CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

AGOSTO es un mes de descanso, de tranquilidad, de olvidarse de las dificultades y pensar en disfrutar. También para los responsables públicos, aunque éstos siempre están de guardia. Debe ser un mes para reponer fuerzas, desconectar, pero también para reflexionar sobre el post-verano, y en el caso del gobierno y la administración, para planificar el rumbo del otoño, en especial, en un otoño ya preelectoral, ya que aunque en Galicia no tenemos aún elecciones autonómicas en el horizonte corto, en mayo de 2023 todos los Concellos pasarán por el consabido proceso electoral.

“EL objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación”. Esta afirmación puede provocar desde una irónica sonrisa hasta el máximo escepticismo. No es mía, sino que en estos términos se expresaba la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz en 1812, partiendo de un razonamiento lógico, “que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.

El Consultor de los Ayuntamientos, 12 de Julio de 2022, Wolters Kluwer

La modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es una demanda constante desde hace años, de ahí que su inclusión en el IV Plan de Gobierno haya generado grandes expectativas para perfeccionar un marco normativo mejorable. La aprobación de la Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, ha dejado un sabor amargo en relación con su contenido, absolutamente dirigido a una única finalidad: la publicidad activa sobre la información estadística sobre la participación de las PYMEs en la contratación pública, una herramienta con la que se pretende mejorar el porcentaje de participación de las mismas. Aunque es verdad que lo que no se mide no puede mejorar, en este caso, la conclusión sería más bien, que mucho ruido y pocas nueces.

Fecha: 27 de junio, de 17 a 18 h.
Modalidad: online (Google Teams).
Organizado por Transparency International España (TI-E), en el marco de la Semana de la Administración Abierta

• Programa.

Con la participación de Clara Mapelli, Concepción Campos, Jorge Valladares, Daiana Bouzo y Silvina Bacigalupo.

Inscripción abierta mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/3NTCeSG

Los comportamientos vinculados a la corrupción pueden adoptar múltiples formas e involucrar diferentes actores. Para poder desarrollar políticas públicas que puedan contribuir de forma efectiva a su prevención resulta indispensable contar con indicadores específicos que midan los riesgos de integridad política en el ámbito público. Transparency International (TI) ha publicado una Guía de 11 pasos que abarca las fases de desarrollo, implementación y validación de los indicadores de corrupción en el ámbito de la política. La Guía ofrece a las organizaciones y grupos de la sociedad civil, así como a las Administraciones Públicas, una primera aproximación de las pautas o elementos básicos para desarrollar técnicas para la medición de la corrupción política de una manera práctica. En este Workshop se presentarán las recomendaciones elaboradas en la Guía, se hará un recorrido por los distintos pasos a seguir para el diseño de indicadores de riesgo de integridad política y se abordarán los principales desafíos para su implementación en el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

31-05-2022

9:30 - 11:30 h.

ZOOM, necesaria inscripción.
Ponentes:
MANUEL VILLORIA MENDIETA. Catedrático de CCPP. Universidad Rey Juan Carlos. Experto en ética pública y administrativa
CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA. Secretaria de Administración Local (en excedencia) y codirectora de la Red Localis
Modera:
FERNÁNDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Catedrático de CCPP y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la UMU

Defiende la necesidad de la Administración Pública de atraer talento y esto no es una cuestión de género. Analizamos con Concepción Campos, la presidenta de la Asociación Mujeres en el Sector Público, codirectora de Red Localis y profesora Asociada de Derecho Administrativo en la URV la necesidad de afrontar la transformación digital de la Administración sin dejar a nadie fuera, con transparencia y pensando siempre en el ciudadano.

El Instituto Asturiano de Administración Pública, en colaboración con la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030, organiza del 16 al 20 de mayo este ciclo de conferencias en abierto, coordinado por Manuel Villoria Mendieta.
Las conferencias están abiertas a cualquier persona interesada.

