CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La Directiva 2019/1937, del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión obliga directamente a los Estados a implementar medidas concretas de protección, como la creación de canales y mecanismos de denuncia para las personas informantes (Whistleblowers) que, como fin último, supondrá la protección del interés público. (...)

Pero la norma comunitaria establece que los estados miembros podrán eximir de la obligación de la creación de estos canales internos a los municipios de menos de 10.000 habitantes o con una cantidad inferior a 50 trabajadores. 

La planta municipal de España está conformada por 8.131 municipios, de los cuales, 7.372 cuentan con menos de 10.000 habitantes. Es decir, el 90,67 % son pequeñas y medianas entidades locales (PYMEL) en las que residen 9.535.294 personas, el 20,10 % de la población de nuestro país. 

La Directiva 1937/2019 de protección a los denunciantes tendrá que ser traspuesta por el Gobierno español antes del 17/12/2021, es una realidad, y el Ministerio de Justicia ya ha lanzado una consulta pública donde ha preguntado sobre los extremos más controvertidos.

La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, ha presentado este jueves en Córdoba el proyecto de ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, "pieza clave" contra la corrupción, que prevé la creación de la oficina contra el fraude, adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno, con competencias para prevenir, investigar y sancionar cualquier irregularidad con fondos públicos, ofreciendo garantías a quienes denuncien malas prácticas.

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado el Primer Plan de Integridad en la Contratación Pública que garantizará “procesos intachables” en la gestión municipal y que se aplicarán a los 9 millones de euros en nuevos contratos que se licitarán a lo largo del año 2021 en obra, servicios y suministros públicos a los que se añadirán otros 6 millones en la continuación de contratos vigentes.
Este Plan de Integridad impulsado por el actual equipo de gobierno del PSPV ha sido refrendado por unanimidad del pleno municipal.
Bajo esta premisa cabe destacar la transparencia, la buena gestión, la prevención de la mala conducta y la rendición de cuentas como principal hoja de ruta que se tendrán en cuenta no solo en todos los tipos de procedimiento contractual sino también en todas y cada una de las fases de la tramitación de los mismos, de forma que la integridad se implementará en los cuatro principios.
Entre los retos que en materia de transparencia se pondrán en marcha cabe destacar una mayor integración entre la plataforma de licitación y el perfil del contratante, una mayor labor formativa de las pymes para participar en la licitación electrónica, la carta de servicios de la oficina de atención al licitador y un buzón de sugerencias que recoja la opinión de los licitadores.

La Agencia Valenciana Antifraude está terminando de elaborar la Memoria de actividad correspondiente al año 2020 la cual tendrá que entregar a las Corts Valencianes antes del 31 marzo, tal y como se recoge en su reglamento.
Entre los primeros datos que se han extraído del análisis trabajo realizado están los correspondientes al número de denuncias presentadas ante la AVAF que durante el año 2020 ha alcanzado la cifra de 226. En el año 2019 se presentaron 168 denuncias por lo durante el 2020 se ha incrementado en un 34% el número de denuncias presentadas a pesar de la complicada situación registrada por la crisis de la COVID-19.

Para que un canal de denuncias reúna todas las garantías que aseguren su eficacia, es necesario que todo el proceso cumpla con los requisitos que establece la normativa sobre Protección de Datos. En el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), se detalla la regulación de este sistema de denuncias interno.
Canal de denuncias en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD)
Establece la LOPDGDD que es lícito crear y mantener un sistema de información a través del cual pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de esta o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa.

Entrevista de Aquí a Rosa Pérez Garijo
El Canal de Youtube de El Periódico de Aquí ha entrevista a la consellera de Transparencia, Memoria Histórica y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, quien ha hecho un repaso a las principales gestiones realizadas, así como también se ha referido a la investigación que provocó el caso Taula en la Diputación de Valencia, así como su salida dolorosa del Ayuntamiento de Catarroja, una cuestión con la que ha sido muy crítica con Compromís.

