Transparencia en España

El Tribunal Supremo da la razón al Consejo de Transparencia en el 77% de recursos que presenta el Estado contra sus resoluciones
Ilustración: A.Mata
Por Alejandro Mata
Este 9 de diciembre se cumple el décimo aniversario de la ley de transparencia 19/2013, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) todavía enfrenta desafíos para supervisar su cumplimiento. En este sentido, su presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, afirma en una entrevista a Newtral.es que “la mayor patología de nuestro sistema” es que el 10% de las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia nunca llegan a ejecutarse. Por ello, plantea que la ley debe de darle al CTBG la suficiente potestad coercitiva para poder exigir el cumplimiento de sus resoluciones.

La Oficina de Conflictos de Intereses revisa que los altos cargos cumplan la ley de transparencia y la del alto cargo. Tras una petición de Público para conocer quiénes las han infringido, Hacienda acude a la Justicia para seguir ocultando la información.

Sergio Sangiao

El Tribunal tumba una decisión del TSJ de Catalunya que permitió a una residencia privada ocultar información sobre sus sanciones por este asunto.

El caso comenzó en 2018 cuando una periodista solicitó información sobre dichas sanciones impuestas a residencias públicas y privadas en los cuatro años anteriores. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya declaró el derecho de la periodista a acceder a los datos, pero la Fundación Privada Residencia Bell Repós de Súria se negó a facilitarlos y llevó esta resolución a los tribunales. El TSJC dio la razón a la Fundación y ordenó que “debe excluirse su identificación, es decir su nombre, la del establecimiento de que es titular y su ubicación geográfica” en la respuesta de transparencia. Es decir, cualquier dato con el que se pueda identificar a la organización.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia nº 140, de fecha 7/2/2023 (pinchar aquí), acaba de efectuar importantes declaraciones sobre ambos derechos, como si no existiera la más mínima relación entre ellos. Vaya por delante que, en mi opinión, se trata de una sentencia que carece de motivación suficiente para sostener algunas de las conclusiones a las que llega.El recurso fue planteado por la ONG «Greenpeace España» contra la negativa de la Administración General del Estado a facilitar información sobre la exportación de armas a Arabia Saudí al tratarse de información declarada secreta.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 28/11/2022 (ECLI:ES:TS:2022:4434), ha declarado que la acción pública en materia urbanística NO constituye un régimen específico de acceso a la información que excluye la aplicación de la Ley de Transparencia, y que la falta de utilización de este cauce NO debe considerarse como el ejercicio abusivo de este derecho.
Los hechos fueron los siguientes: el propietario de un establecimiento turístico denunció ante el Ayuntamiento que otro establecimiento turístico estaba ejecutando obras sin licencia. Estando en tramitación el expediente de reposición de la legalidad urbanística, se solicitó al Ayuntamiento, al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, una copia de los expedientes de licencias o títulos habilitante de la actividad otorgados en los últimos seis años; petición que fue estimada por el Alcalde.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 17/11/2022 (ECLI:ES:TS:2022:4174, Recurso de Casación nº 1837/2021), acaba de decir, alto y claro, que el derecho de acceso a la información pública comprende no solo los acuerdos adoptados, sino también las actas de las reuniones, ya que las actas de las reuniones de un órgano colegiado no están, en principio, excluidas del conocimiento público al amparo del art. 14.1.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, puesto que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado, al no reflejar, como contenido mínimo necesario, la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones integras de cada uno de sus miembros.
Con carácter general, el límite de la confidencialidad o el secreto en el proceso de toma de decisiones no se aplica a las actas de las reuniones de los órganos colegiados.

El Tribunal Supremo ha instado al Ayuntamiento de Sevilla a que informe a un ciudadano sobre los bienes inmuebles del municipio que están exentos del pago del IBI al primar la Ley General de Transparencia frente a la confidencialidad de los datos tributarios.
Los magistrados de lo contencioso ponen así fin a un litigio entre el Consistorio y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
La sentencia, dictada el pasado mes de julio, anula las resoluciones judiciales que avalaron la postura del Ayuntamiento y le insta a entregar "a la mayor brevedad" la información que solicitó un responsable de la asociación Andalucía Laica hace ya cinco años.

