CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Pablo Salvador Coderch es Catedrático emérito de derecho civil Universitat Pompeu Fabra.

Hay muchos motivos para llegar a un acuerdo de gobierno, al menos medio millar. En Cataluña hay unos 500 cargos públicos cuyos nombramientos dependen del Govern: consellers, secretarios generales, directores generales, delegados, asesores o directivos de empresas o agencias públicas. Suponen más de 50 millones de euros en sueldos, pero su importancia real es muy superior, pues un director general —yo lo fui— tiene una capacidad de gestión considerable y una influencia innegable en los sectores público y privado sobre los cuales proyecta su actividad —en mi caso fueron las asociaciones y las fundaciones catalanas.

Este fin de semana se ha producido un nuevo ciberataque que ha afectado a diversos organismos gubernamentales de nuestro país: la empresa asturiana ASAC de servicios en la nube ha sido atacada por un ransomware y ha dejado sin servicio a ayuntamientos como el de Oviedo, Vinaròs o Mungia y distintas entidades como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La Administración digital requiere de nuevos paradigmas dado que estamos pasando del modelo de sociedad industrial al modelo digital y las reglas de funcionamiento están cambiando. No es aventurado decir que ha llegado el momento de mover ficha y tocar algunas de las bases fundamentales de nuestras administraciones públicas. Esas bases que en ocasiones preferimos pasar de puntillas o ir poniendo parches para no generar ninguna herida.

Después de muchos años, la Junta de Andalucía se atreve a abrir el melón de la reforma de la función pública, crucial para mejorar la eficacia de los servicios públicos y para fomentar el dinamismo empresarial

Una cincuentena de académicos, políticos y personalidades ha firmado el manifiesto "Per una direcció pública professional", impulsado por el Institut Ostrom, para pedir el fin de la politización de la administración pública en Catalunya.
El manifiesto defiende que es imperativo iniciar un cambio gradual de un modelo organizativo de la administración pública en Catalunya, "hasta ahora asentado exclusivamente en pautas de confianza y discrecionalidad políticas", hacia un modelo meritocrático de acreditación de competencias para el correcto cumplimiento de un puesto de trabajo y, por lo tanto, la sumisión de la continuidad en el ejercicio en función de la evaluación de resultados y no del ciclo electoral.

La pandemia ha sido una prueba de estrés para los sistemas informáticos de los gobiernos de todo el mundo que ha dejado portales de empleo saturados, sistemas sanitarios inconexos, ayudas imposibles de pedir... Todos estos problemas se deben a distintas causas, como los sistemas obsoletos y fragmentados y la falta de comprensión de las necesidades de las usuarios.

Hace poco participaba en una ponencia en ADEIT en que la que hacía alusión a la magnífica distinción entre burocracia buena y burocracia mala, distinción aportada por Carles Ramió, cuando utiliza el símil la de la burocracia como el colesterol, que lo hay bueno y lo hay malo. Esta distinción es muy importante pues hay que tener cuidado de que en la lucha contra la burocracia (mala) no desaparezcan las garantías que todo ciudadano debe tener frente la administración gracias a la burocracia (buena).

El “Centro de soporte para el intercambio de datos” (Support Centre for Data Sharing o SCDS en inglés) nació en 2019 como parte de la estrategia europea para impulsar un ecosistema de datos común. Se trata de un espacio para investigar e informar sobre las prácticas del llamado data sharing (intercambio de datos), que ellos mismos definen como “transacciones de cualquier tipo de información en forma digital, entre diferentes tipos de organizaciones”.
El SCDS proporciona soporte práctico a organismos públicos o privados que busquen compartir sus datos -independientemente del modelo elegido para ello-. Entre otras cuestiones, difunde buenas prácticas y casos de éxito con el objetivo de inspirar a otros en el intercambio de datos. Los ejemplos, que no se limitan al ámbito geográfico de Europa, abarcan diferentes sectores, desde la agricultura hasta la sanidad o la movilidad.
En el informe Data Sharing Practice Examples encontramos algunos de ellos. Este documento se centra principalmente en plataformas e iniciativas de terceros que pueden servir de apoyo a la gobernanza y el cumplimiento normativo en las prácticas de intercambio de datos.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha abierto un canal en la plataforma de streaming Twitch con el objetivo de abrir sus mensajes a nuevos públicos.
Se trata de una acción enmarcada en el Plan de Captación de Talento del Ministerio, dirigido a atraer a los mejores currículums a las Administraciones Públicas, promoviendo las oportunidades de trabajo y el desarrollo profesional, para desarrollar los mejores servicios públicos.
El canal se inaugurará el próximo jueves, con la retransmisión de la jornada de captación de talento público que presidirá el ministro Miquel Iceta en la Universidad Carlos III de Madrid, y en la que empleados públicos, con distintos perfiles y trayectorias, mostrarán su experiencia y los beneficios de la Administración Pública como salida profesional.

