Religiones. Una visión crítica

La Corte Constitucional de Colombia eliminó la invocación a Dios del juramento de los médicos veterinarios y zootecnistas, en una sentencia criticada por parlamentarios católicos al ser un “intento por acallar la fe de millones de colombianos”.

Una serie de declaraciones en materia de casos de VIH dentro de la institución, el aborto o incluso añadir exorcismos a los procedimientos policiales, fueron parte de las polémicas que llevaron a destituir al director general.

Bogotá 21 de febrero del 2022 La Asociación de Ateos de Bogotá, fiel a su espíritu racionalista y en concordancia con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos especialmente de las mujeres de Colombia, celebra junto a los colectivos feministas la decisión de la Honorable Corte...

De Avanzada En estos días el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el Consejo Mundial de Iglesias. Para muchos, el hecho fu

La visita del Papa Francisco a Colombia en los próximos días a Colombia ha ocupado gran parte de los informativos nacionales. Bajo e

Hoy, la Arquidiócesis se niega a compensar económicamente a las familias, porque dicen que fue su culpa —de los familiares—, que habrían actuado de manera negligente, al confiar en la Iglesia:

“(L)a conducta del señor Mazo Pérez no puede mirarse de manera aislada”, le dijo al juez 22 penal la Arquidiócesis de Cali a través del abogado Walther Collazos. “Hoy su despacho debe mirar si la participación de las hoy llamadas víctimas indirectas (padres, abuelas y tío) fue la más coherente al sentido común (…) y el juicio de reproche sobre si se hizo como familia lo que se tenía que hacer”. Para el abogado, la cuestión es: “¿Se actuó con el sumo cuidado preventivo?” O, por el contrario, “¿se fue laxo, permisivo, omisivo, abandonado y desinteresado y hoy concurren ante un juez para aprovechar un hecho dañino de un tercero y fungir como víctimas indirectas?”.

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“Se solicita se tenga en cuenta lo dispuesto en los artículos 2348 y 2357 del Código Civil, por existir una omisión directa de los hoy reconocidos como víctimas indirectas en el actuar del señor Mazo Pérez, ya que violaron el deber de cuidado, deber de custodia, salvaguarda, vigilancia y protección hacia los hijos y familiares (…) que en esa época contaban con 10 u 11 años de edad”. Según el documento, se trataba de menores “bajo el imperio de la institución de la familia”, víctimas de un “exceso de confianza y pasividad” de sus guardianes.

El pastor evangélico José Linares Cerón, quien se presenta como presidente del Movimiento profamilia provida, una organización conservadora que tiene presencia en más de 160 países del mundo, fue denunciado por su hija por haber cometido múltiples abusos sexuales, físicos y psicológicos en su...

En la contratación, la Policía dijo tener una “necesidad real” de 167.000 biblias.

Es difícil y perturbador imaginar estar en aquellas épocas del Medievo donde la amenaza de muerte de parte de la santa Inquisición estaba a la orden del día, tiempos en los cuales estas instituciones perseguían y castigaban crudamente a todos los que voluntaria o involuntariamente contrariaran las autoridades o los principios del dogma cristiano, resultando entonces el no pensar como única opción para conservar la vida.

La semana pasada se confirmó que el papa Francisco vendrá a Colombia desde el 6 hasta el 10 de septiembre. Existen muchos motivos de peso para oponerse a esta visita — el primero y más importante, por supuesto, es que Colombia es un Estado laico, y si un líder religioso quiere venir al país, que se pague él mismo su visita (o la paguen sus borregos), pero no con dinero de los contribuyentes.

Este es el argumento de mayor peso: el Estado debe tratar a todos sus ciudadanos por igual, y darle un tratamiento privilegiado a una religión particular (o a varias religiones, o a todas) atenta contra todos los que no adhieren a esas creencias, por tanto el Estado debe ser absoluta y totalmente laico, para no violentar el derecho humano a la libertad de culto de nadie — ninguna religión se verá beneficiada por dineros públicos.

Esto, que es la piedra angular de cualquier sociedad que aspire a ser civilizada, no debería tener vuelta de hoja, aunque como buena pocilga de trogloditas, en Colombia casi todos ignoran olímpicamente este mandato constitucional —incluso la Corte Constitucional—.

Las ONG de ateos de Colombia manifestamos que las declaraciones de la diputada del departamento de Santander Ángela Hernández encaminadas a evitar la revisión de los manuales de convivencia para hacer seguros los colegios a los jóvenes LGBTI son una afrenta a los derechos humanos y la separación entre Estado e Iglesias.

No es posible en un Estado social de derecho considerar que los estudiantes LGBTI deban estar en instituciones separadas. Tal declaración es revivir la discriminatoria idea de “separados pero iguales” que en el pasado tanto sufrimiento ocasionaron.