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Por 16 votos en contra, 15 a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Hacienda tumbó una proposición no de ley del PP y Vox, que arremetieron contra la falta de transparencia del Gobierno
Por Ana Gómez
El Congreso ha rechazado este jueves por la mínima una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular para aumentar el presupuesto y la plantilla del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. También han tumbado una enmienda de Vox añadida de última hora para dotar a este organismo, que vela por la transparencia de la gestión pública, de un régimen sancionador en sus resoluciones.

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Cesar en el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contrarias a la opacidad ejercida desde las estructuras gubernamentales.
Segunda. Aumentar el presupuesto y los recursos humanos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que pueda desarrollar eficazmente sus necesarias y esenciales funciones de control democrático”.

El Congreso y el Senado cubren los gastos de las clases de idiomas a las que se apunten los parlamentarios y para ello han adjudicado dos contratos que en total superan los 400.000 euros
Hemiciclo del Congreso de los Diputados. | Flickr
Por Laura García
Los diputados y senadores, además de acudir a la cámara a cumplir con las funciones adscritas a sus cargos, pueden acudir a clases de idiomas. En concreto, el 24% de los 350 diputados y el 19% de los 264 senadores están apuntados a inglés, francés o alemán. Así lo reflejan las respuestas a las peticiones de transparencia formuladas por Newtral.es a ambas cámaras, en las que indican cuántos parlamentarios van a estos cursos, a qué grupos pertenecen y otras cuestiones como los horarios o el tipo de clase que prefieren.

Calvo y Ábalos, presidentes de comisión en el Congreso: un extra de 1.500 euros brutos al mes y posibilidad de coche oficial
La exministra Calvo va a presidir la comisión de Igualdad y el exministro Ábalos, la de Interior en el Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista ha confirmado a Newtral.es sus nombramientos, aunque están pendientes de ser ratificados

En una proposición no de ley, recogida por Europa Press, los 'populares' reseñan que en el año 2020 los ciudadanos presentaron casi tres reclamaciones al día contra el Gobierno por no recibir la información requerida a los distintos ministerios y empresas públicas siendo Interior la cartera en la que la "opacidad" es ya "marca de la casa, seguida por las de Política Territorial y Función Pública, Sanidad y Presidencia.

Las adjudicaciones efectuadas por las mesas de las Cortes entre junio y agosto superan los 10 millones de euros. Repasamos algunos de estos contratos y quiénes son sus adjudicatarios
Aunque la actividad parlamentaria en las Cortes Generales suele verse reducida durante los meses de verano, las mesas de Congreso y Senado han continuado con sus respectivas contrataciones.

En el primer semestre gastó un 35% más que en el mismo periodo de 2020 y un 9% más que de 2019, aunque todavía no llega a las cifras anteriores
El Congreso gastó en el primer semestre de este año 1,65 millones de euros en viajes nacionales de diputados, superando las cifras que se registraron en el mismo periodo de 2020, marcado por el descenso de la actividad con motivo de las limitaciones derivadas del coronavirus, e incluso de 2019, cuando hubo un parón en la primera mitad de año por las elecciones generales del 28 de abril.
En concreto, en estos primeros seis meses de 2021 la Cámara facturó un total de 1.650.429,44 euros en concepto de desplazamientos de diputados por territorio nacional de enero a junio de 2021, cuando todavía rige el acuerdo de los grupos de no sobrepasar la mitad del aforo del hemiciclo para evitar la propagación del coronavirus.

Pagar las pensiones de exparlamentarios le cuesta a las Cortes Generales casi 117.000 euros cada mes, lo que supone 1,4 millones de euros al año. En la actualidad reciben esta compensación 117 exparlamentarios que la solicitaron antes de ser derogada en 2011, llegando en algunos casos a superar los 3.000 euros, según los últimos datos publicados por el Congreso.

Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar al Gobierno a:

– Asumir las conclusiones y seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

– Establecer medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de las entidades locales, cuya selección corresponde a la Administración General del Estado.