Día 16 de mayo - 9:30 horas: La gestión eficaz y honesta de los fondos Next Generation: el papel del gobierno abierto. Manuel Villoria Mendieta

Día 18 de mayo - 9:30 horas: Los retos de transparencia en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto. Isaac Martín Delgado
Día 19 de mayo - 9:30 horas: Los retos de participación en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto. Cecilia Güemes
Día 20 de mayo - 9:30 horas: Los retos de rendición de cuentas en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto. Concepción Campos Acuña

Estos Encuentros Profesionales, sobre el eje de esta transformación abordarán, en formato mixto, presencial y on line a lo largo de los próximos días 10, 11 y 12 de mayo, los principales temas para alcanzar estos objetivos, mediante ponencias individuales y mesas de debate y análisis conjunto.

Presentación
ORGANIZA: Gobierno de Canarias
D. Julio Pérez Hernández: Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Dña. Eva de Anta de Benito: Directora del Instituto Canario de la Administración Pública (ICAP).
CO-DIRECCIÓN:
Dra. Dña. Concepción Campos Acuña. Codirectora de Red Localis. Presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público.
Dr. D. Israel Expósito Suárez. Jefe de Servicio de Gobierno Abierto, Innovación y Mejora Continua. Secretaría General Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En este contexto, el presente informe analiza la dimensión de la transparencia y de la integridad como antídotos a la corrupción en la contratación pública. Necesitamos conocer cómo está actuando el marco normativo y organizativo español en esta materia, para valorar cuál es su auténtica capacidad de respuesta a este problema y formular recomendaciones.
El informe ha contado para su elaboración con dos de los mayores expertos de España en el ámbito de la Justicia y de la Administración Pública. El magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Joaquín Delgado Martín, y la doctora en Derecho y directiva pública profesional, Concepción Campos Acuña, han aportado al informe la doble perspectiva de la prevención y la represión en relación con la corrupción en el sector público y en especial con la corrupción derivada de la contratación en este ámbito.

Quaderns Lux es una colección de monografías para difundir artículos en profundidad sobre aspectos concretos del ámbito de la transparencia, la integridad pública y el buen gobierno elaborados por académicos y profesionales expertos en aquellas materias.
El primer número de esta colección es un artículo de Concepción Campos Acuña titulado "El papel de la transparencia en la contratación pública como valor de integridad" .
"La contratación pública se presenta como uno de los ejes vertebrales de la gestión pública y requiere una visión estratégica, en cuanto a su carácter instrumental al servicio de las políticas públicas, por lo que debe configurarse como contratación pública socialmente responsable, al servicio de la innovación, transparente y orientada hacia la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha anunciado este martes la organización de sendas jornadas en el Monasterio de San Agustín sobre la transparencia y la lucha antifraude en las administraciones públicas.
Las jornadas, bajo el título 'Integridad en diputaciones y ayuntamientos. Provincia 2030', se desarrollarán este miércoles y jueves, 23 y 24 de marzo, y congregarán a cerca de 70 técnicos y responsables políticos.
El objetivo de estas jornadas será profundizar en conceptos como la transparencia, integridad y lucha contra el fraude, haciendo especial hincapié en los Fondos de la Unión Europea, para cuya gestión son esenciales este tipo de cuestiones.

Este miércoles se ha presentado el informe La transparencia como antídoto a la corrupción en la contratación pública, enfocado al desarrollo sostenible número 16. Este objetivo de la agenda 2030 habla de instituciones transparentes, eficaces y libres de corrupción como vía para construir sociedades más justas. El estudio, el primero del Observatorio de los ODS en el Sector Público de la Fundación Wolters Kluwer, apunta a la contratación como el aspecto de la actividad del sector público más expuesto a la corrupción. Y presenta la transparencia como el arma más efectiva para luchar contra ella.

