CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Se confirma la resolución de la AEPD que declaró que el Ayuntamiento recurrente infringió el art. 6.1 y 9 de la LOPD, al acceder al contenido del ordenador de una de sus funcionarias. Ha quedado acreditado que el acceso al ordenador de trabajo de la funcionaria, titularidad del Ayuntamiento, se realizó por el encargado del servicio de informática sin necesidad de acudir físicamente al ordenador con clave como administrador del sistema, y copió en un DVD las carpetas halladas en el mismo.

La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido cautelarmente la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que multó en julio a Ferrovial con 38,5 millones por llegar, presuntamente, a acuerdos para compartir trabajos e intercambiar información estratégica en contratos de obra.
Junto a Ferrovial Construcción la CNMC multó a Dragados, del grupo ACS (57,1 millones); a FCC Construcción (40,4 millones); a Acciona Construcción (29,4 millones); a OHLA (21,5 millones) y a Sacyr con 16,7 millones.
En total, 203,6 millones de sanción conjunta por alterar, supuestamente, durante más de 25 años (de 1992 a 2017) la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras.

La Audiencia Nacional confirma la sanción a un ayuntamiento que ordenó copiar en un DVD los documentos de la tesorera
Patricia Esteban
Los funcionarios no están menos protegidos que los trabajadores de empresas privadas a la hora de salvaguardar su intimidad. Las administraciones públicas no pueden acceder a los documentos contenidos en los equipos informáticos con los que trabajan los empleados sin cumplir con las exigencias de la ley de protección de datos. En concreto, la justicia condena actuaciones sorpresivas, en los que no se haya informado a los trabajadores de la posibilidad del espionaje y sus límites, o desproporcionadas (como copiar toda la información del dispositivo por una leve sospecha). En definitiva, los empleados públicos pueden denunciar accesos no autorizados a sus ordenadores para controlar su trabajo si la medida no cumple con la legalidad.

Fija la pena más alta para el exalcalde, al que condena a 36 años y 11 meses de cárcel destacando "la peligrosidad" de su conducta
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular como partícipe a título lucrativo al pago de hasta 204.198,64 euros por las actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Se trata de la tercera condena del tribunal a los populares después de las sentencias por la primera época de la 'Gürtel' y por el uso de la 'caja b' para las obras de la sede del partido en Génova 13.Boadilla

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en 'b' más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede 'popular' de Génova, al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación.

La Audiencia Nacional rechaza el tercer intento del Gobierno para ocultar esta «información pública» desde 2019 y le reitera que debe ofrecer datos básicos, además de condenarle otra vez a pagar las costas judiciales.

El tribunal obliga a Radiotelevisión Española a revelar los sueldos de todo el personal directivo que trabajó para la corporación entre 2016 y 2020

El Tribunal Supremo decidirá si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debe facilitar a cualquiera que lo pida la información contenida en los expedientes sancionadores, o si por el contrario su contenido es confidencial y está protegido por el secreto profesional.
En un auto fechado el pasado 16 de junio, la sala de lo contencioso ha admitido un recurso de la CNMV contra una sentencia de la Audiencia Nacional de octubre de 2020, que a su vez rechazaba un recurso de apelación del supervisor bursátil contra una sentencia de enero de 2020 del Juzgado Central de lo contencioso administrativo nº 2.
La sentencia del juzgado confirmaba una resolución de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que instaba a la CNMV a facilitar a un particular todos los detalles de un expediente sancionador.

Ya son dos las decisiones judiciales que instan al Gobierno de coalición a entregar unos datos que sí fueron facilitados, sin problemas, por el anterior ejecutivo.
La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de apelación del Ministerio de Justicia, que deberá informar sobre las solicitudes de indultos que las cofradías piden con motivo de Semana Santa. Esta es la segunda sentencia en contra de las pretensiones del ministerio de no entregar una información que el ejecutivo de Mariano Rajoy sí que hizo pública.

RESUMEN
Un ciudadano presentó solicitud de acceso a la información dirigida a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para conocer el detalle de todos y cada uno de los incidentes adversos notificados por los profesionales sanitarios, desde 2012, al punto de vigilancia de productos sanitarios de esa Agencia.
La administración denegó la información por existir el limite de la confidencialidad de la información, en aplicación del articulo 14.1 de la LTAIBG y de la legislación especifica en materia de medicamentos.
Presentada reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimó al considerar que no resulta de aplicación el limite invocado, prevaleciendo el derecho de acceso consagrado en la LTAIBG, dado que haciendo una interpretación conjunta de la normativa sanitaria, resulta que no gozan del deber de confidencialidad los incidentes adversos notificados por los profesionales sanitarios.

