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La sentencia considera que el organismo se equivocó al poner la protección de datos de su personal de confianza por encima del interés público.

El Tribunal Supremo rechaza todos y cada uno de los argumentos que el Tribunal de Cuentas lleva utilizando, desde hace más de un año, para intentar impedir que conozcamos quiénes son sus eventuales. Lo hace en una sentencia que falla a favor del recurso que Civio presentó en 2018 de la mano de nuestro patrono y abogado, Javier de la Cueva, y en la que obliga al organismo a darnos el nombre de todos esos empleados públicos.

La clave de la decisión: el interés público por acceder a esa información pasa por encima del interés individual a la protección de datos, más cuando estamos hablando de nombre y cargo de personas que trabajan para organismos públicos, no de secretos de Estado.

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• Lee la sentencia completa del Tribunal Supremo aquí

Debate en el que participaron : Eva Belmonte, co-directora de la Fundación Ciudadana CIVIO, Jesús Sánchez Lambás, Abogado. Secretario General de Transparencia Internacional. Joan Linares Director de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana. Elisa de la Nuez , Secretaria General de la Fundación Hay Derecho y Jaime Far Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears.

Buena parte surgen de ministerios y otras entidades públicas estatales, que llevan las resoluciones de la entidad a los tribunales para evitar dar a los ciudadanos la información que reclaman.
El BOE de hoy recoge el resumen de la memoria de 2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo que se puso en marcha en 2014 para aplicar la Ley de Transparencia, vigilando su cumplimiento y, lo más importante, atender las reclamaciones de la ciudadanía cuando las entidades públicas no les dan la información que solicitan. Una de las conclusiones más relevantes es que, desde su nacimiento y hasta el 31 de diciembre de 2018, el organismo acumula un gasto de 287.159,46 euros para defenderse de los recursos presentados contra sus resoluciones, la mayoría presentados por administraciones públicas.

El papel de las organizaciones sociales en la lucha contra la corrupción fue analizada ayer tarde en un coloquio organizado en el Club DIARIO de MALLORCA, que contó con la intervención de varios expertos en la materia. El moderador fue Jaime Far, responsable de la oficina contra la corrupción de Balears. Intervino la codirectora de la fundación CIVIO, Eva Belmonte; la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez; el secretario general de Transparencia Internacional, Jesús Sánchez y el responsable de la oficina contra el fraude y la corrupción en Valencia, Joan Antoni Llinares.

Son las seis de la mañana y en la radio vuelve a sonar I got you babe. Las voces de Cher y Sonny Bono se repiten una y otra vez mientras Bill Murray se despereza. ¿Título de la película? No, no es El Día de la Marmota (Groundhog Day), es la escena que millones de españoles vivirán este domingo 10 de noviembre. Vuelven las elecciones y, con ellas, muchos deberes sin hacer. No se han cumplido buena parte de las tareas a las que se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez, como la publicación de las agendas de los altos cargos y la aprobación del reglamento de la ley de Transparencia. Y ello pese a que las medidas no requieren del visto bueno del Congreso, ya que pueden ser impulsadas directamente por el Ejecutivo, tal y como Civio reclamó hace casi un año. Además, buena parte de las promesas de abril se han marchitado con la llegada del otoño.

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Ya estamos, una vez más, en campaña. Por eso, desde Civio, hemos vuelto a reclamar a las principales formaciones políticas que incluyan mejores compromisos de transparencia, basados en nuestras propuestas, en sus programas electorales. Y, en esta ocasión, hemos puesto el acento en una medida muy específica que los partidos -con la única excepción del PACMA en las anteriores generales, todo hay que decirlo- llevan ignorando desde hace años: la apertura pública y gratuita del registro mercantil.

Ya se podía ordenar el cese de urgencia y sin audiencia previa de forma cautelar por razones de seguridad pública, protección civil, emergencias, defensa de la vida humana o interferencia con otras redes, ahora las razones son mucho más amplias.

Los hospitales públicos pagan exactamente 307.2000 euros (sin IVA) por cada tratamiento de Kymriah, una novedosa terapia -englobada dentro del tipo de las CAR-T-, desarrollada por Novartis, contra dos tipos de cáncer de la sangre. Aunque el Ministerio de Sanidad había publicado la cifra de 320.000 euros -un dato confirmado en una resolución del Consejo de Transparencia-, lo cierto es que esa cantidad corresponde al precio máximo que fija para cada tratamiento individual, pero no es el coste real que asumen las administraciones. El precio efectivo, los 307.200 euros, es más bajo y sale hoy a la luz por primera vez dada la opacidad que continúa caracterizando las relaciones entre el Gobierno y la industria farmacéutica. (...)

