CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP ha presentado su Guía de Integridad en la Contratación Pública. Un documento inédito que pone a disposición de las Entidades Locales de forma didáctica y minuciosa las claves de la regulación vigente en la materia y especifica todos los pasos para garantizar la integridad y la transparencia de este proceso. (...)

La guía ya está disponible para su consulta de forma abierta y gratuita en el siguiente enlace: https://bit.ly/2VZohLL

La RED FEMP obtiene el accesit en el I Premios Integridad en la Gestión Pública, en la categoría Premio a la iniciativa de gestión más destacada en la integridad pública, por su impacto positivo en la promoción de la ética y la integridad en la gestión pública.Ha recogido el premio en representación de la RED FEMP Judit Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, y Concepción Campos, coordinadora del Grupo de Trabajo Integridad en la Contratación de la RED FEMP.

El jurado ha decidido otorgar un accésit a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, por “promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los Gobiernos Locales y los ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos”.

El II Congreso de Compliance en el Sector Público interesa a aquellos responsables del sector público que pretendan incorporar en sus organizaciones herramientas y estrategias de compliance, conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.Al final de la jornada, se llevará a cabo la entrega de premios a profesionales del compliance destacados del sector público con el objetivo de promocionar las iniciativas más destacas de integridad en la gestión pública y de agradecer la labor de los empleados públicos en pro de la promoción de la integridad.

Dirección: Concepción Campos Acuña, Secretaria de administración local. Co-directora de Red Localis 

Coordinación: Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

27 marzo 2019. Madrid - Auditorio Cecabank

Inscripción: Descuento del 20% para asociados de entidades colaboradoras (Wolters Kluwer, FEMP, REA, RED de Entidades Locales por la Transparencia y Participación, FIASEP, ACCORS) Código descuento  (CN-KYWU6SG) 

El artículo 63 LCSP establece una nueva configuración del perfil del contratante, incorporando al acervo de información que todas las entidades del sector público deben publicar sobre su actividad contractual una gran cantidad de indicadores. Incremento que se produce no sólo en relación a la norma anterior, el TRLCSP, sino también en relación con la propia normativa en materia de transparencia, la Ley 19/2013 (en la siguiente entrada puedes consultar 5 cambios que deben realizarse en el perfil del contratante).
Pero no siempre más información no es mejor información, pues para que la información sea útil una de las claves básicas es su temporalización, porque más allá del requisito establecido en la normativa sobre transparencia de que la información debe estar actualizada (y sin perjuicio de las diferencias entre perfil del contratante y portal de transparencia), para contribuir a promover la concurrencia y el principio de igualdad así como la competencia entre todos los licitadores. Sin embargo, la LCSP, ni en el artículo 63 ni en ningún otro precepto establece ninguna referencia sobre esta cuestión, limitándose a establecer, respecto de los contratos menores, que deberán publicarse trimestralmente (ahora bien, añado yo, nada impide mejorar los estándares de publicación). (...)

Gracias a todos sus miembros, Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación de la RED de Entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP: a Pilar Batet Jiménez, Jefa del Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Castellón y Bernabé Palacín Sáenz, Director General de Contratación, Calidad y Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Logroño, en particular, además, por su apoyo en la coordinación; Roberto Magro Pedroviejo, Jefe Servicios Interactivos del Ayuntamiento de Alcobendas; Sofía Fernández Gosálvez, Técnico Jurídico de Contratación del Ayuntamiento de Alcobendas; Guillermo Yáñez Sánchez, Jefe Sección Contratación de la Diputación Provincial de Soria; Begoña Fernández Ruiz, Directora General de Contratación del Ayuntamiento de Madrid; Rafael de Francisco Concepción, Jefe de servicio de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Miguel Ángel Redondo Cerezo, Director General de Contratación del Ayuntamiento de Granada; Alberto Javier Sánchez Pérez, Responsable de Calidad, Procedimientos y Organización Administrativa del Ayuntamiento de Granada; Adrián Dorta Borges, Subdirector de la Central de Contratación EE.LL. de la FEMP; Carlos Balmisa García Serrano, Director Departamento de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Lara Baena García, Consultora de la Oficina Antifrau de Catalunya; Elena Hernáez Salguero, Presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid; Emilio Viciana, Subdirector General Adjunto de la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado; José María Gimeno Feliu, Co-director del Observatorio de Contratación Pública; Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional España; Eva Belmonte, Responsable de proyectos de CIVIO; Jaime Pintos Santiago, experto en Contratación Pública, funcionario público en excedencia; Marta Alba Pacheco, Experta en Contratación Pública. Funcionaria pública en excedencia; Francisco Javier Vázquez Matilla, Abogado experto en contratación pública, Miembro del Grupo de Expertos en Contratación Pública de la Comisión Europea.
Coordinadora: Concepción Campos Acuña, Secretaria del Gobierno local del Ayuntamiento de Vigo
Coordinación FEMP José Nuño Riesgo, Secretario Técnico de la RED de Entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP.

