CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Leading transparency and anti-corruption organisations from across Europe have today released the Public Procurement Glossary, a guide on the terminology used in public procurement processes, with the goal of making it easier for civil society and journalists to monitor for corruption and wrongdoing in local procurement processes.
The Public Procurement Glossary has been produced by Access Info Europe, Civio, ePaństwo Foundation, Funky Citizens and K-Monitor, as part of the RECORD, Reducing Corruption Risks with Data project, which aims to increase the transparency of procurement and help local watchdogs spot problems.

Hasta ahora, en nuestro ordenamiento jurídico se contemplaba la denuncia de un delito, por quien no era el perjudicado, solo como un deber y no como un derecho (art. 259 Lecrim).
El panorama ha cambiado con la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que entró en vigor el pasado 17 de diciembre y lo dice bien claro: la libertad de expresión es un derecho fundamental del que hace uso el denunciante y alertador de corrupción, y debe ser salvaguardado y protegido frente a las represalias, que están prohibidas.

La Directiva entró en vigor el 17 de diciembre de 2019, y desde entonces es de aplicación directa en cuanto a las medidas de protección y garantía de los derechos fundamentales que contempla, y entre ellas la prohibición de cualquier tipo de represalias contra los denunciantes y alertadores de corrupción

María José González Ordovás es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza

"La recién estrenada Comisión Europea encabezada por Úrsula Von der Leyen tiene el deber, más moral que jurídico, de regular los lobis presentes en Bruselas. Hoy son casi 12.000 los inscritos en el Registro de transparencia de la UE pero su voluntariedad no ayuda a fortalecer la legitimidad de las instituciones de la Unión, y sabido es que lo que no nos hace fuertes nos debilita."

La European Blockchain Services Infraestructure (EBSI) despega. Es la red de la Comisión Europea y 30 países para brindar servicios públicos transfronterizos en la Unión Europea. Con ella, los ciudadanos accederán a los servicios y documentos administrativo desde cualquier país de la región. Las autoridades europeas quieren tener en producción el acceso a los títulos universitarios en 2020, para dar al ciudadano el control sobre sus credenciales educativas. Las empresas podrían utilizar la infraestructura a largo plazo. La misma web de EBSI indica la posibilidad que “actores privados” desplieguen sus servicios digitales sobre la red “en el futuro”.

El 12 de diciembre de 2020 la Comisión Europea lanza la Pasarela Digital Única con enlaces a páginas web europeas y nacionales relevantes para facilitar el acceso de ciudadanos y empresas al mercado interior.
El 12 de diciembre de 2020 serán de aplicación, para el conjunto de las administraciones e instituciones públicas, excluido el ámbito municipal, el primer conjunto de artículos del REGLAMENTO (UE) 2018/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 2 de octubre de 2018 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012(Abre en nueva ventana) .Para el ámbito municipal serán de aplicación el 12 de diciembre de 2022.

La Comisión Europea ha preseleccionado el proyecto de evaluación de políticas públicas de la Junta de Castilla y León, encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el pasado mes de septiembre, tras su aprobación en Consejo de Gobierno.

La institución es la encargada de investigar casos de mala administración por parte de las instituciones y organismos comunitarios
La irlandesa Emily O'Reilly ha sido reelegida Defensora del Pueblo Europeo, un cargo que ha revalidado después de tres votaciones en la Eurocámara. O'Reilly es periodista de profesión y antes de ocupar el cargo en 2013 había ejercido durante diez años Defensora del Pueblo en su país.

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El Defensor del Pueblo Europeo es un órgano independiente e imparcial, creado en 1995, encargado de pedir cuentas a las instituciones y agencias de la UE y de promover los principios de buena administración.

La oficina tramita las reclamaciones de particulares y personas jurídicas sobre supuestos casos de mala administración en las instituciones de la UE, y también examina de forma proactiva cuestiones sistémicas más amplias, como la transparencia y si se trabaja con un enfoque orientado a servir al ciudadano.

Los buzones para denunciar, bajo protección y sin represalias, posibles infracciones y delitos se han ido abriendo camino en los últimos años en legislaciones y empresas y todo apunta a que acabarán generalizándose como medio de defender la legalidad en muy distintos ámbitos. No se trata de una figura nueva ni forma parte de la tradición jurídica europea, sino que nació en EE UU, donde desde el siglo XVIII se extendió la cultura del whisteblowing o de la delación, que animaba a los ciudadanos que tuviesen conocimiento de algún fraude contra el Estado a denunciarlo bajo la promesa de no sufrir represalias.

La Agencia Valenciana Antifraude organiza una Jornada sobre la recién publicada Directiva Europea el próximo día 9 de diciembre; día en que Naciones Unidas celebra el Día Internacional contra la Corrupción bajo el lema “Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad”.
La Jornada, en sesión de tarde, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), sita en la Plaza Virgen de la Paz, núm. 3 de Valencia, sobre la base de una presentación acerca del significado del 9 de diciembre, como Día Internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción, de dos conferencias y de un debate final.

En el Diario Oficial de la Unión Europea del día de hoy, se ha publicado la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, más conocida con el nombre de “Directiva de protección de los denunciantes de corrupción”.

La contabilidad de las multinacionales continuará siendo opaca. Este jueves, la directiva que las habría obligado a publicar los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan en cada uno de los estados miembros fue derrotada por la mínima. Doce países, con el irreductible Luxemburgo al frente, consiguieron bloquear la propuesta en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Fue decisiva la abstención de Alemania que, con una coalición de gobierno dividida entre unos conservadores contrarios a la transparencia y unos socialistas favorables, acabó absteniéndose y con ello, impidiendo la aprobación.

