Transparencia en España

Unai Rementeria, junto a Ibone Bengoetxea, quien presentó ayer el proyecto de norma. Foto: Borja Guerrero
BILBAO – Las diferentes normativas, tanto propias como externas, ya obligaban a los cargos públicos a declarar sus bienes, no poder cobrar más que un salario o abstenerse en aquellas decisiones sobre asuntos en los que hubiera trabajado dos años antes. Pero ahora, la Diputación ha querido recoger todas esas obligaciones en una nueva norma foral, dejando negro sobre blanco a qué están obligados sus responsables. La institución foral creará, además, un órgano de garantía que velará por que todas las obligaciones se cumplan, frente a lo que se han establecido sanciones que van desde la simple amonestación hasta la destitución.

VALÈNCIA. El Consell ha aprobado el decreto por el que se desarrolla la Ley 8/2016 de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de personas con cargos públicos no electos, reforzando así la seguridad jurídica tanto de la propia Administración como de las personas cargos públicos de la Administración de la Generalitat y del Sector Público Instrumental que entran dentro de su ámbito de aplicación.

Ciudadanos ha pedido cuentas al Gobierno por haber vulnerado la Ley de Transparencia al ocultar durante un año que el presidente de la oficina anticorrupción del PP y exdiputado 'popular', Andrés Ayala, había sido nombrado consejero del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y también quiere saber si no existe ninguna incompatibilidad para ocupar a la vez estos dos cargos.
En concreto, el portavoz del partido naranja en la Comisión de Fomento del Congreso, Fernando Navarro, y su compañero, el parlamentario por Murcia, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, han registrado una serie de preguntas al Gobierno para pedirle explicaciones por esta cuestión.

Reconoce que la empresa pública estaba obligada por la Ley de Transparencia a publicar la composición de su consejo de administración, algo que no ha hecho hasta ahora
Un año después del nombramiento como consejero de Andrés Ayala, y tras trascender su designación, el ente ferroviario ha subsanado la omisión y figura en su web como "abogado"
Respecto a posibles incompatibilidades, recuerda que el exdiputado no es alto cargo y que "la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Función Pública no tiene competencias"

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha abierto a información pública el contenido del proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de personas con cargos públicos no electos.
A partir de ahora se abre un plazo de 7 días hábiles para poder realizar sugerencias y aportaciones al contenido del futuro decreto.

Ya está disponible en la página web de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación el Foro de consulta previa del Reglamento de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de personas con cargos públicos no electos. El plazo de aportaciones es desde el 1 al 12 de junio ambos incluidos.
Toda la información la puedes encontrar en
http://participa.gva.es/web/consulta-publica-reglamento-de-incompatibilidades/inicio

Desde la creación de la Oficina de Conflictos de Intereses, 219 altos cargos del Gobierno han recibido el visto bueno para trabajar en el sector privado
Aquí, el listado de las 414 autorizaciones firmadas entre 2006 y 2017
Una resolución del Consejo de Transparencia sobre una información negada a eldiario.es permite conocer todos las autorizaciones anteriores a 2015

*Esta información se actualizó el 9 de mayo de 2017

Por Raúl Sánchez González

El Congreso aplaza el debate que estaba previsto para este jueves sobre la compatibilidad de cargos para diputados en ejercicio
El PSOE se opuso a permitir actividades privadas a la treintena de parlamentarios que han pedido permiso para desempeñar otros trabajos en su tiempo libre 
Consulta en este buscador qué diputados solicitan la compatibilidad y en qué sector
Realizado por: Marta Barandela / Gonzalo Cortizo / Belén Picazo / Raúl Sánchez / Héctor Figueroa

Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos

Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos

Los ministros de Mariano Rajoy se han levantado de la mesa del Consejo de Ministros en al menos 56 ocasiones desde que este asumió la presidencia, en diciembre de 2011, para evitar tomar decisiones que afectan a empresas en las que han trabajado o en las que tienen intereses sus cónyuges o familiares. Los ministros que más veces se han abstenido en la discusión de proyectos de ley, informes o acuerdos ministeriales son Soraya Sáenz de Santamaría, con 22 inhibiciones, Luis de Guindos, con 14, y Pedro Morenés, con ocho.

El grupo parlamentario de IULV-CA ha propuesto, entre sus enmiendas al articulado de la proposición de ley del PP-A para la modificación de la ley de incompatibilidades de altos cargos de la administración de la Junta y de declaración de actividades, bienes e intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos, que los altos cargos tengan que estar obligados a hacer pública su participación, si así fuese, en sociedades radicadas en paraísos fiscales, así como ser titulares de cuentas radicadas en paraísos fiscales.

Las autorizaciones de compatibilidad vigentes, que el alto cargo debe obtener de la Oficina de Conflictos Intereses, dado que durante el periodo de los dos años posteriores al cese, no puede prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado.

El Gobierno de Aragón ha insistido este martes en que no hay conflicto de intereses en la actividad del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, respondiendo así a "la persistencia de Podemos Aragón en la divulgación de falsedades y sospechas injustificadas".

La Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda, no verifica los datos que declaran los altos cargos de la Administración General del Estado ni tampoco busca posibles omisiones, y únicamente solicita aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecen en la prensa, según ha denunciado el Tribunal de Cuentas en un informe recogido por Europa Press.