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La app Radar COVID, destinada al rastreo digital de infecciones de coronavirus, fue fuente de polémicas desde el primer momento, cuando, en lo peor de la pandemia en 2020, el Gobierno encargó a Indra su desarrollo. Generó desconfianza entre la ciudadanía, evidenció la total descoordinación entre administraciones públicas, y rápidamente quedó claro que su utilidad era muy reducida: no había forma de notificar un positivo propio, o no se recibían las notificaciones de contactos de riesgo.

357.526 es el número de personas que han rechazado vacunarse contra la COVID-19 en España, según los datos del propio Ministerio de Sanidad. Estos son los que han rechazado ponerse las dosis contra el coronavirus, según ha podido saber Maldita.es tras una solicitud de acceso a la información pública y una reclamación ante el Consejo de Transparencia porque el Ministerio de Sanidad se negaba a entregar los datos.
Estas algo más de 350.000 personas son las que constan en REGVACU (el registro de vacunación gestionado por el Ministerio de Sanidad) a inicios de este mes de junio como que “han rechazado la vacunación COVID desde el inicio de la misma” en diciembre de 2020, según la respuesta de Sanidad.

El Tribunal de Cuentas ha emitido una opinión favorable sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020, cifrando en 97.000 millones la primera respuesta al coronavirus, pero también advierte salvedades e incidencias a corregir, entre ellas un desajuste en el resultado presupuestario consolidado, sobrevalorado en 2.008 millones por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos.
Así, en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020, el Tribunal de Cuentas observa gastos e ingresos presupuestarios que deberían haberse imputado en 2020 y que se imputarán en sucesivos ejercicios y, por el contrario obligaciones y derechos que, correspondiendo a 2019, se han imputado en 2020.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha publicado este martes las resoluciones correspondientes al mes de abril de 2022, dictamen que ha estimado las peticiones de acceso a información pública de varios ciudadanos al Ministerio de Sanidad, el cual está obligado a dar detalles sobre consideraciones relacionadas con los datos de ingresos por coronavirus o las vacunas frente al Covid-19 donadas.
La resolución más destacada, a la que ha tenido acceso ConSalud.es, es la estimación de una reclamación de un ciudadano particular frente al Ministerio de Sanidad por la que se insta al departamento que lidera Carolina Darias a que remita “en el plazo máximo de 10 días hábiles” la información relativa al desglose diario de las personas ingresadas desde el 1 de mayo de 2021 en hospitales y UCI en España a causa del Covid-19 y su estado de vacunación.

El Tribunal de Cuentas atribuye los problemas a que no hubo suficiente verificación sobre la capacidad de las empresas adjudicatarias
El 22 por ciento de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencias y en un caso se llegaron a pagar más de cuatro euros por mascarilla FFP2, según consta en un informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas.
Se trata de la tercera fiscalización sobre contratos de emergencia por el Covid 19 que ha llevado a cabo la institución que preside Enriqueta Chicano y que, en esta ocasión, se ha centrado en el ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social en el ejercicio 2020. La previsión es aprobar hasta ocho informes y el último ya aportará una visión global y comparativa.

La Oficina Antifraude de Cataluña ha confirmado que no había «cobertura legal» para que la Generalitat anticipara 35 millones de euros a un intermediario por una compra de mascarillas en el primer estado de alarma y ha remitido la operación a Hacienda para que valore si el IVA se aplicó correctamente.
Así lo ha determinado Antifraude (OAC), una vez ha dado por finalizada su investigación sobre el contrato adjudicado en marzo de 2020 por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) a la empresa Basic Device SL., para el suministro, por valor de 60 millones de euros, de mascarillas, vestidos de protección y respiradores.

El ministerio de María Jesús Montero recurre ante la Audiencia Nacional la resolución por la que el Consejo de Transparencia le dio 10 días para facilitar los papeles relativos a la ayuda de 475 millones concedida a finales de 2020 a la aerolínea española
Antonio Salvador
El Ministerio de Hacienda y Función Público ha recurrido ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la resolución por la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le instaba a facilitar a un ciudadano la documentación relativa a la concesión de la ayuda de 475 millones de euros con cargo al fondo de solvencia con el que el Gobierno ha salido en auxilio de empresas estratégicas golpeadas por la pandemia.

