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Poca difusión se ha dado, intuimos por qué, a la importante Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Sin embargo dicha Directiva tiene un calado muy superior a las normas que vienen redactándose desde la Unión. Podríamos decir que ya es la primera directiva "Post Brexit", pensada para gestionar una nueva realidad que es la puesta en marcha de un "corpus jurídico" más cohesionado de esa nueva UE. Y en esa realidad, ya no hay fronteras.
En esta línea, la Directiva crea una nueva figura, la de las llamadas "Autoridades de control" (privadas o públicas) cuya misión es la de proteger a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de la misma manera que se crean buzones internos y externos.(...)

Hasta el 16 de diciembre de 2021, los Estados miembros de la UE tendrán que cumplir con las normas mínimas previstas en la Directiva sobre la protección de las personas que informan sobre infracciones de la legislación de la Unión (Directiva). Este artículo ofrece una perspectiva española sobre la nueva Directiva.

"(...) This Guide on the EU Directive on Whistleblower Protection is based on the main principles of the Whistleblowing Directive. As well as laying out the common minimum standards for a national whistleblowing law, there are recommendations on how national laws can extend the level of protection to close loopholes and ensure comprehensive protection for anyone who exposes corruption or other wrongdoing."
Guide

La protección de las personas que dan a conocer información de actos que atenten contra el interés público, no sólo se ha erigido como un acto de vital relevancia para luchar contra la corrupción y otros ilícitos penales, cuanto también para prevenir actos irregulares o malas prácticas y, especialmente, para marcar la diferencia entre los que de forma sincera y demostrable van a proteger a los denunciantes y quiénes no.

La CNMC y Blueprint for Free Speech quieren con este acto conjunto renovar sus votos de apoyo a todos aquellos que, de una u otra forma, han puesto en riesgo su integridad personal y profesional, y, porque no decirlo su salud, al dar a concer irregularidades tanto en el sector público como en el privado. (...)

En Barcelona se podrá seguir la jornada en el Auditorio y los asistentes podrán preguntar en cualquier momento de la sesión.

Como siempre  el espacio será público y gratuito.

Fecha:  Jueves, 13 de febrero
Hora: de 10:00 a 12:15 horas (inscripciones de 09:30 a 10:00)
Lugar: Madrid - Salón de actos de la CNMC ( C/ Barquillo 5)
            Barcelona -  Auditorio ( C/  Bolivia 56)

Si una persona o empresa denunciada demana conèixer la identitat de qui l’ha denunciat, se li ha de revelar?
La resposta a aquesta pregunta ha generat molta controvèrsia en els darrers anys, i les respostes de les persones interrogades han estat divergents, i fins i tot totalment oposades. En aquesta entrada faig algunes consideracions sobre la qüestió, que ha aixecat polèmica i debats entre els qui ens dedicàvem al procediment administratiu i al procediment sancionador. (...)

Hasta ahora, en nuestro ordenamiento jurídico se contemplaba la denuncia de un delito, por quien no era el perjudicado, solo como un deber y no como un derecho (art. 259 Lecrim).
El panorama ha cambiado con la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que entró en vigor el pasado 17 de diciembre y lo dice bien claro: la libertad de expresión es un derecho fundamental del que hace uso el denunciante y alertador de corrupción, y debe ser salvaguardado y protegido frente a las represalias, que están prohibidas.

Sobre estas líneas el abogado Josep Jover, abogado defensor del exteniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, quien ha invocado por vez primera la Directiva de Protección al Denunciante de la UE ante un tribunal español.
Josep Jover, abogado del exteniente Luis Gonzalo Segura, ha invocado ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, Carmen Valcarce, la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción aprobada por la Unión Europea y que entró en vigor el pasado 17 de diciembre.
Es la primera vez que se aduce ante un tribunal español este texto legal que, aunque España tiene dos años para transponerlo a la legislación española, tiene plena validez desde la fecha citada.

