CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del grupo socialista en la que se insta a una renovación "urgente" de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La proposición no de ley ha salido adelante con 18 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y PNV, entre ellos) y 15 en contra (PP y Vox).

A diferencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en donde la denominación como miembro del mismo es de carácter vitalicio, en los estados democráticos europeos contemporáneos los mandatos de quienes ocupan los más altos órganos constitucionales no electivos –tales como el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo (DP)– se desarrollan dentro de un espacio temporal amplio, pero limitado. Asimismo, con las variantes propias de cada ordenamiento constitucional, se constata que la facultad para el nombramiento de los integrantes de dichos órganos viene encomendada a instancias políticas representativas; a saber, preferentemente al Gobierno y al Parlamento y, en menor medida, al jefe del Estado.

A principios de año, en enero, en Newtral.es contábamos el que parecía un lejano deshielo para la renovación de varios organismos. El Consejo de Transparencia es uno de ellos, que tras dos años con un presidente interino aguarda un nombramiento desde el fallecimiento en 2017 de la presidenta del Consejo, Esther Arizmendi.

Si el Gobierno de Sánchez 'no puede' informar sobre la Casa Real y ésta lleva una política informativa oscurantista y ajena al control democrático, el empeño por prestigiar la monarquía tiene un negro futuro.

Buenas intenciones, propuestas abstractas y una resolución ambigua. Este es el balance que desde Political Watch hacemos del Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica cuya tramitación acabará en el Pleno del Congreso la semana del 20 de julio. La falta de concreción de muchas de las propuestas incluidas en el Dictamen rebajan las expectativas respecto de la relevancia real de los acuerdos alcanzados. Ello no nos impide reconocer la existencia de muchos aspectos positivos, especialmente los referidos a proteger a los colectivos más vulnerables (becas, brecha digital, vivienda pública, conciliación, copago sanitario). Deseamos que la presión ciudadana sea capaz de meter en el texto final cuestiones que no han entrado en el Dictamen, como la derogación de la Ley Mordaza, el acceso universal a la sanidad para las personas migrantes o la ratificación del convenio 189 de la OIT.

• Dictamen final de la Comisión
• Resumen.

Diversas entidades han presentado ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica sus propuestas para la incorporación de la evaluación como clave en el diseño de las nuevas políticas y medidas que necesita España ante la nueva realidad surgida por el coronavirus.

El buzón de la Comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso de los Diputados (comisionRSE@congreso.es) se puso en marcha el 25 de mayo para completar los trabajos de la comisión para la reconstrucción económica y social montada para pensar el futuro de España tras el coronavirus. Desde entonces y hasta la pasada medianoche se han registrado más de 800 correos. Hasta el viernes se habían publicado 481 con el consentimiento de sus autores, de los que 111 eran de plataformas, entidades, colegios o federaciones profesionales.

El grupo de trabajo en el congreso ha terminado las sesiones con pocas expectativas en cuanto a resultados, pero con avances en transparencia.

El trabajo de esta comisión y su resultado final tendrá un efecto en toda la sociedad. Por eso a principios de junio una treintena de organizaciones, entre ellas Civio y Acces Info, enviaron una carta al socialista Patxi López, presidente de la comisión, pidiendo más transparencia y participación en esas sesiones. 

Las organizaciones valoraban positivamente la iniciativa del Congreso de habilitar un canal a través del cual la ciudadanía puede enviar sus sugerencias y propuestas relacionadas con el trabajo de esta comisión, pero consideraban imprescindible que se garantizara el acceso a toda la documentación generada y aportada durante las actividades de la comisión y sus cuatro grupos de trabajo.

"Hace dos años, en el Congreso de los Diputados, el Presidente Sánchez en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy explicaba que “la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado”. (...)"

En febrero de 2019 el Congreso aprobó un Código de Conducta que obligaba a desvelar a los diputados los empleos remunerados para evitar conflictos de intereses, donaciones y obsequios, así como las reuniones con lobbies, pero la normativa aún no se ha aplicado.

- Más de 250 aportaciones de particulares y de organizaciones pueden consultarse ya en la web.

El Congreso ha confirmado que, en las semanas de suspensión de actividad parlamentaria por el estado de alarma decretado contra el coronavirus, sólo uno de los 350 diputados renunció a la indemnización de las dietas de desplazamiento y alojamiento que cada mes se abona a sus señorías para el ejercicio de su tarea en Madrid. Los grupos parlamentarios y diputados individualmente anunciaron esos días que iban a donar parte de sus sueldos a distintas causas que ellos decidirían, pero en la Cámara Baja sólo consta el caso de quien comunicó formalmente su renuncia. (...)

Nuestros representantes políticos han creado una comisión de reconstrucción tras la crisis generada por el coronavirus y parecen querer generar un impulso nacional que nos permita salir del confinamiento con nuevas fuerzas y nuevos compromisos colectivos. Darnos sentido como sociedad y abrirnos a nuevos horizontes de crecimiento sostenible y equidad es un encomiable objetivo. No sabemos si finalmente estarán a la altura del reto, lo deseamos sinceramente, pero sí es cierto que han empezado con demasiadas tensiones y demasiados olvidos.

