CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Este documento ha sido elaborado por Víctor Almonacid, Ignacio Alamillo y Trinidad Carbajo, y editado por la Fundación NovaGob. Este recurso incluye dos listas de verificación clave: una sobre el grado de cumplimiento de los «ítems necesarios para la implantación de la administración electrónica en una entidad local» y otra sobre las «obligaciones y necesidades de una organización pública en materia de recursos humanos». Diseñado especialmente para ayuntamientos, facilita la identificación de áreas de mejora, asegura la adecuación a las normativas vigentes y promueve la incorporación de herramientas tecnológicas de vanguardia, como la Inteligencia Artificial.

La tecnología no es ni buena ni mala desde un punto de vista antropocentrista. Por eso siempre decimos que es ridículo aplicarle los estándares éticos exigibles a nuestro comportamiento. Con la tecnología todo depende del uso que se le dé, y en este sentido, una tecnología tan potente como la IA puede ser increíblemente positiva o potencialmente destructiva.

"Ser mejor equivale a haber cambiado muchas veces"  (John Henry Newman) Finales de 2023. Vamos a pensar que la transformación digital ya está, como mínimo, en marcha. En un escenario un poco más positivo, se supone que hemos sido capaces de planificar y ejecutar numerosos cambios organizativos y funcionales, e incluso de evaluar y replantear,…

La evaluación es una gran desconocida. Sin embargo, este es un concepto en el que todos los empleados públicos, independientemente de nuestro cometido pero con más razón si ocupamos puestos de responsabilidad, debemos al menos conocer. De las muchas definiciones de evaluación de políticas públicas podemos compartir aquí la de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico):

Como hemos afirmado en más de una ocasión, existen muchos tipos de burocracia, y todas son malas. Hoy vamos a hablar de burocracia interna (tan ineficiente y desesperante como la que se impone a la ciudadanía) y de burocracia en los procesos, que no deben confundirse con los procedimientos (estos serían los establecidos en la…

El presente comentario deriva principalmente, muy a mi pesar, de la polémica suscitada por el beso en la boca del presidente de la RFEF a la jugadora Jennifer Hermoso. He dejado pasar unos días por respeto al gigantesco logro de nuestro deporte femenino, y aunque sigo considerando muy triste que tengamos que hablar de otras cosas no estrictamente deportivas, la obligación moral de hacerlo no se puede eludir. Eso sí, que quede claro que esto no resta ni un ápice de mérito a la gran victoria de las jugadoras. Más bien al contrario, todo apunta a que tienen que superar más obstáculos de los que se plantean en el propio terreno de juego.

El pasado 20 de junio pudimos asistir a la interesante jornada organizada por Sepalo Software y dedicada a la exposición de los nuevos (y no tan nuevos) medios de interacción ciudadanía – administración, bajo la moderación de Antonio Ramos y Pablo Rodríguez (Sepalo) y la dirección técnica de un servidor.

Guía para el buen gobierno local (FEMP)
100 preguntas sobre aspectos básicos de la Administración Local (FEMP)
Guía para la Constitución de las Entidades Locales (FEMP)
125 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO EN LA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (Nosoloaytos)
“REGLAMENTO DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO E.L“. Ed. La Ley. VVAA.
“Vademécum de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales“. Ed. La Ley. VVAA.
“Implantación Práctica de la Ley de Transparencia en los Ayuntamientos”. Ed. El Derecho – Francis Lefebvre. VVAA.
“Guía práctica para la implantación de la administración electrónica en el ámbito local” (Ed. Wolters Kluwer, VVAA.
BREVE GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO (Rafael Sánchez López)

De forma concreta, a continuación vamos a exponer las necesidades de los Ayuntamientos y los servicios que podría/debería prestar una Diputación (Consejo, Cabildo, CCAA uniprovinciales) ante la aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Ante…

Grosso modo, los servicios municipales pueden ser propios (art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL), obligatorios (art. 26 LBRL), “impropios”, aunque el término no aparece literalmente en la Ley (art. 7.4 LBRL), delegados (art. 27 LBRL), reservados (art. 86.2 LBRL), y de prestación provincial (art. 36 LBRL). Nunca está de más recordar que es la legislación sectorial, normalmente autonómica, la que va a determinar las competencias concretas de las entidades locales en materias como medio ambiente, turismo, servicios sociales, deporte, etc… En todo caso, el citado artículo 36 recoge las competencias «genéricas» o propias de las Diputaciones, Consejos y Cabildos. Hoy en día, esas competencias tienen un enfoque directa o indirectamente tecnológico, y con esta idea en mente se debe interpretar el listado competencial que recoge el aludido precepto: (...)

