CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La llegada de la Administración Electrónica a Torrevieja va a suponer la agilización y un gran cambio de paradigma para la ciudad y para los servicios públicos e internos del propio Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Torrevieja, dada la actual situación de excepcionalidad que estamos viviendo en la que se requieren actuaciones rápidas e inmediatas para garantizar el buen servicio y la mejor atención a los ciudadanos, ha aprobado en Junta de Gobierno Local (JGL) celebrada en la mañana de hoy, a través de la tramitación de Emergencia, la implementación de la Administración Electrónica en nuestra ciudad.

Los plazos para resolver peticiones de acceso a información pública o las reclamaciones que se han presentado al Síndic de Greuges por vulneración de derechos se suspenden.

La experiencia profesional de su día a día como letrado de la Oficina del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana desde hace dos décadas y la peripecia personal que vivió para conseguir un documento oficial cuando un proyecto urbanístico en Alicante amenazaba con expropiarle la casa le llevaron a elegir la transparencia como tema sobre el que giró su tesis doctoral, defendida meses antes de que se aprobara la ley que regula el acceso a la información pública (diciembre de 2013).
Miguel Ángel Blanes Climent (Alcoy, Alicante, 1972) ha demostrado ser un corredor de fondo, no sólo por haber corrido una veintena de maratones. También lo acredita su lucha por conseguir que las administraciones públicas sean menos opacas.

Manuel Jaramillo Fernández  es Secretario de Administración local, Categoría Superior (FHCN)
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que la mentalidad del jurista medio español es incapaz de asimilar las consecuencias que los estados de emergencia o excepcionalidad acarrean, lo que en realidad es un síntoma de los vicios ocultos de un sistema universitario que hurta a sus alumnos de muchos grandes autores si no cumplen los cánones de lo políticamente correcto. (...)

Es necesario levantar la suspensión de la tramitación para todos los expedientes de contratación pública
José Manuel Martínez Fernández - Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid y experto en Derecho Administrativo

"El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, ha colgado en la página principal del Portal de Transparencia una Nota Informativa de fecha 17/4/2020.
Se trata de un documento de 4 páginas que viene a confirmar, en mi opinión, dos hechos importantes: (...)"

17 DE ABRIL DE 2020.

En el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado existe una sección de publicidad activa, en la que se incluye la información quela Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG) obliga a publicar a las Administraciones Públicas, de manera activa, y una sección para ejercer el derecho de acceso a la información pública, paralas solicitudes de información a petición de un interesado.A continuación se aclara la forma en la que se está funcionando durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020de 14 de marzo: (...)

La transparencia no está suspendida. El estado de alarma no suspende la transparencia. Estos días se ha generado un (justificado) debate sobre si siguen vigentes las obligaciones de las administraciones públicas en materia de transparencia y, en consecuencia, la obligación de rendición de cuentas de la gestión pública en todas sus dimensiones.

Access Info Europe ha lanzado hoy “España: el COVID-19 y la información”, una guía que trata de responder a las inquietudes generadas sobre el acceso a la información y el ejercicio de este derecho, después de que la declaración del estado de alarma ha resultado en la suspensión de plazos para la Ley de Trasparencia.
La guía, que aborda los efectos del estado de emergencia sobre cuestiones como las solicitudes de acceso a la información, el funcionamiento del Portal de Transparencia y la contratación pública, está dirigida a periodistas, sociedad civil y ciudadanos en general, y pretende poner luz en medio del ruido mediático que se ha generado en torno a la crisis del coronavirus. De este modo, recoge cuáles son y dónde se encuentran las normas relevantes recientemente aprobadas y que afectan al uso del derecho de acceso a la información.

La entrada en vigor del estado de alarma, hace un mes, ha congelado la aplicación de la Ley de Transparencia. Los ciudadanos pueden enviar solicitudes de información, pero nada más hacerlo reciben un aviso: los plazos están suspendidos. Nadie va a tramitar esa petición hasta que el país recupere la normalidad. Esto impide, por ejemplo, solicitar las actas del comité de expertos en el que el Gobierno dice basar sus decisiones o pedir copia del contrato de compra de los 640.000 test chinos defectuosos. Tampoco hay acceso a datos como el número de test que hace cada comunidad autónoma, cifra que Sanidad no divulga pese a disponer de ella.

"El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se celebrará, por primera vez en su historia, de forma telemática este jueves a las 18,00 horas con 20 puntos en su orden del día. La característica de esta sesión plenaria viene justificada como una medida más derivada de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del Covid-19 y el Decreto de Estado de Alarma del Gobierno de la nación para la contención de este coronavirus."

Imagen: Twitter @anaisabel_jc

El PSC de CERES-FNMT implementa la renovación de certificados electrónicos cualificados caducados durante el estado de alarma.

Se adjunta la nota informativa emitida por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género en la que se abordan cuestiones de interés en relación con las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género, para el ejercicio 2019, durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas

Documentos

Argumentos de las personas que defienden que los procedimientos de licitación pública están suspendidos:
Los plazos lo están y los órganos consultivos ratifican esta interpretación.
Argumentos a favor de entender que los procedimientos de licitación pública NO están suspendidos:

(...)

