CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y Banco de España han firmado un convenio para facilitar a investigadores el acceso de los microdatos disponible en la CNMC a través de la infraestructura del laboratorio de datos del Banco de España, según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La CNMC señala que en su tarea de supervisión de la competencia recaba "numerosos datos" procedentes de los agentes que supervisa y que parte de ellos se difunden en formato accesible a través del portal de datos abiertos CNMCData.

El año pasado recibimos más de 100 comunicaciones que han derivado en investigaciones, tanto de competencia como de otras áreas clave en la CNMC.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el 28 de agosto de 2023 un Informe sobre el proyecto de Real Decreto que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (IPN/CNMC/020/23), de 25 de julio de 2023. En este Informe la CNMC analiza el proyecto mencionado que creará un entorno controlado de pruebas (en inglés sandbox) y se pronuncia, entre otros aspectos, sobre las implicaciones en materia de protección de datos personales.

Permite comprender el tipo de contrato y los diferentes conceptos de la factura de electricidad. 

Ayudar a los consumidores a reducir su factura y potenciar su papel en la transición energética es una de las prioridades de la CNMC.

La web de la Comisión dispone de: “El comparador de tarifas”, “El factura luz del PVPC”, “El semáforo de precios PVPC” y múltiples guías informativas.

Una reciente sentencia del TJUE recuerda que las autoridades de defensa de la competencia pueden sancionar estas conductas
No hay duda de que el acceso y la explotación del big data es un parámetro competitivo en la economía digital. Pero esta fuente de innovación, desarrollo y de crecimiento económico debe ajustarse al ordenamiento jurídico, concretamente al respeto de la libertad de empresa y la normativa de protección de datos personales.

Desde 2015, las empresas sancionadas por infracciones graves de la competencia se enfrentan a la prohibición de contratar con el sector público. 

Hasta la fecha, se había optado por que fuese el Ministerio de Hacienda quien determinase la duración y el alcance de estas prohibiciones.

A partir de ahora, lo hará la CNMC en función de la naturaleza de la infracción y el potencial impacto de la prohibición en los mercados.

La medida pretende aumentar la seguridad jurídica y potenciar los programas de cumplimiento y la cultura de la competencia en las empresas.

La contratación pública tiene gran relevancia para la economía española, y más ahora con llegada de los fondos Next Generation. Para que los empleados públicos que se dedican a la contratación tengan criterios actualizados sobre la materia, la CNMC está actualizando la Guía sobre contratación pública (2011). Hoy es el turno de los convenios y encargos a medios propios (aquí tenéis la nota de prensa y el acceso a la guía).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha adoptado unas medidas cautelares (MC/01/2022) destinadas a garantizar la publicidad y transparencia en la tramitación de las subastas de envases ligeros (EELL) y Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de material PET y PEAD para descartar su manipulación.
El artículo 54 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) prevé que el Consejo de la CNMC pueda adoptar de oficio o a instancia de parte, a propuesta o previo informe de la Dirección de Competencia, las medidas cautelares necesarias que aseguren asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte en los expedientes sancionadores ya incoados.

La Audiencia Nacional ha suspendido hasta la fecha de manera cautelar tres multas por un valor total de 76,7 millones de euros a Ferrovial, OHLA y Sacyr correspondientes a la multa impuesta en julio por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un importe de 203,6 millones de euros, la más alta de su historia.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presidido la quinta reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, han participado de forma semipresencial los consejeros de Economía y Hacienda de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido cautelarmente la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que multó en julio a Ferrovial con 38,5 millones por llegar, presuntamente, a acuerdos para compartir trabajos e intercambiar información estratégica en contratos de obra.
Junto a Ferrovial Construcción la CNMC multó a Dragados, del grupo ACS (57,1 millones); a FCC Construcción (40,4 millones); a Acciona Construcción (29,4 millones); a OHLA (21,5 millones) y a Sacyr con 16,7 millones.
En total, 203,6 millones de sanción conjunta por alterar, supuestamente, durante más de 25 años (de 1992 a 2017) la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras.

En la última gran sanción a las principales constructoras, de 204 millones de euros por alterar licitaciones públicas, el organismo remitió a la Junta Consultiva la resolución para determinar el alcance de esa prohibición
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado someter a audiencia e información pública los criterios que empleará a la hora de imponer la prohibición de contratar con la Administración Pública a aquellas empresas que hayan sido sancionadas por vulnerar la normativa de defensa de la competencia. “Con esta consulta, la CNMC pretende recabar todas las aportaciones posibles de las personas físicas, empresas, asociaciones, organismos públicos y demás interesados para poder fijar unos criterios generales y comenzar a determinar en sus resoluciones sancionadores la duración y alcance de este tipo de prohibiciones”, indica el organismo en nota de prensa.

En el marco del proyecto Municipios y competencia, los participantes han destacado la importancia de fomentar un uso correcto de los contratos menores.
La contratación pública representa entre el 10 y el 20% del PIB nacional para el conjunto de la administración.
La CNMC y la AVC promueve una contratación pública eficiente en aras de contribuir a los objetivos de la Agenda 2030.
La CNMC y la Autoridad Vasca de Competencia (LEA/AVC) han analizado hoy en Bilbao la gestión de los contratos menores que realizan las entidades locales. El evento ha contado con la colaboración de EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, quien ha acogido la celebración del evento.
Administraciones y diversos actores implicados han analizado las irregularidades más frecuentes en la tramitación de los contratos menores por parte de ayuntamientos. Para el conjunto de la administración, la contratación pública representa entre el 10% y el 20% del PIB y afecta a sectores que tienen una capacidad de arrastre importante sobre el conjunto de la economía.