El órgano fiscalizador asturiano, la Sindicatura de Cuentas, no ha encontrado irregularidades graves en los contratos de emergencia que se han realizado como consecuencia de la pandemia del covid-19. Así lo ha confirmado el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, a preguntas de los periodistas antes de su visita al presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez.
«No han sido malas las conclusiones y nuestra opinión ha sido favorable con salvedades», declaró Fernández Llera en relación al análisis de los contratos realizados.
Hasta la fecha, el informe que es más preciso en relación a este contrato y que coincide con los momentos más duros de la pandemia es el correspondiente a la Cuenta General del Principado de Asturias 2020, aprobado a finales del pasado año.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León somete a escrutinio la tramitación de 85 contratos que el Gobierno autonómico, entonces de PP y Ciudadanos, formalizó en 2020 y encuentra deficiencias y fallos en 71. Superan la prueba del algodón de los auditores 14. Las cifras, pese a que puedan llamar la atención, dibujan una mejoría en la evolución de la contratación autonómica respecto a años anteriores. La auditoría de 2014 analizó 70 contratos y encontró fallos en 69.
Los autores del informe encuentran casos en los que hay defectos en los criterios de adjudicación o se aplica de forma incorrecta la fórmula de valoración, pero también expedientes de contratación urgente en los que esa urgencia no se justifica correctamente, composición inadecuada de la mesa de contratación, procedimientos negociados sin que conste una negociación, resoluciones de adjudicación sin la «suficiente motivación» e incumplimientos de plazos, entre otras deficiencias.

La auditoria analizará los gastos en los tres primeros meses de pandemia de la administración central y las autonomías
José María Brunet
El Tribunal de Cuentas está en plena fiscalización de los contratos covid de la pandemia y analiza, entre otros aspectos, la gestión de más de 2.000 millones de euros gastados por las distintas administraciones en material sanitario entre marzo y mayo de 2020. Las comunidades autónomas gestionaron más de la mitad de ese gasto. En uno de ellos, de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea se disputan la investigación de un contrato de mascarillas KN-95 por 1,5 millones de euros adjudicada a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Esa empresa pagó al hermano de la dirigente regional al menos 55.000 euros por sus gestiones para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid.
El Tribunal de Cuentas tiene competencias sobre cinco autonomías que carecen de órgano de fiscalización (Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura, además de Ceuta y Melilla), pero incorporará a su análisis los datos que proporcionen el resto de comunidades.

El Consejo de Transparencia insta al Gobierno de Díaz Ayuso a facilitar a un ciudadano copia de las comunicaciones enviadas a los departamentos competentes en materia sanitaria y de servicios sociales durante la primera ola y las respuestas recibidas
Antonio Salvador
La Comunidad de Madrid ha reducido a la categoría de «consulta informal» a los distintos departamentos implicados en la gestión de la pandemia la «investigación interna» anunciada en la Asamblea regional por Isabel Díaz Ayuso al término de la primera ola del coronavirus, que tuvo una incidencia dramática en las residencias de mayores con miles de fallecidos.

Por Julia García-Puig, Alfredo Hernández-Sánchez, Ixchel Pérez-Durán.
En este análisis presentamos un índice de transparencia en el servicio de residencias de mayores en España. Este índice analiza hasta qué punto existen mecanismos formales-legales de provisión de información hacia los usuarios y sus familiares por parte de residencias tanto públicas como privadas a lo largo de las 17 comunidades autónomas.

La documentalista ha sido quien ha subido al Portal de Transparencia las cifras durante 21 meses consecutivos / "Ha habido momentos frustrantes, pero ha sido un trabajo satisfactorio", confiesa
El 26 de julio de 2020 la rutina laboral de Elena Paraíso cambió para siempre. Ese día, el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón empezó a publicar a diario una información detallada de los datos de coronavirus en Aragón, que iniciaba entonces su segunda ola. Detrás de esa exposición de números, cifras, gráficas y tablas ha estado durante 21 meses y más de 600 días hasta el pasado viernes esta documentalista que empezó a trabajar en la DGA con una beca en 1998.
«Ha sido complicado e intenso, con días de mucho estrés, nervios y frustración porque los datos llegaban tarde o porque había problemas técnicos ajenos que no nos permitían publicar a tiempo. Estábamos pendientes hasta por las noches, dándole vueltas a qué había salido mal», cuenta a este diario. A pesar de todo, Paraíso se siente «satisfecha» porque han cumplido con el objetivo de dar «una información transparente y útil» que «la ciudadanía ha valorado», dice.

Ante la nueva etapa de la epidemia, dos expertos explican lo complejo que ha sido su análisis.

“La covid ha puesto al día muchos sistemas de información que estaban en la prehistoria. Hemos contribuido mucha gente a recoger e interpretar millones de datos. Hay un trabajo abismal, poco reconocido, que espero que haya ayudado a comprender y gestionar la pandemia”, señala Clara Prats, la física que lidera el equipo de Biología Computacional (Biocomsc), que analiza la covid.