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Resumen
En estos días se suceden los reales decretos y resoluciones que intentan paliar la difícil situación en la que queda la contratación pública por la crisis del COVID-19. A la vista de tan amplia normativa, hemos decidido elaborar un artículo doctrinal desde una óptica principalmente práctica para que resulte de fácil consulta para el lector, de forma que cualquier cuestión de las contenidas en el artículo que pueda ser de interés, sea localizada rápidamente. Para ello, esperamos que esta guía práctica sirva de brújula a los operadores jurídicos y económicos de las entidades locales respecto de las acciones y medidas a adoptar en este período. Vayamos a ello.

Se ofrece altruistamente Servicios de apoyo de vigilancia y control con drones en los Municipios de España para dar cumplimiento al estado de alarma RD COVID-19 Cuenta con profesionales cualificados y titulados como pilotos de drones por AESA, además de drones equipados con cámaras térmicas para detectar temperaturas en transeúntes o personas en vehículos, así como control de personas en zonas como azoteas. Además, están habilitado con sistema de sonido integrado, en varios idiomas, (...)

Email: blanca@alirepilotos.es
Página web AlAire Pilotos

"(...) Lo que no acierto a comprender es que, aceptado que durante esta situación van a seguir dictándose actos administrativos, adjudicándose contratos y aprobándose disposiciones –con el riesgo de que alguno de estos actos y disposiciones excedan de las excepciones de suspensión previstas en la DA tercera del RD 463/2020- , se esté interpretando que la suspensión de plazos conlleva una suspensión de algunos mecanismos de control de la actividad de las Administraciones públicas. De ahí que tenga sentido preguntarse si también están en cuarentena y confinados los medios de que disponen los ciudadanos/administrados para reaccionar contra la actividad, la inactividad y la vía de hecho de las distintas Administraciones públicas."

Este estudio forma parte del trabajo publicado con Jorge Pérez Bravo para el especial sobre el COVID19 publicado por la Revista Gabilex. Que fue entregado en su última versión el 03/04/2020 y publicado en abierto el 06/04/2020. Es preciso señalar que con fecha 12/04/2020 se conocía en la Web oficial de la JCCAE la Nota informativa sobre tramitación de emergencia de los contratos por los que se instrumentan medidas de lucha contra el COVID-19, que resulta de obligada consulta para completar lo aquí recogido.

Si el pasado 26 de marzo, en el artículo que escribí en este mismo espacio, nos sentíamos abrumados por la intensidad normativa del momento. Hoy siete reales decretos ley (RDL 6/2020 al 13/2020) con todo tipo de medidas, incluidas las de contratación pública, más una actualización del Código Electrónico de Contratación Pública y un sinfín de de normas, órdenes, informes y guías, imagínense ¿quién se atreve a definir la situación? Yo desde luego no.
Ante tal avalancha normativa son de agradecer algunos esfuerzos de sistematización como el Normograma: COVID-19 y contratación pública de Jaime Pintos, y algunas guías genéricas como la elaborada por WOMEN IN A LEGAL WORD y otras especificas como la de CEOE y CEPYME con las medidas de carácter laboral y de la Seguridad Social, explicativas de la aplicación de las nuevas normas. Son como se pueden imaginar sólo un botón de muestra.

Pérez-Llorca ha organizado un webinar con el objetivo de analizar las principales disposiciones normativas aprobadas en materia de contratación pública para abordar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que han sido recogidas en los Reales Decretos-ley 8/2020, de 17 de marzo, 10/2020, de 29 de marzo y 11/2020, de 31 de marzo. El coloquio virtual ha contado con la participación de Beatriz García, Elena Veleiro y Natalia Olmos, socias y abogada del área de Derecho Público y Litigación de Pérez-Llorca.

El apagón informativo del Ministerio de Sanidad sobre el importe de los suministros comprados para frenar el avance del coronavirus y sobre la identidad de los proveedores sanitarios incumple la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así se desprende de un informe —fechado el Viernes Santo— de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que interpreta la tramitación de emergencia derivada del estado de alarma decretado el 14 de marzo. El dictamen se muestra rotundo en este aspecto, al afirmar que "la LCSP no recoge especialidades para estos contratos en relación con la publicidad de los actos de adjudicación y formalización en el perfil de contratante del órgano de contratación respecto al régimen de publicidad previsto con carácter general". (...)

A diferencia del Gobierno español, 20 países sí publican licitaciones relacionadas con el coronavirus en un portal especial habilitado en la plataforma de contratación de Europa. “El propósito de esta página es facilitar el acceso a licitaciones relacionadas con la pandemia del Covid-19. En este contexto, la siguiente lista destaca la contratación pública en el área de equipos médicos, reflejando así las necesidades de las autoridades y servicios sanitarios”, informa la web.

Documentos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a obviar este lunes por enésima vez las preguntas sobre los distribuidores que el Ejecutivo ha utilizado para comprar test y mascarillas, pero lejos de la opción de hacer oídos sordos cada día, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha dado un paso más para evitar dar estos detalles. El Ejecutivo ha suspendido el derecho de acceso a la información a través del portal de transparencia.

"Los contratos para nuevas inversiones, cuya ejecución estaba prevista en este año, seguirían sin poder tramitarse, aun con esa reforma. Es necesario reactivar estos contratos, en especial en las Entidades locales.
(...)
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP (adicional 15ª), la tramitación de los expedientes de contratación ha de ser electrónica, con lo que es perfectamente posible su tramitación mediante el teletrabajo. La Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP) permite en este momento la tramitación electrónica completa de cualquier contrato."