CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Ya son dos las decisiones judiciales que instan al Gobierno de coalición a entregar unos datos que sí fueron facilitados, sin problemas, por el anterior ejecutivo.
La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de apelación del Ministerio de Justicia, que deberá informar sobre las solicitudes de indultos que las cofradías piden con motivo de Semana Santa. Esta es la segunda sentencia en contra de las pretensiones del ministerio de no entregar una información que el ejecutivo de Mariano Rajoy sí que hizo pública.

Qué te han parecido las investigaciones sobre contratos de emergencia durante la pandemia que hemos publicado durante la semana pasada? Esperamos de corazón que te hayan gustado.
Queremos compartir en 10 breves píldoras lo que hemos sacado a la luz y algunas cosas que hemos aprendido por el camino. ¿Nos acompañas?

La tramitación de emergencia encaja como anillo al dedo en una situación de pandemia: permite comprar algo, contratar un servicio o encargar una obra solo con hablarlo, y que se ponga en marcha de forma inmediata, sin perder ni un segundo. Sin papeleos previos y sin tener que cumplir todos los trámites habituales. Pero hay reglas de la contratación pública que, ya a posteriori, sí son de obligado cumplimiento. Y la más importante es la de la transparencia: la adjudicación se tiene que publicar en 15 días. Sin embargo, en los contratos de emergencia adjudicados durante 2020 y publicados hasta febrero de 2021 esa transparencia llegó tarde: la media fue de 43 días, casi el triple de tiempo.

El Ministerio de Sanidad llegó a pagar más de seis euros por cada bastoncillo con tubo para hacer pruebas PCR. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tampoco se libraron de la escalada de precios: se llegaron a desembolsar, por ejemplo, más de cien euros por una garrafa de cinco litros de gel hidroalcohólico.
Investigación: Eva Belmonte
Datos: David Cabo
Visualizaciones: Carmen Torrecillas
Datos: Ángela Bernardo
Datos: María Álvarez del Vayo
Datos: Miguel Ángel Gavilanes

Se usó este procedimiento -a dedo y con mínimos controles y transparencia- en 16.589 contratos que sumaron 6.445 millones. La gran mayoría se destinó a la compra de suministros como mascarillas, pero también se colaron concesiones de tele pública, piscinas, compra de pistolas táser y hasta camellos para la cabalgata de Reyes.
Investigación: Eva Belmonte
Datos: David Cabo
Visualizaciones: Carmen Torrecillas
Datos: Miguel Ángel Gavilanes
Visualizaciones: Antonio Hernández
Datos: María Álvarez del Vayo
Datos: Ángela Bernardo

La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, a través de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, y la Fundación Ciudadana CIVIO mantuvieron la primera sesión de constitución de la comisión de seguimiento del convenio para el desarrollo del proyecto europeo ‘SceMaps’.
Este proyecto permitirá monitorizar la implementación de las políticas anticorrupción en la Comunidad para evaluar posibles vulnerabilidades o carencias de regulación, analizar la efectividad de las medidas existentes en la lucha contra la corrupción y proponer medidas preventivas más eficientes.

Compartimos el vídeo de la presentación de Eva Belmonte en la Tarugoconf 2020 sobre transparencia, información y el BOE en tiempos del coronavirus.

La Comisión Europea ha publicado el contrato firmado con la farmacéutica AstraZeneca para el suministro de su vacuna contra la COVID-19. La misma que este viernes 29 de enero ha recibido la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento y de la Comisión Europea y se incorporará, en cuanto se reciba, a la estrategia de vacunación de los estados miembros.
El contrato con la farmacéutica que ha publicado la Comisión consiste en un documento de 41 páginas con tachones en, al menos, 26 de ellas. Ya conocíamos parte de información, como el precio inicial de las vacunas o el valor mínimo del contrato, de unos 870 millones de euros, que según anunció el Gobierno podría aumentar hasta un 20%. Sin embargo, gracias a los marcadores del documento podemos tener algo más de información, tal y como alertó en Twitter Gareth Corfield. No tenemos todos los detalles, pero sí ciertas pistas.

27 de Enero de 2021 a las 18:00

Los telediarios pasan y se van. Si en algún ámbito tiene sentido ese “Verba volant, scripta manent” (“las palabras vuelan, lo escrito permanece“) es en las noticias diarias que millones de personas siguen en sus pantallas. Y si vuelan, es imposible analizarlas.

