CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

os 350 diputados que resulten elegidos en las elecciones de este domingo cobrarán un mínimo mensual de 4.085,64 euros, podrán estrenar un iPhone de última generación (valorado en unos 1.200 euros), aunque tendrán que esperar para tener su iPad. Además, deberán declarar su patrimonio y dar cuenta de sus intereses particulares y profesionales, especificando de qué empresas venían cobrando hasta ahora.
Los nuevos dueños de los escaños del Congreso cobrarán su primer sueldo a finales de agosto, el mes de la sesión constitutiva de la Cámara, prevista para el día 17 de ese mes, en la que tomarán formalmente posesión de su cargo al jurar o prometer la Constitución. Pero en esa primera nómina se incluirá además la parte proporcional del sueldo correspondiente a los días que median entre el 24 y el 31 de julio.

202 de los 212 diputados han pedido la indemnización de transición tras la disolución de las cortes: 10 han renunciado
El último día para pedirla fue el 19 de junio, según indicó el Congreso a Newtral.es
Por Paris Cerrolaza
202 de los 212 diputados han pedido la indemnización de transición tras la disolución de las Cortes. Así consta en una respuesta vía ley de transparencia obtenida por Newtral.es. En el listado figuran 69 del PSOE, 53 del PP, 30 de Vox y 16 de Podemos, entre otros. Sin embargo, 10 de los 212 cesados han renunciado a esta indemnización de transición. En concreto, los diputados son cuatro exparlamentarios del PSOE, tres de Podemos, dos de Vox y uno del PP.
Sin embargo, se desconoce el nombre de quienes la han solicitado y de quienes han renunciado. El Congreso no aporta la identificación en su respuesta de transparencia y argumenta a Newtral.es que se harán públicos a finales de julio, “cuándo las tramite la Mesa y se vayan a cobrar”. Desde Newtral.es se ha preguntado a los partidos políticos el nombre de los diputados que la han solicitado o renunciado a esta ayuda, pero hasta el momento de esta publicación no se ha obtenido respuesta.

La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), incluye expresamente en su ámbito de aplicación al Congreso de los Diputados, el Senado y las instituciones autonómicas análogas, «en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo» –art. 2.1.f)-. Ahora bien, delimitar el alcance de estas actividades sujetas al Derecho Administrativo está siendo controvertido.
Hay ciertamente un círculo de actividades inequívocamente sujetas a Derecho Administrativo, como son los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial, contemplados en el art. 1.3.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como susceptibles de revisión por este orden jurisdiccional. Sin embargo, hay zonas grises en la actividad parlamentaria, y en los dos pronunciamientos que ha realizado, hasta la fecha, el Tribunal Supremo está decantándose por un criterio abiertamente restrictivo.

Si este blog ha decidido publicar una serie de entradas bajo el título “El Parlamento en el foco” dedicadas a analizar el mal funcionamiento de la institución (abuso del Decreto-Ley, de las mociones de censura, del procedimiento legislativo, banalización del control al Gobierno, desnaturalización de las comisiones de investigación, mala técnica normativa, etc.) es porque cabe presumir que nos encontramos ante síntomas persistentes reveladores de una enfermedad de fondo. Enfermedad que no puede ser pasajera o transitoria, porque la padecemos desde hace demasiado tiempo (y no somos los únicos). La cuestión, entonces, es ver si se trata de una dolencia crónica –por lo que con ciertas adaptaciones y mejores hábitos de vida podríamos seguir tirando, mal que bien- o hemos llegado ya a un punto irreversible cuyo desenlace solo puede ser la muerte del paciente, a medio o corto plazo.

La norma que aplican no especifica plazos, y fue la Secretaría General quien resolvió aplicar los mismos que se usan con las cámaras de seguridad. Fuentes jurídicas del Congreso dudan de estos argumentos, y el PP pide explicaciones a Batet
El Congreso de los Diputados destruyó los registros de todas las visitas del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo; solo los conservó durante los 30 días posteriores a estas visitas, y lo justifica alegando que aplicó el Reglamento General de Protección de Datos. Es el mismo protocolo que se utiliza con el resto de diputados y trabajadores, afirman fuentes de la Cámara Baja. Como adelantó El Confidencial, la Secretaría General del Congreso reconoce que no queda registro alguno de los nombres de quienes visitaron a Tito Berni en el Palacio de las Cortes, de las fechas o de las horas en que accedieron al complejo. En su respuesta a este diario, la Secretaría General afirmó que el procedimiento y los plazos a aplicar son los detallados en la "normativa vigente", sin referirse a una normativa concreta, ni tampoco a los plazos a aplicar.