Por Ángela Bernardo.

A finales de junio, una veintena de organizaciones y profesionales de la sanidad y de la comunidad científica presentamos en el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) para mejorar -en términos de mayor transparencia- la normativa que regula el acceso a medicamentos y productos sanitarios, la formación de los profesionales y la investigación del sector, y evitar los posibles conflictos de intereses.

El quinto de los coloquios del ciclo sobre transparencia tuvo lugar el jueves 13 de diciembre en la sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno bajo el título: "Lenguaje administrativo y transparencia".
El coloquio ha tenido como ponentes a Fernando Vilches, profesor titular de Lengua Española en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Mario Tascón, socio director de Prodigioso Volcán y Eva Belmonte, co-directora de la Fundación Civio.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridany Romero, ha presentado hoy nuevo el Observatorio Económico y Social de la ciudad y el portal '¿Dónde van mis impuestos?', dos nuevas herramientas para facilitar el acceso y reutilización de información municipal que pueden encontrarse ya dentro del portal de Transparencia del Ayuntamiento y que van a contribuir de forma importante a la mejora del acceso de la ciudadanía a la información pública, de cara a cumplir los objetivos de transparencia y rendición de cuentas permanente por parte de la Corporación capitalina.
Junto al coordinador general de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación, David Gómez, Y el director general de Nuevas Tecnologías, Francisco Santana, Romero ha explicado que el objetivo es que cualquier ciudadano pueda conocer, usar y utilizar esta información "relacionada con datos importantes que tienen que ver con temas económicos y sociales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria". Por eso, ha indicado, se han creado dos plataformas "orientadas al usuario, de forma que hacen posible su reutilización, incorporando herramientas de migración de datos y de visualización gráfica de los mismos"

El nuevo protocolo contempla acciones formativas conjuntas, intercambio de información y la búsqueda de maneras de mejorar el ejercicio efectivo de los derechos recogidos en la Ley de Transparencia.

Breve crónica de la clase impartida el 19/03/2018 por David Cabo, director de CIVIO.

La semana pasada participamos en la fase de audiencia e información pública convocada por la Dirección General de Gobernanza Pública sobre el borrador del Real Decreto que establece el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
Hoy queremos compartir los cambios que hemos propuesto al borrador. Un borrador, el segundo desde 2015, que llega con más de tres años de retraso desde la entrada en vigor desde la norma. Tres años de aplicación no reglamentada de la ley en los que los derechos y obligaciones que esta introduce no se han aplicado con todas las garantías.

El Ayuntamiento de Maó-Mahón, en Menorca, ha dado un paso muy importante para mejorar la accesibilidad y la visualización de su información presupuestaria y acercarla a la ciudadanía.
La alcaldesa, Conxa Juanola, y el concejal de Hacienda, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Jordi Tutzó, presentaron la semana pasada mao.dondevanmisimpuestos.es, una iniciativa de transparencia basada en la herramienta Dónde van mis impuestos, desarrollada por Civio, para ayudar a todos los ciudadanos a consultar de forma visual, sencilla y transparente cómo se distribuyen los presupuestos, de dónde proceden los ingresos del ayuntamiento, cuáles son las políticas de gasto y a qué se destina cada euro.

El presidente tendrá nivel de subdirector general. La puesta en marcha de este oficina entró en vigor el pasado 9 de noviembre, pero el Gobierno aún no ha nombrado a sus miembros ni le ha asignado presupuesto.

El 21 y el 22 de marzo (miércoles y jueves) celebramos en Medialab-Prado de Madrid el encuentro final y de cierre del grupo de trabajo Laboratorio de Innovación en Contratación Pública. Tras cinco meses de colaboración multidisciplinar y abierta entre profesionales del sector público, expertos en contratación, representantes de la academia, colectivos sociales y ciudadanos a título propio para definir un modelo más transparente de contratación pública, queremos clausurar esta actividad con una doble jornada con expertos nacionales e internacionales en transparencia de la contratación y en vigilancia de riesgos y corrupción en la contratación pública.

Programa completo (PDF)