CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La jornada, de inscripción gratuita, está organizado por la World Compliance Association, juntamente con el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y COMPCAT
El próximo 28 de febrero de 2020 tendrá lugar la II Jornada de Auditoría y Compliance, un evento único organizado por la World Compliance Association (WCA), junto al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y COMPCAT, que este año se abre gratuitamente al público. El evento contará con la participación y ponencias de representantes de la OCDE, la Administración Pública y la Oficina Antifraude de Catalunya, así como expertos de las entidades organizadoras y los compliance officers de Nissan, Port Aventura y Cirsa.

Además, a media mañana, se celebrará el acto de entrega oficial del III Premio Ferran Termes para la mejora de la transparencia y la eficiencia de la gestión, otorgado a Concepción Campos Acuña, secretaria del ayuntamiento de Vigo, miembro del Comité de Compliance en el Sector Público de la WCA y ponente de la jornada. 

Ha sido la estrella. Sin dudas y sin paliativos, el contrato menor ha sido la gran estrella de la Ley de Contratos (Ley 9/2017), y no era fácil. No era fácil, porque el 9 de noviembre el BOE nos regalaba una ley compleja, extensa (346 artículos, 53 Disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales y 6 anexos…), con contradicciones internas y una deficiente técnica normativa. A pesar de ello, un único artículo, el 118, regulador de los contratos menores ha concentrado toda la atención, de académicos, operadores, gestores, contratistas, contratantes, sociedad, medios y cualquier otro sujeto que podamos imaginar.
Por ello, vamos a analizar el recorrido del contrato menor antes de su anunciada muerte:

REVISTA DEL GABINETE JURÍDICO DE CASTILLA-LA MANCHA

Nº 20 Cuarto trimestre 2019.

SUMARIO:

1.-EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: SUS MÚLTIPLES ROPAJES

2.-EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1.-Antecedentes y gestación de la configuración actual del derecho de acceso a la información contractual

2.2.-La conformación del derecho de acceso en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

3.-LÍMITES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: EL CRITERIO 1/2019 DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA, PERJUICIO PARA LOS INTERESES ECONÓMICOS Y COMERCIALES

3.1.-La interrelación de los límites en transparencia y contratos: su reflejo normativo

3.2.-El Criterio 1/2019 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno4.-LA RELEVANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN

4.1.-La proyección de la transparencia en la contratación

4.2.-Un breve apunte sobre las vías de reclamación contra la denegación del acceso

5.-CONCLUSIONES: INTERACCIÓN NORMATIVA TRANSPARENCIA/CONTRATACIÓN

6.-BIBLIOGRAFÍA 

“Al que no cumple que se le abra un expediente disciplinario”. Ésta era hasta no hace mucho prácticamente el único supuesto de responsabilidad que se atribuía a los empleados públicos y para qué engañarnos, no demasiado eficaz. Sin embargo, los altos niveles de ejemplaridad que, tras la crisis, la ciudadanía ha impuesto a la administración pública, de exigir responsabilidad a los actores públicos, a todos, políticos y empleados públicos, dirigen esta responsabilidad hacia nuevos paradigmas.
Nuevos paradigmas que encuentran su origen, básicamente, en la normativa en materia de transparencia, pero también, en la transformación que está experimentando la administración pública, en la introducción, de un modo abierto, de la innovación en los modelos de gestión pública. Nos encontramos así ante una renovada visión de la responsabilidad de los empleados públicos, en la que coexisten las nuevas con las tradicionales, y que se pueden sistematizar en las siguientes:

A punto ya de despedir el año 2019 toca mirar hacia el futuro, con ganas ya de dejar atrás este 2019, y establecer el chek list de los mandamientos que debemos asumir las administraciones públicas en el 2020 para seguir mejorando, y que, sin perder en enfoque legal, se centran más en aspectos de actitudes y aptitudes que de legalidad.