3. Instar a los Ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y
Zaragoza a:

– Efectuar una adecuada planificación y programación de su gestión contractual que posibilite una contratación conjunta de prestaciones de carácter reiterado y previsible, o de naturaleza similar que respondan a un fin único, en aras de favorecer los procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación de los contratos.– Incluir en su normativa interna la obligatoriedad de promover la concurrencia en la adjudicación de los contratos menores, cualquiera que sea su importe, mediante la publicación de anuncios de licitación o mediante la solicitud directa de ofertas a un mínimo de tres empresas, excepto que la inmediatez de la necesidad a satisfacer lo desaconseje.

– Adoptar las medidas necesarias para mejorar los sistemas informáticos de registro y tratamiento de los datos relativos a la contratación.

– Realizar una correcta planificación y programación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas, restringiendo la utilización de los contratos menores.

– Establecer una normativa interna para la aplicación en los contratos menores de las condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre hombres y mujeres.4. Instar a las entidades locales a:– Evitar la acumulación de funciones de intervención en un único puesto como el
desempeño de funciones adicionales a las de control interno, que incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las funciones ordinariamente asignadas a los órganos de intervención.

De los casi 7.000 bienes que aparecen registrados en su inventario, solo se conoce el valor de compra del 28% de los mismos. Las obras de la Transición y los retratos reales son los de mayor precio.

Entre otras fuentas,: se ha realizado una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados sobre el valor de su patrimonio histórico-artístico

Diputados y senadores mantienen el privilegio de no tener que detallar el motivo de sus desplazamientos por toda España
Las Cámaras defienden que la "labor política y parlamentaria debe ser libre" sin que haya "ningún tipo de censura o control previo"
La transparencia no ha llegado a las Cortes españolas. Los diputados y senadores siguen cargando a las Cámaras desplazamientos (en avión, barco, tren, autobús o coche particular) sin ninguna justificación pública.

Se trata de la cifra más baja desde 2015, y el gasto cae un 23% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los viajes de los diputados del Congreso para realizar su actividad política costaron al contribuyente, solo entre enero y marzo, 746.684,5 euros. Ese es el dato que recoge el portal de transparencia de la Cámara Baja, lo que supone, no obstante, un importante ahorro con respecto al mismo primer trimestre de años anteriores, ya que, desde 2015, únicamente el año pasado -afectado por el inicio de la pandemia-. sus señorías gastaron menos de un millón de euros en sus desplazamientos a lo largo y ancho de España para realizar sus tareas políticas y parlamentarias.

Los senadores, igual que los diputados, tienen una tarjeta para pagar el servicio de taxis con un límite de 3.000 euros al año. A diferencia del Congreso, el Senado no ha facilitado los desglosados por grupos parlamentarios, por lo que no podemos conocer cuánto gasta cada partido

Los diputados tienen una tarjeta con un límite anual de 3.000 euros para pagar el servicio de taxis. Desde el inicio de la legislatura, en diciembre de 2019, el Congreso ha pagado más de 650.000 euros

Tras la tentativa de hace dos legislaturas, una nueva proposición de reforma del Reglamento reabre el debate de cómo regular los grupos de interés. Esta es la documentación que hemos remitido a todos los grupos.
Esta semana, Civio ha remitido a todos los parlamentarios presentes en la Comisión de Reglamento del Congreso sus recomendaciones para hacer más transparente la interlocución de los diputados y diputadas con lobistas y grupos de interés.
La admisión a trámite de una proposición de reforma del Reglamento del Congreso, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, abre una ventana de oportunidad para acometer por fin cambios valientes, aun con años de retraso.

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha comparecido esta tarde en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso para presentar las memorias de actividades de los años 2019 y 2020.

Vídeo de la comparecencia

Fotonoticias del Congreso

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha comparecido esta tarde en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso para presentar las Memorias de Actividades del Consejo correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 y para informar sobre las cuestiones planteadas por varios grupos parlamentarios en sus correspondientes iniciativas.

En el sistema parlamentario español, las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) tienen encomendadas, entre otras, la función de control al Gobierno. Las interpelaciones en las sesiones de control o en las comisiones suelen centrar casi toda la atención (¿quién puede resistirse a un buen zasca que entretiene durante un día a Twitter?), pero ningún mecanismo es más usado que las preguntas con respuesta escrita, como la del ejemplo de Vox. En esta legislatura ya van más de 55.000.