La Audiencia Nacional ha fallado por partida doble a favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y desestima dos recursos de apelación, uno del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y otro, de la Autoridad Portuaria de A Coruña. En ambos casos los organismos denegaron la información y los solicitantes de la información fueron amparados en su pretensión por el Consejo de Transparencia

(....)

Más información y archivos de las sentencias

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha fallado a favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y en contra de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), ambos organismos dependientes del Ministerio de POlítica Territorial y Función Pública, y éste tendrá que hacer públicos los nombres de los altos cargos que no presentaron su declaración de bienes, algo a lo que están obligados por ley.

El Ayuntamiento de Carreño ha ganado el recurso presentado contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por desavenencias a la hora de informar a la Asociación Vecinal San Juan de Tamón sobre las obras de mejora del camino de Las Trancas, financiado con los fondos de Cogersa. La Audiencia Nacional, al contrario de lo que pasó anteriormente con el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, considera que «la información interesada fue ofrecida en plazo».

Hoy ganan los buenos. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Civio y establece que las administraciones públicas sí están obligadas a dar a los ciudadanos información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Así, tumba la sentencia de la Audiencia Nacional que, en una interpretación de la Ley de Transparencia que limitaba el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, sentenció que solo debían dar datos confeccionados desde la entrada en vigor de la norma, en diciembre de 2014. Una decisión que Civio recurrió en 2017 presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y, gracias a eso, ahora toda la ciudadanía puede acceder a toda la información generada por las administraciones públicas, con las excepciones que marca la ley, pero sin límite temporal. Por eso, es una victoria de todos y para todos.

El Tribunal Supremo acaba de decir que el sentido del voto (a favor, en contra o abstención) de cada uno de los componentes de un órgano público colegiado NO ES INFORMACIÓN PÚBLICA (Sentencia de fecha 17/1/2020).
Una empresa solicita información a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) sobre el sentido del voto de cada uno de los miembros del Consejo que decidieron el incidente de recusación planteado contra algunos de sus integrantes. (...)

El Tribunal Supremo ha decidido evaluar la transparencia en los criterios de reparto de las productividades en la Agencia Tributaria Española (ATE). Y marcará jurisprudencia. La Audiencia Nacional ya ha dado la razón al Consejo de Transparencia y Buen Gobiern o, que a instancias de la Junta de Personal del fisco en la provincia de Valencia solicitó que se publicaran los motivos y los criterios para repartir alrededor de 24 millones de los casi 100 que en 2018 se abonaron a los empleados en concepto de Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA).

La Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21/10/2019 (núm. recurso 29/2019), acaba de crear una nueva limitación al derecho de acceso a la información pública, que no se encuentra recogida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIPBG) ni como límite (artículo 14) ni como causa de inadmisión (artículo 18): la llamada “cuasireelaboración”.
Los hechos son los siguientes. Una persona solicita a la Autoridad Portuaria de Gijón la siguiente información pública: los órdenes de día, actas y resoluciones aprobadas por cada Consejo de Administración desde 1996 a 2017.
Frente a la negativa de la Autoridad Portuaria a facilitar dicha información, se reclama ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), quien estima dicha reclamación instando a dicho organismo público a facilitar al solicitante la información requerida en el plazo de dos meses. (...)

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de apelación presentado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la sentencia nº 6/2019 del Juzgado Central contencioso-administrativo nº 4 que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por ADIF y ADIF-Alta Velocidad y ordenaba la retroacción de actuaciones para llevar a cabo el trámite de audiencia a terceros previsto en la Ley de Transparencia.
Esta sentencia es muy relevante ya que aclara la forma de llevar a cabo el trámite de audiencia a terceros eventualmente perjudicados con el acceso a la información solicitada. Según la sentencia, este debe ser realizado por el organismo al que se dirige la solicitud de información y no, como se ha pretendido en otras ocasiones, por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que no tiene identificados a esos terceros.

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (150  KB)

Sentencia nº 6/2019 Juzgado Central contencioso-administrativo nº4 (141  KB)

Sentencia en apelación nº 37/2019 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (519  KB)