Se trata de una manipulación de primero de parvulitos, porque nada más básico e infantil que aquello de “vamos a morir todos”, pero manipulación efectiva al fin y al cabo. Añadan el nombre de algún experto, que no quiera usted saber si se sube al carro por razones no tan “nobles”, la amenaza a algunas profesiones de honrados padres y madres de familia, y todo ello aderezado con la siempre recurrente vulneración de la normativa sobre protección de datos. Y ya tendríamos construida una fortísima corriente de opinión pública de absoluta animadversión. Así es como funciona la Humanidad. No nos mueve la razón, sino sentimientos fuertes e intensos como el amor, el odio, la familia, la patria o un equipo de fútbol. Convierte a alguien o a algo en enemigo de alguna de esas cosas, y tendrás a una masa enfurecida en su contra.

Hace poco, pronuncié la charla «Buen gobierno práctico: mapas de riesgo, códigos éticos y planes de integridad. El nuevo marco europeo de integridad como paradigma de la gestión del dinero público: fondos Next Generation y fondos propios. Organizaciones éticas”, dentro del curso «Transparencia y Buen Gobierno como Política de Integridad en la Comunitat Valenciana«, organizado por ADEIT (Universidad de Valencia). En dicha ponencia expliqué, entre otros contenidos, el «ciclo de la integridad», un círculo virtuoso en el que cada elemento se retroalimenta del anterior. La conclusión principal que se puede extraer es que una sociedad íntegra no permite que sus instituciones y empleados públicos no lo sean, pero evidentemente una imagen íntegra de dichas instituciones influye en la sociedad.

Una veintena de proyectos innovadores se presentarán en este evento que contará también con la intervención de especialistas en innovación pública
La Fundación NovaGob ha colaborado con la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias en la organización el I Foro Innovamos Lab Canarias 2023, un encuentro en el que se presentarán algunos de los proyectos más innovadores e inspiracionales del sector público de las Islas Canarias, así como experiencias de otras comunidades autónomas en la promoción y gestión de la innovación pública.
En este Foro, que se celebrará el jueves 23 de marzo de 08:30 a 18:00h en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, se presentarán en torno a una veintena de proyectos transformadores llevados a cabo por distintas instituciones públicas de las Islas Canarias, tanto del gobierno autonómico como de entidades locales.

Desde una óptica meramente administrativa, la pandemia nos dejó impactos más bien positivos de cara a la mejora funcional de la Administración, siendo la causa del impulso de proyectos de modernización demorados o incluso jamás iniciados, algo realmente grave cuando además supone un incumplimiento legal. Pero también se generaron inercias negativas, como la generalización de la cita previa; insufrible en presencial e incomprensible en su nueva modalidad de «cita previa electrónica» (ridícula sobre todo cuando se establece como trámite previo de otro trámite igualmente electrónico). La cita previa, que podía tener alguna justificación durante las tristemente famosas fases 0, 1, 2 y 3 del «desconfinamiento», no es que apareciera con la pandemia, porque evidentemente ya existía, pero su auge durante la misma y, sobre todo, su mantenimiento más allá de la situación de crisis sanitaria extrema, es una mala costumbre que acabamos de adoptar. Así se ha venido denunciando por parte de los sufridos usuarios, y también de la doctrina (imprescindible la entrada «La cita previa obligatoria en las Administraciones Públicas» del blog de Diego Gómez, y antes esta de José Ramón Chaves).

Aunque aún nos llegan sus ecos a través de los juicios más mediáticos, lo cierto es que pasó la era de las grandes tramas corruptas. Ahora España es un país de lobos con piel de cordero, de micro corrupción, de fraude, y por eso creo, deseando equivocarme, que la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción no va a servir absolutamente para nada. La corrupción actual es más inteligente, casi quirúrgica, y mucho menos pomposa que lo que vimos en la época de los grandes pelotazos, esas tramas espectaculares de corrupción a gran escala con cientos de implicados y miles de millones para arriba y para abajo.

