El Edificio Seminario del Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido este jueves la Jornada técnica de arranque para la redacción de la futura Ordenanza Tipo de Gobierno del Dato de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la primera que trataría de manera específica esta materia en España.
La jornada ha sido inaugurada por Javier Rodrigo, consejero de Participación del Ayuntamiento de Zaragoza, el secretario técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana (RED) de la FEMP, José Nuño, y los responsables de este equipo de trabajo: la impulsora de la iniciativa, María Jesús Fernández Ruiz, jefa de la Oficina de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, y Roberto Magro, jefe de Servicios Interactivos del Ayuntamiento de Alcobendas y coordinador del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de la RED.
En su intervención, Javier Rodrigo ha destacado la oportunidad de mejora, de avance en la gestión municipal y en su relación con ciudadanía y sectores económicos que ofrece la FEMP con la redacción de este nuevo texto normativo, que será “sin duda de la máxima utilidad” para los equipos de gobierno que se conformen tras las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.
En esta línea, José Nuño ha señalado que esta iniciativa se imbrica en otra importante acción de la RED en este año, como es la reelaboración de la Ordenanza Tipo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la FEMP. Esta Ordenanza, que ha sido utilizada como base por multitud de ayuntamientos, data de 2014 y contiene la parte relativa a datos que, a partir de la aprobación de las dos futuras nuevas ordenanzas, tendrá su texto propio.
Por su parte, María Jesús Fernández ha recalcado la “necesidad de un instrumento normativo que ofrezca seguridad y perdurabilidad” al “gran cambio cultural” que supone la gestión y gobernanza de los datos, como apostillaba Roberto Magro. En este sentido se expuso por parte de los participantes el valor de los datos y su apertura como elemento de transformación social y otros aspectos en los que se pondría a la ciudadanía en el foco central, como la necesidad de trabajar el lenguaje claro como herramienta para ampliar el alcance de la ordenanza, un contenido que, además de la parte meramente dispositiva, debe contemplar una vertiente didáctica que apoye la sensibilización en la materia tanto de las Administraciones y el personal a su servicio como para el conjunto de la sociedad.
Este proceso de transformación con la mirada puesta en la sociedad y de cambio cultural dentro de las propias administraciones tiene implicaciones muy significativas en un amplio elenco de cuestiones, que afectan a la organización interna, los aspectos que puede tratar y el ámbito de aplicación, la colaboración entre Administraciones y su entorno, la asistencia a las entidades locales de menor tamaño o los problemas que afectan al proceso de “datificación masiva” y los aspectos como la privacidad de las personas y el consentimiento para el uso de datos.
Una ordenanza de este tipo también debe tener en cuenta el marco normativo nacional (por ejemplo, transparencia o protección de datos), así como las orientaciones a nivel nacional e internacional, procedentes de la Oficina del Dato del Gobierno de España o de las instituciones de la Unión Europea y otras entidades internacionales.
La dificultad de no contar con referencias normativas previas que se presenten como un corpus jurídico único, son un reto para integrar tanto, las nuevas aportaciones que brinde este equipo de trabajo, como las referencias presentes en otras leyes u ordenanzas. En definitiva, una oportunidad con múltiples posibilidades.
Entre los principios generales que quieren inspirar todo el proceso se pueden señalar que el dato es un bien público y hay que transitar hacia la devolución de los datos a la ciudadanía y la sociedad, que es a quienes pertenecen; que la ciudadanía debe tener conocimiento de la información de las Administraciones y debe facilitarse la gestión para que puedan ejercitar sus derechos, y, a nivel práctico, favorecer ajustes en la cultura procesal y normativa que tengan como consecuencia que los responsables de la gestión de datos puedan “coger en lugar de pedir” los datos, lo que supondría un significativa transformación interna.
Además del ámbito de aplicación y otros aspectos jurídicos habituales en las ordenanzas, esta se ocupará de temas clave como tratamiento de los metadatos, trazabilidad, seguridad, interoperabilidad, reutilización, catálogos de datos, calidad, mapa de intercambios, ciclo de vida de los datos, estándares y tipos de datos, origen y titularidad, colaboración entre Administraciones y público-privada, con la particularidad de que se dirige a un universo muy dispar, como es el mapa local en España, en el que las necesidades y posibilidades son muy distintas. En este sentido, el papel de las entidades locales supramunicipales, como Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos Insulares, e incluso las Comarcas y las Mancomunidades, pueden tener un papel integrador y facilitador de primer nivel para lograr un avance muy notable en las políticas de gobierno abierto en el mundo local.
El equipo de trabajo se ha subdividido en tres subgrupos que se van a ocupar de los distintos títulos de la futura ordenanza. El trabajo, además de por José Nuño (RED) y Roberto Magro (Ayuntamiento de Alcobendas), estará coordinado a nivel operativo por María Jesús Fernández Ruiz, jefa de la Oficina de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, y los profesores de Derecho de la Universidad de Zaragoza José Félix Muñoz Soro y José Luis Bermejo. Está previsto tener un primer borrador de Ordenanza Tipo en marzo, y que el texto definitivo pueda presentarse en el primer semestre de 2023, tras un proceso participativo que se abrirá para recibir aportaciones de personas interesadas y expertas en la materia.
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