Nadie puede discutir que la aprobación de la LCSP de 2017 ha significado un gran avance en materia de transparencia de la actividad contractual, incluso frente a la propia normativa en materia de transparencia, Ley 19/2013. Un simple vistazo al nuevo artículo 63 LCSP, regulador del perfil del contratante, y a la redacción del artículo 8 LTBG, en el apartado a) relativo a la contratación, permite advertir un salto cualitativo de gran importancia (5 cambios que deben realizarse en el perfil del contratante).
Y es que la apuesta por la transparencia de la LCSP, declarando que ésta es su primer objetivo en su propia Exposición de Motivos, no puede quedar relegado a letra de BOE sin impacto en la gestión, de ahí que sea necesario analizar las consecuencias de la falta de publicación de la debida información en el perfil del contratante. Consecuencias que, avanzo ya, no serán las mismas en función del indicador de información al que se refiera.

Concepción Campos, como experta en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas, da algunas de las claves de la transparencia real.

El 9 de diciembre Día Internacional de Lucha contra la Corrupción no me gustaria dejar pasar la ocasión de recordar la necesidad de que todos los días deberían y deben ser de lucha contra la corrupción, y más que luchar contra la corrupción, debemos centrar los esfuerzos en prevenirla corrupción, para evitar vernos ante situaciones ya irreversibles, cuando el daño se ha producido ya y romper la espiral de desafección ciudadana.

La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, a través de sus direcciones generales de Regeneración y Modernización Administrativa, y de Gobierno Abierto y Cooperación, ha organizado para el próximo 9 de diciembre una Jornada sobre ‘Transparencia, Ética e Integridad en las administraciones públicas’ (09:15 horas, en el Salón de Actos del Museo Arqueológico de Murcia, Avenida Alfonso X el Sabio, 7). La Jornada, en la que colabora la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP) de la Consejería de Presidencia y Hacienda, se celebra coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción establecido por la Organización de Naciones Unidas.
Está prevista la intervención de tres personas expertas en la materia, como son Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración; la doctora en Derecho y especialista en Gestión Pública, Concepción Campos Acuña, y Goizeder Manotas, directora general de Servicios e Innovación y Transformación de la Administración de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

¿Es obligatorio realizar las notificaciones en el procedimiento de contratación en la respectiva Plataforma de contratación? ¿Puede usarse la sede electrónica? Para responder a estas preguntas examinaremos la regulación al hilo de la doctrina del Tribunal de Recursos Centrales, en particular, de la Resolución nº 256/2019, dictada en recurso nº 76/2019.

Para comenzar, debemos recordar que la Disposición adicional decimoquinta LCSP, relativa a las normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en la LCSP, establece una serie criterios sobre la práctica de las notificaciones en el marco de las especialidades frente al régimen común de la LPAC:

La próxima legislatura debería recuperar la confianza ciudadana a través de la elevación de los estándares de integridad, de modo que sea una prioridad para los gobernantes.

Contratación pública y Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuando uno en una misma ecuación ambas nociones, más de una persona se ha extrañado, sin embargo, se trata de ámbitos estrechamente vinculados. De hecho como tal conexión lo hemos propuesto en el marco de la elaboración del IV Plan de Gobierno Abierto.

Por eso cuando recibí la invitación de la Directora de Contratación, Yokasta Guzmán, para participar en la XV Conferencia Interamericana de Compras Gubernamentales y ví que su eje temático era precisamente ése no dudé en participar en la misma, por el interés que dicha línea estratégica de trabajo presenta, desde la perspectiva de que las compras Públicas Sostenibles aprovechan el poder de compra de los Estados para impulsar el desarrollo socioeconómico, así como las estrategias para proteger el medio ambiente, fomentando un medio empresarial que incorpore prácticas de producción y consumo sostenible.

Aunque el art. 12 de la Ley de Transparencia reconoce el derecho al libre acceso a la información pública, este derecho está sometido en su ejercicio a determinados límites, entre los que se encuentran la existencia de intereses económicos y comerciales (art.14.1.h) y para clarificar su aplicación el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dictado su “Criterio Interpretativo 1/2019 sobre el límite al derecho de acceso de intereses económicos y comerciales” (disponible en el siguiente enlace.)

