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El Consejo de Transparencia alerta del abuso del silencio administrativo ante las demandas de información a organismos públicos
Los ministerios de Interior, Política Territorial y Función Pública, Sanidad y la Presidencia del Gobierno fueron, por ese orden, los organismos que más reclamaciones recibieron por inisterio pocuestiones falta de transparencia durante el año 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, según recoge en su memoria correspondiente a ese ejercicio el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, será presentado el jueves en el Congreso por el presidente de este organismo, José Luis Rodríguez Álvarez.

En cumplimiento de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la dirección del Cuerpo Nacional ha accedido finalmente a facilitar el número de funcionarios de libre designación con ‘casa gratis’, después de que en un principio hubiera recurrido al silencio administrativo para no ofrecer el dato. El Ministerio del Interior tampoco respondió a Transparencia cuando le ofreció la posibilidad de formular alegaciones tras la presentación de la reclamación.

Transparencia respalda esta interpretación y reitera que la difusión de estos datos podría afectar a las relaciones de España con los países de origen

El organismo concede 10 días hábiles a la Policía Nacional para que detalle la edad de los inmigrantes

El Ministerio del Interior se niega a detallar las nacionalidades de los migrantes irregulares que llegaron el pasado año a Canarias con el argumento de que la difusión de estos datos podría generar problemas «en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados» y afectaría «gravemente» al desarrollo de futuras expulsiones.
Así lo ha alegado el departamento que dirige Grande-Marlaska después de que este diario formulara una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tras no haber obtenido respuesta a la información solicitada.

El Ministerio del Interior es el ministerio con más solicitudes de acceso a la información pendientes de resolver en el Portal de Transparencia, con un total de 197, según los datos obtenidos por Newtral.es a través de una solicitud.
De estas, hay 108 peticiones paralizadas, es decir, que no han obtenido respuesta aún habiendo superado el plazo máximo de un mes que tiene el órgano competente para emitir una resolución desde que recibieron la solicitud. Las otras 89 peticiones de información asignadas a Interior están pendientes de resolución dentro del plazo legal.

El número de pabellones que no se pueden utilizar se ha multiplicado por cuatro en los tres últimos años debido a la falta de inversiones para su mantenimiento

Asturias, Cádiz, Jaén y Cáceres son las provincias con más inmuebles inoperativos.

De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General en contestación a una petición tramitada a través del Portal de la Transparencia, el Cuerpo tiene repartidas por las 50 provincias y las dos ciudades autónomas un total de 36.329 viviendas, de las que se están utilizando hoy el 69 % (25.107). Del parque total, 2.228 están inhabitables, algo más del 6 %.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha concedido un plazo de diez días hábiles al Ministerio del Interior para que detalle cuántos policías nacionales residen en viviendas oficiales y cuánto supone para el erario el alquiler, mantenimiento o limpieza de dichos inmuebles, dado que se trata de «información pública» y su conocimiento ayudaría a saber «cómo se manejan los fondos públicos».

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio del Interior a que haga pública la resolución con la que destituyó, el pasado 12 de marzo, al jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, quien había diseñado, ya en enero, un plan de prevención contra el coronavirus para el Cuerpo, antes incluso de que el Gobierno decretase el estado de alarma, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia al covid-19 y que se detectase la primera infección en España.

Silencio administrativo, protección de datos o petición repetitiva son algunas de las excusas que dan las administraciones cuando no se facilita la información que se ha solicitado a través del Portal de Transparencia del Estado, ejerciendo el derecho de acceso a la información. Pero si no se obtiene respuesta o, en caso de obtenerla, no se está de acuerdo con ésta, existe una alternativa: acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, institución encargada de recoger la reclamación a este asunto y resolverlo dándole la razón a la administración o al ciudadano.

Por Laura García y Mar Tomico

Un juzgado ha condenado en costas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras desestimar el recurso que había interpuesto contra una resolución por la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le instaba a proporcionar información a un sindicalista acerca de cómo dos funcionarios habían logrado plazas en la prisión de Valencia.
En una sentencia fechada el pasado 12 de agosto, a la que ha tenido acceso este diario, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 6 desmonta los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado y rechaza el motivo alegado por el Ministerio del Interior para no facilitar la información requerida. El fallo es firme al no haberlo recurrido la Administración.

Si Juan Ignacio Zoido desveló en el Senado cuánto costó la ‘Operación Copérnico’ de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña en otoño de 2017, Fernando Grande-Marlaska tendrá que dar el mismo dato del despliegue de seguridad en la misma comunidad de octubre a diciembre de 2019, la llamada ‘Operación Ícaro’.
Así lo ha decidido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una resolución consultada por Confidencial Digital, en la que estima la reclamación de un particular al que el Ministerio del Interior denegó los datos que pedía sobre este asunto.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación y decidió instar a Interior a remitir al reclamante la información que había solicitado.

El presidente del Gobierno se niega a facilitar por el Portal de Transparencia los vuelos en el Falcon invocando que es información reservada / Carmen Calvo, Teresa Ribera y Grande-Marlaska no ven obstáculo y han proporcionado la información.

El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional ocultan el listado de migrantes muertos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde el 2000 hasta la actualidad y qué ocurrió con sus cuerpos. Interior debería haber entregado esta información a Maldita.es tras una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daba la razón a este medio de comunicación, pero no lo ha hecho. (...)
Interior tenía que haber entregado la información antes del 4 de marzo según la resolución del Consejo, pero el ministerio sigue ocultándola tres meses después.

El pasado 15 de julio de 2019 un joven marroquí, Marouane Abouobaida, se quitó la vida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en Valencia. El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional, los encargados de la gestión de los CIE, debían entregar los informes de su muerte a Maldita.es tras una resolución del Consejo de Transparencia del pasado mes de diciembre, pero no lo han hecho.

Interior y la Policía Nacional ocultan así unos informes que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le ha instado a entregar al considerarlos información pública, después de que Maldita.es los solicitara utilizando la Ley de Transparencia.

El escándalo de los ceses en el Ministerio del Interior pone de relieve --una vez más-- varios de los problemas institucionales que aquejan a nuestra democracia. Efectivamente, no es fácil encontrar un síntoma tan claro de una enfermedad institucional como el cese del coronel Pérez de los Cobos.

El departamento que dirige Marlaska se queja de que un redactor de este diario formuló el pasado año casi 60 peticiones de información y le atribuye por ello un “uso abusivo” / La ley no fija límites en el número de solicitudes que se pueden presentar.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tumba los argumentos del Ministerio del Interior y considera que la carta con la que Grande-Marlaska se dirigió a los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para que agentes de ambos Cuerpos participaran uniformados en la última manifestación del Orgullo en Madrid es «de interés» y de «relevancia social», por lo que no hay motivos para que el Gobierno trate de ocultarla.