Transparencia en España

El Consejo de Transparencia resolvió que la Agencia Tributaria debía hacer público el número de personas que pagan cuotas de afiliación a cada partido político. En vez de cumplir, Hacienda ha recurrido a la Justicia para seguir ocultando la información.
Sergio Sangiao
¿Cuántas personas pagan una cuota de afiliación al Partido Popular? ¿Cuántas al PSOE? ¿Y a Podemos, Ciudadanos o Vox? No lo sabemos. En España no hay datos oficiales de militantes por partido político. De hecho, ha sucedido en varias ocasiones que una formación presume de un número de militantes que después se comprueba inflado.
Pasó, por ejemplo, en las primarias de 2018 del PP. El partido presumía por aquel entonces de tener más de 800.000 afiliados. Pero para votar en aquellas primarias sólo se podían inscribir los que estuvieran al corriente de pago. Lo hicieron 66.384 personas, que pudieron elegir a Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, entre otros candidatos.

Una media de 52.468 españoles cada año decide que el dinero que le sale a devolver en su declaración de la renta vaya a parar a las arcas públicas, según los datos de la Agencia Tributaria obtenidos por Maldita.es tras una solicitud de acceso a la información pública realizada vía ley de transparencia.
Cuando la declaración te sale a devolver, Hacienda da la opción de renunciar a ese dinero a favor del Tesoro Público en lugar de reclamar su devolución. La última vez que los españoles tuvieron que declarar sus ingresos a la Agencia Tributaria, en 2022 pero para la renta de 2021, 53.615 contribuyentes renunciaron a este dinero y gracias a ellos Hacienda ingresó 1.149.256,87 euros en total. En los últimos ocho años, desde 2014 hasta 2021, más de 10 millones y medio de euros fueron a parar al Tesoro Público gracias a estas renuncias.

Una resolución de Transparencia obliga a la Agencia Tributaria a detallar el complemento de productividad y los criterios de asignación de quienes dirigen sus campañas y tienen incentivos para recaudar más
La Agencia Tributaria (AEAT) deberá detallar el bonus y los complementos de productividad abonados en 2020 a sus empleados públicos, y en especial, sus directivos, altos cargos y personal de libre designación, y cualquier tipo de documento o contenido (resolución, circular, mail, plan, etc.) a través de los cuales se determine cómo se reparten estas partidas, o se faciliten instrucciones para realizar el mismo. Así lo establece una Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que traslada que la AEAT no ha respondido a sus requerimientos de información en este expediente y que insta a la AEAT a responder en 10 días hábiles.

Esta práctica voluntaria supone justificar la presencia en paraísos fiscales o mostrar los datos de tributación internacional
Un total de 34 grandes compañías españolas han llevado a cabo durante todo el año 2021 la remisión voluntaria de sus informes de transparencia a la Agencia Tributaria (AEAT), una práctica aprobada a finales de 2016 por el Foro de Grandes Empresas y cuyo fomento está recogido en el Componente 27 del Plan de Recuperación que canaliza los 70.000 millones de euros provenientes de la Comisión Europea. Según los datos oficiales dados a conocer este jueves por la propia Agencia Tributaria, en el listado se encuentran Santander, CaixaBank y la antigua Bankia, BBVA, Inditex, Mercadona, Repsol, Seat o Iberdrola, entre otras. De las grandes ausencias que forman parte del foro destacan, por su parte, Telefónica, Vodafone, Naturgy, Iberia o El Corte Inglés.
Los documentos, entre otros puntos, deben mostrar la estructura y actividad internacional del grupo en concreto, así como la presencia en paraísos fiscales, los datos sobre la tributación internacional y aduanera, las fuentes de financiación, las operaciones intragrupo, la estrategia fiscal aprobada por los órganos de gobierno, el catálogo de operaciones tributarias sometidas al Consejo de Administración o la política de prevención del blanqueo de capitales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la creación de la Comisión Consultiva de Ética de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tendrá naturaleza asesora y consultiva y estará constituida por un presidente, seis vocales y un secretario.
Entre sus funciones destaca recomendar los lineamentos, políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento e identificación con el Código Ético o efectuar recomendaciones vinculadas a conductas, cuestiones de reputación institucional y posibles conflictos de interés.

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha destacado que los premios en las administraciones públicas son un reconocimiento y a la vez un éxito de la cogobernanza y un instrumento del aprendizaje mutuo y la cooperación
El premio a la Excelencia en la Gestión Pública es para la Universidad de Cádiz, el premio a la Innovación en la Gestión recae en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el premio Ciudadanía se otorga a la Agencia Española de Protección de Datos
Accésits: Subdelegación de Defensa en Toledo y Organismo Autónomo “Madrid Salud” del Ayuntamiento de Madrid (Excelencia); Dirección General de la Guardia Civil, Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias y Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Innovación); y Agencia Española de Protección de Datos, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y entidad empresarial Red.es (Ciudadanía)

La Agencia Tributaria, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Red.es, la Universidad de Cádiz o Madrid Salud, han sigo reconocidos en la XIII edición de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.
Así figura en una orden publicada este lunes por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por Europa Press, en la que se detalla los galardonados en la XIII edición de los premios.

El Tribunal Supremo sostiene que el Estatuto Básico del Empleado Público no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley de Transparencia ni condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas los empleados que representan y la información que les atañe.