03 feb 2021
El primer diálogo queremos que verse sobre un aspecto clave en la integridad de las instituciones, los canales de denuncia. Sabemos que en este momento estamos en fase de trasposición de la Directiva 1937/2019 de la que la sociedad espera un avance significativo en la lucha contra el fraude, el blanqueo y la corrupción. Por ello hemos pensado que iniciar con este tema el nuevo Espacio Registradores es, por una parte, una buena muestra de cercanía a la realidad y, de otra, y no menos importante, un tributo a los denunciantes de corrupción.
Aprovecharemos la ocasión para presentar un nuevo canal de denuncias en la lucha contra el blanqueo de capitales que este Colegio tienen intención de inaugurar en fecha próxima.
La jornada se desarrollará a través de la plataforma Microsoft Teams.

Antes de finalizar 2021 España debe regular los canales de denuncia de la corrupción (más bien de infracciones del derecho en una lista amplia de sectores) en cumplimiento de la Directiva 1937/2019 de la Unión Europea. Según la Directiva deben existir canales internos en las organizaciones y también vías externas, además de un régimen de protección a los denunciantes (whistleblowers).
En la actualidad hay varias iniciativas en sede parlamentaria para la transposición de la Directiva y además, el Ministerio de Justicia tiene abierta una consulta pública previa hasta finales de enero de 2021

Consulta pública previa sobre la transposición de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (“WHISTLEBLOWERS”)

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus alegaciones sobre los aspectos planteados en este documento, hasta el día 27de enero de 2021(inclusive), a través del siguiente buzón de correo electrónico:

consulta.directivadenunciantet@mjusticia.es

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicará este martes el anuncio por el que se saca a información pública el proyecto de decreto para la creación y funcionamiento del Buzón de Denuncias Contra la Corrupción. Durante un periodo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de esta fecha, cualquier ciudadano pueda realizar aportaciones, conforme al trámite de información pública y audiencia. Este 'buzón' sustituye a la idea lanzada (hace ya casi cinco años) por Miguel Ángel Revilla de crear una oficina anticorrupción en la que tuvieran mando profesionales independientes que creó gran controversia porque inicialmente se pretendía que dependiera del Gobierno. Los obstáculos que se detectaron en este sentido obligaron a reorientar el planteamiento.

Abordaré en estas breves líneas algunas cuestiones significativas de la Directiva a los efectos de la futura transposición que se debe llevar a cabo de la Directiva 2019/2019.

Prof. Dra. Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidenta de Transparencia Internacional España

El Govern ha puesto en marcha el buzón ético, una herramienta que servirá para denunciar casos de fraude y corrupción de forma anónima. Se trata de un nuevo canal electrónico que se anunció el lunes durante el debate monográfico sobre corrupción en el Parlament y que este martes ya ha entrado en funcionamiento.

En un debate organizado por EL PERIÓDICO, el 'conseller' Solé y los expertos subrayan que la alianza entre las instituciones públicas y la sociedad civil es fundamental para combatir esta lacra
La nueva herramienta garantizará la protección a la persona alertadora y permitirá una comunicación bilateral con la Administración

Cuando un caso de corrupción salta a los medios, los ciudadanos se preguntan qué ha fallado, cómo es posible que alguien se haya adueñado de lo que es de todos para actuar en beneficio propio. No creo que la corrupción sea “parte de la condición humana”, como llegó a decir una conocida política conservadora de nuestro país, pero tampoco soy un ingenuo.

César Zafra es protavoz del Grupo Parlametario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

La cuestión sobre si las mujeres son más o menos corruptas en las administraciones públicas es algo que tengo que reconocer que no me había planteado hasta mi incorporación en mayo de este año a la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) como responsable de comunicación.

