Transparencia en España

El seminario “El anteproyecto de protección de denunciantes: contenidos y valoración crítica”, de modalidad online, tendrá lugar el miércoles 30 a las 17:30h. y es de asistencia abierta previa inscripción.
La presidenta de la PLI, Virginia Pérez Alonso, y la directora de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto de la Universidad de Valladolid, Arancha Moretón Toquero, serán las encargadas de inaugurar el seminario.
Entre los/as expertos/as que intervendrán se encuentran: Cristina Fernández González (investigadora del Centro de Investigación para la Gobernanza Global), Gabriele Vestri (profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz), Javier Sierra Rodríguez (profesor de Derecho en las Universidades de Murcia y Alicante, jurista miembro de la PLI y coordinador del seminario), Enrique Benítez Palma (investigador del Instituto Ortega y Gasset) y Carlos Sánchez Almeida (abogado y director legal de la PLI).

J. Sierra, F. Reviriego y J. Tudela  (eds.).

Obra colectiva de 20 autores.

Edita Fundacion Manuel Gimenez Abad. 2022

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LOS CONTORNOS DE LA PARTICIPACIÓN

Dirigido principalmente a  Políticos, directivos y técnicos de las Entidades locales

Días de celebración del curso: 7 y 8 de abril de 2022
Duración: 8h (2 días, 4h. al día)
Horario de 9:00h a 13:00h (Hora peninsular)

Docentes: Joaquín Meseguer Yebra, Anabel Beltrán, Javier Sierra y Daniel Amoedo.

Registro online gratuito.

Desde el Ministerio de Justicia afirman a El Salto que llevarán el proyecto de ley al Consejo de Ministros en enero.
Ter García
Si casos de corrupción como Gürtel, Taula o Bankia salieron a la luz fue por la denuncia que realizaron personas que, por su trabajo, conocieron las irregularidades y delitos que se estaban cometiendo y se atrevieron a denunciarlo. Personas como Rosa Pérez Garijo o Ana Garrido, que tras denunciar, sufrieron acoso y denuncias.
En diciembre de 2019, la Comisión Europea aprobó la Directiva para la protección de las personas que informan de violaciones de las leyes de la Unión. La norma europea ordena a los Estados miembros que elaboren una ley que disponga canales de denuncia y medidas de protección en entidades públicas y privadas para las personas que informen sobre asuntos relacionados con delitos o irregularidades en compras públicas, servicios financieros, lavado de dinero, financiación del terrorismo, seguridad del transporte, protección ambiental, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud de los animales o o salud pública, entre otros. Y daba de plazo dos años.

El número de reclamaciones que llegan al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno derivadas de la negativa de las diferentes administraciones públicas a conceder el acceso a la información se ha incrementado notablemente en los últimos años. Esto ha dado lugar a un consecuente aumento de litigios que terminan resolviéndose en los tribunales, cuyos pronunciamientos han suscitado cuestiones de interés casacional sobre las que el Tribunal Supremo está construyendo su doctrina jurisprudencial.En este artículo se analiza el contenido más destacado de las últimas sentencias dic-tadas en casación junto a uno de los primeros pronunciamientos sobre reparto com-petencial del Tribunal Constitucional. El resultado final es un trabajo estructurado en torno a las principales aristas y vertientes del derecho de acceso a la información: ám-bito material y temporal de la Ley de Transparencia, regímenes especiales, tramitación de las solicitudes de acceso, aplicación de los límites y operatividad de las causas de inadmisión. Todas ellas, son cuestiones de suma importancia para cuya interpretación resulta determinante el criterio de la jurisprudencia.

por Javier Sierra Rodríguez, Universidad de Murcia; Ana Galdámez Morales, Universidad de Sevilla; Alicia González Moro, Universidad de Sevilla; Pablo Cruz Mantilla de los Ríos, Universidad de Sevilla; Eloísa Pérez Conchillo, Universidad de Granada

Organizado por la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP.

Celebrado los días 27 y 28 de mayo de 2021.

Modalidad online

Documentos

Días de celebración

27 y 28 de mayo de 2021. Horario: 09:00 a 13:00 h.

Duración del curso: 8 horas

Dirigido principalmente a: Políticos, directivos y técnicos de las Entidades locales

Inscripción: Gratuita. El registro es obligatorio para este evento. Cuando se registre, recibirá un mensaje de correo electrónico de confirmación con instrucciones sobre cómo unirse al evento.

