de aplicación el principio de intervención mínima del derecho penal” (STS 302/2018, de 20 de junio).
¿Cómo hemos llegado a esta situación? (...)"
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