Una propuesta aguarda en un cajón desde hace casi dos años. La falta de mecanismos para conocer plenamente la actividad de sus señorías se evidenció con el 'caso Mediador'.
Pilar Araque Conde
El Gobierno tiene entre sus retos dar salida a una norma para dotar de "mayor transparencia" a la actividad de los cargos públicos, tal como recordó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado 3 de marzo en el Congreso. Se trata de la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre.
El anteproyecto tiene como objetivo principal la regulación de la actividad de estos grupos, conocidos como lobbies, en sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE) y su sector público. Asimismo, la norma determinará por primera vez cómo debe ser la relación entre aquellas personas susceptibles de recibir influencia y quiénes trabajan para los grupos de interés, además de establecer quién puede ejercer esa actividad de manera legítima.

La mayoría está yendo a clases de inglés y hay cinco diputados que están aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo
Por Laura García
Un total de 56 diputados están yendo a clases de idiomas pagadas por el Congreso en el curso 2022-2023. Así lo revela una respuesta de la Cámara Baja a Newtral.es por Transparencia. Esto supone el 16% de los miembros del Congreso, un dato similar al del Senado, donde el 15% de senadores acudió a formarse en lenguas extranjeras durante el pasado año.
No obstante, este curso ha bajado el número de parlamentarios que se han apuntado a esta actividad. En 2021-2022 eran 65 los diputados que iban a clases de idiomas y en el curso 2020-2021 fueron 79.

La Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha concluido su tramitación parlamentaria. El texto incluye todas las enmiendas introducidas por el Senado, que fueron sometidas hoy a consideración del Pleno de la Cámara Baja. Así, la norma queda lista para su publicación en el BOE y su posterior entrada en vigor.
Entre las modificaciones incorporadas en la Cámara Alta, se hace referencia a la colaboración del Gobierno con las comunidades autónomas para aprobar una estrategia contra la corrupción en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley. Por otra parte, también se establece que la memoria anual de la Autoridad Independiente de Protección del Informante sea trasladada a las Cortes Generales, y no solo al Congreso de los Diputados.

" (...) Por otra parte, la necesidad de dar continuidad a un proceso de regeneración democrática en España implica directamente a las instituciones. Entre ellas, el Parlamento juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la credibilidad del sistema democrático.
Por su repercusión, la rendición de cuentas de los diputados requiere acordar la aplicación de buenas prácticas políticas que ayudarán a mejorar la calidad de nuestra democracia. Permitirá enriquecer la democracia representativa y disminuir la desconfianza de una parte de la sociedad hacia los políticos, los partidos y las instituciones.
El Gobierno de España viene desarrollando desde 2020 un Plan de Rendición de Cuentas sobre la acción de gobierno. Es tiempo de que los Diputados rindan cuentas del trabajo que realizan; como mínimo una vez al año. Por tanto, es exigible, en un ejercicio de responsabilidad política, que quienes componen el Congreso practiquen la rendición de cuentas de manera continuada y accesible para la ciudadanía."

La iniciativa del PNV sale adelante con el apoyo del PP, ERC y Cs, mientras que PSOE y Podemos han rechazado apoyarlo
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una propuesta del PNV para exigir al Gobierno que agilice la distribución de los fondos 'Next Generation EU', incluida la parte relativa a los préstamos por valor de unos 80.000 millones que el Ejecutivo prevé solicitar a la Comisión Europea a principios del año próximo, y que asegure que la gestión se hará con más transparencia y rindiendo cuentas.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción con 200 votos a favor, 142 en contra y 4 abstenciones.
La aprobación se ha producido con un año de retraso. La Directiva (EU) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión tenía que haber sido traspuesta en diciembre de 2021.
La futura Ley modifica cuatro leyes. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Los parlamentarios están obligados a publicar sus encuentros con los grupos de presión según el Código Ético de las Cortes Generales, pero la gran mayoría no lo hace
El Consejo de Europa ha llamado la atención a España por su falta de transparencia a la hora de dar parte de las actividades de los grupos de presión con los diputados. En julio, la Oficina del Conflicto de Intereses de las Cortes detectó que tan solo 7 diputados habían publicado las reuniones que habían mantenido con los 'lobbies'. 
Hay que tener en cuenta que el Gobierno aprobó a principios de noviembre el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés con el fin de regular este sector, medida legislativa que aún no existe y que, visto lo visto, se antoja como algo necesario. 

La Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado pretende promover una verdadera cultura de la evaluación, mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de las diversas medidas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.
Esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, ha pasado todos los trámites de audiencia pública, fue remitida al Congreso, donde inició toda la tramitación parlamentaria, incluido su paso por el Senado, y ahora es aprobada de manera definitiva en la Cámara Baja.
La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 'Modernización de las Administraciones Públicas' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto el hito 146, relativo a la creación de la citada ley.

Entre enero y septiembre el Congreso ha gastado un total de 3.070.249 euros para pagar estos desplazamientos por el territorio nacional
Entre enero y septiembre de 2022 el Congreso ha gastado un total de 3.070.249 euros para pagar los viajes de los diputados por el territorio nacional, según los datos publicados en el portal de transparencia de la cámara. Esto implica un aumento del 25% si se compara con lo gastado en el mismo periodo de 2021, cuando el desembolso fue de 2.455.655 euros.
Este importe es el total de facturación aportada por el Congreso ya que incluye los gastos derivados de la gestión de cancelaciones, cambios y billetes comprados pendientes de ser usados.

Un Congreso 'en rebeldía' tramitará la ley de los 'lobbies'. Pese a que están obligados a publicar sus reuniones con intereses privados, la mayoría de diputados no lo hace
Por Miguel Ángel Gavilanes y Marta Ley
Una visita a Netflix, una reunión con Toyota y otra con el Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Es solo una muestra de la escasa información sobre las reuniones de los miembros del Congreso con grupos de interés que están publicadas en la página web del organismo. La transparencia sigue siendo una de las tareas pendientes en la Cámara Baja, ya que, después de tres años en vigor, tres de cada cinco diputados incumplen el artículo 6 del Código de Conducta que les obliga a publicar sus agendas.
Estas deben incluir todas las reuniones con personas u organizaciones “que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo” con la intención de “modificar o influir” en su actividad legislativa, según el propio acuerdo. Se trata de una definición provisional a la espera de la reforma del reglamento del Congreso para añadir un registro de grupos de interés, que sigue aún en trámite.

El pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado (AGE) por 191 votos a favor, 2 en contra y 148 abstenciones, sin que se haya añadido ningún cambio respecto al trámite en comisión.
El proyecto de ley tiene como finalidad institucionalizar la evaluación "como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo, de mejora del servicio público, rendición de cuentas y transparencia".
Entre los objetivos generales se incluyen: optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, impulsar la innovación en la actuación del sector público, colaborar para que el sector público estatal sea eficaz en la asignación y utilización de los recursos públicos y permitir el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad.
En el pleno de este jueves no se ha metido ninguna enmienda al texto que sí fue modificado en la Comisión de Hacienda, donde se incluyó la prevención de la despoblación entre los "criterios de valor público de la formulación para la evaluación de las políticas públicas".

La antigüedad de los dispositivos y la mejora en la seguridad de los mismos son los principales motivos a los que apunta la Cámara Baja para su compra
Por Mar Tomico
El Congreso de los Diputados busca renovar sus teléfonos móviles. Con el fin de adquirir nuevos dispositivos para los miembros de la Cámara, ha publicado un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuyo valor estimado se sitúa en 1.018.789 euros (sin impuestos) para el suministro de 825 teléfonos móviles –550 iPhones y 275 Android– y distintos servicios relacionados con su soporte técnico y garantía.

A pesar de que están obligados a declarar sus posesiones, trabajos anteriores o las reuniones con grupos de interés, la mayoría de los parlamentarios incumple estas exigencias debido a la inconcreción normativa
Los diputados del Congreso están obligados por ley a hacer públicos todos sus bienes o las actividades económicas que puedan entrar en conflicto con su quehacer político. Tienen que dar cuenta de esos datos y de otros regidos por las normativas de transparencia al tomar posesión de sus escaños en la Cámara Baja y, también, al dejar de ser diputados, para conocer si han tenido un enriquecimiento irregular durante su paso por el Parlamento.
Todo ello está establecido por el reglamento de las Cortes Generales, que está en consonancia con uno de los principios básicos de la cámara, cada vez con mayor peso en las instituciones públicas: la transparencia. Sin embargo, el texto no es específico y, en la mayoría de las ocasiones, los parlamentarios utilizan esta ambigüedad para no compartir con la ciudadanía información de interés, como en qué empresas están depositadas sus acciones o de dónde reciben ingresos extra.