El miércoles 16 de febrero de 2022, a las 18.30h, la 8ª planta del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) acogerá la presentación del primer número de la colección Quaderns Luz, un monográfico sobre El paper de la transparència en la contractació pública com a valor d'integritat. El acto está organizado por la Agencia de Transparencia de la AMB.
Intervendrán:
Ilma Sra. Susana Ferrer Delgadillo, vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
Sra. Gemma Calvet i Barot, directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona
Sra. Neus Colet i Arean, directora general de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya
Sra. Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho, directiva pública profesional y autora de la publicación
Aforo limitado. Es necesario confirmar asistencia por e-mail a transparencia@amb.cat

¿Qué es un acto de fraude? ¿Cuándo se comete? ¿Cómo detectarlo? ¿Dónde está la diferencia entre fraude e irregularidad? ¿Y corrupción? Estas preguntas y otras muchas que deberían preocupar a la gestión pública no lo han hecho hasta ahora, tras la publicación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que exige el diseño de Planes de Medidas Antifraude, cuando esta cuestión ha empezado a preocupar a los responsables públicos.

“Bla, bla, bla”…, con esta onomatopeya la activista Greta Thunberg resumía el resultado de la cumbre del clima de Glasgow, de la COP 26, en relación con los acuerdos alcanzados y el impacto real que tendrá en los objetivos perseguidos, en resumen, pura fachada y discurso vacío. Esta misma sensación es la que estoy teniendo yo con la exigencia de Planes Antifraude que establece la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la que se pretende dotar de un marco de integridad a las entidades responsables de la gestión del Plan de Recuperación.
Una reflexión previa. La inexistente cultura generalizada de planes/programas/sistemas de integridad o de Compliance (cumplimiento), y no sólo como un objetivo deseable desde la perspectiva de la cultura institucional de buen gobierno y de buena administración, sino también cuando existe una obligación legal concreta y exigible, como así sucede en materia de contratación.

Concepción Campos es miembro del Grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública
El Consultor de los Ayuntamientos, , Wolters Kluwer

1. Génesis de las propuestas: Una Administración para el siglo XXI

En abril de 2021 se constituía por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el Grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública, conformado por 10 personas expertas en gestión pública y presidido por la directora del INAP, Consuelo Sánchez Naranjo, actuando como secretario y coordinador, Luis Herrera Díaz-Aguado, asesor del INAP (1) . El objetivo de dicho grupo era definir las medidas que considerase se debían adoptar con carácter más urgente y recogerlas en un documento que sintetizase los resultados de los análisis y debates realizados, con la finalidad de concluir con una propuesta sobre los posibles ejes estratégicos de la reforma. Se trata de un proceso bifásico en el que concluida la fase de análisis llega la de prototipar las propuestas, pues a partir de las iniciativas elegidas, se seleccionarán algunas para ensayarlas y experimentarlas en unidades u organismos de la AGE, cuyos resultados evaluará periódicamente el grupo, de tal modo que podrán ir aplicando a sus propuestas las revisiones o correcciones que sean necesarias.

Empieza el 2022 con nuevas tareas en el propósito de reformar la Administración, en concreto con 13 propuestas ( o 12+1 para los más supersticiosos). Tras intensos meses de trabajo ha visto la luz el Informe “13 propuestas para reformar la Administración del Estado”, en el que he tenido el inmenso placer de participar, como miembro del Grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública, tal y como comentamos aquí.
El informe, presentado por la Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Millán, se enmarca en el PRTR aprobado por el Gobierno de España y cuya palanca IV, Una Administración para el siglo XXI, plantea una «modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio». Para su elaboración se creó en el INAP en abril de 2021, el Grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública.presidido por la directora del INAP, Consuelo Sánchez Naranjo, actuando como secretario y coordinador, Luis Herrera Díaz-Aguado, asesor del INAP.

No cabe duda de que la ejecución de los proyectos financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va a desarrollarse de un modo principal a través de la contratación pública. De ahí que la publicación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impacten de un modo directo en la tramitación de los expedientes de contratación.

17 de diciembre de 2021. Ese día finalizaba el plazo para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones de la Unión, la conocida como “Directiva Whistleblowers”. Una vez más sin cumplir dicho plazo, dejando sin regulación interna un aspecto fundamental en todo sistema de integridad, tal y como disponen los sistemas de integridad institucional de la OCDE o de las técnicas de Compliance, que contemplan la existencia de un mecanismo que facilite la denuncia de irregularidades en el ámbito de la gestión pública, y el establecimiento de un estatuto de protección de las personas denunciantes.