La solicitud de información de un vecino de Monforte del Cid llega hasta el Supremo, que sienta jurisprudencia y resuelve que todas las administraciones deben garantizar el acceso a la información urbanística aunque suponga hacer informes ‘ad hoc’

El Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se comunicó al Congreso de los Diputados las ternas pactadas entre Gobierno y Partido Popular para elegir a la cúpula de la Agencia de Protección de Datos.
El alto tribunal ha estimado el recurso de un candidato a la presidencia al considerar lesionado su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas puesto que, al haberse pactado quién estaría en la cúpula, según se filtró cuando se anunció el acuerdo para renovar distintos órganos, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, el proceso nació «viciado de raíz». Por este motivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya paralizó cautelarmente el proceso de reelección.

La disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha generado muchas dudas interpretativas respecto a si la reclamación en materia de transparencia también se podía presentar o no en aquellos casos en que existe normativa reguladora específica que regula el derecho de acceso a la información pública en una determinada materia.
(...)
Pues bien, la importante Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10/3/2022, Recurso de Casación nº 3382/2020, ha dicho claramente que los concejales pueden presentar la reclamación en materia de transparencia, aunque la regulación del derecho de acceso a la información pública se encuentre en una legislación específica como la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, puesto que la Ley 19/2013, de transparencia, se aplica de forma supletoria.

Los expedientes de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no se libran de la ley de Transparencia. El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del supervisor que pretendía mantener en secreto esos expedientes en su totalidad e iba referido a la multa a Josep Borrell por usar información privilegiada para la venta de acciones de Abengoa, empresa de la que era consejero.
El Supremo, que había aceptado revisar y aclarar su jurisprudencia, vuelve a rechazar las posiciones del organismo que preside Rodrigo Buenaventura y dictamina la posibilidad de acceso a dichos expedientes, salvo en la parte de información cuya divulgación pueda perjudicar a quien la haya proporcionado o a terceros o afecte al correcto funcionamiento de la supervisión. Esa válvula de escape, sin embargo, permitirá mantener parte de los expedientes en secreto.

La sentencia establece jurisprudencia al declarar que el carácter supletorio de la legislación de transparencia establecido tanto por la ley catalana como por la ley básica en la Disposición Adicional Primera.2, habilita el uso del sistema de garantías de la ley de transparencia en otros regímenes jurídicos especiales de acceso a la información, como el de los miembros de las Corporaciones locales, cerrando así una discrepancia existente entre los diferentes órganos de garantía respecto de la admisión de reclamaciones de concejales y concejalas, inclinándose a favor de la tesis mantenida por la GAIP y a cuyo amparo ha resuelto alrededor de un millar de reclamaciones de miembros de Ayuntamientos, Consejos Comarcales y Diputaciones Provinciales.

Con la sentencia finaliza el largo recorrido de oposición de la Diputación de Girona contra varias resoluciones de la GAIP de julio de 2016, que ampararon el derecho a la información de uno de sus miembros y contra las que interpuso recurso

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en líneas generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre la pieza separada de la 'Gürtel' relativa a los contratos irregulares de AENA, firmados entre 2000 y 2002, con el grupo de empresas de Francisco Correa, para quien ha confirmado la pena de seis años de prisión --reducida en seis meses-- y ha rebajado en casi 390.000 euros la multa impuesta.
Así, en la sentencia, la Sala ha confirmado la condena por delitos continuados de cohecho activo, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y prevaricación. Además, se le comisa el beneficio que obtuvo como consecuencia de estos contratos, unos a 2,2 millones de euros.
El Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional al dar por probado que se pactaron "la adjudicación irregular de un total de 22 contratos de la entidad pública AENA para realizar eventos o participar en Ferias, todo ello a cambio de recibir dinero en efectivo o determinados servicios de carácter particular".

La reciente sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2021 (rec.720/2020), aborda interesantísimas cuestiones sobre los criterios de valoración por Comisiones y Tribunales calificadores para el acceso al empleo público. Y lo hace con un pronunciamiento sobre la verificación de aptitud para ser Catedrático de Universidad, campo notoriamente espinoso.