Víctor Almonacid, con su forma de entender y ejercer la vocación de servicio público, lleva décadas propiciando el cambio cultural que requiere la nueva Administración. Incluso tirando del humor. Además, escribe libros y artículos al respecto desde hace dos décadas, ha tenido una intensa actividad docente, cierta presencia mediática y es muy activo en redes sociales -lleva en Twitter desde 2010 (@nuevadmon), con su blog Nosoloaytos desde 2012 y tiene canal de Youtube propio. Incansable e inquieto, nos adelanta que en breve emprenderá un nuevo proyecto profesional.
Pionero siempre, ha sido el primero en mantener una charla con ChapGPT sobre la Administración. Y he tenido el placer de hablar con él de eso, de la burocracia 2.0, de la tecnología como herramienta contra la corrupción, de trabajo híbrido y de upskilling y reskilling en la Administración, entre otras cosas

Un placer haber participado en el programa “HABLA QUE TE ESCUCHO”, aportando mi visión tranquila sobre la incorporación de la inteligencia artificial a nuestras vidas (y en concreto a la Administración).
En dicho programa básicamente tratamos de responder a una pregunta, o al menos de arrojar luz sobre la cuestión: ¿Podrán las máquinas reemplazar al cerebro humano?

Esta vez hemos tenido la oportunidad de entrevistar, por primera vez, a una inteligencia artificial. Era una cita obligatoria y pendiente en este blog, ya que hasta ahora solo habíamos dialogado con inteligencias humanas (del calibre de Borja Adsuara, Ascen Moro, María Dapena o José Ramón Chaves). Teníamos mucho interés en preguntar a ChatGPT qué visión tiene de sí mismo como herramienta facilitadora para una mejor gestión de los asuntos públicos. Sus respuestas son muy interesantes.

Uno de los debates más abiertos de la doctrina moderna en los últimos tiempos, y que afortunadamente estamos empezando a cerrar, es el de la categoría de derecho que alcanza el de acceso a la información. ¿Es fundamental o meramente «administrativo»? La conclusión por adelantado es que tenemos muy buenos argumentos para defender la primera postura.

Según el artículo 325.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), «La Unión y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión».
Queda claro que el fraude y la corrupción, conceptos hermanos pero no sinónimos, tienen un coste, y no precisamente bajo, para el erario público. Obviamente ese coste no es solo económico (contra los «intereses financieros»), sino también en cuanto a la merma del servicio, la legalidad y la transparencia de la gestión pública, la calidad del empleo público, además de, por supuesto, el coste reputacional.

La Administración tiene que ser lo que las personas necesitan que sea.
Cierto es que no todas las personas son iguales, y entre los múltiples condicionantes y circunstancias que las separan o las categorizan, uno de ellos, ni mucho menos el único pero sí quizá el más interesante, es el aspecto generacional.

La demoledora advertencia del Tribunal de Cuentas de la UE, avisando de riesgo de fiasco en España a la hora de ejecutar los fondos, al ser considerado, objetivamente, el peor ejecutor de los 27 estados miembros (última posición), no hace sino confirmar las deficiencias de un sistema de gestión pública que hubiera necesitado de avances intermedios entre la Edad Media y la «siguiente generación», pero que ahora se ve abocado a implantar deprisa y corriendo los cambios que constituyen las asignaturas que siempre quedaron pendientes.

Como bien es sabido, y bien que lo sufrimos en nuestras propias carnes, todo lo nuevo (o incluso lo no tan nuevo) genera sus resistencias. Con la introducción de la inteligencia artificial en el ámbito de la actuación administrativa no estamos viviendo nada que no viviéramos con la informática hace tres décadas o con la administración electrónica más recientemente. Valga esta experiencia acumulada para desmontar los 10 principales mitos falsos o prejuicios que hemos detectado sobre la inteligencia artificial aplicada a la Administración.

No hay institución de «nuestro» Derecho Público más irrespetuosa y descorazonadora para el sufrido ciudadano que el silencio administrativo. Recordemos que esta figura consiste en el reconocimiento de efectos jurídicos a la más fría de las situaciones: una solicitud legítima, presentada en tiempo y forma por una persona, es ignorada con desdén por parte de la Administración a la que va dirigida, o al menos es ignorada durante un plazo superior al que la ley le atribuye para resolver y notificar.