La llegada de los fondos europeos ha activado mecanismos comprometidos con Bruselas para combatir la corrupción, sin que el Gobierno haya podido cumplir con sus propias metas para remodelar la regulación
Por Ana Gómez
España espera la llegada del desembolso del segundo tramo de 10.000 millones del fondo de recuperación europeo, cuya solicitud aprobó la Comisión Europea (CE) el pasado 3 de diciembre, en medio de un proceso de adaptación a los requisitos que impone Bruselas contra la corrupción pero sin cumplir aún el plan trazado en el acuerdo del Gobierno de coalición para crear una estrategia global.

Hace unos pocos días revisaba las galeradas de mi contribución a una obra colectiva, el capítulo Competencias digitales de los empleados públicos: la base de la transformación digital a través de las personas, en el que abordo el impacto de la transformación digital en uno de los ámbitos clave para su éxito: los empleados públicos, en particular, tras la declaración de la pandemia por la COVID-19 y el efecto acelerador que ha supuesto en el proceso de digitalización a nivel mundial. Adopté este enfoque porque ante la llegada y el despliegue de las nuevas tecnologías en las administraciones públicas resulta necesario que la transformación se extienda también a la capacitación de los servidores públicos, capacitación en competencias digitales pero también en competencias blandas, ante la liberación de tareas de trabajo mecánico y repetitivo, pero también con nuevos formatos, como el teletrabajo.

¿Cómo diseñar los Planes de Medidas Antifraude? A este pregunta, sobre la base de la regulación recogida en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia intentábamos dar una primera respuesta en esta entrada, ahora, transcurridos ya dos meses desde la publicación de esta norma, entramos ya en tiempo de descuento y muchas entidades se encuentran en serias dificultades para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones en materia de políticas de integridad (terminología que me gusta mucho más que la del fraude y la corrupción).

Precisamente sobre esta dimensión (oscura) de la transformación digital versaba mi trabajo de investigación Una necesidad post-pandémica: la imprescindible construcción del “derecho a una buena administración digital”, que ha sido reconocido con el primer premio del XXXIV Concurso del CLAD 2021 que, en esta ocasión, versaba sobre el tema “Avances y propuestas ante la crisis del coronavirus y sus repercusiones institucionales y sociales”, y que me entregó Julio Casanova Navais, de la Secretaría de Estado de Administración y de Empleo Público, del Ministerio de Finanzas de Portugal.

Emitido el 23 nov 2021 en canal YouTube Agència Valenciana Antifrau
Pilar Moreno, técnica de formación de la AVAF, entrevista a Concha Campos Acuña, Doctora en Derecho y coDirectora de la Red Localis entre otras cuestiones sobre:
- La necesidad de impulsar la integridad institucional en las organizaciones públicas
- Las alertas a las que ha de estar atenta una persona que trabajan en las administraciones públicas para saber que está frente a un riesgo de corrupción
- El papel de la formación en integridad pública
- Las agencias antifraude en la lucha contra la corrupción
- Claves de la elaboración de los planes antifraude

¿Cómo elaborar y diseñar un Plan Antifraude? A esta pregunta intentábamos dar respuesta de un modo sintético y claro en la entrada publicada en el blog el propio 30 de septiembre como consecuencia de la aprobación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y desde entonces han surgido todo tipo de teorías, fórmulas y afortunadamente, algunos documentos interesantes para poder apoyar este trabajo (como es el caso de la Agencia Valenciana Antifraude, disponible aquí).
Pero de muchas (muchas) conversaciones con personas responsables de este ámbito o del ámbito de la decisión en entidades públicas de todo tipo no parece que el mensaje, un cambio cultural, haya calado suficiente, y parece que, si nadie lo remedia, se cometerán muchos errores, pero en particular, por su dimensión e impacto, me gustaría exponer 3 de ellos, por las graves consecuencias que, en términos económicos y reputacionales para la respectiva entidad, y en términos de responsabilidad de las personas implicadas, que parecen desconocer la importancia de este tema.