El Tribunal Supremo decidirá si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debe facilitar a cualquiera que lo pida la información contenida en los expedientes sancionadores, o si por el contrario su contenido es confidencial y está protegido por el secreto profesional.
En un auto fechado el pasado 16 de junio, la sala de lo contencioso ha admitido un recurso de la CNMV contra una sentencia de la Audiencia Nacional de octubre de 2020, que a su vez rechazaba un recurso de apelación del supervisor bursátil contra una sentencia de enero de 2020 del Juzgado Central de lo contencioso administrativo nº 2.
La sentencia del juzgado confirmaba una resolución de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que instaba a la CNMV a facilitar a un particular todos los detalles de un expediente sancionador.

El TS establece doctrina jurisprudencial sobre la tramitación y el alcance de la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -CTBG- cuando conoce de una reclamación contra la resolución de un órgano administrativo que denegó el acceso a la información, basándose en la posible afectación de los intereses comerciales de terceros, sin haber dado previamente audiencia a los interesados.

Dos sentencias del séptimo y décimo Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo han fallado en contra de la Autoridad Portuaria de A Coruña, estimando que debe facilitar a dos ciudadanos información acerca de sus actividades que hasta ahora se negaban a proporcionar, y que enlazan con presuntas irregularidades relacionadas con el puerto exterior de punta Langosteira. Las sentencias, que admiten alegaciones, se suman a una tercera emitida por el Tribunal Supremo, esta sí firme, en la que el alto tribunal obligó a la Autoridad Portuaria a facilitar sus actas a un interesado después de un proceso judicial.

Como sabemos, el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIPBG), reconoce el derecho a solicitar información pública a “todas las personas”.
Ahora bien, muchas de las personas que solicitan información pública son periodistas que trabajan en distintos medios de comunicación. En ocasiones, se preguntan si es beneficioso, perjudicial o indiferente indicar su condición de periodista en la solicitud de acceso a la información.
En teoría, y según el artículo 12 de la Ley 19/2013, debería ser indiferente, ya que el derecho se reconoce a todas las personas. No obstante, como ahora vamos a ver con este caso real, el hecho de solicitar información pública en calidad de periodista, no es, en absoluto, indiferente.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación formulado por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avala la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla, que merced a una impugnación del Ayuntamiento hispalense anulaba una resolución del citado Consejo de Transparencia que instaba a su vez a la Administración Local a facilitar a un reclamante el listado de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, exentos del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) está rechazando, en mi opinión, indebidamente, muchas reclamaciones al considerar que las solicitudes de información que persiguen un interés privado o particular son abusivas.
Como tuve ocasión de comentar en un post anterior, que puede ser consultado en este enlace, esta interpretación del Consejo de Transparencia ha sido ya rechazada rotundamente por el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 12/11/2020 (Recurso de Casación nº 5239/2019).

El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 257, de fecha 24 de febrero de 2021 (Recurso de Casación núm. 2162/2020), ha declarado que el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en el que se prevé la reserva o confidencialidad de los datos fiscales, no impide el acceso a la información pública en materia tributaria, ya que la LGT no contiene un régimen completo y autónomo de acceso a la información, sino un principio o regla general de reserva de los datos con relevancia tributaria como garantía del derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos (art. 18 de la Constitución Española).

Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la sentencia 191/2021, 12 de febrero, en la que refuerza la jurisprudencia existente en materia de aplicación del principio de proporcionalidad en estos supuestos. Foto: Confilegal. Texto: Irene Casanueva
El Tribunal Supremo señala que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) «puede y debe debe conceder un trámite de audiencia a las personas o entidades cuyos derechos o intereses pudiesen verse afectados por la decisión que adopte», con el fin de poder ponderar si el acceso a la información lesiona o no sus derechos o intereses.

Las actas de los consejos de administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña de 2015 a 2018 podrán ser examinadas por el ciudadano que lo solicitó en ese último año, durante la presidencia del organismo por Enrique Losada, ya que el Tribunal Supremo anuló la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en 2019 que negaba la posibilidad de conocer su contenido. El fallo del Supremo, que sienta jurisprudencia y por lo tanto extiende su alcance a las reuniones de todos los organismos públicos, admite el recurso planteado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que reconoció el derecho del solicitante a acceder a las actas.