La reciente publicación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la LPAC(La postverdad de la administración electrónica. Lo que el gato dijo a Alicia) ha planteado dudas sobre sus efectos colaterales en otros aspectos, como la contratación electrónica, ¿por qué?.

31 de agosto de 2018. Contra todo pronóstico y a poco más de 1 mes para que se activasen las últimas previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la LPAC, el Consejo de Ministros nos sorprende a todos (o al menos a casi todos) con la aprobación de un Real Decreto-ley ómnibus. Con la pretensión de incorporar diversas Directivas pendientes de transposición (pensiones, blanqueo de capitales, y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros), aprovecha el viaje y modifica la LPAC (gran ejemplo de técnica normativa y mejora de la calidad regulatoria que propugna la propia LPAC).

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) ha obligado a todos, sector público y sector privado, a redefinir sus políticas de comunicación, publicidad y acceso a la información, para garantizar la protección reforzada de los datos personales que el marco europeo ha impuesto. Refuerzo que, a priori, podría chocar con las políticas públicas en materia de transparencia. Porque no cabe duda de que el encaje de ambos derechos, el de transparencia y el de protección de datos personales, fundamentales en un Estado democrático y necesitados de máxima protección en su ejercicio, plantean diferentes y complejas implicaciones.
Y es precisamente esa interacción entre ambos derechos la que obliga a la revisión de los Portales de Transparencia de la diferentes administraciones públicas para asegurarse de que la publicidad activa de grandes cantidades información que se ofrece en los mismos se ajusta al marco del RGPD. Pero… ¿Cómo hacerlo?

MUCHO se ha hablado de la Ley de Contratos en los últimos meses. Su aprobación ha levantado una intensa polvareda, a cuento de la introducción de nuevos requisitos y formalidades que, en teoría, han "paralizado" la contratación pública, en especial, por los contratos menores, la niña bonita de los contratos. Pero poco se ha hablado de un cambio fundamental a nivel no sólo de Administración, sino también de sociedad, como es el nuevo modelo de contratación socialmente responsable que promueve.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, sigue generando importantes quebraderos de cabeza en todos los actores implicados con una adaptación que está lejos de ser óptima y que ha dificultado de forma notoria las licitaciones desde las administraciones, que deben enfrentarse a una mayor burocracia para la que no están preparados. Una circunstancia que se agrava cuanto más pequeño es el tamaño de la entidad,
Además, la universalización que pretendía implantar esta nueva legislación, que surgió para cumplir los preceptos marcados desde la Unión Europea, se está convirtiendo en una importante amenaza para el tejido empresarial local, cuya viabilidad depende en muchos casos de los contratos captados en su administración más próxima, que no es otra que el ayuntamiento correspondiente. Por esta razón, la preocupación en la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) es evidente.

LA fortaleza de los órganos de control es una buen indicador de la salud de un Estado democrático. Por eso, es una mala noticia la información conocida estos días sobre la debilitada posición en la que se encuentra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y es una mala noticia porque a pesar de su corta vida, el Consejo, que nace con la misión promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno, ha demostrado su buen hacer de forma independiente y rigurosa a pesar de que las condiciones no siempre han sido las mejores.