“Hemos hecho lo que hemos podido”, resume el médico Manuel Medina, que dirige un grupo de cuatro personas encargado de la web Dadescovid del Departament de Salut de Catalunya. Solo esta web (Salut publica además informes diarios de su Agència de Qualitat) se ha visualizado desde 178 países, le consta a la consejería. Acumula 18 millones de visualizaciones de páginas y 1,3 millones de usuarios (1,2 en España y el resto en otros países).

1 de julio de 2020. Tras el confinamiento por la pandemia se abren las fronteras. Todo el mundo puede venir a España. Después de varios meses encerrados en casa, en junio de 2020 el Gobierno buscó reactivar el turismo internacional. De hecho, anunció a bombo y platillo una campaña para comunicar esta apertura. Su lema era “Hacia un turismo seguro y sostenible” y Pedro Sánchez presentó un plan de impulso al turismo desde la Moncloa.
Son datos extraídos de Spain Travel Health, el formulario que estas personas que llegaban al país estaban obligadas a rellenar y cuya finalidad era la vigilancia epidemiológica de los viajeros. Otros países como Francia, Bélgica o Portugal también desarrollaron sus formularios para poder entrar desde el extranjero.

Sanidad externaliza la gestión de las vacunas de Pfizer, Moderna y Novavax por 3,4 millones anuales
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios adjudica a varias empresas las labores de recepción, mantenimiento y distribución de las vacunas contra la COVID-19
Por Alba Martín Campos
Mientras Sanidad y las comunidades autónomas deciden cómo será la estrategia de gestión del coronavirus a partir de esta primavera, el Gobierno negocia la forma en la que se mantendrán y repartirán a partir de ahora los remedios para contener el virus. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha contratado en marzo de 2022 a tres empresas multinacionales ─ID Logistics Iberia, Oiarso S.Coop y Logista Pharma─ para que se encarguen de la recepción, el almacenamiento y la distribución de las vacunas contra la COVID de Pfizer/BioNTech y Moderna durante los próximos doce meses. El presupuesto máximo para ese periodo es de 3.387.449 euros.

La Comisión que investiga la gestión de las vacunas contra el coronavirus en España ha acordado este miércoles una mayor promoción en la transparencia de los acuerdos de adquisición anticipada de las dosis con las empresas farmacéuticas. La institución de Congreso de los Diputados ha pedido esta referencia para conocer el coste real de la producción e investigación y el fomento de un acceso equitativo mundial del tratamiento.
"La producción de las vacunas debe aumentar de manera exponencial y urgente en todo el mundo; la propiedad intelectual no es ni puede ser un obstáculo", remarca la institución pública.

Adquirió los cuatro tipos de tapabocas en 19 acuerdos a 1,2 euros la unidad entre marzo y mayo de 2020. El 70% de la inversión fue para las FFP2.
El Ministerio de Sanidad destinó 276.543.419 euros en contratos de mascarillas quirúrgicas, N95/NK95, FFP2 y FFP3 entre marzo y mayo de 2020, impuestos y aranceles incluidos. De media, cada unidad le costó 1,2 euros.
El embudo para la compra de material sanitario en los meses más crudos de la enfermedad fue común en todas las administraciones. También para el Gobierno. Según ha podido conocer Newtral.es a través de una petición de información en el Portal de Transparencia, tanto el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) como el Ministerio de Sanidad se hicieron con casi 239.000.000 unidades de mascarillas entre el 10 de marzo y el 28 de mayo de 2020. La mayor parte de ellas fueron quirúrgicas de tipo II y IIR.
Aunque la mayoría de mascarillas que se adquirieron fueron las quirúrgicas, la inversión fue mayor para las de tipo FFP2, ya que su precio medio era de 3,5 euros la unidad. En concreto, el 70% del dinero fue a parar a la compra de estos tapabocas.

Cataluña (121.140) es con diferencia la región que más dosis del suero frente al coronavirus ha eliminado, según las actas enviadas al ministerio hasta el momento

El gasto de estos viales malgastados supera los 2,5 millones de euros
Antonio Salvador
En respuesta a una petición de información tramitada al amparo de la Ley de transparencia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha facilitado copia de las actas de destrucción de vacunas que las administraciones autonómicas le han hecho llegar entre el 15 de septiembre (Aragón) y el pasado 2 de febrero (Melilla). No consta en la carpeta electrónica remitida ningún documento relativo al material desechado por Andalucía, Canarias, Madrid y el País Vasco.