La paciencia de Bruselas con el problema de las puertas giratorias en España se está agotando. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa recomendó el pasado miércoles al Gobierno español que se tome en serio lo que puede ser el principal foco y origen de corruptelas en la vida política de nuestro país. Entre otras recomendaciones, la UE pide a Madrid que ponga en marcha un organismo independiente para revisar la legislación sobre las limitaciones de “puertas giratorias”, tras el “cese de un alto cargo del Ejecutivo”, y las refuerce si es necesario.

“Ha llegado el momento de acometer una estrategia global y coordinada contra la corrupción”, subraya el Informe sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, publicado este miércoles en Estrasburgo. No es un tirón de orejas duro. De hecho, se reconocen los “esfuerzos positivos” realizados por las autoridades españolas para “adoptar y modificar leyes y regulaciones contra la corrupción”. Sin embargo, destaca el Greco, sigue existiendo una “amplia brecha entre la legislación y su implementación en la práctica”. Pese a llevar el antetítulo de “quinta ronda de evaluación”, se trata del primer informe de los expertos del Consejo de Europa dedicado íntegramente a estos organismos en España.

Entre las medidas que la UE propondrá para intentar cerrar la brecha salarial destaca una ley europea de transparencia salarial y establecer cuotas en los consejos de administración de las empresas

La Comisión Europea publica hoy los primeros informes anuales de autoevaluación de Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter y siete asociaciones comerciales europeas con arreglo al Código de buenas prácticas en materia de desinformación. Los informes de los signatarios del Código exponen los progresos realizados en el último año en la lucha contra la desinformación en línea. El código de buenas prácticas, que tiene carácter autorregulador, se puso en marcha en octubre de 2018 y es un pilar importante del Plan de acción contra la desinformación.

La Comisión ha publicado un informe que evalúa cómo los Estados miembros de la UE han identificado organizaciones públicas y privadas que deben implementar medidas de ciberseguridad e informar sobre incidentes cibernéticos importantes.

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Informe de la Comisión (PDF).

El 16 de abril pasado el Parlamento Europeo aprobaba con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, el texto de la Directiva europea para la protección del denunciante.

Este texto, convertirá la estrategia de integridad como uno de los pilares del funcionamiento de la UE, Christel Mercadé Piqueras Legal Officer (funcionaria jurídico) de la Dirección General de la Justicia de la Unión Europea (UE) explicó como se gestó la norma y los detalles más destacados en el XX Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), celebrado en Segovia entre el jueves y sábado pasado.

El informe de referencia de administración electrónica de 2019 muestra mejoras notables en los indicadores de transparencia y habilitadores clave.

Aunque todavía hay una brecha significativa entre los líderes y los rezagados en la administración electrónica en los cuatro puntos de referencia de nivel superior, se ha reducido constantemente en los últimos años. El informe también destaca cómo la confianza en el gobierno es cada vez más importante para las personas.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) lanza la campaña “Brecha salarial de género. Acabemos con el secretismo”, con el objetivo de que las empresas, tanto públicas como privadas, publiquen los salarios de sus trabajadores y trabajadoras y acabar así con la brecha salarial.

Por Agustín Millán.

Nuevo Espacio Compliance organizado por la CNMC y dedicado a la reciente directiva de la europea para incrementar la protección de los denunciantes.

WHISTLEBLOWER. Con este término se ha generalizado ya en nuestro país la referencia a los denunciantes de buena fe, denunciantes de irregularidades, de corrupción en el marco de la gestión pública, una pieza clave en cualquier sistema de prevención y lucha contra la corrupción y más ahora que la Unión Europea ha puesto plazo para regular su protección. Será en el año 2021 cuando finalizará el plazo para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva en protección de las personas que denuncian las infracciones. De este modo el legislador español estará obligado a establecer canales o sistemas de denuncia internos, como un mecanismo para prevenir la corrupción también en el sector público, en el ámbito local, por ejemplo, en los ayuntamientos de, al menos, diez mil habitantes.

Whistleblower, con este término se ha generalizado ya la referencia a los denunciantes de buena fe de irregularidades, de ilegalidades, y son una pieza clave en cualquier sistema de prevención y lucha contra la corrupción. Y digo pieza clave porque quiero poner de manifiesto la orfandad que nuestro ordenamiento jurídico tiene en relación con este tema, aunque se trata de una situación a la que pronto se pondrá remedio.

Y digo pronto, porque en el año 2021, finalizará el plazo para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva en protección de las personas que denuncian las infracciones del Derecho de la Unión, que introduce para los Estados miembros la obligación de establecer canales o sistemas de denuncia internos, por lo que, en su momento, obligará al legislador español a introducir este mecanismo para prevenir la corrupción también en el sector público, en el ámbito local, por ejemplo, los de, al menos, diez mil habitantes.

España ha respaldado al Consejo de Europa en el uso de la inteligencia artificial para una mayor eficiencia de la Justicia desde valores éticos y el respeto a los derechos fundamentales. En su intervención en la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, se ha referido a la responsabilidad que tienen los poderes públicos de velar por las necesarias garantías procesales y asegurar que se mantenga el acceso efectivo de todos los ciudadanos a la Justicia en el actual escenario de transformación digital.

La última revisión aprobada este jueves por los ministros de economía y finanzas de la UE elimina nuevos territorios y reduce el listado que cuenta desde este jueves con nueve países: Samoa americana, Belize, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Vanuatu e Islas vírgenes americanas.

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Este listado gris contará a partir de ahora con 33 territorios. Salen de esta segunda lista Albania, Costa Rica, Serbia, Mauricio y Suiza. La UE entiende que estos cinco territorios cumplen completamente los compromisos que han asumido en relación a la gobernanza fiscal, aunque la Comisión Europea seguirá vigilando estrechamente todas las jurisdicciones para garantizar el mantenimiento de la buena gobernanza.