Por eso se creó Verba, una herramienta que analiza qué se ha dicho en los telediarios de TVE desde 2014. En un tiempo de campaña electoral constante, ¿a quién se nombra más en la tele pública? ¿Cómo se tratan los distintos casos de corrupción dependiendo de quien gobierne? ¿Cuándo y cómo apareció el coronavirus para quedarse? ¿Se le da bola a las pseudociencias? Esta y otras preguntas encuentran respuesta en Verba, una aplicación de código abierto que permite -apoyándose en Elastic- analizar la narrativa de los informativos.

Verba es un proyecto de la Fundación Ciudadana Civio, una entidad que investiga a fondo lo público y que, gracias a la tecnología, llega más allá que el periodismo tradicional. David Cabo, co-director de Civio, hablará de Verba y de otros proyectos de la fundación.

El número 2 del Santander ejerció durante dos años pese a tener antecedentes penales. Los sucesivos gobiernos evitaron su cese con indultos y reformas legales. Dejó el cargo justo antes de que el Banco de España decida si le expulsaba por tener antecedentes. Con 71 años, se llevó una pensión de más de 88 millones, muy superior a la del propio Botín.

La cifra es algo menor a la de 2019, cuando crecieron por primera vez desde 2013, pero es superior a años anteriores pese a la pandemia.
Durante 2020, el Gobierno concedió 30 indultos. 28 de mano del Ministerio de Justicia, los más habituales, y dos de Defensa. La cifra es algo menor a la de 2019, cuando crecieron por primera vez desde 2013, pero es superior a años anteriores (17 en 2018 y 26 en 2017, por ejemplo) pese a la crisis sanitaria.

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se resuelve el proceso de selección para la designación de vocales del Foro de Gobierno Abierto, en representación de las Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro representativas de la sociedad civil.

Esta Secretaría General designa como miembros del Foro de Gobierno Abierto en representación de la sociedad civil, a la siguientes Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro:

1. Access Info Europe.

2. Transparencia Internacional España.

3. Acreditra, Asociación de profesionales de la transparencia.

4. Fundación Ciudadana CIVIO.

5. Asociación de Archiveros españoles en la Función Pública.

6. Asociación Ciudadana Openkratio.

7. Fundación Hay Derecho.

8. Fundación Más Democracia, Mejor Política.

Maldita.es, Civio y Newtral coinciden en el incumplimiento del Gobierno en materia de transparencia un año después.
El próximo 14 de enero se cumple un año de la toma de posesión del Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos. Diversos colectivos que fiscalizan a diario la acción del Ejecutivo y ejercen labores de fact checking coinciden en el incumplimiento en materia de transparencia.

El mundo ha cambiado mucho este año. Nosotros un poco también, pero nuestros objetivos y nuestro compromiso contigo no.
Por eso, nos gustaría pedirte unos minutos de reposo y hacer balance contigo de lo que hemos hecho en 2020

Los ganadores correspondientes a las tres categorías escogidos entre las 44 candidaturas presentadas han sido:
Categoría Ideas:
Primer premio de 1500 €: Castilla y León en remoto, presentado por Cristina Pérez Fernández y César González Palomo.
Segundo premio de 500 €: CYL MOVILIDAD , presentado por Juan Carlos Solís Méndez.
Categoría Productos y Servicios:
Primer premio de 2500 €: Escovid19data. Recopilación colaborativa de datos de COVID-19 por provincias en España , presentado por Pablo Rey Mazón, Javier Cantón, Mariluz Congosto, Belén Gª-Pozuelo, Nacho García, Daniel G. Peña, Manuel Higinio, Javier E. Kniffki, Manuel Muñoz, David Rodríguez, Alfonso S. Uzabal y Ramón Tejedor.
Segundo premio 1500 €: Castilla y León Gurú , presentado por Guido García Bernardo.
Premio estudiantes de 1500 €: TurisCyL: Planifica tu viaje por Castilla y León , presentado por David Población Criado.
Categoría Recurso Didáctico:
Primer premio de 1000 €: Casual Learn : aprende historia del arte en Castilla y León, presentado por Miguel Luis Bote Lorenzo, Guillermo Vega Gorgojo, Juan I. Asensio Pérez, Eduardo Gómez Sánchez, Yannis Dimitriadis y Alejandra Martínez Monés.
Categoría Periodismo de Datos:
Primer premio de 1500 €: Cobertura sobre las pruebas diagnósticas del coronavirus en España , presentado por la Fundación Ciudadana Civio.