Los viajes de los 350 diputados del Congreso para realizar su actividad política tuvieron para el contribuyente, entre enero y julio, un coste de 2,22 millones de euros. Así lo recoge el portal de transparencia de la Cámara Baja, que revela que el gasto se ha incrementado con respecto al mismo periodo del año pasado en 570.000 euros, un 34,5% más. Desde el año 2018, es la primera vez que el gasto en desplazamientos y viajes supera los dos millones de euros en el primer semestre del año, si bien en 2019 las cámaras estuvieron disueltas varios meses por la convocatoria electoral de abril de ese año y, en 2020, buena parte de la actividad parlamentaria entre enero y junio se llevó a cabo de manera telemática por el confinamiento.

La Oficina de Conflicto de Intereses identifica serios problemas en la transparencia de las actividades y patrimonio de nuestros diputados. Algunos afectan a casi todos en general, como no publicar sus reuniones con lobbies o sus agendas de trabajo. Otros son específicos de ciertos partidos, como Vox, que alega que jurando la Constitución ya no tiene porqué hacer transparentes las rentas de sus parlamentarios.

Sostiene que los de Vox evitan declarar sus actividades anteriores, lo que dificultaría comprobar un eventual conflicto de intereses
El Congreso ha detectado que sólo siete diputados de los 349 que hay actualmente en la Cámara publican sus reuniones con 'lobbies' en la web de la institución pese a que están obligados a hacerlo desde la aprobación, en octubre de 2020, el Código de Conducta de las Cortes Generales. En el Senado la cifra asciende a 17. Por ello la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes ha recordado a todos los grupos que sus señorías deben hacer pública esa información.
Así consta en el primer informe realizado por la Oficina de Conflicto de Intereses para analizar la aplicación del citado código ético, que también recoge varias llamadas de atención a Vox porque sus 52 diputados optaron por rellenar sus declaraciones de intereses económicos con respuestas tipo que considera no "creíbles".

Las subvenciones de Interior a los partidos con representación en el Congreso suman 28 millones en el primer semestre de 2022
Han recibido un total de 26,9 millones de euros para cubrir los gastos de su funcionamiento ordinario y 1,4 millones para los derivados de la seguridad.
Por Mar Tomico
Durante el primer semestre de 2022, los partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso de los Diputados recibieron una subvención de más de 28 millones de euros del Estado a través del Ministerio del Interior. Así lo recoge la resolución publicada este martes 12 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se dispone la distribución de estas cantidades cada trimestre.

El Consejo de Ministros se ha comprometido a evaluar las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima, un ejercicio de deliberación pionero en España, y las ha remitido al Congreso de los Diputados.
El informe, fruto del trabajo desarrollado entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 por cien ciudadanos elegidos al azar, cuenta con 172 recomendaciones organizadas en cinco grandes bloques: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados, y ecosistemas.

El Congreso ha gastado en el primer trimestre de 2022 un total de 1.079.839,28 euros para pagar los viajes por España de los diputados
Por Laura García
El Congreso ha gastado en el primer trimestre de 2022 un total de 1.079.839,28 euros para pagar los viajes en territorio nacional de los diputados. Esto supone un 45% más si lo comparamos con ese mismo período en 2021, cuando tuvo un desembolso de 746.684,51 euros, según recogen en su portal de transparencia.
Este importe también incluye los gastos que han asumido por la gestión de cancelaciones y de cambios, junto con los billetes comprados pendientes de ser usados.

La Casa Real hizo público por primera vez el patrimonio personal de Felipe VI el pasado 25 de abril, que asciende a 2.573.392,80 euros, un día antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde al real decreto por el que se reforma la estructura y el funcionamiento de la casa del rey y dar así "más transparencia, rendición de cuentas y eficiencia".
La decisión de publicar dicha información fue "conocida y compartida" con el Gobierno, así como el resto de partidos con representación parlamentaria, salvo ERC, EH Bildu, Junts per Cat, la CUP y el BNG. En este sentido, la Casa Real justificó esta exclusión al seguir el criterio de la anterior vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo de "informar de los asuntos de la Corona a los partidos constitucionalistas".

Si bien, preguntado el Ejecutivo por esta cuestión, ha evitado aclarar si esta recomendación se realizó, lo que evidencia la supuesta neutralidad política de la Corona, así como el presunto ejercicio de transparencia que pretende impulsar dicha institución y defiende la parte socialista del Gobierno de coalición.