La Directiva entró en vigor el 17 de diciembre de 2019, y desde entonces es de aplicación directa en cuanto a las medidas de protección y garantía de los derechos fundamentales que contempla, y entre ellas la prohibición de cualquier tipo de represalias contra los denunciantes y alertadores de corrupción

En 2009, cuando era técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denunció las irregularidades vividas en su trabajo, el cual finalmente tuvo que abandonar por el acoso laboral sufrido. Sin embargo, centró sus fuerzas en el activismo contra la corrupción y la ayuda a otros denunciantes, ahora más protegidos por una nueva directiva europea.

Los buzones para denunciar, bajo protección y sin represalias, posibles infracciones y delitos se han ido abriendo camino en los últimos años en legislaciones y empresas y todo apunta a que acabarán generalizándose como medio de defender la legalidad en muy distintos ámbitos. No se trata de una figura nueva ni forma parte de la tradición jurídica europea, sino que nació en EE UU, donde desde el siglo XVIII se extendió la cultura del whisteblowing o de la delación, que animaba a los ciudadanos que tuviesen conocimiento de algún fraude contra el Estado a denunciarlo bajo la promesa de no sufrir represalias.

La Agencia Valenciana Antifraude ha celebrado esta tarde una jornada para analizar la Directiva Europea que recoge la protección a los denunciantes de corrupción, con ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Corrucpión. El acto celebrado en la Fundación Universidad Empresa-ADEIT ha sido presentado por el presidente de ASEBLAC (Asociación Española de sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales), Juan Carlos Galindo, quien ha estado acompañado en la mesa por el ingeniero de sistemas y miembro del Consejo de Participación de la Agència, Hervé Falciani, el director de la Agència Antifrau, Joan Llinares, y la directora de Asuntos Jurídicos de la institución, Teresa Clemente.

La Agencia Valenciana Antifraude organiza una Jornada sobre la recién publicada Directiva Europea el próximo día 9 de diciembre; día en que Naciones Unidas celebra el Día Internacional contra la Corrupción bajo el lema “Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad”.
La Jornada, en sesión de tarde, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), sita en la Plaza Virgen de la Paz, núm. 3 de Valencia, sobre la base de una presentación acerca del significado del 9 de diciembre, como Día Internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción, de dos conferencias y de un debate final.

En el Diario Oficial de la Unión Europea del día de hoy, se ha publicado la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, más conocida con el nombre de “Directiva de protección de los denunciantes de corrupción”.

El 7 de octubre de 2019, la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión obtuvo el respaldo de los ministros de los países de la Unión Europea, después de la aprobación del texto definitivo enel Parlamento Europeo el 18 de septiembre de 2019. A partir de la publicación en el Boletín Oficial, los Estados miembros tendrán dos años para trasponer esta normativa en la legislación nacional. Transparency International España considera que la legislación española debe ir más allá de los mínimos que establece la Directiva. En este sentido, TI-E ha trabajado en los últimos años en un elenco de propuestas necesarias para garantizar una amplia protección a los denunciantes, una figura fundamental para conocer las irregularidades en los ámbitos públicos y privados

Debate en el que participaron : Eva Belmonte, co-directora de la Fundación Ciudadana CIVIO, Jesús Sánchez Lambás, Abogado. Secretario General de Transparencia Internacional. Joan Linares Director de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana. Elisa de la Nuez , Secretaria General de la Fundación Hay Derecho y Jaime Far Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears.

La nueva Directiva europea de protección del denunciante de corrupción es sin duda una muy buena noticia. Dado que en España hemos sido incapaces de adoptar –pese a su evidente necesidad- una norma estatal para proteger a los denunciantes de corrupción no nos viene nada mal este empujón europeo, que establece un suelo mínimo –valga la expresión- para dicha protección de manera que la legislación estatal puede ir más allá, pero no quedarse corta en relación con la directiva, máxime teniendo en cuenta el retraso que llevamos acumulado.