Hemos hablado con Eva Belmonte, de la Fundación Civio, que elaboraron el exhaustivo estudio “Medicamentalia” sobre las zonas oscuras de los acuerdos de las farmacéuticas con los gobiernos. No se hacen públicos los costes de producción y se olvida siempre que en la mayoría de las investigaciones, también en las de la COVID-19, se invierte mucho dinero público. A través de este estudio de Civio se puede comprobar la falta de transparencia en este sector. Eva Belmonte destaca que “lo positivo en este caso, es que la Unión Europea compra en bloque” y al ser tantos países puede conseguir mejores acuerdos y en mejores condiciones.

Te mostramos de un modo claro cómo se distribuye nuestro presupuesto. De dónde vienen los ingresos y a qué destinamos el gasto.

Ocupó puestos de confianza durante los gobiernos de Zapatero y coincidió, bajo la batuta del exministro Francisco Caamaño, con el actual responsable de Justicia, Juan Carlos Campo.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) ha anunciado que el 9 de setiembre, “por transparencia y para que la comunidad pueda ayudarnos a mejorar la app”, tiene previsto liberar el código fuente de Radar COVID, la app oficial de rastreo de la propagación del coronavirus entre contactos que ya está operativa en diez comunidades autónomas y ha sido descargada por 3,4 millones de personas.
Desde Civio celebramos la disposición a hacer público dicho código bajo el principio de la transparencia. Esperamos que se haga de forma completa y abierta, no a medias. Pero, sobre todo, recordamos que esta decisión, si se lleva a cabo, no repara la opacidad y la obstrucción que el Gobierno sigue demostrando en otros casos, actualmente judicializados, sobre el derecho de la ciudadanía a consultar el código fuente de programas de software creados desde las administraciones con fondos públicos y utilizados para gestionar o controlar derechos y obligaciones de los ciudadanos.

La Cadena SER y RNE nos han abierto sus micrófonos para contarte claves sobre la gestión de lo público, entresijos del BOE y detalles de nuestras investigaciones. Ya puedes escuchar aquí todos los programas.

Uno de cada seis empleados eventuales –elegidos a dedo, sin proceso selectivo ni oposición– ha trabajado para sucesivos gobiernos. Entre estos 'supervivientes' destacan los administrativos, ordenanzas y vigilantes y otros puestos reservados a funcionarios, interinos o laborales.
Datos e investigación: Miguel Ángel Gavilanes
Investigación: Eva Belmonte
Datos: David Cabo
Visualización: Antonio Hernández

Con la jurisprudencia a favor y el Gobierno en contra, hoy te contamos quiénes son los asesores del Ejecutivo, por qué es tan difícil sacarlos a luz y las razones por las que es necesario hacerlo.

(...)

Relacionado: El Gobierno de coalición cuenta con 100 asesores más que el anterior de Sánchez y 200 que Rajoy en la misma época | Civio http://sco.lt/5MJx7A

La mayoría de los ministerios tiene personal eventual que, en algún momento, estuvieron en listas electorales de PSOE y Unidas Podemos. Destacan quienes no renovaron sus escaños en las últimas elecciones generales.

Investigación y datos: Miguel Ángel Gavilanes
Datos: David Cabo
Visualización: Antonio Hernández
Investigación: María Álvarez del Vayo
Investigación: Eva Belmonte
Investigación: Ángela Bernardo
22 julio 2020

El Gobierno, para intentar frenar el acceso a información pública, no solo dispara con pólvora del rey, sino que además, dispara al aire. En los últimos meses, el Ejecutivo ha llevado a juicio, una vez sí y otra también, todas las resoluciones que le obligaban a dar información. Incluso en casos en los que esos datos se han dado en otras ocasiones o cuando ya se ha respondido a la pregunta. Ante la duda, recurso al canto.
Y no importa si esa información se ha dado ya antes o si están recurriendo una decisión cuando han dado los datos, por otro lado, sin problemas. Y mientras, el contador del gasto público sigue subiendo, entre costes judiciales y de personal. Por defecto, recurren las resoluciones del Consejo de Transparencia y las decisiones judiciales que les obligan a ser más transparentes. O no las ejecutan. Veamos algunos ejemplos:

María José Santiago fue nombrada en julio de 2018, poco después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Contratos que obligó a crear ese órgano de control, por un periodo de seis años.
El BOE de hoy recoge el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 30 en el que acepta la renuncia de María José Santiago como presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), que deja el cargo para ocupar otro puesto. Santiago fue nombrada el pasado 23 de junio directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal de la empresa pública TRAGSA.