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica hará públicas las propuestas ciudadanas que lleguen a través del buzón habilitado el pasado 25 de mayo
La plataforma Political Watch celebra la medida como “un hito en la transparencia parlamentaria española” si bien apunta a su unidireccionalidad y tardía implementación

(...) Hoy, 9 de junio, el presidente de la Comisión ha respondido a esta carta. En su respuesta, Patxi López agradece el interés por el nuevo canal de participación y reconoce la importancia de un tejido social exigente como requisito básico para el éxito de este tipo de iniciativas y para construir una sociedad más justa, libre y democrática. Además, anuncia la publicación de los informes y documentos aportados por las personas y organizaciones expertas que han ido compareciendo en la Comisión. En relación a la petición referida al nuevo canal de participación, Patxi López anuncia que se están valorando mejoras en los mecanismos para “recabar las iniciativas ciudadanas”, que podrán ser anunciadas en los próximos días.
Puedes ver la respuesta completa de Patxi López a continuación: (...)"

Madrid, 2 de junio de 2020 –Access Info Europe se ha sumado a más de 40 organizaciones y expertos para pedir a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que garantice la publicidad plena y el acceso a toda la información relacionada con su actividad, una petición que también han remitido al Congreso de los Diputados.
En una carta dirigida al Presidente de la Comisión, Patxi López, y a la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, los firmantes destacan la responsabilidad y trascendencia de esta Comisión no permanente que desde el pasado 7 de mayo busca soluciones a las previsibles consecuencias de la crisis social y económica generada por la pandemia de coronavirus.

El comportamiento disciplinado y solidario de la inmensa mayoría de la ciudadanía me lleva a reflexionar sobre la actuación de políticos y partidos en esta crisis.

La organización CIECODE quiere convertir lo que ocurre en el Congreso en información accesible y útil para la ciudadanía
Esta semana se ha celebrado la cuarta sesión de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se ha creado en el Congreso de los Diputados para diseñar un plan de salida de la crisis económica y política en la que nos sume la pandemia del coronavirus. Y para hacer seguimiento de lo que ocurra, la organización social CIECODE ha desarrollado la plataforma Political Watch COVID-19 con la que quieren facilitar el acceso a la información a medios de comunicación, organizaciones sociales y cualquiera que esté interesado saber qué ha pasado en cada sesión de esta comisión.

En unas circunstancias como las actuales es precisamente cuando el Gobierno tiene un deber cualificado de responder en sede parlamentaria y las Cortes Generales han de poder ejercer con plenitud su función de control al Gobierno para fiscalizarlo. La Constitución también es terminante en este punto y afirma con rotundidad que el principio de responsabilidad del Gobierno mantiene su vigencia cuando se declara alguno de los estados de emergencia (116.6 CE).

El Gobierno ha defendido ante Vox que los viajes que realiza el presidente Pedro Sánchez utilizando un avión Falcon del Ejército del Aire sean considerados material clasificado y que, por tanto, no se puedan dar detalles adicionales sobre los mismos. En todo caso, ha subrayado además que "no es posible conocer el coste unitario" de cada uno de esos desplazamientos.
Así lo asegura del Ejecutivo en la respuesta que ha remitido a la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien quería comprobar si, cuando el Consejo de Transparencia exige al Ejecutivo que aclare cuánto cuestan los viajes del presidente, desde Moncloa siempre se "pone la excusa" de que se trata de material clasificado.

El presidente de la Comisión contra la corrupción del Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha afirmado que debería existir una autoridad nacional Anticorrupción en España, país que llega "tarde" a trasponer la directiva europea que exige una ley de protección de los denunciantes de corrupción.
Errejón se ha pronunciado así este viernes tras reunirse con el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, para conocer "una de las experiencias punteras y más adelantadas en constituir una autoridad pública pero independiente que vele por el buen uso" de las instituciones y el dinero público y por las buenas prácticas.

El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley que traspone hasta 9 directivas sobre contratación públicas, armonización del IVA para ciertas operaciones intracomunitarias y la regulación sobre la contratación de seguros privados, de planes y fondos de pensiones. Salió adelante con el voto favorable del PSOE y Unidas Podemos, la abstención de Ciudadanos, Más País, BNG o Compromís y el rechazo del PP y Vox.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha conseguido el apoyo casi unánime (salvo la abstención de Bildu) para su tramitación como proyecto de ley y después de que numerosos partidos anunciasen la presentación de enmiendas.

Nuestro Parlamento reinicia su marcha y pese a un tímido intento aún carece de un Código Ético consensuado. Algo que ha sido reclamado por el Consejo de Europa para dar cumplimiento a las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) realizó al legislativo español en 2013.

El Congreso ha gastado más de 20 millones de euros en los desplazamientos de los diputados en cinco años solo en territorio nacional. Sin contar con los viajes internacionales, los parlamentarios se han dejado 20.725.741 euros desde 2015 entre actividades parlamentarias, políticas y oficiales, según la propia clasificación de la Cámara Baja.
El portal de transparencia del Parlamento desglosa los gastos de los desplazamientos por España en cuatro trimestres, que van desde enero a diciembre. Estos gastos, que van con cargo a los Presupuestos del Congreso, engloban todos aquellos viajes dentro del Estado en distintos medios colectivos de transporte, y también los que se realizan en vehículo privado (gastos en función del kilometraje).