Si se acepta que los dos componentes principales de la evaluación de las políticas públicas son su contribución a la comprensión de la acción pública y su rol de anclaje para el impulso de una democracia más participativa, se comprende que la evaluación movilice la capacidad crítica frente a las acciones de gobierno, pero con la exigencia democrática de rodear de las máximas garantías cualquier juicio sobre una acción.
El énfasis metodológico propio de la evaluación es la diferencia con otros instrumentos de información y valoración de los que se sirven los decisores públicos. Lo relevante de la evaluación es construir sus juicios apoyándose en una metodología que ofrezca las mayores garantías de credibilidad.
Precisamente por ello, todo el proceso va encaminado a satisfacer las necesidades informativas garantizando la fiabilidad de los datos, la solidez de los análisis, la credibilidad de los hallazgos, la validez de las conclusiones y la utilidad de sus recomendaciones, así como cualquier otra cuestión de calidad técnica y metodológica que reflejarán sus informes. Para ello se auxilia en la caja de herramienta de las ciencias sociales, pero, también, cada vez más, en la de campos como la planificación estratégica y la gestión pública.
ARTÍCULO DE OPINIÓN DE "EL PAÍS" 09/05/19
JOSÉ FERNÁNDEZ ALBERTOS
"Es saludable que nos dotemos de instituciones y herramientas que nos permitan evaluar con rigor las complejas implicaciones de las decisiones políticas. El principal argumento de los defensores de una mayor evaluación de las políticas públicas es el de eficiencia. Pero hay un segundo motivo, menos evidente pero políticamente más relevante, que es el de mejorar la calidad del debate público. Una sociedad que conoce mejor las consecuencias de las políticas está mejor capacitada para decidir democráticamente sobre ellas"