El Consejo de Gobierno da carpetazo a un sistema bajo la lupa de la oposición y de la Cámara de Cuentas, que contabiliza de forma preliminar más de 17.000 contratos de emergencia solo en 2020

El Gobierno andaluz ha acordado derogar la norma que en los últimos dos años le ha servido para dar cobertura jurídica a miles de contrataciones de servicios, suministros y obras realizadas a dedo y de forma exprés. La derogación se produce una semana después de que Juan Bravo, consejero de Hacienda, tuviese que comparecer en el Parlamento andaluz para hacer frente a las críticas de la oposición, que denuncia el abuso extemporáneo de este mecanismo de contratación.

Hasta ahora, el artículo 9 del Decreto 3/2020 facultaba al ejecutivo andaluz para declarar contratos de emergencia todos aquellos con los que adopta “cualquier tipo de medida directa o indirecta” para “hacer frente al COVID-19”. Este marco legal se articuló durante el primer Estado de alarma.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó hacer la evaluación independiente de la gestión de la pandemia en octubre de 2020
El equipo de coordinación y planificación de la evaluación no se conformó hasta septiembre de 2021
El plazo marcado para acabar la evaluación era de cuatro meses desde que se crea el equipo de planificación: ya ha terminado
Aún no se ha nombrado al equipo de "evaluadores especializados" que tiene que hacer el informe final
El Ministerio de Sanidad asegura que la evaluación sigue en fase de "planificación" y que no sabe cuándo se terminará

EL PAÍS ha obtenido la oferta de venta gracias a una solicitud de acceso a la información pública de la Ley de Transparencia, presentada con el fin de conocer el expediente completo con sus memorias e informes vinculados a la compra, así como el origen de las mascarillas.
Por Juan José Mateo y Fernando Peinado
La empresa de ropa de moda Priviet Sportive SL envió una carta escueta a la Comunidad de Madrid con su oferta de mascarillas el 28 de marzo de 2020, tres días antes de que le fuera adjudicado un contrato de 1,5 millones de euros que acabó beneficiando al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, omite una presentación y descripción de la compañía del amigo de Tomás Díaz Ayuso, que no tenía experiencia conocida en comercio sanitario ni en la contratación con el Gobierno autonómico. Esa falta de explicaciones habría impedido la adjudicación del contrato, salvo que se hubiera producido una comunicación previa con un representante del Ejecutivo autonómico para detallar las características de la oferta. Ese contacto, si existió, permitiría determinar si hubo tráfico de influencias, como está investigando la Fiscalía Anticorrupción.

En su informe de balance de dos años de la pandemia en Euskadi, el Gobierno vasco estima que ha ofrecido más de 200 ruedas de prensa sobre la COVID-19 en Euskadi, a las que se suman otras comparecencias no relacionadas directamente con el coronavirus pero en las que se han ofrecido también explicaciones. El Labi -la mesa de crisis que ha pilotado las sucesivas olas de la emergencia sanitaria- se ha reunido en 38 ocasiones y ha habido 39 campañas institucionales con información sobre la evolución de las restricciones o de la vacunación. La actual consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha pasado 30 veces por el Parlamento. “La información y la transparencia han constituido puntos fuertes de la estrategia de respuesta del Gobierno vasco frente a la pandemia. Se ha ofrecido toda la información disponible en tiempo real”, se felicita el Ejecutivo sobre su gestión, a la que pone buena nota a pesar de algunos momentos de críticas por parte de la oposición en el Parlamento o de mensajes contradictorios en materias como el pasaporte COVID o incluso sobre las mascarillas, que al principio fueron denostadas y luego se convirtieron en imprescindibles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 10 de enero que el Gobierno iba a hacer una compra de Paxlovid, el tratamiento antiviral contra la COVID-19 fabricado por Pfizer. El presidente, además, especificó que la compra se iba a hacer “en el mes de enero”. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad ha reconocido, ante una solicitud de acceso a la información realizada por Maldita.es, que aún no ha comprado el medicamento.
Este medio de comunicación había solicitado a través de la ley de transparencia el contrato de compra de Paxlovid por parte del Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad ha respondido a 4 de marzo reconociendo que “todavía no se ha realizado ninguna compra, ni de Paxlovid ni de ningún otro medicamento similar”. Sanidad explica, eso sí, que están en negociaciones con Pfizer para la compra del antiviral.

Los sucesivos cambios en la campaña de vacunación contra la Covid-19 en España y la mala planificación ante la llegada masiva de algunas vacunas ha hecho que el Gobierno de España y las comunidades autónomas hayan tenido que destruir más de un millón de antígenos contra el coronavirus SARS-CoV-2.
Según una respuesta del portal de Transparencia del Gobierno de España a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la cifra aproximada de vacunas que se han echado a perder bajo la custodia del Gobierno de España asciende a más de un millón.