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El Estudio de Diagnóstico de la Evaluación en la Administración General del Estado realizado por el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas analiza y muestra la situación en 2021 de las prácticas relacionadas con el control, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado y sus organismos públicos, con el objetivo de servir de punto de partida para los trabajos de elaboración de la Ley de institucionalización de la evaluación en la Administración General del Estado.
En este momento de la tramitación de la Ley de Institucionalización de la Evaluación, rescatamos este extenso informe, de recomendable lectura.
Puede completarse con otros estudios y propuestas de otros organismos, como el Barómetro de la Evaluación, de AVALUALAB/LasNaves, o las propuestas de FEDEA.
De los problemas detectados en el Informe, citar, por ejemplo: "El tercer obstáculo más mencionado es el de la falta de utilización de los resultados y conclusiones de las evaluaciones para el diseño de las futuras políticas públicas; y el cuarto, la falta de calidad y disponibilidad de datos. Otras tres categorías están situadas en un ámbito más político que técnico: la falta de una estrategia global del Gobierno en torno a la evaluación de políticas públicas; la falta de impulso político y escasa demanda; y la ausencia de un mandato claro".
Y de las conclusiones, igualmente e.g.: "No hay evidencias de que exista una correspondencia plena entre el concepto de evaluación y de sus modalidades a los que se refiere cada unidad u organismo en sus respuestas. De las respuestas en la categoría “Otras” se desprende asimismo que se siguen considerando actividades de evaluación la auditoría, el control o el seguimiento de organizaciones o gasto, o incluso las encuestas de satisfacción".