CONTROL. La entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, ha activado el nuevo modelo de control interno en el ámbito local, a través de la función interventora y del control financiero. Modelo de control, que, en cierta medida, encaja en las políticas de compliance en el sector público y, en consecuencia, con un nuevo modelo de prevención de riesgos, tal y como señalamos a través de las 5 técnicas de Compliance que pueden encontrarse en el Reglamento.

¿Quién responde ahora de la ejecución del contrato? De la mala o de la buena ejecución. Se trata de una cuestión para nada menor, pues con demasiada frecuencia situamos el foco del contrato en la elaboración del expediente de contratación, redactamos magníficos pliegos, tanto administrativos como técnicos, imponemos múltiples obligaciones y requisitos que deben concurrir en la ejecución del contrato, pero una vez adjudicado, aparcamos el contrato, lo entregamos al adjudicatario y no volvemos a preocuparnos del mismo hasta su liquidación.

2 días. Tan poco tiempo y tan buenos resultados. La conclusión del II Congreso Red Localis no puede ser mejor. El mundo local necesita un espacio, un foro donde los expertos del mundo local, y los especialistas pueden abordar los temas de máxima actualidad, y ese hueco lo ha cubierto con solvencia la iniciativa del Congreso Red Localis, que a lo largo de cinco paneles, dos sesiones especiales, y sesiones paralelas abordó el escenario al que deben enfrentarse las entidades locales, con los retos derivados de la planta local.

MÁLAGA, 18, 19 Y 20 DE JULIO
Duración: 15 horas
Créditos: reconocimiento de créditos equivalente al número de horas lectivas*
*25 horas equivalen a 1 crédito ECTS.
Director
Martín María Razquin Lizarraga | Catedrático de Derecho Administrativo
Secretaria
María José Santiago Fernández | Presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

Programa en el enlace - MATRICULA .- DESCARGAR CARTEL

Con la que está cayendo en la administración local desde hace unos años, la Ley 19/2013, de Transparencia, las Leyes 39 y 40 de 2015, de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de Protección de Datos y su previsión de desarrollo en Ley Orgánica, a las que en el ámbito local, hay que añadir el Real Decreto 128/2018 y Real Decreto 4/2017 ¿por qué innovar? Ejerciendo de gallega yo pregunto ¿Por qué no?
Con mil tareas pendientes, escasez de recursos personales, de medios materiales y numerosas obligaciones que el BOE incrementa exponencialmente, puede parecer lógico que las personas al servicio de la administración local, sitúen la innovación al final de esa lista de tareas. Pero las razones son muchas.

Data: 15 de xuño de 2018
Lugar: Sede da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP). Rúa de Varsovia, 4C, Área Central, 15707 Santiago de Compostela.
Horario: 10:00 a 14:00 horas.
Destinatarios/as: Esta xornada está principalmente dirixida a secretarios/as, interventores/as e tesoureiros/as, empregados/as públicos en xeral, así como cargos electos da administración local.
Para inscribirse cubra este Formulario de inscrición.
Prazo de inscrición aberto ata o 14 de xuño.
Prazas limitadas.
Máis información e consultas no teléfono 881 998 016.

Programa (...)

¿Es necesario el Compliance en el Sector Público? Hablar de cumplimiento normativo (lo que sería la traducción literal del término compliance) en el sector público, sector que precisamente debería abanderar el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, enunciado tempranamente por nuestra Constitución en su artículo 103, no deja de resultar un contrasentido. Pero la fuerte desafección ciudadana surgida hacia las instituciones públicas, como consecuencia de numerosos sumarios judiciales por delitos relacionados con la corrupción, exigen que el sector público adopte todas (y digo todas) las medidas a su alcance para recuperar el coste reputacional que esta situación ha producido en la magnífica labor de miles de servidores públicos.

25 de mayo de 2018. A partir de esta fecha todos los europeos y, en consecuencia, todos los españoles, tenemos un nuevo marco legal para defender nuestros datos personales. Entre otros, el derecho a la supresión, que engloba el conocido como derecho al olvido. Este es tan sólo uno de los nuevos derechos que el marco legal reforzado que ha impuesto la Unión Europea con el Reglamento de Protección de Datos y que nos permitirá decidir sobre un patrimonio que es nuestro: los datos personales.