La sociedad está cambiando a un ritmo nunca conocido en la historia de la humanidad. Las llamadas nuevas tecnologías han inundado nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos, de realizar nuestras tareas diarias profesionales y personales, de emitir nuestras opiniones, de acceso a la información. Todos estos cambios han venido a acelerarse con la actual crisis que estamos viviendo como consecuencia de COVID 19, donde gran parte de nuestras relaciones personales, profesionales y comerciales pasan por una pantalla. Esta circunstancia viene a sumarse a la creciente demanda social relacionada con el concepto de gobierno abierto que incorpora dimensiones como la transparencia o la rendición de cuentas, donde las personas son el verdadero centro de las políticas públicas, donde la democracia evoluciona avanzando hacia modelos más actuales y por qué no decirlo, sostenibles. Hoy en día no nos conformamos con conocer qué está pasando a nivel político, qué decisiones se están tomando, queremos que nuestra opinión modele los centros de decisión y además tenemos herramientas para poder acercarnos a las personas que nos gobiernan.
En este contexto, la participación supone un cambio de paradigma en cuanto a la forma en las que nos relacionamos con la administración, formando parte de una nueva forma de hacer política. Tradicionalmente entendemos la participación de la ciudadanía en la administración, como el conjunto de trámites relacionados con la información y audiencia públicas, pero se trata de un concepto mucho más profundo, más amplio, en realidad se trata de un proceso pedagógico de concienciación política y educación ciudadana.
Se trata por tanto de incorporar la participación como una nueva relación simbiótica entre la Administración y la ciudadanía, en beneficio de ambas partes. Por un lado, la ciudadanía se siente parte de un proyecto, por otro lado, la Administración aprovecha el impulso de las personas que se ven afectadas por esa política, aprovechando el talento y las ideas de un grupo de población en el que precisamente se desea algún cambio. Estas personas aportan valoraciones e ideas que serían imposibles de obtener por otras vías, enriqueciendo tanto la identificación de los problemas o retos como de las posibles soluciones a los mismos.
Los beneficios de la participación son múltiples, en primer lugar es destacable cómo mejora la implicación de la ciudadanía ante la toma de decisiones. Al sentirse parte de un proyecto, la población se siente parte del problema y de la solución, ocupando posiciones menos críticas y más constructivas. Por otra parte, las decisiones se hacen más comprensibles y aceptadas por las personas afectadas por la política en cuestión. Este tema es fundamental puesto que el fracaso de muchas de las políticas se ha producido precisamente por políticas mal entendidas o no aceptadas por la población beneficiaria.
Al incluir la participación en los procesos, las personas vuelven al lugar que les corresponde en el sector público, vuelven a ser la prioridad, se crean más sinergias, eliminando conflictos y favoreciendo el clima de diálogo y consenso. En general se aplican mejores criterios, puesto que además se tienen en cuenta matices que sin la participación sería imposible obtener. En este sentido, al participar más personas, la solución probablemente sea más creativa y enriquecedora.
Con la participación, se crea también una cierta complicidad, que ayuda a la comprensión de la evolución de los acontecimientos, a conocer las dificultades de la ejecución y a fomentar los procesos de mejora en la evaluación de las actuaciones.
¿Cómo pongo en marcha la participación en políticas públicas?
Para poner en marcha la participación en un proceso de elaboración o evaluación de una política pública es necesario contar con método, formación y experiencia. Es necesario confiar en las capacidades de la ciudadanía, respetar las opiniones y tener flexibilidad. Todo esto supone un cambio en nuestra cultura organizativa, pero a su vez un importante reto que nos permite enriquecer nuestros procesos y optimizar nuestros resultados.
En participación existen distintos modelos que deben conocerse para su puesta en marcha, así como diversas técnicas para su efectiva realización. Un modelo participativo es una referencia, un esquema en el que basarse sobre las formas de participar de las que dispone la ciudadanía. De acuerdo con el modelo que seleccionemos, así se establecerá la profundidad de la relación entre la administración y la ciudadanía.
El método por su parte se refiere al proceso sistemático, flexible, que utilizaremos para conseguir el objetivo provisto con la participación.
Por último la técnica sería el procedimiento en el que se usan habilidades, recursos, acciones desarrolladas, con el objetivo de conseguir los resultados programados con la metodología prevista.
Para conocer mejor cuál es el modelo, el método que mejor se adapta a tus necesidades, las personas que deben implicarse en la participación o las técnicas que mejor se adaptarían a tu procedimiento, te invito a consultar la Guía para la participación que ha publicado el IAAP, donde podrás encontrar la solución a todas estas dudas que nos planteamos al iniciar un procedimiento donde la participación tiene un peso relevante. Está disponible en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/documentacion.epp
RESEÑA DE LA AUTORA:
Pilar Garrido Granado es funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros Agrónomos en la Junta de Andalucía. Actualmente trabaja como Asesora de Programas e Informes en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, concretamente desarrolla tareas relacionadas con la prospectiva y la planificación, además pertenece al Grupo de personas colaboradoras del área de Evaluación de Políticas Públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública.
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La UTGAP de Mercociudades ha convocado a gobiernos locales a participar en la creación de una herramienta para evaluar políticas participativas en la región, reforzando el enfoque colaborativo y de mejora continua en la gestión pública. Esta iniciativa se enmarca en procesos previos de consulta y promueve la construcción conjunta de indicadores, fortaleciendo la evaluación como instrumento clave para mejorar la calidad democrática y la rendición de cuentas en las ciudades.