Coordinación del Curso

Joaquín Meseguer Yebra, Director General de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León

Formadores/as

Ana Isabel Beltrán Gómez. Javier Sierra Rodríguez. Rubén García López. 

Programa e inscripciones: http://bit.ly/introinfoRED 

Revista de Comunicación y Salud, 2020, Vol.10 n.º2, pp. 569-591

El objetivo del artículo es extraer aprendizajes para la modificación y mejora de las normas reguladoras de la transparencia en España ante situaciones excepcionales como el estado de alarma, de modo que sirva a finalidades como facilitar la rendición de cuentas y a la labor de los profesionales del periodismo.

Metodología: para ello, se realiza un análisis de la controversia sobre la falta de transparencia gubernamental en el contexto del estado de alarma, realizando una reconstrucción de los hitos y circunstancias acontecidas entre los meses de marzo y mayo de 2020 con relación a la transparencia gubernamental del Estado, combinando para ello diversas fuentes de información como estadísticas, datos de encuestas del CIS, noticias de prensa, informes jurídicos y bibliografía.

Resultados: el análisis confirma las insuficiencias de la normativa de transparencia detectadas en la literatura por expertos y periodistas. Entre ellas, la falta de un reconocimiento del acceso a la información pública como derecho fundamental, el exceso de los plazos para obtener respuesta a solicitudes de acceso, la escasa utilidad para desarrollar el periodismo de datos o la debilidad del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, aparte de una falta general de previsiones para hacer eficaz la rendición de cuentas en materia sanitaria y ante la utilización de los contratos de emergencia.

Antes de finalizar 2021 España debe regular los canales de denuncia de la corrupción (más bien de infracciones del derecho en una lista amplia de sectores) en cumplimiento de la Directiva 1937/2019 de la Unión Europea. Según la Directiva deben existir canales internos en las organizaciones y también vías externas, además de un régimen de protección a los denunciantes (whistleblowers).
En la actualidad hay varias iniciativas en sede parlamentaria para la transposición de la Directiva y además, el Ministerio de Justicia tiene abierta una consulta pública previa hasta finales de enero de 2021

Si alguien me pregunta qué portal de participación dispone del mejor sistema para generar debate sobre las consultas normativas diría que Irekia en el País Vasco y Participa Gencat de Cataluña, éste último permite además un retorno individualizado y abierto.

¿Por qué me toca escribir en esta ocasión? La investigación que me trae a este blog y que ha publicado el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es un trabajo de dos años que se ha centrado en recabar información y percepciones sobre los trámites de participación que existen en torno a la elaboración de reglamentos y anteproyectos de Ley en la Administración General del Estado. Es decir, no hablamos de instrumentos nuevos como las herramientas online de participación en políticas, los presupuestos participativos o las iniciativas de carácter deliberativo que tienen algunas Comunidades Autónomas.

Esta Jornada se realiza en el marco del Proyecto de Investigación “Acceso a la Información administrativa y derechos fundamentales. La aplicación de una Ley de Transparencia a las Administraciones Públicas Andaluzas” (Código P-12-SEJ 2388. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

El martes 26 de marzo tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz una Jornada de Buenas Prácticas en Transparencia de las Administraciones Púbicas de Andalucía. Las Administraciones Públicas de Andalucía y el cumplimiento de la legislación estatal y autonómica de transparencia pública y acceso a la información.

En la Jornada participan autoridades autonómicas de transparencia como Manuel Medina Guerrero, Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía; Daniel Cerdán, Presidente del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias; Juan Luis Beltrán Aguirre, Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra; y José Luis Falcón Pliego, Jefe de Gabinete de Publicidad Activa del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La finalidad de esta Jornada es que las Administraciones Públicas Andaluzas compartan experiencias y conocimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública. Por ello, la Jornada está configurada como una sesión de intercambio de experiencias -benchmarking- entre Administraciones semejantes con problemas comunes, lo que permite generar grupos de discusión y redes de contactos que faciliten la transmisión de ejemplos útiles en este campo. Participan las Diputaciones de Granada, Huelva y Málaga; los Ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera; y las Universidades de Almería, Málaga y Cádiz.

En el marco de esta Jornada se presentará el libro Transparencia Pública y Comunidades Autónomas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, que recoge los resultados del proyecto de investigación.

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