Las grandes constructoras españolas atesoran un largo historial de multas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por conductas como pactar precios o repartirse contratos de la Administración Pública. Para evitar este tipo de comportamientos, las principales empresas públicas por volumen de inversión, como Adif, Renfe o Aena, han introducido desde hace tres años una serie de cláusulas en las licitaciones. Fundamentalmente, esas estipulaciones persiguen asegurar que se puede excluir de la licitación o rescindir los contratos de aquellas firmas que se demuestre que cometen prácticas fraudulentas o corruptas. Pues bien, las constructoras se han rebelado y en las últimas fechas están recurriendo en todas las licitaciones este tipo de cláusulas por considerarlas “abusivas”, según ha podido saber EL PAÍS por fuentes cercanas a las entidades públicas. La mayor catarata de impugnaciones se ha producido tras la multa millonaria impuesta el pasado mes de julio por la CNMC a las seis grandes constructoras.

La CNMC necesita más recursos para que sus iniciativas frenen los abusos de empresas en los contratos públicos
La semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción récord a algunas de las principales empresas constructoras y de infraestructuras de nuestro país, acusadas de mantener, durante años, un sistema de negociaciones y de acuerdos entre ellas dirigidos a alterar el precio de las licitaciones de obra pública a través del reparto de contratos. La CNMC mantiene, desde hace años, una campaña específica contra las prácticas colusorias en la contratación pública, dirigida no solo a mejorar las condiciones de competencia de ese mercado, sino también a aligerar el coste de dichas contrataciones en el erario. Los acuerdos de este tipo son considerados un cartel y, como tal, suponen una infracción muy grave de la normativa europea y española sobre competencia. De acuerdo con los datos de la CNMC, este tipo de prácticas en la contratación pública suponen un sobrecoste de 40.000 millones de euros anuales, esto es, alrededor del 3% del producto interior bruto.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Además, ha determinado la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración.
Las compañías y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia, que ha declarado el archivo de actuaciones contra la empresa Lantania.
La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Cani Fernández, que fue abogada de élite en Cuatrecasas antes de presidir la CNMC, ha tenido que inhibirse en 15 expedientes que afectan a grandes compañías como Cepsa, FCC, Acciona o Mediaset
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a detallar los conflictos de interés en los que ha incurrido la presidenta del denominado súperregulador de los mercados, Cani Fernández, desde su nombramiento hace casi dos años.
La presidenta de la CNMC ya toma decisiones sobre empresas a las que asesoró como abogada
Transparencia ha estimado una reclamación de elDiario.es y ha instado a la CNMC a facilitar la relación de expedientes en los que se ha tenido que inhibir Fernández, ex abogada de élite en el bufete Cuatrecasas, desde su nombramiento en junio de 2020, para no incumplir la normativa de incompatibilidades de los altos cargos. Competencia, que no comenta este asunto, ha tenido que especificar el nombre de las empresas afectadas, como reclamó este medio.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una guía para reforzar la protección de los consumidores de energía y garantizar la transparencia de precios de las ofertas de suministro contempladas en los artículos 4 y 5 del Real Decreto-ley 23/2021.
Este documento responde a las consultas recibidas de comercializadoras y consumidores sobre los aspectos prácticos de su aplicación, y establece los criterios a considerar. De hecho, establece que las comercializadoras tienen la obligación de publicar información transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento.
Asimismo, tienen la obligación de publicar las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos, así como información sobre los servicios adicionales que se contraten conjuntamente.

En concreto, la Comunicación de la CNMC tiene por objeto determinar qué criterios se aplicarán para identificar a estos prestadores de servicios audiovisuales en plataformas de intercambio de vídeos.
Los contenidos de los vloggers tienen una amplia presencia en el mercado audiovisual, tanto a nivel publicitario como de consumo.

Por ello, se inicia ahora un proceso participativo con una consulta pública (accesible en este enlace) que permanecerá abierta hasta el 1 de marzo. La CNMC invita a todos los interesados a pronunciarse sobre todos aquellos aspectos que crean importantes o que les afecten.

Por primera vez, el Supremo avala que la cúpula de la CNMC pueda prohibir a las empresas sancionadas pujar por contratos públicos. Hasta ahora, ha delegado esta tarea en Hacienda.

Importante sentencia del Tribunal Supremo para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Alto Tribunal ha resuelto una cuestión de interés casacional planteada por el regulador que preside Cani Fernández y ha confirmado que el organismo tiene potestad para imponer a las empresas participantes en cárteles prohibiciones para contratar con la Administración Pública.

La CNMC ha sancionado con un total de 161.855 euros a cuatro empresas dedicadas a la prestación de servicios de biblioteca y gestión de archivos y documentos, por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), constitutiva de cártel. (S/0025/19/ Gestión de archivos)
La Comisión ha acreditado que el “modus operandi” utilizado por estas empresa cuando se presentaban a los concursos para la adjudicación de contratos menores (y, en menor medida, procedimientos negociados y abiertos) supuso una manipulación de las licitaciones.
Entre otros, las empresas intercambiaron información sensible entre ellas y determinaron previamente los precios que incluían en las ofertas, comportamientos determinantes en la adjudicación de los contratos. Además, se ha verificado la solicitud y aceptación de ofertas de cobertura ficticias entre las empresas.

El Programa de Clemencia ha permitido descubrir un 82% de los cárteles empresariales desmantelados. Sin embargo, las exenciones y reducciones de sanciones de la CNMC han supuesto una merma para las arcas públicas