En cuatro meses el Consejo de Ministros ha aprobado un total de 968 millones de euros en ayudas al sector turístico, entre ellas a la aerolínea Plus Ultra, con cargo al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Entre ellas se encuentran algunas empresas como Air Europa, Duro Felguera o Avoris, a las que por su “impacto social y económico” se les ha concedido una serie de ayudas temporales para su solvencia.
Son los datos que se extraen de una respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria registrada el pasado mes de marzo por varios diputados de Vox.

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha comparecido esta tarde en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática del Congreso para analizar las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos reguladores.

Vídeo de la comparecencia

El Congreso ha aprobado este martes la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que pasa ahora al Senado para completar su tramitación, con el voto en contra del PP y Vox.
Así, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena para completar la aprobación de la ley, han respaldado el proyecto las formaciones que apoyan al Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Esquerra Republicana ha decidido abstenerse.

La proposición para reformar el Reglamento del Congreso con el objetivo de poner coto a la influencia de los lobbies sobre los diputados ha tenido buena acogida en el Hemiciclo. Durante el debate de su toma en consideración de este martes, los diferentes grupos del arco parlamentario han destacado la importancia de esta medida en aras de dotar de mayor transparencia esta institución a través de una reforma que llega tarde en comparación con otros parlamentos europeos.

La distinción entre los grupos de presión ha sido otro de los temas que han copado del debate de la iniciativa, cuya toma en consideración ha sido aprobada por 207 votos a favor, 53 en contra (Vox) y 88 abstenciones (PP).

La Comisión de Calidad Democrática del Congreso tiene previsto cerrar esta semana la ronda de comparecencias de expertos que abrió el pasado mes de diciembre para buscar fórmulas destinadas a reforzar la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores y las autoridades independientes.
En estos cinco meses han desfilado por la Cámara una veintena personas que han expuesto sus recetas en esta materia, unas propuestas que los grupos parlamentarios tendrán que decidir si trasladan y cómo al informe que tienen que redactar para aprobarlo primero en la comisión y después en el Pleno de la Cámara.

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha denunciado este miércoles en el Congreso la "precariedad crónica" que, según ha explicado, padece este órgano, una situación que, ha resaltado, no afecta a su imparcialidad, pero sí a su "independencia de actuación", puesto que le impide desarrollar eficazmente todas las funciones que tiene encomendadas.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, Rodríguez Álvarez ha señalado que el Consejo, creado en 2013, en un contexto de crisis económica y austeridad, quedó "a medio hacer" y es urgente "acabar de crearlo", entre otras cosas modificando su estructura orgánica.

La falta de controles y el vacío legal deja sin castigo a quienes incumplen la obligación de detallar sus bienes, actividades e intereses o se saltan el periodo de incompatibilidad de dos años tras cesar en un cargo público
El PSOE impulsa la reforma del Reglamento del Congreso para tapar ese agujero e impedir nuevos desplantes como la negativa en bloque de Vox a desvelar sus vínculos económicos
El Tribunal de Cuentas insta por segunda vez en cinco años a la Oficina de Conflictos de Intereses a hacer "comprobaciones periódicas y aleatorias".

Por Laura García. Transparentia
El 90% de los diputados del Congreso de los Diputados no publica su agenda tal y como obliga el código de conducta de las Cortes aprobado el pasado mes de octubre. Tan solo 34 de 350 parlamentarios sí lo hacen, como hemos podido comprobar en las fichas parlamentarias de cada uno.
Desde el Congreso explican a Newtral.es que los diputados no disponen de un plazo para cumplir con esta obligación y que el reglamento de la Cámara no concibe sanciones por su incumplimiento. De la misma forma, es el propio parlamentario el que autorizará la publicación de esta información y el contenido de la misma.

El PSOE y el PP han acordado repartirse, como grupos mayoritarios en las Cortes, la representación del Congreso y el Senado en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, unos puestos (uno por cada Cámara) que están vacantes desde junio de 2019. Este jueves el Congreso elegirá como vocal al secretario de Transparencia del PSOE, Odón Elorza, mientras que el PP promoverá a la senadora andaluza Teresa Ruiz Sillero para la plaza del Senado.