El post de esta semana nos lo trae José Antonio García García, que ya pasó por aquí otra vez. José Antonio es miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Adminitración General del Estado y presidió ASTIC, asociación más representativa de dicho cuerpo. Ahora es Subsecretario del Ministerio de Consumo. Un gustazo tenerle por aquí de nuevo.
El pasado 30 de marzo, el Consejo de Ministros procedió a aprobar el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Su objetivo es el desarrollo reglamentario derivado de la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en lo referido a la gestión electrónica de los procedimientos y el funcionamiento electrónico del sector público. En resumen, se viene a establecer y completar el marco normativo de la digitalización[1] de las Administraciones Públicas.

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha destacado que los premios en las administraciones públicas son un reconocimiento y a la vez un éxito de la cogobernanza y un instrumento del aprendizaje mutuo y la cooperación
El premio a la Excelencia en la Gestión Pública es para la Universidad de Cádiz, el premio a la Innovación en la Gestión recae en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el premio Ciudadanía se otorga a la Agencia Española de Protección de Datos
Accésits: Subdelegación de Defensa en Toledo y Organismo Autónomo “Madrid Salud” del Ayuntamiento de Madrid (Excelencia); Dirección General de la Guardia Civil, Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias y Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Innovación); y Agencia Española de Protección de Datos, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y entidad empresarial Red.es (Ciudadanía)

Una de las cuestiones que más preocupan en las administraciones públicas es decidir qué canales de comunicación tienen que implantar para poder comunicarse con la ciudadanía, algo que se ha hecho más acuciante ante la situación generada con la crisis del coronavirus en el que se han limitado los contactos presenciales y se ha impuesto el distanciamiento social.

Los avances científicos y tecnológicos siempre han producido una atracción hipnótica en la humanidad con la promesa de un mundo mejor a la vez que han generado desconfianza por sus efectos negativos en el empleo. Las últimas décadas están repletas de esos avances, algunos por concretar, pero también de importantes retrocesos sociales y democráticos. En la tecnología depositamos la esperanza de una democracia más plena, de una sociedad más justa y participativa, de una economía más equitativa, de un mundo interconectado y cooperativo, de unas instituciones públicas más abiertas y proactivas al ciudadano. Es posible que las tecnologías permitan todo esto y más, pero también hemos visto que no lo harán por sí solas.

Administración digital e innovación pública. Repensando la Administración Pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regula de manera unitaria el funcionamiento y la actuación del sector público por medios electrónicos tanto en el ámbito interno de la Administración como en sus relaciones con la ciudadanía que entrará en vigor el próximo 2 de abril.
Entre las medidas que implementa se encuentra la posibilidad de acceder a un único punto de información, tener una carpeta ciudadana y consultar las notificaciones de la Administración electrónica desde una misma dirección.
Además, otra de las metas del decreto es evitar que los ciudadanos tengan que dar información que hayan dado previamente a la Administración. En esta línea, la Administración tendrá un archivo electrónico de expedientes.

En «La Administración a través del espejo. El futuro empieza hoy» nos preguntamos ¿qué hay de nuevo en la administración? En estos momentos de cambios e incertidumbres, de absoluta liquidez, hay que plantearse cómo afrontar los nuevos retos para que sean realidad, porque el futuro empieza hoy.

24 de marzo de 2021. 09:30 h.

Programa: http://www.cositalvalencia.es/rs/10988/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/eef/fd/1/filename/programa.pdf

Inscripción: https://bit.ly/3cI7nHU

Organización:COSITAL VALENCIA y AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

Estos días es lugar común leer, escuchar y ver historias sobre dónde y cómo estábamos hace un año, y cómo nos ha cambiado la vida la declaración de la pandemia por el Covid-19, y las sucesivas olas que se han ido produciendo. Pocas personas pensarían (yo desde luego, no era una de ellas) aquel 13 de marzo de 2020 que un año después seguiríamos en situación de pandemia, con un elevado grado incertidumbre, enfilando el final de la tercera (y ojalá última) ola, preocupados por la vacunación y ocupados en intentar encontrar la solución a la terrible crisis económica y social que ha acompañado a la crisis sanitaria, y esperanzados por el maná europeo en forma de Fondos Next Generation.