La Red Estatal de Oficinas y Agencias Antifraude ha celebrado su 6º encuentro semestral que se ha realizado de forma virtual por las limitaciones impuestas por la actual crisis sanitaria.
Entre los puntos del orden del día, se ha analizado la situación actual en la que se encuentra la transposición de la Directiva de la Unión Europea 1937/2019 de protección a las personas denunciantes, después de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia para tratar esta cuestión.

El Gobierno regional ha completado el desarrollo de la Ley de Transparencia con la aprobación del decreto que regula algunos aspectos de la normativa que publica hoy, jueves, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que entrará en vigor dentro de tres meses, para dar tiempo a adaptar el portal de transparencia.
La consejera de Presidencia, Paula Fernández, que ya anunció la pasada semana la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno y la actualización del portal en la presentación de los presupuestos de su departamento, ha destacado hoy en rueda de prensa, que, de esta forma, Cantabria se convierte en la segunda comunidad autónoma en completar el desarrollo de su Ley de Transparencia.

Amb motiu de la propera posada en funcionament de la nova Bústia Ètica de la Generalitat de Catalunya, així com de la celebració, el dia 9 de desembre, del Dia internacional contra la corrupció, la Secretaria de Transparència i Govern organitza dues jornades centrades en la figura de les persones alertadores de casos de mala praxi i corrupció a l’Administració pública.

El miércoles 11 de noviembre se reunió el pleno del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude al que pertenecen asociaciones y entidades dedicadas a la lucha contra el fraude y la corrupción.
Esta es la tercera ocasión en la que se reúne el pleno del Consejo y entre los asuntos tratados en el orden del día estuvieron el análisis de la situación en la que se encuentran los trabajos de la transposición de la Directiva Europea 1937/2019 de Protección a las Personas Denunciantes al ordenamiento jurídico español. Así mismo se hizo referencia a la Declaración de Roma de la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (NEIWA) a la cual pertenece la AVAF.

V Congreso Internacional de Transparencia.

28 de septiembre - 1de octubre de 2020

Presentación

Mesa debate

Javier Sierra Rodríguez, Subdirector del Congreso Internacional de Transparencia, Universidad de Murcia

Juli Ponce Sol,Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat de Barcelona

Joan Llinares,Director , Agencia Valenciana Antifraude

Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Directiva UE 2019/1937 de protecció de les persones alertadores: avenços en la transposició i visió comparada.

28-octubre-2020

9:30 h.

Presenta Oscar Roca.

Participan:

Silvina Bacigalupo

Rosa M. Pérez

Marisa Miralles

Resumen
La transposición de la Directiva sobre protección de denunciantes debe llevarse a cabo en España antes de finalizar 2021, lo que obligará a incorporar en nuestro derecho interno con un alcance general los canales de alerta, el régimen de protección de los denunciantes y la designación de las autoridades independientes que deben gestionar los canales externos de denuncia. En este artículo se examinan los posibles modelos a seguir y las facultades que deberían tener este tipo de autoridades externas. Del examen de las diferentes alternativas se invita a la reflexión para que no sólo se contemple la creación de una autoridad nueva, sino que se valore la atribución del sistema de whistleblowing a organismos de control existentes, o incluso ir hacia un modelo distinto basado en la experiencia italiana de agencia anticorrupción que trabaja en campos conexos como la transparencia, la contratación pública y la lucha contra la corrupción.
DOI: https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5703

La continuación del V Congreso Internacional de Transparencia, que puede seguirse streaming en Canal UNED desde la web, arrojó importantes conclusiones acerca de la regulación y protección de los denunciantes de la corrupción – whistleblowers- dentro de las administraciones públicas, ya que España tiene hasta 2021 para hacer la transposición de la Directiva de protección de denunciantes y para establecer canales seguros de denuncia de la corrupción.
Sobre este aspecto, los expertos de la primera sesión de la tarde trataron de dar respuesta al conflicto entre la confidencialidad, la transparencia y la seguridad jurídica de los denunciados por mala praxis.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, recuerda que se pueden simplificar los procedimientos de compra por una emergencia, pero no eliminar su fiscalización.