La evolución del marco legislativo. Con el reto de aventurar esta cuestión formé parte en el VI Congreso de Novagob del panel “La cápsula del tiempo”, en la que con la idea de intentar adivinar el futuro de la administración en 5 años y las tendencias a 20 años, compartiendo con magníficos expertos este ejercicio con la respectiva asignación de líneas de futuro

Gerardo Bustos, para abordar el “El futuro de los documentos”.
Pilar Moreno, para abordar “La inclusión de todas las personas. La asignatura pendiente”
Pedro Morales (ideólogo de la cápsula), para abordar “¿Qué tecnología nos dará soporte?”
Correspondiéndome a mí “La evolución del marco legislativo”, con la gran moderación de Olga Fernández, que a través de la herramienta menti nos permitió obtener interesantes conclusiones sobre la opinión de los muchos asistentes que abarrotaron la sala y los pasillos.

WHISTLEBLOWER. Con este término se ha generalizado ya en nuestro país la referencia a los denunciantes de buena fe, denunciantes de irregularidades, de corrupción en el marco de la gestión pública, una pieza clave en cualquier sistema de prevención y lucha contra la corrupción y más ahora que la Unión Europea ha puesto plazo para regular su protección. Será en el año 2021 cuando finalizará el plazo para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva en protección de las personas que denuncian las infracciones. De este modo el legislador español estará obligado a establecer canales o sistemas de denuncia internos, como un mecanismo para prevenir la corrupción también en el sector público, en el ámbito local, por ejemplo, en los ayuntamientos de, al menos, diez mil habitantes.

Denunciar la corrupción no es fácil. Hoy en día, solo unos pocos valientes se atreven a hacerlo, y ello a pesar de las consecuencias que les puede acarrear: desde la pérdida del puesto de trabajo e ingresos, hasta la merma de la salud, pasando por las presiones y el descrédito social. Y en los casos más extremos, amenazas contra la integridad física y persecución judicial internacional. Así lo pueden acreditar los denunciantes de casos muy conocidos como Acuamed, Gürtel o Falciani, entre muchos otros.

Whistleblower, con este término se ha generalizado ya la referencia a los denunciantes de buena fe de irregularidades, de ilegalidades, y son una pieza clave en cualquier sistema de prevención y lucha contra la corrupción. Y digo pieza clave porque quiero poner de manifiesto la orfandad que nuestro ordenamiento jurídico tiene en relación con este tema, aunque se trata de una situación a la que pronto se pondrá remedio.

Y digo pronto, porque en el año 2021, finalizará el plazo para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva en protección de las personas que denuncian las infracciones del Derecho de la Unión, que introduce para los Estados miembros la obligación de establecer canales o sistemas de denuncia internos, por lo que, en su momento, obligará al legislador español a introducir este mecanismo para prevenir la corrupción también en el sector público, en el ámbito local, por ejemplo, los de, al menos, diez mil habitantes.

¿Es necesaria una ley para regular la Innovación? ¿Y para la Inteligencia Artificial? Como buena gallega que soy, respondería que depende. En anteriores ocasiones me he ocupado de reflexionar sobre el posible papel de la Inteligencia Artificial y la Innovación en la administración pública (entre otras, 5 ejemplos de inteligencia artificial en la administración pública, Oportunidades para la Innovación desde el ordenamiento jurídico, Inteligencia Artificial en el Sector Público: Oportunidades), en esta ocasión el análisis y la reflexión sobre esta cuestión es precisamente el objeto de mi contribución al magnífico monográfico de la RVOP sobre Innovación, dirigido por Mikel Gorriti y con un extraordinario listado de autores.

En nuestras administraciones públicas existen múltiples órganos de control, tanto internos como externos, en este último caso, el de los externos, han aparecido muy vinculados a las políticas de transparencia e integridad tras la irrupción de normativa en la materia. En el caso de los órganos internos, la atribución legal a los mismos de una serie de funciones dirigidas a la eficacia de dicho control plantean un interrogante ante la posibilidad de compatibilizar su existencia con la de un Compliance Officer. Interrogante que requiere una doble respuesta, por una parte, si no nos encontramos ante una duplicidad de controles, al existir ya un órgano interno a tal fin, y, por otra, si no supone una injerencia en las funciones propias de aquéllos.