OneTrust GRC lanza una plantilla de autoevaluación ENS para ayudar a tu organización a determinar el nivel de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Este marco es obligatorio tanto para las entidades de la administración pública como para las entidades privadas que trabajan con la administración pública. Esta autoevaluación sigue la estructura del Real Decreto Ley 3/2010 y ayuda a identificar los controles requeridos conforme al Anexo II del ENS y hace una relación con controles de marcos similares, en particular ISO/IEC27002 y NIST.

Si uno de los temas que definirá el futuro de las organizaciones es el machine learning las administraciones públicas no son una excepción. Vamos encontrando casos cada vez más interesantes, aplicados a cuestiones como la auditoría, la prevención de incendios o, muy de actualidad, la previsión de la evolución del COVID. La cuestión es que, dentro de esta tecnología encontramos una serie de herramientas y modelos diferenciados… La cuestión es que un conocimiento de los mismos nos debe llevar a dos cuestiones fundamentales: encontrar oportunidades de aplicación y seleccionar la mejor opción dentro de las existentes. En este artículo os cuento un poco los principales tipos que hay y las áreas de aplicación más adecuadas que podemos encontrar en el sector público.

Se han analizado ya desde muchos puntos de vista los incontables retos que nos esperan los próximos años en relación con la modernización de nuestras Administraciones públicas, y más aún ahora cuando con la pandemia nos hemos dado cuenta de que las mismas, lejos de tener el músculo necesario para gestionar la crisis de forma eficiente y rápida, se han visto desbordadas – en la mayoría de los casos – por las circunstancias que todos conocemos.

También se han propuesto ya muchos planes de contingencia y se han elaborado algunas estrategias para “modernizar” lo público, ya sea desde la Administración General del Estado como del resto de niveles de Gobierno. Sin embargo, muy pocas de ellas, y perdonadme la sinceridad, conseguirán lo que se proponen si antes no han sido capaces de otear el horizonte con una perspectiva diferente, no tan de cartón piedra, y mucho más profunda en lo esencial, y transformadora en sus consecuencias. Esto no va ya de pequeños retoques, sino de adaptación al cambio, de renovarse o morir.

No deja de ser curioso que, una vez más, haya sido la política europea la que nos despierte del amodorramiento casi secular en el que se encuentra la Administración Pública española. Hace poco más de diez meses nadie hablaba por estos pagos de transformar la Administración Pública. Algunos ingenuos bienintencionados nos permitíamos la osadía de proponerlo antes de que entrara en circulación política. El silencio o el desprecio más cínico fue la respuesta dada por un poder siempre pegado a la contingencia del momento y a la chapucilla de la instantaneidad. Es el pegamento de la política patria. De momento, no se conoce otra.

Quizás a estas alturas del reportaje el lector esté pensando en la Administración como un ente obsoleto y anticuado incapaz de ponerse a la altura de los tiempos como causa ulterior de que las tarjetas no sean una opción para el pago de servicios. En realidad los tiros no van por ahí. Las tarjetas fueron un medio de pago habitual y cotidiano en la administración pública hasta hace unos años, pero los escándalos de corrupción con ellas como vehículos para el fraude pulverizaron su aceptación.

Resumen
Los Fondos Next Generation (o NextGenerationEU) se presentan como el principal instrumento de financiación europea a medio plazo para la recuperación y reactivación de la maltrecha economía, planteado a partir de una apuesta decidida por la transformación digital y el desarrollo de la resiliencia de los distintos sectores, donde el público aparece con un papel protagonista. Estas y otras «buenas intenciones», plasmadas en documentos como España Digital 2025 o Europa Digital 2027, y normas como el tantas veces comentado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, chocan con una realidad administrativa muy alejada de esa «nueva generación», y que de ningún modo va a renovarse con simples documentos teóricos o iniciativas a golpe de BOE, sino con una actitud activa, de voluntad de cambio estructural y funcional, de gestión y ejecución estratégica, y todo ello desarrollado según un orden lógico de las cosas, en el que el cumplimiento definitivo de las Leyes 39 y 40 de 2015 debe abordarse evidentemente antes que los proyectos megatecnológicos.

No cabe duda que las competencias digitales son ya (y lo serán mucho más en un futuro inmediato) uno de los ámbitos imprescindibles para el desarrollo de tareas profesionales en el ámbito público y privado. La Unión Europea ha venido reconociendo la importancia de las competencias digitales (digital skills) para vivir, aprender y trabajar en la sociedad del conocimiento. La Comisión Europea también lanzó hace tiempo el proyecto sobre competencias digitales conocido por su acrónimo DIGCOM, que establece cuatro niveles de aptitud. Son los siguientes: Básico; Intermedio; Avanzado; y Altamente especializado.