El anteproyecto ya está publicado en el Portal de Transparencia y se encuentra en el trámite de audiencia de diferentes entidades. "Se trata de un anteproyecto de ley vivo y que aún admite modificaciones", ha indicado el vicepresidente.

El vicepresidente de la Junta de Andalucia y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha informado en el Parlamento de que el proyecto de Presupuesto para 2020 recoge medidas que permitirán iniciar el funcionamiento de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Entre ellas, ha señalado "el alquiler de una sede y sus suministros básicos, la puesta en marcha del asesoramiento legal y psicológico de las personas denunciantes y los cimientos del canal de confidencialidad que permitirá presentar denuncias con las máximas garantías". En total, serán 100.000 euros en diferentes partidas presupuestarias.

Hay que «mojarse y pasar de las palabras a los hechos» en la lucha por la regeneración democrática, argumentó el martes el vicepresidente regional Ignacio Aguado, tras anunciar el inicio del trámite para poner en marcha la ley del Defensor del Denunciante de Corrupción Política de la Comunidad de Madrid. El anteproyecto de este texto legal -que en esencia presentó ya Ciudadanos como propuesta en la pasada legislatura en la Asamblea- pasará a consulta pública y más tarde será aprobado por el consejo de Gobierno y remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación.

Nuevo Espacio Compliance organizado por la CNMC y dedicado a la reciente directiva de la europea para incrementar la protección de los denunciantes.

WHISTLEBLOWER. Con este término se ha generalizado ya en nuestro país la referencia a los denunciantes de buena fe, denunciantes de irregularidades, de corrupción en el marco de la gestión pública, una pieza clave en cualquier sistema de prevención y lucha contra la corrupción y más ahora que la Unión Europea ha puesto plazo para regular su protección. Será en el año 2021 cuando finalizará el plazo para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva en protección de las personas que denuncian las infracciones. De este modo el legislador español estará obligado a establecer canales o sistemas de denuncia internos, como un mecanismo para prevenir la corrupción también en el sector público, en el ámbito local, por ejemplo, en los ayuntamientos de, al menos, diez mil habitantes.

Así lo afirmó Carlos Balmisa, director de Control Interno de la CNMC, en la presentación en su sede de Madrid de su nuevo Canal de Denuncias.
Por Yolanda del Valle

Denunciar la corrupción no es fácil. Hoy en día, solo unos pocos valientes se atreven a hacerlo, y ello a pesar de las consecuencias que les puede acarrear: desde la pérdida del puesto de trabajo e ingresos, hasta la merma de la salud, pasando por las presiones y el descrédito social. Y en los casos más extremos, amenazas contra la integridad física y persecución judicial internacional. Así lo pueden acreditar los denunciantes de casos muy conocidos como Acuamed, Gürtel o Falciani, entre muchos otros.

Whistleblower, con este término se ha generalizado ya la referencia a los denunciantes de buena fe de irregularidades, de ilegalidades, y son una pieza clave en cualquier sistema de prevención y lucha contra la corrupción. Y digo pieza clave porque quiero poner de manifiesto la orfandad que nuestro ordenamiento jurídico tiene en relación con este tema, aunque se trata de una situación a la que pronto se pondrá remedio.

Y digo pronto, porque en el año 2021, finalizará el plazo para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva en protección de las personas que denuncian las infracciones del Derecho de la Unión, que introduce para los Estados miembros la obligación de establecer canales o sistemas de denuncia internos, por lo que, en su momento, obligará al legislador español a introducir este mecanismo para prevenir la corrupción también en el sector público, en el ámbito local, por ejemplo, los de, al menos, diez mil habitantes.

Con fecha 7 de octubre de 2019 el Consejo Europeo ha aprobado, por unanimidad, la Directiva de la Unión Europea sobre protección de las personas que denuncian actos o conductas de corrupción, infracciones e irregularidades. En breve, el acto legislativo se firmará formalmente y se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, y a partir de este momento España tendrá dos años para su transposición (plazo que finalizará en 2021).